Redacción Ecos. Foto: IDAEP.- La XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude, contó con la participación de ponentes de Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela y un representante de la ONU, quienes con su presencia convirtieron a Caracas en la capital del mundo contra el lavado de dinero y crímenes afines a este problema sociopolítico.
Estos connotados conferencistas analizaron, disertaron y aportaron soluciones para trabajar en la recuperación de activos y bienes, así como en la prevención del crimen organizado, en América Latina.
Alejandro Rebolledo, especialista en Lavado de dinero y Crimen Organizado advirtió que “si no recuperamos los bienes tendremos delincuentes presos y millonarios. Tenemos que acabar con la impunidad, sancionando a funcionarios, testaferros y demás involucrados que posean bienes de fortuna de procedencia ilegal en el extranjero”.
La propuesta trata sobre el rescate de bienes y sus beneficios, listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), porqué las ONG pueden ser víctimas y el fortalecimiento de la denuncia, a través de la recompensa, de hasta un 20% sobre el monto recuperado”.
El evento efectuado por doceava edición, fue organizado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), el Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED) y la WEB antilavadodedinero.com.
Entre los temas polémicos, los expertos disertaron sobre el caso: Panamá papers, la Repatriación de Capitales en Venezuela, Tendencias de la Delincuencia Organizada, la Ley FATCA y los requerimientos de la OECD, entre otros.
Uno de los invitados más esperado fue el abogado Alfonso Trilleras, Coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de Organización de Naciones Unidas (ONU), quien además es especialista en Derecho Público y Derecho Penal. El experto ofreció una ponencia magistral sobre los Retos y Desafíos en el Recobro de los bienes para la región.
Lograr la recuperación de activos ilícitos producto de la corrupción, el lavado de dinero y la defraudación fiscal, requiere ajustar la estructura legal del país. Pero ese es sólo un primer paso al que debe sumarse la construcción de una cultura de legalidad y la voluntad política, afirmó Alfonso Trilleras Matoma.
La experiencia que ha recogido Alfonso Trilleras en América Latina le permite asegurar que el proceso de recuperación de bienes es más que un entramado legal, en realidad, se trata de la construcción de un proyecto país que debe trascender a los gobiernos de turno.
En su Colombia natal, la aplicación de herramientas legales novedosas tales como la extinción de dominio, en vigor desde 1996, les ha permitido avanzar en el tema de la recuperación de activos provenientes del narcotráfico.
Afirmó Trilleras que “La eficacia de la extinción de dominio reside en que se trata de una acción autónoma e independiente de la responsabilidad penal de los delincuentes, no es necesaria una condena para procurar la recuperación de los bienes, basta con probar el origen ilícitos de los activos. Es un método que va directamente a los bienes y esto permite sortear las trabas que impone, por ejemplo, el uso de la figura de testaferros”.
Recordó que en México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Perú también se aplica este método legal, desde hace unos años, y si bien aún no hay estadísticas que permitan precisar el éxito de la implementación de esta herramienta jurídica, Trilleras asegura que este ordenamiento legal sí ha permitido hacer más expeditos los procesos de recuperación del patrimonio.
El Coordinador de las Naciones Unidas sostiene que los esfuerzos para la recuperación de bienes trascienden el objetivo meramente financiero; “se trata de entender los daños que ocasiona a la población la pérdida patrimonial por la delincuencia organizada. Son derechos sociales que se dejan de satisfacer, escuelas y hospitales que se dejan de dotar por falta de recursos que se perdieron debido a la delincuencia organizada”.
Al poner el foco en la satisfacción de los DD.HH. y sociales se entiende el interés de la comunidad internacional por promover mecanismos de cooperación mutua entre países y la facilitación que prestan organismos como las Naciones Unidas. Inclusive la Interpol creó recientemente una unidad para atacar específicamente este delito a nivel mundial.
“Hay mecanismos de apoyo internacional tanto informales como formales; dentro de los mecanismos informales están los espacios para intercambiar información promovidos por la Red de Recuperación de Activos, ente que reúne a 17 países. Es una vía para recoger información que pueden consultar todos los países. Se promueve la transparencia y ha ayudado muchísimo para fortalecer las investigaciones. Venezuela no forma parte de esa red”, explicó Alfonso Trilleras.
Concluyó señalando que la comunidad internacional ha entendido como un mandato promover la transparencia en el origen de los capitales. “Los Estados son víctimas también y ninguno quiere ser cómplice de delitos del crimen organizado. Se ha comprendido a nivel mundial que la corrupción es una amenaza a los DD.HH.”.
