Por Jairo Gómez*.- No puede el presidente Duque invocar la legalidad como principio tutelar de su Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de su gobierno, cuando pretende violar la Constitución que obliga a los próximos cinco gobiernos (presidentes) a implementar el acuerdo de paz suscrito con las Farc, dándole prioridad a la financiación y garantizar sus recursos para consolidar la reconciliación entre los colombianos.
No puede el presidente Duque desconocer el artículo transitorio que impone, constitucional y legalmente, diseñar un Plan de Inversiones para la paz al señalar que “el Gobierno nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado”.
Establece la Constitución, además, facultades al presidente para que los recursos sean “adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial” y se orienten a cerrar las brechas sociales económicas e institucionales en esas entidades territoriales que garanticen la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Nada de esto, en términos específicos, menciona el PND que Duque puso a consideración del Congreso y bautizó como el “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. Lleno de generalidades, el PND descarta por completo identificar los recursos para la implementación del acuerdo de paz e insiste en que los dineros de la paz se pueden encontrar en la transversalidad del mismo Plan. Eso no es cierto.
Ese PND a duras penas menciona la Paz y tangencialmente evoca a las víctimas; pone en evidencia que estos no son un tema central para el Gobierno Duque y menos el eje de su propuesta de gobierno. Es relevante mencionar que el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz que el mismo Duque discutió y debatió como senador y que le dio vida a los Actos Legislativos que permitieron concluir a satisfacción el Acuerdo de Paz, no cuentan para este gobierno y para el Centro Democrático (CD).
Volver trizas la paz sigue siendo el objetivo del presidente Duque; aunque el mismo artículo transitorio no se la pone fácil, porque faculta a las autoridades departamentales, municipales y distritales para hacer los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo y adecuarlos al Plan de Inversiones para la Paz a los seis meses siguientes a la adopción del Plan. ¡Ojo señores alcaldes y gobernadores!, este es un instrumento que pueden utilizar para presionar profundos cambios en sus regiones, sobre todo en esas zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y abandonadas a su suerte por culpa de la exclusión centralista.
E incluso será un tema de debate político y electoral para que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones lo pongan en la agenda y se comprometan con sus comunidades, o eventuales votantes, a desarrollar programas de gobierno sustentados en una norma constitucional que el presidente Duque no puede burlar.
Señores gobernadores y alcaldes, ¡SACÚDANSE! Ustedes tienen el sartén por el mango y la Constitución les da la posibilidad de pensar en grande para superar la pobreza y el abandono estatal de esas apartadas regiones del país; pero además cuentan con otro poderoso instrumento: el artículo transitorio, establece perentoriamente que al inicio de cada legislatura el presidente, Procuraduría, Contraloría y Defensoría deben presentar al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos de la paz y el cumplimiento de las metas del Plan Plurianual de Inversiones.
Duque habla constantemente de la legalidad como principio rector para combatir la corrupción, respetar la Constitución sería un buen comienzo.
Bogotá, D. C, 19 de febrero de 2019
*Periodista y Analista Político
@jairotevi
