Por Eugenio Prieto.- El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos -Cerac- y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -Pnud-, presentaron este año el informe "¿Qué ganará Colombia con la paz?", una valiosa investigación que permite dimensionar las ganancias generadas en el bienestar para la sociedad o beneficios de la paz, que podrán verse en forma de i) remoción de obstáculos que impiden el desarrollo económico y social, ii) reducción o desaparición de un costo que impide el desarrollo económico, iii) generación de ganancias pecuniarias, tangibles e intangibles relacionadas con la paz y iv) aparición de nuevas oportunidades para el desarrollo.
Al hablar de paz en Colombia, es ineludible detenerse para ver la profunda complejidad del conflicto armado interno, con sus atroces efectos políticos y sociales e incalculables consecuencias económicas, además de ver la forma como afecta de manera directa tanto el capital humano como al capital físico y genera desviación de esfuerzos institucionales y de los gobiernos hacia otras actividades que se alejan de la inversión social.
Los costos humanos y sociales de las violencias son demasiados -en Colombia son más altos por el conflicto armado-. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo -Pnud-, muestra que si bien la región latinoamericana se ha establecido firmemente en el escenario internacional con su avance en el crecimiento económico, la estabilidad financiera y la reducción de la pobreza y la desigualdad; aún persisten desafíos fundamentales para garantizar el desarrollo humano, entre ellos, que en su conjunto, la región sufra la pesada carga de la violencia, con más de 100.000 homicidios por año -tasa de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud OMS-.
Múltiples analistas e investigadores han señalado, que si bien en los últimos años se ha podido evidenciar un aumento de la confianza inversionista, en la seguridad del capital y de la propiedad, entre otros asuntos que reactivaron económicamente al país; es claro que el conflicto armado ha tenido catastróficas consecuencias sociales, la mayoría de las cuales son producto del altísimo gasto estatal en materia de seguridad.
Frente a este panorama de desangre en términos financieros y de gasto público por lo que le significa al Estado y la sociedad desarrollar programas de defensa y seguridad que posibiliten controlar y mitigar los nefastos efectos de la guerra y las múltiples violencias; quiero detenerme en otros costos más ignominiosos que los económicos, los costos humanos y sociales de este conflicto absurdo y fratricida, que deben ser calculados no solo para dimensionar las vidas humanas que perdemos -las vidas que nos cuesta cada segundo de guerra-, sino para comprender la importancia de construir colectivamente políticas públicas focalizadas, pertinentes e integrales que permitan salvar vida humanas.
Según el Informe del Pnud, los costos de la violencia pueden clasificarse en dos grandes grupos: cuantificables -que pueden ser medidos y monetizados- y no cuantificables -más complejos de medir mediante métodos cuantitativos-. En esta segunda medición debemos profundizar una reflexión que nos permita estimar con mediano nivel de certeza, cuántos han sido los años de vida perdidos por causa de los homicidios, es decir, el impacto que tiene la violencia letal en la expectativa de vida en Latinoamérica, en especial por el conflicto armado, en Colombia.
Según el Pnud a través de la estimación de los "años de vida ajustados por discapacidad" –Daly, por sus siglas en inglés-, es posible calcular la pérdida promedio que representa, tanto en años de vida como en el PIB, el alto nivel de violencia homicida. Según el Informe, considerando la expectativa de vida de la población, en América Latina, en las últimas décadas, cada año se pierden en promedio más de 330 millones de años de vida. Colombia con porcentajes superiores, ocupa un indignante primer lugar por causa del conflicto armado, por encima de países como El Salvador, Guatemala y Venezuela con quienes presenta las mayores pérdidas en expectativa de vida atribuibles al alto número de homicidios.
Tal como lo muestra el informe del Pnud, gran parte de las violencias que ponen en riesgo la vida de los habitantes de este país, se encuentran no solo en los campos de batalla que se han convertido muchos de los territorios de nuestra Colombia profunda, sino en los diferentes escenarios y ámbitos de la vida social: la escuela, la casa, el parque púbico. Como lo hemos señalado en diferentes espacios, las dimensiones del conflicto histórico que hemos padecido, son inadmisibles y por tanto requieren de acciones integrales que permitan desestructurar el mismo.
En tal sentido, a través de la historia, ha sido la sociedad civil, la más golpeada por los conflictos armados y la menos vinculada en los procesos de paz. En el escenario actual de los diálogos de paz, y tras dos años de importantes avances en las mesa de dialogo, es necesario hacer del proceso un propulsor y promotor de acciones vinculantes con todos los sectores de la sociedad -fundamentalmente la sociedad civil-, que den sustento social a los arreglos institucionales que se desarrollen a nivel nacional. Para ello, es ineludible la realización de diálogos territoriales que posibilite la transformación global/local de la sociedad de la que hacemos parte, y construir así desde las lógicas locales y regionales, una nueva Nación que se sustente en la múltiples y diferentes realidades de los territorios y de sus ciudadanos.
Seguiremos insistiendo en la enorme significación que tendría para la sociedad civil y para los diálogos de paz, el que paralelamente se desate en Colombia un proceso de diálogo y participación amplio, abierto e incluyente desde los territorios sobre el postconflicto, que desde la socialización y mayor comprensión del proceso mismo de paz, permita mirar, deliberar y proponer colectivamente, rutas de desarrollo territorial incluyentes y equitativas.
Queremos una Colombia incluyente, que se construya desde los territorios, que se mire y defina su futuro desde diálogos territoriales que privilegien el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la tolerancia; rechace las violencias, prevenga los conflictos, ataque sus causas y busque la solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación.
Creemos que para lograr esa Colombia en paz, con equidad y educación para todas y todos que nos propone el presidente de la República Juan Manuel Santos, es necesaria una reducción drástica de las violencias, que vaya acompañada entre otros beneficios, de menos víctimas de la violencia asociada al conflicto; del cambio de modelo económico para una mejor distribución de la riqueza y de la propiedad de la tierra, para mayor inversión social, más inclusión y más bienestar para todas y todos.
Nuevamente nuestra Constitución Política debe ser el camino, ya que ella estableció el mayor aporte para lograr la paz por cuanto recuperó la soberanía popular, consagró derechos y garantías fundamentales, ha sido fundamento para pactos de paz conseguidos hasta ahora con las guerrillas, pero sobre todo, creó mecanismos y espacios de participación que recentraron al ciudadano como eje y motor del funcionamiento del Estado y como actor fundamental para el cogobierno en el territorio.
