A finales de la administración Petro hubo una verdadera orgía contractual que según “Transparencia por Colombia” se tradujo en la firma atropellada de cerca de 50.000 contratos.
Por Juan Camilo Restrepo*. - En estos días hay un sano concurso de ideas para ubicar dónde se podrían reducir gastos públicos. Es apremiante hacerlo. El manejo de la situación fiscal de la administración que terminó el pasado 7 de agosto se caracterizó por el irresponsable aumento de gastos que no estaban respaldados en ingresos ciertos. Allí radica el germen de la calamitosa situación fiscal que vive el país.
El ministro de Hacienda Gómez Martínez, por ejemplo, informó que en los últimos meses los gastos públicos vienen creciendo en promedio $ 40 billones mientras que los ingresos para financiarlos no llegan, en promedio, a $ 28 billones mensuales.
Ahí está la explicación de déficit que según el último informe del comité autónomo de la regla fiscal (Carf) podría llegar al finalizar 2026 a 9,4 % del PIB ($ 180 billones). Y de la apremiante necesidad de un ajuste profundo en el gasto público para salir del pantanero en que nos dejó el gobierno Petro.
Algunos dicen, como el pacto histórico, que el problema no es grave y que bastaría con poner más impuestos para salir del problema. Otros escépticos hablan de que la inflexibilidad del presupuesto es tal que es muy poco lo que puede hacer el gobierno- así tenga buena voluntad de hacerlo- para moderar la rueda dentada que trae el gasto público. El gobierno de ADLE ha anunciado la presentación de la “Ley Rescate” cuyos pormenores aún no se conocen, pero que parece va a ser una especie de parteaguas trascendental en el diseño de las políticas del gasto público en Colombia. Otros proponen vender empresas públicas y no falta quien proponga recurrir a un programa de urgencia con el FMI para enfrentar el grave problema fiscal.
Quiero hacer en este contexto un aporte en esta a esta lluvia de ideas. Sin que dicho aporte sea excluyente sino complementario a las muchas iniciativas que empiezan a salir al ruedo.
A finales de la administración Petro hubo una verdadera orgía contractual que según “Transparencia por Colombia” se tradujo en la firma atropellada de cerca de 50.000 contratos suscritos entre el momento en que terminó la vigencia de la ley de garantías y el 7 de agosto. La cuantía de esta feria contractual supera decenas de billones de pesos. Están también en marcha auditorias forenses -como es el caso de Ecopetrol- que darán luces sobre los abusos que se cometieron.
La inmensa mayoría de estos contratos no podrá ejecutarse en 2026 por la buena razón que la situación de tesorería es tan precaria que una inmensa mayoría de ellos pasarán como compromisos de gastos para la vigencia del año entrante bajo la forma de “vigencias de apropiación”, congestionando así los compromisos de gastos del 2027.
Firmar un contrato no significa poder ejecutarlo si no hay caja para atender la deuda que la administración contrae con quien entrega los bienes y servicios objeto del contrato.
Ahora bien: no es difícil pensar que una gran parte de esta atropellada orgía contractual con que se despidió la administración Petro no cumplió con las reglas más elementales que rige la administración pública.
Se impone entonces la tarea de escudriñar dentro de esta masa de contratos cuáles pretermitieron las normas de la contratación pública y proceder a rescindirlos. O sea, a darles de baja como compromisos de gastos futuros, antes de que pasen a la vigencia del 2027 como vigencias de apropiación para el año entrante.
Otro tanto podría hacerse con la infinidad de dineros que ante la incapacidad de ejecución gubernamental han buscado recurso en encargos fiduciarios. Que tampoco se han traducido en ejecuciones contractuales reales y deberían reversarse y darles de baja también.
Esta sola operación se reflejaría en economías de gastos para el año entrante en cuantía de varias decenas de billones de pesos, lo que ayudarían inmensamente a aliviar el pesado fardo del gasto público que pesa como piedra de molino al cuello de la hacienda pública nacional.
Bogotá, D. C, 27 de septiembre 2026
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
