La senadora liberal Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, manifestó su inconformidad ante el anuncio del Consejo de Estado de dar vía libre al Gobierno para enajenar sus acciones en Isagén. “Lamento el desacierto del Consejo de Estado, al desconocer las pruebas contundentes que presentaron los demandantes para frenar la venta y al no oír el clamor no sólo del Partido Liberal, sino de la mayoría del Senado y de muchas organizaciones sociales, que se han pronunciado repetidamente contra esa transacción”, declaró la parlamentaria.
Desde su llegada al Senado, en julio del 2014, Gaviria Correa ha movilizado no sólo a la bancada del Partido Liberal en el Congreso, sino a las de la mayoría de partidos con asiento en el parlamento, para protestar por lo que ella considera una transacción que perjudica los intereses económicos, sociales y ambientales de la Nación. En este último punto, la congresista ha insistido en que, tras esta venta, se verían amenazados los recursos hídricos de los seis mayores embalses del país y las 23.000 hectáreas que controla Isagén, en algunos de los lugares más biodiversos del planeta.
La senadora, que, ha estudiado a profundidad la gravedad de los efectos potenciales de esa venta, al respecto, asegura: “Como primera consecuencia, los gananciales de un bien común nacional de primera importancia estratégica saldrían del país para beneficio de extranjeros. Además, el precio del servicio correría el riesgo de subir significativamente. Disminuiría, sin duda, la ejecución de nuevos proyectos hidroeléctricos de importancia en las regiones del país, con el componente social que esto implica, dado que los capitales privados extranjeros no buscan el progreso de Colombia, sino beneficios para sus arcas en el exterior”.
La senadora, citante del debate de control político al Ministro de Hacienda, respecto de la venta de Isagén, que tuvo lugar en el pasado mes de mayo, resalta la trascendencia de la energía como un producto y un servicio de necesidad universal, que debe ser controlado y protegido por el Estado, tal como lo establece la Constitución del 91.
La parlamentaria tiene confianza en que, en vez de continuar con el propósito de enajenar a Isagén, uno de los principales patrimonios de todos los colombianos,el Gobierno logre ponderar las 22 estrategias que se le han presentado a este, para que, en aras de impulsar la conectividad del país, no sea necesario desprenderse de una empresa de desempeño administrativo ejemplar, que, desde su fundación, ha generado significativas ganancias a la Nación.
