El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, cuestionó la conformación de la Comisión de la Verdad y dijo que la misma no tiene garantizada su independencia, imparcialidad y autonomía.
"La Procuraduría tiene la obligación constitucional de velar por el respeto a los Derechos Humanos y particularmente por los de las víctimas. La verdad es un derecho individual de todas las víctimas y un derecho colectivo de la sociedad colombiana, la Procuraduría tiene que defenderlo", sustenta el órgano de control.
En su pronunciamiento, Ordóñez pone en entredicho el derecho que se le está otorgando a la guerrilla para proponer 3 personas que integrarán esta comisión e incluso se pregunta por qué es razonable conceder este privilegio a alias Timochenko y no a las AUC o a agentes estatales que delinquieron.
"Para el Gobierno es equivocado creer que sean “tres seleccionados por el Gobierno y tres por las Farc, como algunos han supuesto”, sin embargo, Rodrigo Granda, miembro plenipotenciario de la mesa de conversaciones por las Farc, explicó de la siguiente forma el procedimiento que el gobierno oculta: “El Gobierno colombiano pasa 6 nombres a las Farc, las Farc pasan 6 nombres al Gobierno, de ahí, entonces, se escogen tres de cada una de esas listas”. “Tres del gobierno y tres de las Farc en escogencia". ¿Qué derecho tiene la guerrilla para proponerlos?”, agrega.
Para el jefe del organismo el claro que no hay una sola sílaba en el Acuerdo que condicione beneficios penales a cambio de revelar la verdad sobre los crímenes atroces.
Y por último advierte que el único competente conforme la Constitución para adoptar y regular una comisión de la verdad es el Congreso de la República, no las Farc ni el Gobierno Nacional y que la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, no es soberana.
