Maracay, 30 de diciembre de 2017. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Ecos Media.- La terrible Corrupción que ha empobrecido y desgastado el tejido social e institucional de América Latina, en las últimas décadas, tuvo, en el 2017, el inicio de la pérdida de uno de sus factores más dinamizantes, la impunidad.
El caso Odebrecht, donde los múltiples tentáculos de este fenómeno tuvieron expresiones espeluznantes, ha llevado ante la Justicia a decenas de empresarios, políticos y gobernantes, en varios países de la región e incluso en otros continentes.
Los sobornos de la Constructora brasileña Odebrecht, por cientos de millones de dólares, ha expuesto la realidad anómala y crónica de la corrupta coexistencia de las estructuras públicas y privadas y las élites de Poder en América Latina.
Este caso ha movilizado a los medios y redes sociales, a los organismos de representación ciudadana y a los órganos de justicia, como jamás sucedió con otros casos, tan graves como impactantes, como este. La acción del Juez Moro desde Brasil provocó toda una reacción elevando las consecuencias de este fenómeno a las provocadas por el tráfico de drogas en términos de impacto, dimensión y alcances.
El ejemplo más notable de magnitud política del proceso Odebrecht es el de Perú, donde, entre otras muchas personalidades, están implicados, investigados, acusados o encarcelados todos los Presidentes de la república que sucedieron a Alberto Fujimori (1990-2000), quien, por cierto, cumplía condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, pero fue indultado luego que un grupo de su partido detuviese la posible destitución del actual presidente peruano, Pedro Pablo Kunczynsky, por la relación de su grupo de empresas con la gigante brasilera de la construcción.
Alejandro Toledo, inmediato sucesor de Fujimori, se encuentra en EE.UU. profugo de la Justicia peruana, que ha pedido su extradición bajo la acusación de haber recibido de Odebrecht un soborno de 20 millones de dólares cuando era presidente de la república (2001-2006).
Las últimas campaña electoral y gestión presidencial de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien sucedió a Toledo, son objeto de investigación, si bien el mandatario, hasta ahora, no ha sido acusado.
El sucesor de García, Ollanta Humala (2011-2016), y su esposa, Nadine Heredia, cumplen prisión preventiva bajo la acusación, entre otros delitos de corrupción, de haber recibido de Odebrecht un soborno de 3 millones de dólares.
El destituido Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido condenado a seis años de cárcel por el delito de haber recibido 13,5 de los más de 33 millones de dólares que Odebrecht ha confesado destinar a sobornos en Ecuador.La actuación ilícita de Glas sucedió cuando ya ejercía su cargo durante la administración del Expresidente Rafael Correa (2007-2017).
En Panamá, el país donde Odebrecht es el principal contratista del Estado, con inversiones que superan los 3.000 millones de dólares desde 2006, están procesadas 68 personas por los sobornos de la multinacional, entre ellas varios exministros y dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Los hijos de Martinelli se encuentran huidos de la Justicia, y su padre, encarcelado en EEUU a la espera de ser extraditado a Panamá por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y de realizar escuchas telefónicas ilegales.
Odebrecht ha acordado pagar al Estado de Panamá una multa de 220 millones de dólares en 12 años por los sobornos que ha admitido haber efectuado en ese país y colaborar con la Justicia, a cambio de inmunidad para sus ejecutivos implicados.
El actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, admitió que su partido recibió dinero de Odebrecht para sus campañas electorales, pero aseguró que fueron "donaciones, no sobornos".
En República Dominicana, donde Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares, hay 14 personas acusadas y en libertad bajo fianza, entre ellas el exministro de las carteras de Comercio y de Economía Temistocles Montás, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PDL), actualmente en el gobierno.
En Colombia, están encarcelados a la espera de juicio el Exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y el Exsenador Otto Bula, ambos por los delitos confesos de haber recibido sobornos de Odebrecht de 6,5 y 4,6 millones de dólares, respectivamente.
En Argentina, México, Chile y Venezuela no han prosperado las investigaciones abiertas o denuncias realizadas a raíz de las confesiones en Brasil de los ejecutivos de Odebrecht en esos países.
En Brasil, el caso Odebrecht es solo una parte del entramado judicial conocido como "Lava Jato", que investiga los sobornos de las principales constructoras del país para adjudicarse obras del gigante estatal petrolero Petrobras y que ha remecido los cimientos del poder político y económico del país.
El propietario y expresidente de la multinacional de su mismo nombre, Marcelo Odebrecht, cumple condena desde 2016 a 19 años de cárcel, pero abandonó la prisión en que se encontraba el pasado 18 de diciembre para cumplir su pena atenuada en régimen de arresto domiciliario a cambio de sus delaciones.
Marcelo Odebrecht aseguró a la Justicia que su empresa pagó 13 millones de dólares para gastos particulares tras su salida del gobierno al Expresidente brasileño Luiz Inácio da Silva (2003-2010), quien ha sido condenado en primera instancia a 9 años y medio de cárcel por delitos de corrupción.
Todo esto sin destaparse la olla de corrupción en EEUU, Canadá, México y algunos países de Europa y África, donde los tentáculos del poder político dieron espacio a las actividades ilícitas de esta privilegiada empresa multinacional, que aún hace publicidad en medios y redes como una de las campeonas de la construcción de obras monumentales en el continente.
