San José de Costa Rica. 15 de febrero de 2018. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: CIDH/OEA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/ OEA) publicó un informe significativo sobre el papel que cumplen las políticas punitivas sobre drogas y su contribución al hacinamiento en las prisiones, con consecuencias particularmente devastadoras para las mujeres.
El Informe sobre las Medidas Dirigidas a Reducir el Uso de la Prisión Preventiva en América de la CIDH ha tenido un impacto significativo porque aborda la violencia institucional en el tratamiento del dependiente o consumidor de drogas.
En este sentido, la CIDH exhorta que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública, no sólo como un problema penal y recomienda descriminalizar la posesión de drogas para consumo personal.
Asimismo, el estudio plantea serias inquietudes respecto a los programas de tratamiento del consumo de drogas bajo supervisión judicial, comúnmente conocidos como tribunales de drogas. El informe insiste en la necesidad de alinear las políticas sobre drogas con las normas regionales e internacionales de DD.HH.
La CIDH señala que la criminalización de la posesión de drogas para consumo personal ha contribuido al “uso excesivo del sistema de justicia penal” y expone que investigaciones realizadas demuestran que las leyes severas contra el consumo de drogas no reducen los niveles de consumo de estas sustancias.
El informe, igualmente, critica los programas de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Los tribunales de drogas operan dentro del sistema de justicia penal, derivando a programas de tratamiento a quienes son arrestados por delitos relacionados con drogas (incluyendo la posesión para consumo personal) o quienes han cometido delitos, debido a su dependencia de estas sustancias.
Estos tribunales a menudo no diferencian entre quienes requieren tratamiento y quienes no lo necesitan y con frecuencia estigmatizan aún más a quienes consumen drogas.
El reporte de la CIDH denuncia las violaciones a los DD.HH. que ocurren en ciertos centros de tratamiento, los cuales no están regulados ni sujetos a supervisión y operan sin base científica alguna, según un Informe elaborado por el Relator Especial de las ONU. sobre tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el cual contiene una larga lista de abusos documentados, incluyendo trabajos forzados y abuso sexual, en centros de tratamiento obligatorio del consumo de drogas.
La CIDH destaca las obligaciones por parte de los Estados respecto a regular y supervisar los servicios de salud dispensados a sus ciudadanos, tanto en el sector público como en el privado y exhorta a los Estados a incrementar los recursos que se dedican a programas de tratamiento basados en evidencias.
En este orden de ideas, la CIDH recomienda a los estados miembros de la OEA, ante la grabedad de los hechos señalados:
1.- Crear una política en materia de drogas con un enfoque integral y de reinserción social, que evite que el tratamiento a las personas que han sido detenidas por consumo o posesión de drogas o que han cometido delitos menores por su uso problemático o dependiente, se realice desde una óptica represiva y criminalizadora.
2.- Los estados deben promover otras alternativas a la privación de libertad, que incluyan tratamientos de tipo ambulatorio para evitar la institucionalización de las personas, que permitan abordar esta problemática desde un enfoque de salud pública y DD.HH.
3.- La CIDH reitera a los estados su obligación de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a aquellas personas bajo su jurisdicción, como parte de su deber especial de protección a su vida e integridad, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado.
4.- En el contexto de las políticas criminales en materia de drogas, la CIDH llama a los estados a adoptar medidas integrales que incluyan una perspectiva de género.
