Por Iván Duque Márquez.-Los Colombianos soñamos con lograr la paz para nuestro país. Reconocemos que una nación en la que reine el imperio de la ley y la seguridad, edifica un ambiente donde se pueden ejercer plenamente las libertades y por lo tanto mejora sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos.
Pero, lograr la paz no es un proceso automático, ni mucho menos es la consecuencia obvia de firmar un acuerdo entre las autoridades y el terrorismo. Llegar a una paz verdadera requiere unos elementos que brinden confianza perdurable entre todos los ciudadanos.
Quienes hemos cuestionado muchos aspectos del proceso que tiene lugar en la Habana, hemos sido denominados enemigos de la paz y se ha tratado de rotularnos como locos enceguecidos por el odio o la venganza. Acudir a esa dialéctica maniquea simplifica el debate con tinte electorero, pero obstruye la posibilidad de crear acuerdos entre quienes estamos unidos en el propósito de formar un mejor país.
Ante esa situación es preciso exponer con claridad la paz con la cual soñamos y que recoge el sentimiento de millones de colombianos. Se trata de siete puntos sencillos que pueden servir para formar consensos si se mira y respeta con patriotismo las legítimas voces del disenso.
Paz con cese de actividades criminales: Debido a que el Estado está obligado a proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar, los grupos terroristas deben cesar antes de cualquier acuerdo, toda actividad criminal como señal fehaciente de su voluntad de paz. Mientras persistan acciones de extorsión, secuestro, narcotráfico, reclutamiento infantil o siembra de minas, por solo mencionar algunas acciones, es el deber de las fuerzas de seguridad actuar sin contemplación alguna.
Paz con penas privativas de la Libertad para crímenes de lesa humanidad: En cumplimiento de los compromisos de Colombia con el Derecho Internacional y bajo el principio de justicia y reparación judicial, los máximos responsables de delitos de lesa humanidad deben someterse a condenas de prisión.
Considerando que la paz demanda sacrificios, el Estado puede ofrecer reducciones sustanciales de la pena, pero jamás impunidad, pues para asegurar una legitimidad jurídica deben existir penas que tengan una sanción proporcional a la gravedad de los delitos. Eximir de estas sanciones a quienes lo merecen, crea desconfianza y engendrará nuevas formas de violencia, además de ser un mal precedente para organizaciones terroristas como las BACRIM.
Paz con desarme: Alcanzar la paz demanda el pleno reconocimiento de las organizaciones terroristas del Monopolio de las Armas en cabeza del Estado, con las condiciones establecidas en la Ley. En ese sentido es necesaria la entrega verificada y auditada de las armas a la Fuerza Pública. La mera actitud de dejación no puede ser aceptada por parte del Estado.
Paz sin elegibilidad política para criminales de lesa humanidad: Alcanzar la paz implica abrir oportunidades de participación política para facilitar las expresiones democráticas a quienes se han enfrentado al Estado. Dicha participación debe estar abierta a quienes se han desmovilizado y reinsertado luego de haber cometido delitos políticos. No obstante lo anterior, quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no tendrán acceso a esa oportunidad y como precio de la paz deberán aceptar su imposibilidad de aspirar a ser representantes del pueblo. Por su parte el Estado no podrá, por la vía de confeccionar conexidades con el delito político, crear condiciones de impunidad a crímenes de elevada gravedad.
Paz con reinserción y convivencia: Siguiendo las pautas iniciadas en administraciones pasadas, el Estado debe seguir brindando oportunidades generosas de desmovilización y reinserción de las bases militantes en los grupos armados ilegales. Bajo las premisas de atención psicológica, no repetición y fomento de oportunidades para el empleo y su debida inserción en la sociedad, se podrá adelantar esquemas transicionales con positivas repercusiones sociales.
Paz con reparación de víctimas: La reparación de las víctimas es un deber irrenunciable de los victimarios. Todos los grupos terroristas que se quieran someterse a la construcción de la paz deben ser coherentes con dicho deseo y por lo tanto, reparar económica y judicialmente a las víctimas. Bajo ese fundamento deberá operar la extinción de dominio de los victimarios y la aceptación de sanción judicial por parte de los máximos responsables de la unidad de mando dentro de las organizaciones terroristas.
Paz sin comprometer las instituciones democráticas: Alcanzar acuerdos con el terrorismo no puede ser a costa de debilitar las instituciones de una democracia basada en plenas libertades. Por lo tanto no se podrá negociar los principios de la propiedad, de la iniciativa privada, de la libertad de expresión, de la fuerza pública, ni de representación política basada en las decisiones de las mayorías ciudadanas. Alterar estos valores constituiría una inadmisible claudicación del Estado Social de Derecho.
Nadie tiene la verdad absoluta sobre la paz. Pero alcanzarla de manera duradera requiere que ésta no sea el triunfo de la criminalidad sobre la justicia, ni mucho menos la imposición de sus intereses sobre los principios del pueblo colombiano. Por eso, creemos en una paz sin impunidad y sin la claudicación de nuestros valores ante el deseo utilitarista de alcanzarla a cualquier precio.
