Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Julie Jacobson/AP.- Por primera vez en 71 años de historia, la sede de las Naciones Unidas (ONU) fue escenario ayer de una cumbre dedicada a la problemática de los refugiados y la migración global y que concluirá con una declaración suscrita por los 193 países del organismo vacía de contenido político y legal para afrontar el mayor éxodo de personas que huyen de conflictos y persecuciones desde la Segunda Guerra Mundial.
El documento final, que no es vinculante y cuyos principios están ya contemplados en las legislaciones nacionales, ha sido duramente negociado hasta la última coma y es considerado insuficiente por las organizaciones de DD.HH.
"Estamos siendo testigos de la peor crisis humanitaria y de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial", recordó en la apertura de la reunión el presidente de la Asamblea General, el fijiano Peter Thomson, que defendió que la comunidad internacional no les puede fallar a esas personas que huyen de la guerra y la violencia, unos 65 millones en todo el mundo, según la ONU.
Los líderes mundiales que asistieron al encuentro -celebrado un día antes del inicio de la 71a Asamblea General de la ONU- sellaron sus compromisos a través de la "Declaración de Nueva York", un documento que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó como "un avance decisivo en los esfuerzos conjuntos para afrontar los desafíos de la movilidad humana".
"No se debe considerar a los refugiados y los migrantes como una carga -dijo Ban-. Ellos ofrecen un gran potencial si lo aprovechamos." La cumbre demostró, según el secretario general de la ONU, que la comunidad internacional es capaz de cerrar filas en este tema. Sin embargo, "la cumbre sólo tendrá un significado real si también cumplimos con los compromisos que hemos asumido hoy", subrayó.
En el documento final, que no es vinculante, ya que sólo es una declaración de intenciones, los líderes mundiales se pusieron de acuerdo sobre ciertos principios comunes para la gestión de la crisis de los refugiados y la migración. Además, acordaron algunas bases para comenzar un proceso de negociaciones que debe desembocar en un pacto global sobre los refugiados en 2018.
En el texto final, de 22 páginas, los países se comprometen a proteger "totalmente" los DD.HH. "de todos los refugiados y migrantes, sin importar su estatus" y aseguran que respetarán las normas internacionales vigentes en ese ámbito.
Los 193 Estados miembros reconocen además "una responsabilidad compartida" para "gestionar grandes movimientos de refugiados y migrantes de forma humana, sensible, compasiva y centrada en la gente", y se comprometen a abordar las "raíces" de estos desplazamientos masivos de población. No obstante, los líderes aclaran que "cada Estado tiene el derecho soberano de decidir a quién admite en su territorio".
Si bien la cumbre buscó establecer un denominador común para afrontar los grandes movimientos de personas, la confrontación política en este campo provocó una dura discusión entre los firmantes, que negociaron hasta la última coma del documento.
En dicho proceso, que se prolongó durante meses, algunos Estados miembros se resistieron a incluir algunas de las propuestas iniciales más específicas, como la de reasentar a un 10% de los refugiados, que actualmente se concentran sobre todo en los países en vías de desarrollo. Según la ONU, más de la mitad de los refugiados en el mundo son acogidos en sólo seis países, de bajos ingresos: Turquía, Paquistán, Líbano, Irán, Etiopía, Kenia y Uganda.
El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, defendió un enfoque pragmático y explicó que la prioridad de los países europeos es "restaurar el orden" de sus fronteras externas para evitar nuevas situaciones de desbordamiento.
Aunque la ONU defiende la importancia del texto, cuyos principios están ya contemplados en las legislaciones nacionales, muchas organizaciones no gubernamentales humanitarias lo criticaron por considerar que le faltan ambición y medidas concretas.
Winnie Byanyima, de Oxfam Internacional, opina que la cumbre se queda corta en su exigencia de compartir responsabilidades para proteger mejor a las personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares. “Necesitamos ver a los países acogiendo a más refugiados y ofreciéndoles trabajo y educación”. “Muchos Gobiernos temen ver está cuestión influyendo en sus agendas políticas pero deben cumplir sus obligaciones bajo la legislación internacional y demostrar empatía hacia los más vulnerables”.
“Es una oportunidad perdida”, según Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. Considera que mientras los Gobiernos no muestren un compromiso político firme para hacer frente a las causas de las guerras y la violencia, los desplazamientos forzados seguirán creciendo.
