Inadmisible hacerle objeciones a ley estatutaria de la JEP: Procurador Carrillo

Mientras aumenta la expectativa sobre la decisión que va a tomar el Presidente Iván Duque Márquez, sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP,  el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez,  exhortó al jefe de Estado para que no la objete, al considerar que es inadmisible hacerle cambios al llamado corazón del proceso de paz y la seguridad jurídica, no sólo de las víctimas, sino también de los exguerrilleros, exmilitares y agentes del estado, después que la Corte Constitucional la declaró exequible.
Foto: Leonardo Vargas

Mientras aumenta la expectativa sobre la decisión que va a tomar el Presidente Iván Duque Márquez, sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP,  el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez,  exhortó al jefe de Estado para que no la objete, al considerar que es inadmisible hacerle cambios al llamado corazón del proceso de paz y la seguridad jurídica, no sólo de las víctimas, sino también de los exguerrilleros, exmilitares y agentes del Estado, después que la Corte Constitucional la declaró exequible.

En una carta dirigida al Presidente Iván Duque Márquez, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez se sumó a las voces de quienes han señalado la claridad de la norma que le da vida jurídica a la JEP y criticó a los que consideran que se debe objetar como lo ha afirmado el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez  Neira y el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, entre otros sectores críticos al proceso de paz.

“El difícil logro del Estado colombiano de silenciar los fusiles y firmar la paz, compromete el esfuerzo de todos por hacer exigible de buena fe lo acordado" afirmá  Carrillo y sostiene que "No es admisible la formulación de objeciones presidenciales en este momento”.

A través de cuatro puntos de la carta, Carrillo sostiene que la Ley Estatutaria se tramitó a través del Fast Track, “la herramienta a la que recurrió el gobierno Santos para reducir los debates necesarios y aprobar las leyes relacionadas con el Acuerdo de Paz con las Farc”, por eso considera  la Procuraduría que si el presidente Duque objeta a la JEP,  tendría que ser sometida de nuevo a un control de constitucionalidad “que no fue previsto para las normas expedidas por el denominado ‘fast track’ en tanto que para ellas fue establecido un control constitucional ‘único’ ”.

Señala que una eventual objeción por inconveniencia caducaría en el momento de emitirse fallo por la Corte Constitucional, porque “la decisión de cierre de este tribunal zanja el trámite que el constituyente derivado estableció para esta norma estatutaria en particular”.

Como es sabido, el  fallo fue proferido por la Corte Constitucional en agosto del 2018 con ponencia del magistrado Antonio Lizarazo y avalada por la sala plena de ese alto tribunal constitucional.

Desde el punto de vista político señala el Procurador Carrillo que las instituciones deben respetar lo ya pactado. Afirma en la misiva que “objetar la Ley Estatutaria de la JEP, a estas alturas, sería un “acto regresivo” y enfatiza que “no procede ocasionar un retroceso o minar la certidumbre y la confianza con los que se deben dotar los procesos de justicia transicional, en los cuales el tiempo de implementación es un factor para su consolidación”.

No duda el Jefe del Ministerio Público que la Ley Estatutaria fue aprobada con mayorías absolutas en el Congreso, en una sola legislatura. Sostiene que la JEP fue sometida a control constitucional como muestra de “colaboración armónica y separación de ramas del poder público”.

Según el Procurador el control constitucional tenía como propósito establecer si la ley iba acorde a la Carta Política, es decir no abrir la posibilidad a futuros debates.

“Contemplar la opción de objetar la JEP, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, puede generar un riesgo para la seguridad jurídica, que precisamente quiso evitar el Constituyente al prever un esquema especial de control que lograra mayor estabilidad para esta clase de normas”.

En ese sentido, enfatiza el Procurador Carrillo, es inadmisible que en este punto el presidente reabra materias que la Corte Constitucional ya concluyó.

Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019

Por Luis Fernando García Forero

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