Después de haber advertido que mediante el decreto 811 de 2020 el Gobierno se auto habilita para privatizar las empresas estatales sin ningún tipo de control, el Senador Luis Fernando Velasco, junto con un grupo de congresistas de distintas bancadas, radicó un proyecto de ley que busca derogar dicho decreto legislativo.

Después de haber advertido que mediante el decreto 811 de 2020 el Gobierno se auto habilita para privatizar las empresas estatales sin ningún tipo de control, el Senador Luis Fernando Velasco, junto con un grupo de congresistas de distintas bancadas, radicó un proyecto de ley que busca derogar dicho decreto legislativo.

Según los congresistas, el decreto es una amenaza al patrimonio de todos los colombianos, pues sin que haya un mínimo debate o control, de manera unilateral establece un procedimiento exprés para que el Gobierno venda activos estratégicos de la Nación como Ecopetrol o su filial Cenit, importante empresa que controla el transporte de crudo y sus derivados.

“Nos preocupa un día despertar y que sin darnos cuenta hayan vendido empresas como Cenit. Dígannos qué tiburón está detrás de Ecopetrol y de sus filiales. Cómo se les ocurre pretender vender el patrimonio de los colombianos sin por lo menos propiciar un debate público”, con estas palabras confrontó el Senador Velasco al Gobierno Nacional en una Plenaria del Senado el pasado 19 de junio.

Los congresistas firmantes del proyecto son los senadores Luis Fernando Velasco, Jaime Durán, Andrés Cristo, Julián Bedoya, Guillermo García Realpe y Rodrigo Villalba, del Partido Liberal; Maritza Martínez, de la U, Antonio Sanguino, de Alianza Verde; Gustavo Bolívar, Colombia Humana   y Jorge Robledo del Polo Democrático.

Los firmantes también aseguran que el decreto 811 de 2020 va en contra del artículo 60 de la Constitución, referido a la obligatoriedad de democratizar las acciones que el Estado venda. El decreto establece que la enajenación de las acciones estatales se realizará en operaciones de martillo en bolsa de valores, por lo cual los trabajadores de las empresas y los colombianos de a pie no podrían participar, como establece la constitución, de una eventual venta accionaria.

Por otro lado, en la iniciativa se argumenta que las leyes de autorizaciones deben ser según la Constitución, de iniciativa legislativa. Es decir que el Gobierno al modificar el procedimiento que el Congreso ya había establecido para los procesos de venta de los activos estatales y que estaba contenido en la Ley 226 de 1995, está excediendo sus competencias e invadiendo una atribución que es del legislativo, razón por la cual también consideran que es inconstitucional.

Cabe recordar que en días pasados, el Senado de la República aprobó con la unanimidad de todas las bancadas una proposición solicitándole al Presidente Duque que derogue el Decreto Legislativo 811 de 2020.

Según afirman los autores de la iniciativa, “a pesar que la proposición no tiene un carácter legal vinculante, no es menos cierto que esta corresponde a un pronunciamiento formal de la Rama Legislativa que debe ser atendido con el debido decoro. Lamentablemente, a la fecha no se conoce respuesta o pronunciamiento por parte del Ejecutivo”.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2020

Redacción Ecos Nacional

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