Por Felicia Saturno Hartt. Foto: AFP.- El estado de emergencia entró en vigor en Turquía, el pasado jueves, mientras el Gobierno continúa la purga de opositores tras el golpe de Estado fallido del 15 de julio último. Esta medida de excepción, que no había sido decretada desde hacía 15 años, fue aprobado con 346 votos a favor y 115 en contra por el parlamento turco.
Estará en vigor durante tres meses y supondrá, principalmente, restricciones en la libertad de manifestación y de circulación.
El viceprimer ministro Numan Kurtulmus aclaró a la prensa turca que pese a ello, el Gobierno espera poder desactivarlo “en mes o mes y medio”, si “las condiciones vuelven a la normalidad”.
Kurtulmus anunció asimismo que Turquía va a derogar la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), alegando que Francia hizo lo propio luego de los atentados de París de noviembre del 2015.
El artículo 15 de esta Convención reconoce a los gobiernos “en circunstancias excepcionales” la facultad de derogar “de forma temporal, limitada y controlada” ciertos derechos y libertades garantizados en la misma.
Este movimiento protege a Ankara contra eventuales condenas en un momento de purga masiva en el ejército, la justicia, la magistratura, los medios de comunicación y el mundo educativo, donde miles de personas han sido detenidas, despedidas o suspendidas de sus cargos.
La amplitud de esta purga ha suscitado preocupación en el extranjero, y Alemania instó a Ankara a respetar “la justa medida de las cosas”.
Por otro lado, el gobierno turco rebajó considerablemente el balance de víctimas durante la noche del golpe fallido, reduciendo la cifra de muertos en el bando rebelde de 104 a 24. En total habrían muerto 265 personas, según Kurtulmus.
El responsable aseguró que el Gobierno no impondrá el toque de queda, aunque en algunas localidades del sureste del país lleva vigente desde agosto del 2015 en virtud de la guerra abierta de Ankara con los rebeldes kurdos.
A pesar de las restricciones al derecho de manifestación previstas por el estado de emergencia, numerosos turcos recibieron un mensaje de texto firmado “RTErdogan” en el que se instaba a sus simpatizantes a seguir saliendo a las calles para continuar movilizados contra los “traidores terroristas”.
Así se refería a los seguidores de un predicador exiliado en Estados Unidos, Fethullah Glen, acusado de haberse infiltrado en las instituciones del Estado y de haber fomentado el golpe.
Ankara solicita a la justicia estadounidense que extradite al septuagenario, afirmando que transmitió pruebas de su implicación, aunque éstas no se han hecho públicas por el momento.
“Mi querido pueblo, no abandones la resistencia heroica de la que has hecho gala por tu país, tu patria y tu bandera”, “los dueños de las plazas no son los tanques. Los dueños son la nación”, escribió en su mensaje de texto el Presidente Erdogan, con su acostumbrada actitud populista.
El miércoles, Erdogan se dirigió a la multitud de simpatizantes, por quinta noche consecutiva, y apuntó que el golpe de Estado “quizás no ha acabado”.
Mientras tanto, la purga de la administración no se detiene. Unos 55 mil turcos, incluyendo militares, jueces, profesores, fueron detenidos, suspendidos o despedidos.
“Seguiremos luchando para eliminar estos virus de las fuerzas armadas”, repitió el miércoles el presidente, asegurando que no “comprometería” las normas democráticas.
Figuras emblemáticas del ejército detenidas ahora son vistas como traidores. El Gobierno los ha hecho desfilar ante los medios estatales, humillados y, por su aspecto, probablemente maltratados durante su estancia en el calabozo.
Uno de ellos es el exjefe de la Fuerza aérea, el general Akin Oztuk, fotografiado con gesto aturdido y una venda en una oreja, y más tarde con un ojo morado. Prácticas que van en contra del Estatuto de Roma.
Mientras tanto, Ankara asegura ignorar quién está detrás del golpe de Estado.
Ocho militares turcos que huyeron a Grecia demandando asilo el sábado tras la intentona golpista, fueron condenados este jueves por un tribunal griego a dos meses de prisión con suspensión de condena.
Pero los estambulitas entrevistados en la calle mostraban su inquietud. Hasan, de 60 años, temía la llegada de “un periodo más oscuro”: “El estado de emergencia jamás ha ayudado a la democracia, la economía o el desarrollo de ningún país”.
