Por Felicia Saturno Hartt. Foto: BienDateao.-  El miércoles 3 de mayo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, presentó oficialmente a los funcionarios electorales, su oferta para crear una Asamblea Nacional Constituyente, que tendría la autoridad para reescribir la Constitución Venezolana de 1999.

Esta iniciativa no sólo preocupó a las esferas políticas y académicas de Venezuela, la Región y en mundo entero, sino precisó las intenciones de la agotada administración de Maduro de perpetuarse en el poder.

Después de suspender indefinidamente el proceso del referendo revocatorio el año pasado y sin calendario oficial para las elecciones aplazadas de los gobernadores de los estados y de alcalde diferidas, el anuncio de esta Asamblea Constituyente es una iniciativa inconveniente, en un momento inadecuado.

Sin duda,  el gobierno de Maduro está convocando una asamblea constituyente con el objetivo de no celebrar las elecciones regionales y locales, que sabe que perderá, por lo intenso de las protestas.

La inconveniencia de la iniciativa de Maduro reside en lo fracasado de su gestión y el gran descontento con sus políticas. Y lo inadecuado se expresa en ofertar una propuesta constituyente que viola los derechos constitucionales y busca la perdida de los derechos políticos y económicos de los venezolanos.

Maduro ha afirmado que este esfuerzo constituyente resolverá la actual crisis política del país. Pero el mecanismo propuesto para hacerlo es profundamente pobre, censitario y sectario, ya que rompe con las reglas del juego de un posible proceso constituyente definido en la Constitución de 1999, en la cual fue delegado.

La Oferta de Maduro ha sugerido que aproximadamente la mitad de los delegados a esta asamblea serían seleccionados de “la base de la clase obrera”, que algunos han interpretado como un eufemismo para las organizaciones en apoyo del gobierno impopular.

Juristas venezolanos y del mundo también han planteado dudas de fondo sobre quién es la autoridad de convocar tal proceso, sin primero someterlo a un referéndum.

A nivel internacional, la presión diplomática multilateral pretende ayudar a los venezolanos a resolver la creciente crisis en su país. En organizaciones como el Mercosur y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han hecho esfuerzos regionales para promover resoluciones pacíficas y democráticas de la crisis de Venezuela están avanzando.

La Unión Europea exhortó a Maduro a respetar la Constitución del 1999 y la voluntad popular, así como el Departamento de Estado de EE.UU. pidió respetar los derechos humanos de los venezolanos que protestan.

La iniciativa formulada en el Decreto 2830 es inconstitucional y antidemocrática. En primer lugar, se combina dos pasos distintos: iniciar la convocatoria para tal asamblea y convocarla. De acuerdo con el artículo 348 de la Constitución de 1999, el Presidente tiene derecho a iniciar una llamada para una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el Artículo 347 dice que es el pueblo soberano es el que tiene el derecho exclusivo de convocar una Asamblea Constituyente. Esto tendría lugar a través de un referéndum, como se hizo en abril de 1999.

Únicamente después que una Asamblea Constituyente sea convocada por el electorado en su conjunto, podría haber un voto sobre quién estaría facultado para escribir la nueva Carta Magna.

El Decreto 2830 efectivamente combina el poder del pueblo de convocar una Asamblea Constituyente con el derecho del Presidente a iniciar este proceso y sólo permite que el pueblo elija quiénes serán sus representantes en el proceso.

Dicho de otra manera, tal como está formulado en este momento, el pueblo no está facultado para decir si quieren o no quieren reescribir la Constitución, sólo puede establecer quiénes quieren hacerlo.

En segundo lugar, mientras la iniciativa sugiere que los participantes en la Asamblea Constituyente serán seleccionados por votación universal, directa y secreta, el de Maduro viola esto al sugerir que el voto ocurrirá dentro de los “ámbitos sectoriales”,  grupos y organizaciones adeptas al gobierno que favorecerán los objetivos del partido de gobierno.

Esta no es una manera legal y legítima de escribir un documento que establece las reglas básicas del gobierno y los derechos de todos los ciudadanos de Venezuela.

Las Asambleas Constituyentes se llevan a cabo de mejor manera en un ambiente de consenso legítimo, generalmente después de un proceso electoral que confiere una legitimidad nueva a las autoridades electas.

En el contexto actual de Venezuela, sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro posee un apoyo ciudadano débil y ha pospuesto tanto el referéndum de revocatoria presidencial, como las elecciones regionales que habrían tenido lugar en 2016.

El exhorto al Poder Originario no es la mejor salida para enfrentar la crisis humanitaria que vive Venezuela.

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