Un acto de excusas públicas por la violación del derecho a la libertad del ex presidente del Congreso, Carlos García Orjuela, ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que condenó a la Rama Judicial y a la Fiscalía a pagar $1000 millones.
García estuvo detenido dos años en la cárcel La Picota por supuestos vínculos con el Bloque Tolima de las autodefensas.
En el 2010 la Corte Suprema de Justicia, ordenó la libertad del exsenador, al considerar que existieron inconsistencias en las declaraciones de los ex paramilitares que lo sindicaban de haberse reunido con ellos en varias poblaciones del Tolima.
