En deuda

José G Hernández
José G Hernández

Por José G Hernández*.- El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Además del saludo de felicitación a nuestras mujeres -madres, esposas, hijas, hermanas, novias, amigas, vice presidenta, ministras, jueces, profesionales, trabajadoras, estudiantes-, en “La Voz del Derecho” decidimos tomar la fecha como una oportunidad de reflexión acerca de la realidad del país en cuanto a los derechos de ellas, reivindicados de manera expresa en la Constitución, pero muy teóricos en la práctica.

Dice el artículo 43 de la Constitución:

“ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.

En el programa radial “Debates constitucionales”, la conclusión, tras comparar el texto de la transcrita norma con lo que ocurre en la vida diaria, fue unánime: pura teoría. Incumplimiento del precepto constitucional por parte del Estado, de las instituciones públicas y privadas, de las familias, de la sociedad.

En la dura realidad, hay discriminación en contra de las mujeres respecto a las oportunidades laborales. Hay discriminación entre hombres y mujeres en materia salarial. Hay discriminación en los hogares, en las entidades públicas, en las empresas particulares. Durante el embarazo y después del parto, brillan por su ausencia la especial protección y el apoyo estatal. Por el contrario, es frecuente que las mujeres en estado de embarazo no sean contratadas, y, si se las contrata, hoy admite la Corte Constitucional que se las despida por no avisar sobre su estado al empleador.

El subsidio alimentario del que habla el precepto superior no existe. El Estado, lejos de apoyar especialmente a la mujer cabeza de familia, la deja sin trabajo cada vez que hay una reestructuración administrativa, o cuando le provoca al nominador. La protección reforzada, de la que habla la ley, es una ilusión. Y el Gobierno está buscando todos los caminos que señala el ingenio de los burócratas, con el fin de consagrar -para mujeres y para hombres-  el aumento de la edad para alcanzar la pensión y ahora pretende quedarse con el dinero aportado por los trabajadores que no se alcanzan a pensionar.

Lo más grave: se han incrementado las  modalidades de ofensa, maltrato, violencia y crímenes contra la mujer. Las conductas de muchos hombres en cualquiera de esas formas de ataque al sexo femenino no son denunciadas, y por tanto no son investigadas, ni sancionadas, como debería ocurrir.

La sociedad y el Estado están en deuda con nuestras mujeres. Estamos lejos de lograr una cultura de respeto, amor y consideración hacia ellas. Y no se ha logrado establecer condiciones reales de igualdad, en todos los campos.

Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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