Como todo lo que tocaba la administración Petro con lo fiscal estaba claramente desfinanciado.
Por Juan Camilo Restrepo*. - El artículo 56 del estatuto orgánico del presupuesto dispone que “antes del 15 de agosto las comisiones de Senado y Cámara podrán resolver que el proyecto no se ajusta a los preceptos de esta ley, en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito público que lo presentará de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con las enmiendas correspondientes”.
Y eso fue lo que resolvieron precisamente las comisiones económicas.
El proyecto de presupuesto para la vigencia 2027 había sido originalmente preparado por la administración Petro. Como todo lo que tocaba aquella administración con lo fiscal estaba claramente desfinanciado. Se ha calculado por parlamentarios tan serios como Oscar Darío Pérez que dicho proyecto entrañaba un desfinanciamiento cercano a los $ 60 billones. Es decir, que los gastos proyectados excedían en dicha suma los estimativos de ingresos seriamente calculados para la vigencia del 2027. Obviamente, la ejecución de dicho proyecto conduciría inexorablemente a profundizar el ya considerable desajuste de las finanzas públicas con el que la administración Petro las entregó el 7 de agosto, con un déficit fiscal cercano al 8% del PIB equivalente a $ 160 billones de pesos y una deuda pública desbordada.
Era por lo tanto indispensable la revisión que en estos momentos está haciendo el nuevo gobierno al proyecto de presupuesto que encontró de la administración anterior. Para efectuar los recortes en el programa de gastos del año entrante a que haya lugar, y, ante todo, para reflejar en el presupuesto de la próxima vigencia las prioridades que el nuevo gobierno quiere imprimirle al gasto público en el futuro inmediato.
Dos ejemplos ilustran lo que acabamos de decir.
El gobierno ADLE ha dicho que lo más urgente en el calamitoso escenario de la salud es inyectarle $ 10 billones para financiar un programa de estabilización inmediata, antes inclusive de proceder a reformas más estructurales del sistema de la salud que el gobierno Petro dejó en ruinas.
Pues bien, para que esta inyección de $ 10 billones de emergencia al sistema de la salud puedan llevarse a cabo en los próximos meses se requiere ineludiblemente que las apropiaciones correspondientes de ese gasto aparezcan el presupuesto de gastos del año entrante, cosa que no sucedía con el proyecto original de presupuesto ahora bajo revisión en el ministerio de Hacienda.
Una segunda ilustración de porqué se hace ahora más indispensable que nunca la revisión del presupuesto del 2027 es por razón del terremoto. Este doloroso episodio requerirá para el año entrante lo que pudiéramos llamar la cuota inicial de los gastos necesarios para arrancar en la vigencia del año entrante la inmensa tarea de la reconstrucción que se desarrollará a lo largo de los próximos tres o cuatro años. Pues bien, en el proyecto de presupuesto para la vigencia del año entrante deben aparecer las apropiaciones (autorizaciones de gastos), con las cuales se empezará esa gran tarea que con toda razón puede llamarse el “plan Marshall criollo”. Con el que se le hará frente a la devastación monumental que el sismo plantea para Colombia en las vigencias venideras.
Pero, claro, no todo serán platas del presupuesto nacional: se necesitará además el concurso de la empresa privada y de la cooperación internacional que también deberán aparecer registradas como ingresos en el presupuesto venidero.
El presupuesto nacional es, pues, el conducto jurídico- instrumental a trasvés del cual se va a ejecutar tan formidable tarea.
Por todas estar razones era ineludible revisar el proyecto de presupuesto para la vigencia 2027. Tarea en la que está concentrado el ministerio de Hacienda en este momento antes de llevar la ley de presupuesto de nuevo a estudio del Congreso, antes de este 30 de agosto.
POSDATA: A medida que siguen saliendo todos los días noticias sobre la desfachatada orgia contractual de la administración Petro en sus últimas semanas, se hacen indispensable las auditorías forenses que según anuncia el nuevo gobierno están en macha. Es apremiante que dichas auditorías concluyan pronto y se puedan llevar ante los jueces a los autores mismos de tales desafueros, y ante los tribunales administrativos los contratos que sea factible rescindir y anular.
Bogotá, D. C, 22 de agosto 2026
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
