Así lo afirmó la ministra de agricultura, Martha Carvajalino, ante la Corte Constitucional quien fue contundente en destacar la labor de las Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
La ministra Carvajalino en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional por una demanda contra las APPA, enfatizó que “es el momento oportuno para tomar medidas preventivas que garanticen que los 2 millones de hectáreas de suelos con capacidad agrológica y las áreas donde hoy la agricultura campesina produce alimentos, mantengan sus condiciones. De lo contrario, asistiremos a la dependencia alimentaria, al incremento del precio de los alimentos y al proceso de degradación del tejido social de la agricultura campesina”, enfatizó la ministra en la audiencia”.
Es importante señalar que las APPA son instrumento para orientar el ordenamiento territorial en defensa del suelo rural agropecuario y proteger la agricultura campesina, la misma que abastece entre el 70% y el 80% de los alimentos del país.
“Colombia ha perdido sus mejores suelos agrícolas en una tendencia crítica. En 1973 teníamos 173.000 hectáreas de suelos con clasificación agrológica I. Los mejores suelos. En 2012 ya no teníamos esos suelos en ninguna parte del país”, alertó Carvajalino en su exposición.
Dijo que “nuestros suelos clase agrológica II, que son los que siguen con mejor capacidad e integridad para producción, perdieron entre 2012 y 2024 cerca de 200.000 hectáreas, 5 veces el tamaño de la ciudad de Bogotá”, por eso dijo que “tenemos una expansión urbana descontrolada, que crece sobre las tierras campesinas”.
La ministra puso de presente que aplicar la figura de las APPA en los territorios con los suelos más ricos para la producción de alimentos es una estrategia agrícola del Gobierno nacional para hacer frente a la crisis climática, proyectando sistemas agroindustriales justos, resilientes y sostenibles.
“Proteger la producción agropecuaria y de alimentos en Colombia es la clave para la paz”, resaltó Carvajalino, quien añadió: “la crisis climática y el hambre en el mundo exigen medidas preventivas y de mitigación”.
En ese sentido expresó: “Tenemos un mandato constitucional claro: proteger al campesinado y proteger la producción de alimentos para garantizar el derecho humano a la alimentación”, destacó ante la Corte.
Destacó la ministra Carvajalino que las APPA no definen el uso específico del suelo en los municipios, pero sí protege el uso general de la producción agropecuaria.
“Nosotros no cambiamos ni definimos el uso del suelo, esa es una competencia de los entes locales. Nosotros entregamos los lineamientos técnicos para proteger los suelos rurales de Colombia”, aseveró.
Respecto al potencial de las APPA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) informó que en la actualidad estas áreas ocupan el 6,2% del país y generan entre el 4,8% y 5,2% de toda la producción nacional de alimentos.
La Corte Constitucional argumentó la convocatoria de la audiencia pública al “constatar que el asunto que se discute en este proceso suscita un gran interés ciudadano, e involucra la definición de cuestiones relacionadas con las competencias entre la Nación y los municipios sobre los usos del suelo”.
De la misma forma, señaló que “el proceso plantea diferentes perspectivas sobre el alcance de la autonomía territorial y sobre los efectos de las áreas de protección en el ordenamiento del suelo rural por parte de los territorios”.
Bogotá, D. C, 29 de septiembre 2025
Fuente: Presidencia de Colombia
