Por Amylkar D. Acosta M.- El país ha venido registrando, con perplejidad y sin entender a cabalidad su trascendencia, una seguidilla de consultas populares en distintos municipios del país, que se han rebelado en contra de la actividad extractiva y en todas ellas por abrumadora mayoría de los sufragantes se ha decidido proscribirla de sus territorios. Las más recientes se realizaron en Cajamarca (Tolima), en contra de la minería y en Cumaral (Meta), en contra de la exploración y explotación petrolera. Ello amerita un análisis sobre sus alcances y consecuencias, para poder establecer la procesión que va por dentro de este hecho inusitado.
Se aduce en todos los casos que la actividad extractiva se constituye en una amenaza contra la sostenibilidad del medioambiente, sobre todo se hace hincapié en que la misma pone en riesgo el acceso al recurso hídrico por parte de la población. Ha hecho carrera en el imaginario colectivo, como fijación, de que la comunidad debe decidirse por el agua o por el oro, por el agua o por el petróleo, lo cual, como lo veremos no pasa de ser una falsa disyuntiva. Planteada así, de esta manera simplista, dicha dicotomía, es obvio de toda obviedad que primero está la preservación, conservación y el acceso al preciado líquido.
La verdad sea dicha, como lo sostiene el Ingeniero de Minas Pablo Liemann, “es difícil encontrar algún sector de la economía o alguna industria que no utilice en forma habitual algún producto obtenido de un mineral y, por lo tanto, que provenga del sector minero”. En este sentido son atinentes las palabras de la columnista Enoris Restrepo cuando afirma que “hoy hay municipios en Colombia que prohíben la minería, pero quieren vías pavimentadas, con agregados producidos por la minería, asfalto derivado del petróleo, viviendas, escuelas y hospitales hechos con cemento, acero, ladrillos, tejas, revoques y pinturas, productos todos cuyo origen es la explotación de minerales…fertilizan sus suelos para la agricultura con cales y abonos de origen mineral. Es un contrasentido”.
De allí que, en hablando de los recursos naturales no renovables, verbo y gracia el oro, el cobre, el níquel, el carbón, el petróleo, el gas natural, es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Y la verdad es que los colombianos los necesitamos. Por fortuna Colombia, sin ser un país minero cuenta con los recursos mineros y sin ser un país petrolero cuenta con el petróleo, de otro modo tendríamos que importarlos. En efecto, la economía crece al ritmo de crecimiento del sector minero-energético. Durante la década 2005-2014, según el BID, el crecimiento promedio del PIB fue de 4.7%, muy por encima del 3.2% promedio de las dos décadas anteriores. Las exportaciones del sector minero-energético y los ingresos de divisas al país han llegado a representar hasta el 70% de la totalidad de las exportaciones. Y hablando de ingresos, la renta petrolera (impuestos + dividendos) que recibió la Nación en el año 2013, en la cresta de la ola del auge de este sector, ascendieron a la suma de $23.6 billones y si sumamos las regalías que van a las regiones a través del SGR ingresaron más de $40 billones, equivalente al costo del más ambicioso programa de modernización de la infraestructura vial del país (4G).
Ello no nos lleva a plantear, entonces, que en aras de disponer del recurso para tales efectos este se extraiga en cualquier lugar y de cualquier manera, sin parar mientes en su impacto y en sus secuelas. No hay actividad humana que no tenga un impacto y la actividad extractiva no es la excepción, de lo que se trata es de minimizar y reducir ese impacto, prevenirlo, mitigarlo, compensarlo o reponerlo, cuando hay lugar a ello.
No se trata, entonces, de decir sí o no, a rajatabla, a la minería. Me acojo a la frase que ha circulado profusamente: Minería sí, pero no así, para significar que no es permisible ni conveniente cualquier minería, desarrollada de cualquier manera. Solo es admisible y beneficiosa para el país, para las regiones y para las comunidades, aquella minería responsable con el medioambiente y con las comunidades, que utilice buenas prácticas y cumpla con los estándares más exigentes. Así y sólo así podemos decir que le conviene al país y a las entidades territoriales la actividad extractiva.
Medellín, junio 17 de 2017
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