Internacional

Paris, 18 de enero de 2018. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: AFP.- El Presidente Francés, Emmanuel Macron, planea una nueva ley de inmigración y asilo. Esta apuesta sobre todo por la deportación de solicitantes de asilo rechazados. Sus críticos lo acusan de traicionar sus ideales y promesas de campaña.

La victoria electoral de Emmanuel Macron el año pasado sobre Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, también fue considerada como una victoria de la humanidad sobre la xenofobia. Sin embargo, en temas relacionados con la migración, el presidente francés ahora se muestra más duro de lo que muchos habían esperado.

En su viaje a la ciudad portuaria de Calais, en el norte del país, desde donde muchos migrantes intentan subirse ilegalmente a un ferry para llegar a Gran Bretaña, Macron aseguró que en el futuro todo aquel que sea aprehendido haciéndolo será deportado automáticamente.

El mandatario galo también criticó duramente a organizaciones de ayuda a refugiados que supuestamente cooperan con inmigrantes ilegales y difunden "informaciones falsas" entre ellos.

"Nada de lo que el Gobierno haga pone en duda el derecho de asilo, pero asilo tampoco significa acoger a todos indistintamente", había señalado ya la semana pasada el mandatario galo.

De acuerdo con informaciones de las autoridades francesas, en 2017 se registraron unas 100.000 peticiones de asilo, un 17% más que el año anterior.

Sin embargo, solo a un tercio de los peticionarios les fue concedido el estatus de refugiados. En comparación con Alemania, esto es poco: en este país hubo 187.000 solicitudes, es decir casi el doble que en Francia. Eso sí, la tendencia en Alemania es a la baja.

Macron se enfrenta a una creciente xenofobia en Francia, impulsada no solo por el Frente Nacional, sino también por los republicanos conservadores y su nuevo dirigente Laurent Wauquiez, que quiere reducir la inmigración a un "estricto mínimo".

Por su parte, el presidente galo prometió una nueva ley de inmigración, que se debatirá el próximo mes en el gabinete. Algunos puntos centrales: todos los peticionarios de asilo serán tratados bien -algo que hasta ahora al parecer no siempre había sido así- y se mejorará la integración de las personas con derecho de asilo. En cambio, aquellos inmigrantes cuyas solicitudes hayan sido rechazadas serán expulsados de forma mucho más consecuente.

Christophe Castaner, dirigente del partido La República en Marcha, de Macron, dijo que actualmente solo se deporta a un cuatro% de todos los rechazados. Algo que calificó de "inaceptable".  Y refiriéndose a la ruta del Mar Mediterráneo, agregó: "No podemos recibir a un millón de personas de Libia". Esa fue aproximadamente la cantidad de inmigrantes que Alemania acogió en un solo año.

De lo que ha trascendido hasta ahora, la nueva ley de inmigración y asilo parece centrarse sobre todo en las expulsiones y la intimidación. Por ejemplo se propone la creación de "unidades móviles" encargadas de registrar a las personas en los centros de refugio en busca de personas sin papeles.Además, se pretende tramitar más rápidamente las solicitudes de asilo, en 90 en lugar de 120 días.

Organizaciones de ayuda critican que, por lo general, se necesita tan solo un mes completo para obtener una cita en la oficina de inmigración correspondiente. Además, entre otras cosas, las personas podrán ser detenidas 24 horas en lugar de 16 horas para que se determine su identidad. La detención previa a la expulsión del país se duplicará de 45 a 90 días.

Muchos de los que votaron por Macron habían esperado otra política migratoria de su parte.

Laurent Giovannoni, de la organización humanitaria Secours Catholique, dijo al respecto a la Radio "France Info": "Esta política es retrógrada" porque se usará para deportar a todos aquellos que no sean refugiados de guerra en el sentido más estricto de la palabra.

El Premio Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave Le Clézio define la "separación" entre asilo político y migración económica como una "negación de humanidad insoportable".

El martes pasado, incluso Jean Pisani-Ferry, hasta hace poco uno de los asesores más cercanos e influyentes del presidente y un grupo de críticos enviaron una carta abierta a Emmanuel Macron, publicada en el periódico "Le Monde", en donde lo atacan y exigen que "cumpla con nuestros ideales" y termine con una política que pretende mantener a los peticionarios de asilo alejados de Francia.

Macron respondió en Twitter: "Cuando se trata del tema de la migración son necesarias firmeza, eficiencia y humanidad. Humanidad sin eficiencia son solo palabras bonitas. Eficiencia sin humanidad - eso es injusticia". También a nivel europeo, el presidente francés criticó la falta de una política migratoria suficiente y coherente.

