Redacción Ecos. Foto: Reuters.- La mayoría opositora en la Asamblea Nacional venezolana aprobó este martes abrir un procedimiento para determinar la responsabilidad política del Presidente Nicolás Maduro en la crisis económica y social del país.
El acuerdo incluye citar a Maduro para que comparezca el martes 1 de noviembre en la Cámara y responda a los cuestionamientos expresados durante el debate, que se dio en momentos en que el mandatario regresaba al país, después de una gira en busca de acuerdos para reflotar los precios del barril petrolero.
Constitución Venezolana no contempla juicio político
Según el Jefe de la Bancada Opositora en la AN, Julio Borges, la citación al mandatario venezolano es para que "responda todas las argumentaciones y acusaciones" presentadas en su contra y para que "con el respaldo del pueblo venezolano, demuestre que se somete a la Constitución y al Parlamento".
Debido a que la Constitución de Venezuela de 1999 no contempla un juicio político, en el hemiciclo se acordó investigar lo relativo al supuesto abandono del cargo en el que, desde la bancada opositora, se alega que ha incurrido el presidente venezolano.
AN es “inoficiosa”
La próxima sesión de la Asamblea Nacional fue convocada para este jueves.
El chavismo ha desestimado las decisiones que ha tomado el Poder Legislativo, alegando que la Asamblea Nacional es "inoficiosa" porque su actuación no genera consecuencias, ya que sus actos son nulos desde que fue declarada en desacato por el Supremo Venezolano.
El Parlamento Venezolano decidió iniciar el proceso contra Maduro un día después del anuncio de un diálogo para el próximo 30 de octubre entre el Gobierno de Maduro y la oposición, con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano.
El Jefe de la Bancada del Oficialismo, Héctor Rodríguez, dijo que la oposición estaba desesperada por dar un golpe de Estado como el de Brasil, refiriéndose a la destituida Presidenta Dilma Rousseff.
Por su parte, el opositor Henry Ramos Allup, Presidente de la AN, explicó que el Parlamento tiene potestad para determinar responsabilidades políticas tras previa evaluación, pero no para desarrollar un juicio que conlleve a la destitución del jefe de Estado. Esto, afirmó, es competencia del Poder Judicial de haber responsabilidades penales.
