El exfiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, criticó el fallo del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá que le cuestionó decisiones adoptadas como jefe de ese organismo investigador en materia penal.
El tema tiene que ver directamente con el nombramiento de Ana María Flórez en la dirección de la Fiscalía en Cúcuta, funcionaria que fue cuestionada con nexos con paramilitares.
Osorio señala que la nombró en dicho cargo por las credenciales académicas y profesionales que presentó en su momento y que fue él mismo quien dio instrucciones para que se investigaran y llevaran ante la justicia las denuncias sobre la funcionaria por nexos con paramilitares.
Igualmente dijo que lamenta que en el fallo del Tribunal en el que condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, se hicieran aseveraciones sin sustento y se dejara de reconocer la labor del aparato judicial del país contra el paramilitarismo.
El siguiente es el comunicado completo del ex fiscal general de la nación Luis Camilo Osorio:
Bogotá, noviembre 1 de 2014
"A propósito de la mención que se hace de mi nombre en reciente decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá (no es mi juez natural), en la que se cuestiona el encargo a Ana María Flórez en la dirección en Cúcuta, quien, por investigaciones de la propia Fiscalía, se determinó que tuvo conductas criminales en favor del paramilitarismo en Norte de Santander, me permito manifestar lo siguiente:
Debe recordarse que Ana María Flórez fue precisamente condenada gracias a resolución de acusación que presentara el entonces Fiscal ante la Corte Guillermo Mendoza Diago, por instrucciones mías y que el encargo obedeció, en su momento, a las credenciales académicas y profesionales que presentó de la Universidad Javeriana y experiencia en la Procuraduría General de la Nación, además de ausencia de antecedentes criminales, disciplinarios y administrativos; razones las no obstaron para solicitar condena cuando se advirtieron comportamientos ilegales, de acuerdo con investigación de la propia Fiscalía.
En efecto, durante mi administración alias ‘El Iguano’ fue condenado a 40 años (al igual que a 48 miembros de su organización delictiva) y contra Salvatore Mancuso adelantamos más de 20 investigaciones (téngase en cuenta que el paramilitarismo se estaba desmovilizando y el Estado desmantelaba sus estructuras criminales que incluyeron -en mi gestión- la reclusión de Mancuso en cárcel de alta seguridad) y su posterior extradición.
Lamento que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá haya realizado, en extenso escrito de más de 800 folios, aseveraciones que carecen de sustento y haya omitido el material probatorio a disposición de cualquier autoridad, acerca de la eficaz respuesta judicial contra el paramilitarismo gracias a la cual se logró su desmantelamiento, con la desmovilización de sus miembros y el encarcelamiento de la cúpula de la organización".
