Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.-El pasado 17 de enero a muy tempranas horas de la mañana el país fue sacudido por un acto terrorista sucedido en Bogotá, en la Escuela de Cadetes General Santander, ubicada al sur de la capital. 

El saldo trágico, 20 muertos y más de 60 heridos, todos jóvenes estudiantes que se preparaban para servir a la Patria desde la Policía Nacional cayeron vilmente a manos del terrorismo, y cuyos autores intelectuales se desconocían hasta ese momento. Horas más tarde, se conoció de primera mano información del autor material quien falleció de forma inmediata junto a las demás víctimas. 

Se tejían diferentes hipótesis acerca de los autores de tan execrable hecho, las autoridades redoblaban sus esfuerzos, el Gobierno  Nacional hacía lo propio, mientras crecía la indignación nacional. 

Con el pasar de las horas, surgieron vídeos, el autor material fue identificado plenamente según la Fiscalía General de la Nación y con base a inteligencia se afirmó que José Aldemar Rojas, pertenecía a estructuras del ELN, y que era un reconocido explosivista de esa organización. 

Días después ese grupo guerrillero, a través de un comunicado, reconoció la autoría de tan lamentable hecho que enluto al país y que le dio la vuelta al mundo. De inmediato, la reacción del Gobierno no se hizo esperar, el resultado;  el rompimiento de la mesa de diálogo de La Habana con el ELN, el levantamiento de la suspensión de las ordenes de captura contra los principales jefes de esa guerrilla y el llamado a Cuba para que entregue a los cabecillas, saltándose de esa manera los protocolos de lo pactado entre las partes. 

Esta decisión, sin duda, tensionó las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba, pues se está desconociendo un acuerdo donde hay de por medio países garantes del proceso, que como Noruega, Chile, Brasil y el mismo Cuba, ofrecieron sus buenos oficios para neutralizar, a través del diálogo a la que es hoy la principal guerrilla, luego de la desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC. 

Que quede claro, los protocolos acordados son de obligatorio cumplimiento porque fue una decisión de Estado y no de gobierno, faltar a esto, traería serias implicaciones, primero, la desconfianza que el hecho genera en la comunidad internacional y principalmente a los países garantes que en eventuales nuevos procesos ya muy difícilmente creerían en Colombia, segundo, la desconfianza que también se crea a la organización guerrillera, pues no se generaría sinergia entre las partes a futuro. 

No justificamos desde ningún punto de vista el acto terrorista que cobró la vida de veinte inocentes muchachos, tampoco la generación de muerte y más violencia, eso se tiene que acabar en Colombia de una vez por todas. Nuestro país merece alcanzar una Paz plena y duradera, donde la reconciliación nacional sea una prioridad y donde las nuevas guerras se libren contra la pobreza y la corrupción, factores que no dejan progresar a Colombia hacia la justicia social. 

Lo que hizo el ELN, fue un acto vil y cobarde que no tiene consideración alguna, el terrorismo debe ser erradicado de la faz de la tierra, ningún país del mundo merece ser víctima de tan cruel método de guerra, que no sólo atenta contra el Derecho Internacional Humanitario, sino también es un delito de lesa humanidad. 

Ahora, la decisión del Gobierno colombiano de hacer trizas la Paz con el ELN, conllevaría a nuevas situaciones de violencia y de guerra, no sólo en las regiones, sino en las ciudades colombianas y eso sería gravísimo. Volvería la inseguridad a las calles y veredas, la gente se sentirá intranquila y con la misma zozobra de años atrás. 

Como hombre de Paz y como colombiano de la gran provincia, donde más se vive la guerra, creó que terminar los diálogos con el ELN es una salida errada, a pesar del difícil momento, del sufrimiento de las familias de las víctimas, se debe insistir en la vía negociada a través del diálogo, sólo así evitaremos más derramamiento de sangre, sólo así evitaremos que más colombianos sigan muriendo. 

La Comisión de Paz del Congreso, célula de la cual hago parte, ha explorado diversos caminos para buscar soluciones que permitan frenar la guerra en el país. Recientemente nos reunimos para abordar el difícil momento con el ELN y algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron por ejemplo, solicitarle al Presidente de la República una reunión con ambas comisiones (Senado y Cámara), con el fin de conocer su visión sobre la construcción de Paz en el país y hacer recomendaciones al respecto. 

Citar al Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos y al Consejero para la Estabilización, Emilio José Archila, a una sesión de las Comisiones de Paz conjuntas para abordar la estrategia del Gobierno frente al ELN. 

También se acordó, la exigencia al ELN para que libere lo antes posible a los tres ciudadanos tripulantes del helicóptero que fueron secuestrados el pasado 11 de enero en el Catatumbo. 

Así mismo, articular la conformación de una Mesa Humanitaria junto  a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para articular políticas de protección de los Derechos Humanos de la población civil y especialmente a los líderes sociales que sufre las consecuencias de la confrontación entre el Estado y el ELN. 

De igual forma haremos seguimiento a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en particular en lo relacionado con la política de Paz. 

Bogotá, D. C, 28 de enero de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

#SíALaPaz #NoAlTerrorismo

 

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