Por Felicia Saturno Hartt. Foto: ANPCH.- La Asamblea Nacional Popular de China, anunció este lunes la aprobación de una Ley de Ciberseguridad, muy criticada por organizaciones empresariales chinas y extranjeras y grupos de defensa de DD.HH.
Según el borrador de ley que se publicó hace un año, la legislación aumenta el poder del Gobierno Chino a la hora de acceder a la información, obtener registros de mensajes y bloquear la difusión de datos que considere ilegales.
Su borrador desató protestas internacionales en el sector tecnológico, porque aumenta el control estatal sobre los datos almacenados en servidores situados en el país.
El proyecto de ley también recogía que las agencias gubernamentales podrán “emitir otras directrices” adicionales para salvaguardar la seguridad en industrias, que considera “claves” como telecomunicaciones, energía, transporte, finanzas, asuntos de defensa nacional y militar o de la administración gubernamental.
La legislación recoge que el Ejecutivo tomará medidas para “controlar, defender y gestionar los riesgos de ciberseguridad y las amenazas que procedan de dentro del país o del extranjero, protegiendo la infraestructura de información clave de ataques, intrusiones, alteraciones y daños”, publicó hoy la Agencia Oficial China Xinhua sin dar más detalles.
El Legislativo Chino aprobó este lunes la norma al término de su sesión bimensual, tras una tercera lectura.
Las medidas recogidas provocaron polémicas por parte de firmas extranjeras, que alertaron de que la nueva norma podría crear "obstáculos innecesarios" para el comercio internacional.
Los detractores de la Ley China sobre Ciberseguridad, además, aducen que la normativa amenaza con cerrar empresas de tecnología de sectores considerados "críticos" e incluye controvertidos requerimientos para que los datos sean almacenados en servidores situados solamente en China.
De momento, el texto íntegro de la ley no se ha publicado oficialmente, si bien los borradores de la misma que se han difundido hasta ahora han sido recibidos con preocupación.
Tras conocerse su anuencia, Amnistía Internacional pidió al Gobierno Chino que dé marcha atrás y derogue la ley, ya que consideró en un comunicado, que la norma “da carta blanca” a las autoridades para reprimir la libertad de expresión y de privacidad.
