En medio de las secuelas del temblor, Colombia habla hoy de guerra sin que muchos se pregunten cómo impedir que una nueva espiral de violencia arrebate el futuro y debilite la democracia
Por: Hubert Ariza*. - Con la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella, la narrativa de la victoria militar sobre las organizaciones armadas ilegales —guerrillas, narcos o paramilitares— ha vuelto a ser el sello del acontecer nacional. La política de paz total quedó en el pasado. Los halcones están de regreso, esta vez protegidos por el Escudo de las Américas y la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump.
Los cadáveres de ilegales abatidos en bombardeos o en operativos de fuerzas especiales, metidos en bolsas blancas y presentados como trofeos de guerra, son el símbolo inicial de un Gobierno que archivó la palabra negociación y privilegia el uso legítimo de la fuerza del Estado contra quienes insistan en la acción criminal.
Las mesas de diálogo con las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, fueron cerradas y los negociadores despedidos. El Tigre sacó de Palacio a las palomas. No queda siquiera, como antaño, la del maestro Fernando Botero, que adornaba los salones de la Casa de Nariño. Petro la retiró antes de terminar su mandato. Hoy los bombardeos y la fumigación aérea son la realidad en zonas bajo el dominio de guerreros y economías ilegales.
La bandera de la paz ya no ondea en ninguna sede gubernamental. De la mano tendida, el país pasó al puño cerrado. El Tigre ha sido claro: “Bandido que no se someta será dado de baja”. Así lo dijo el 17 de septiembre en San Juan del Cesar, La Guajira, el mismo departamento donde, días antes, fueron abatidos alias Bendito Menor y su esposa, alias La Bebecita, cabecillas de las ACSN. Un golpe que produjo titulares y reafirmó la política oficial de seguridad.
Los diálogos, los ceses al fuego y las vías pacíficas para lograr la desmovilización de los ejércitos irregulares son pasado. El Gobierno impuso una salida: sometimiento o muerte. La regla es elemental. Quien abandone la guerra encontrará una vía jurídica para acogerse a la justicia. Quien persista en el narcotráfico y el terrorismo sentirá el peso de la ley y de un Estado que no dudará en extraditarlo, extinguir sus bienes o darle de baja. El futuro de la ilegalidad no es una mesa de negociación, sino una bolsa blanca o un sometimiento en condiciones todavía desconocidas. El Tigre no juega al gato y al ratón.
El Congreso espera que el ministro de Justicia, Iván Cancino, presente el proyecto de ley que el Gobierno denominará de “acogimiento”, buscando darle un sello de magnanimidad. Pero sometimiento y acogimiento no son sinónimos de negociación: expresan la fortaleza de un Estado que deberá ofrecer, a cambio de la entrega de fusiles, bienes y verdad, mucho más que un futuro de privación de la libertad.
Un factor innegociable de ese proyecto, para un sector del Congreso, debe ser la protección de las víctimas, con garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición. El Pacto Histórico, minoritario en el Legislativo, tendrá una auténtica prueba de fuego.
El acogimiento de los guerreros será una puerta que el Gobierno deberá abrir sin repetir los errores del pasado. Allí entra la justicia transicional, llamada a garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Colombia ya ensayó estos mecanismos y cada proceso dejó lecciones. De Justicia y Paz, aplicado a las AUC durante el Gobierno de Uribe, quedó una parte de la verdad. De la JEP, nacida del Acuerdo de La Habana, quedaron el esclarecimiento de los falsos positivos y la responsabilidad que las FARC se atribuyen en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
Es difícil pensar en un sometimiento a la justicia sin una justicia transicional. Lo paradójico es que esta iniciativa se presente cuando la extrema derecha ha buscado asfixiar a la JEP, con propuestas como la del senador Enrique Gómez Martínez, que plantea quitarle 100.000 millones de pesos a esa instancia para trasladarlos a la justicia ordinaria, bajo el argumento de contribuir a la descongestión judicial.
¿Y la verdad? ¿Cómo se garantizará el conocimiento de los nombres de quienes han alimentado e instigado la guerra, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad cometidos por actores armados ilegales durante décadas? La pregunta es poderosa, precisamente porque Colombia es un referente global en procesos de justicia transicional. ¿Se echará por la borda todo lo andado o se construirá sobre lo construido, privilegiando a las víctimas?
La nueva estrategia de mano dura implica un aparato militar más fuerte, una inteligencia coordinada y una justicia robusta. E impedir que se recicle la violencia. En apenas 10 años, las FARC firmaron la paz, se desmovilizaron, surgieron las disidencias y sus hombres ya suman más de 10.000. La lección es clara: hoy las guerrillas y los grupos paramilitares reúnen cerca de 30.000 hombres en armas. No basta matar cabecillas; hay que derrotar las condiciones que generan esas organizaciones.
Colombia ha sido un laboratorio de guerra en medio de una geografía hostil: tres cordilleras, selvas de difícil acceso, dos océanos, fronteras porosas y regiones donde la presencia estatal ha sido débil o intermitente. La paz estable y duradera no nace exclusivamente del imperio de la fuerza ni de la paz romana.
Requiere acción integral del Estado. La inequitativa distribución de la tierra es el corazón del conflicto. Si ese tema sigue sin resolverse, si se revierte el camino recorrido en los últimos años y se promueve una nueva contrarreforma agraria, sin atacar la pobreza rural y la exclusión de las comunidades, la guerra germinará de nuevo de forma silvestre en los territorios.
Toda estrategia de guerra exige ganar a la población civil. Y aquí aparece un asunto esencial: la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Colombia ya vivió períodos duros de represión contra la población civil. Los asesinatos de líderes sociales son una vergüenza para cualquier democracia. Los falsos positivos son una cicatriz que aún duele. El eco del estallido social de la pospandemia todavía se escucha. El recrudecimiento de la guerra no puede elevar el síndrome de república bananera que Colombia ha padecido durante décadas.
El Tigre ruge y el eco de sus sentencias atraviesa las selvas, donde miles de hombres armados atentan contra la democracia. El Congreso tendrá que debatir la ley de sometimiento teniendo en cuenta los procesos de paz anteriores, el apego del país a los acuerdos internacionales de los que forma parte y la propia Constitución, cuyo artículo 22 señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Está, además, la lucha contra el narcotráfico. Colombia continúa descertificada por Estados Unidos, que no ha suspendido la ayuda acordada y expresó confianza en que el Gobierno De La Espriella logre resultados. Demostrar que el glufosinato mata la mata, pero no la vida humana, ni convierte las selvas en desiertos, será un enorme reto para el Gobierno. También lo será ofrecer alternativas económicas y una propuesta de desarrollo rural integral que impida que la narrativa de la ilegalidad gane la partida.
En medio de las secuelas del terremoto, Colombia habla hoy de guerra sin que muchos se pregunten cómo impedir que una nueva espiral de violencia arrebate el futuro y debilite la democracia. Solo más democracia, respeto por la vida de los líderes sociales, garantía plena de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, protección de las comunidades asediadas por la ilegalidad y una política económica que impulse el desarrollo, proteja el medio ambiente e impulse la descentralización impedirán que el país regrese al pasado de campos sembrados de tragedia y jóvenes cargados de odio, dispuestos a empuñar las armas para clamar venganza.
Bogotá, D. C, 20 de septiembre 2026
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
