Colombia: la tragedia de la paz

No hay duda alguna que el hecho más importante en los últimos sesenta años en Colombia, es el Acuerdo de Paz firmado en La Habana entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC, para ponerle fin a más de medio siglo de confrontación armada que dejara un saldo de más de cien mil muertos, siete millones de desplazados y un centenar de miles de víctimas.

Pero luego sucedió algo verdaderamente increíble: sometido el Acuerdo a la refrendación del pueblo, en el llamado Plebiscito del 2 de octubre de 2016, fue derrotado por escasa mayoría ( 51%). El partido Centro Democrático, fundado meses atrás por el expresidente Alvaro Uribe –cerril opositor del Acuerdo- levantó banderas para “hacerlo trizas”, según la desafiante proclama del exministro Fernando Londoño, consigna estratégica para ganar la presidencia de Colombia. Y lo que en un principio parecía algo imposible o remoto, terminó siendo una cruel pesadilla el 17 de junio de este año. Más tarde, con despreciable arrogancia, el Dr. Londoño Hoyos: “Ya no hay que hacerlo trizas; está hecho trizas”, después de relacionar todas las modificaciones que sufrieron esos acuerdos, la mayoría sin el consentimiento de las partes signatarias, todas ellas realizadas por el Congreso de la República después de la nueva versión, la del Teatro Colón de Bogotá.

Y no le falta razón al vocero del uribismo más recalcitrante:

La JEP (Justicia Especial para la Paz),ideada como un mecanismo transitorio de justicia universal, esto es para todos los actores del conflicto, incluyendo en éstos a los llamados “máximos responsables”, y que en el caso del Estado llegaría hasta los comandantes de arma, ministros, y aún presidentes de la República, ya no será así; como tampoco juzgará a los particulares involucrados en el conflicto como auxiliadores o financiadores del paramilitarismo, salvo que voluntariamente se sometan a ella. En síntesis, ya no será “para Raimundo y todo el mundo”, como jocosamente lo dijera el llamado Comandante Calarcá. Ahora, sólo juzgará a los guerrilleros.

Y no sólo eso, se pretende también modificar el sistema de sanciones contemplado en el Acuerdo, estableciendo privación efectiva de la libertad, en vez de la mera restricción, para las llamadas “graves violaciones” de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario (los crímenes de guerra y los de lesa humanidad), a pesar de que en el Tratado de Roma no se habla de cárcel, sino de sanciones.

En cuanto a los derechos políticos de los ex-guerrilleros, si bien se los mantiene aún –como es apenas obvio- sí se busca restringirlos,así: los elegidos al Congreso -ha dicho y reiterado el Presidente electo- no podrán asumir sus cargos sin haber cumplido sus penas,contradiciendo así lo acordado en La Habana y refrendado por el Congreso, que luego aprobó el Acto Legislativo No.1 de 2017. Y en este aspecto hay otras inquietudes: se respetará el derecho del ahora llamado partido FARC a mantener su representación mínima en el Congreso, para el período 2022-2026? ,lo mismo que su derecho a recibir la financiación del Estado?.

Aparte de lo anterior, hay preocupaciones aún más importantes, porque se refieren a los derechos de las comunidades del campo que fueron víctimas del conflicto y, en muchos casos, en pugna con los ilegítimamente adquiridos por los terratenientes protegidos por el uribismo. Esas preocupaciones son:

Volverá la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito?, la fumigación aérea con sustancias tóxicas prohibidas por la Corte Constitucional y la OMS que no sólo destruirán todos los cultivos (incluyendo los lícitos), sino que envenenarán la tierra, el aire y el agua? La política de erradicación concertada que el gobierno Santos estaba empezando lánguidamente a aplicar en los últimos meses la considerarán fracasada?, a pesar de que jamás se iniciaron los programas de sustitución de cultivos con las prometidas inversiones en infraestructura vial, educación, salud, y algo igualmente importante, además de la inversión social en el campo: los cultivos alternativos con tierras mejoradas, semillas, asistencia técnica, recolección y compra de cosechas, crédito, etc.

Y los campesinos minifundistas o carentes de tierras, se quedarán esperando no sólo la devolución de las propiedades que perdieron por el despojo paramilitar, sino la expectativa de las más de diez millones de hectáreas que se prometió entregarles?.

A partir del 20 de julio, y especialmente del 7 de agosto, habrá una nueva realidad política en Colombia: un solo partido (con sus aliados) manejará omnímodamente dos ramas del poder (ejecutivo y legislativo) y, por las consignas del jefe del nuevo país político, se revocarán las Cortes, para conformarlas y designarlas por los vencedores.

Entre tanto, las antiguas FARC, que en cumplimiento de lo acordado se desmovilizaron y entregaron sus armas, han reiterado que cumplirán su palabra, de no volverlas a empuñar nunca jamás. Ojalá que esa traición del Estado, que el Derecho Internacional Humanitario condena y el Titulo Segundo de nuestro Código Penal tipifica como delito, la PERFIDIA, no termine alentando focos de resistencia armada.

Los colombianos jamás olvidaderos que un puñado de malos compatriotas fundó un partido con la bandera de destruír los Acuerdos de Paz, y así recuperar el poder político.

Bogotá, D.C, 11 de julio de 2018.

*Abogado. Exministro de Justicia, Exgobernador de Nariño, Exsenador de la República de Colombia.

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