Por Guillermo García Realpe.-. Cuando todos esperábamos que la Corte Constitucional en el libre ejercicio del derecho le iba a dar la estocada final a la fiesta brava en Bogotá permitiendo la realización de la Consulta Antitaurina en marzo próximo, en una sorpresiva decisión, el alto tribunal fallo en contra de ese derecho de los ciudadanos bogotanos y le lanza el balón a los predios del Congreso de la República, para que sea desde el Capitolio donde se tomé la trascendental decisión.
Al anular la Sala Plena de la Corte Constitucional el fallo T-121 del 27 de febrero del año pasado, en el que le había ordenado a la Alcaldía realizar la consulta popular, cercenan el derecho democrático de los ciudadanos de la capital para pronunciarse en las urnas legítimamente sobre una de las prácticas más violentas que más temprano que tarde deben desaparecer no sólo en Colombia sino en el resto de países donde se desarrollan.
Sin duda alguna que esta noticia nos entristece, porque el sufrimiento, la barbarie y la muerte de indefensos seres vivos se prolongan nuevamente, cuando el objetivo nuestro y de todas las organizaciones animalistas es ponerle fin a estas prácticas sádicas y crueles de maltrato animal.
Por lo tanto era menester que se le permitiera a la gente de Bogotá pronunciarse al respecto, como se le ha permitido en muchos aspectos en otras consultas ciudadanas, consultas populares a los partidos políticos. No es un buen mensaje que para unas circunstancias especialmente de carácter partidistas sí haya consultas y no lo haya para temas de interés social y ciudadano.
En este sentido recojo las palabras de Natalia Parra, directora de la Plataforma ALTO y una de las líderes animalistas más importantes de Colombia, “la Corte demuestra que la democracia participativa en el país sólo está en el papel y no aplica cuando toca los intereses de los poderosos.
El voto de los ciudadanos sólo sirve cuando es por otro. Pero cuando somos los ciudadanos los que promovemos procesos como el de la consulta antitaurina, nos damos cuenta de que nuestro voto no sirve”.
Claramente las palabras de Natalia, expresan el sentir de un colectivo general de la mayoría de los ciudadanos que pedimos a gritos que esas crueles prácticas camufladas como arte y cultura deben desaparecer ¡YA!.
La decisión de la Corte al acoger la ponencia del magistrado Carlos Bernal, es un mal mensaje para el país y sobre todo para quienes defendemos la vida, los derechos de los animales y las prácticas de sana convivencia y de Paz con la Naturaleza.
Es sin duda, una afrenta a la democracia participativa y demuestra cómo evitan que la ciudadanía se pronuncie cuando el tema toca los intereses de los poderosos que gozan con la barbarie, la tortura y la muerte.
Sin embargo, esta es una victoria pírrica para los taurinos, seguiremos adelante promoviendo el proyecto de Ley 271 de 2017 de autoría nuestra que pondrá fin no sólo a las corridas de toros, sino también a las corralejas y tientas en nuestro país.
Esta iniciativa ya surtió su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y ahora esperamos la discusión en la Plenaria de esa corporación para así avanzar en sus dos últimos debates en el Senado de la República.
Ojalá que antes de terminar el último período de esta legislatura el Congreso en un acto de seriedad y altura legislativa de la estocada final a estás practicas nefastas que siguen generando violencia y muerte a seres indefensos que también merecen vivir al igual que nosotros.