En Calais, Macron primero favoreció que países como Grecia e Italia, que acogen a la gran mayoría de los refugiados, deban ser aliviados. Después lo relativizó argumentando que los solicitantes de asilo no deberían poder elegir el país en el que desean quedarse. Según Macron, esto "libraría de cualquier responsabilidad a los países a donde arriban los refugiados". Esto es lo que el mandatario entiende bajo eficiencia y humanidad.

Estrasburgo, 10 de enero de 2018. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Reuters.- Una cooperación más estrecha "ayudará a promover el respeto por los derechos humanos en el deporte en Europa y en todo el mundo", afirmó el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La FIFA y el Consejo de Europa trabajarán en la promoción de los derechos humanos en el fútbol, pero también en la buena gobernanza, la lucha contra el dopaje y la violencia y las trampas de partidos, para redactar un "memorándum de entendimiento", que se firme a finales de año.

En la reunión mantenida este miércoles en Estrasburgo en la sede del Consejo de Europa, su Secretario General, Thorbjorn Jagland, y el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, establecieron un programa de colaboración entre ambos organismos.

Infantino y Jagland subrayaron la importancia de los Convenios del Consejo de Europa relativos al Deporte: los de la lucha contra la violencia en los partidos de fútbol (1985), contra el dopaje (2002), contra las trampas de partidos (2014) y sobre la seguridad en los encuentros de fútbol (2016), que sustituye al primero.

"Me parece claro que la FIFA y el Consejo de Europa comparten muchos objetivos comunes", aseguró Infantino tras la reunión. Por su parte, Jagland afirmó que los convenios de su organización sobre Deporte "van más allá de Europa, y muchos otros países han expresado su interés en unirse a nosotros".

Asimismo, el Secretario General de la UE añadió que una cooperación más estrecha con la FIFA "ayudará a promover el respeto por los derechos humanos en el deporte en Europa y en todo el mundo".

Encantado por el trabajo conjunto entre ambas entidades, Jagland señaló que "el papel del Deporte en la sociedad, como por ejemplo en el impulso a la integración, no debe ser subestimado" y se mostró seguro de que "los beneficios del Deporte pueden ser disfrutados por todos".

Maracay, 30 de diciembre de 2017. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Ecos Media.-  La terrible Corrupción que ha empobrecido y desgastado el tejido social e institucional de América Latina, en las últimas décadas, tuvo, en el 2017, el inicio de la pérdida de uno de sus factores más dinamizantes, la impunidad.

El caso Odebrecht, donde los múltiples tentáculos de este fenómeno tuvieron expresiones espeluznantes, ha llevado ante la Justicia a decenas de empresarios, políticos y gobernantes, en varios países de la región e incluso en otros continentes.

Los sobornos de la Constructora brasileña Odebrecht, por cientos de millones de dólares, ha expuesto la realidad anómala y crónica de la corrupta coexistencia de las estructuras públicas y privadas y las élites de Poder en América Latina.

Este caso ha movilizado a los medios y redes sociales, a los organismos de representación ciudadana y a los órganos de justicia, como jamás sucedió con otros casos, tan graves como impactantes, como este. La acción del Juez Moro desde Brasil provocó toda una reacción elevando las consecuencias de este fenómeno a las provocadas por el tráfico de drogas en términos de impacto, dimensión y alcances.

El ejemplo más notable de magnitud política del proceso Odebrecht es el de Perú, donde, entre otras muchas personalidades, están implicados, investigados, acusados o encarcelados todos los Presidentes de la república que sucedieron a Alberto Fujimori (1990-2000), quien, por cierto, cumplía condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, pero fue indultado luego que un grupo de su partido detuviese la posible destitución del actual presidente peruano, Pedro Pablo Kunczynsky, por la relación de su grupo de empresas con la gigante brasilera de la construcción.

Alejandro Toledo, inmediato sucesor de Fujimori, se encuentra en EE.UU.  profugo de la Justicia peruana, que ha pedido su extradición bajo la acusación de haber recibido de Odebrecht un soborno de 20 millones de dólares cuando era presidente de la república (2001-2006).

Las últimas campaña electoral y gestión presidencial de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien sucedió a Toledo, son objeto de investigación, si bien el mandatario, hasta ahora, no ha sido acusado.

El sucesor de García, Ollanta Humala (2011-2016), y su esposa, Nadine Heredia, cumplen prisión preventiva bajo la acusación, entre otros delitos de corrupción, de haber recibido de Odebrecht un soborno de 3 millones de dólares.

El destituido Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido condenado a seis años de cárcel por el delito de haber recibido 13,5 de los más de 33 millones de dólares que Odebrecht ha confesado destinar a sobornos en Ecuador.La actuación ilícita de Glas sucedió cuando ya ejercía su cargo durante la administración del Expresidente Rafael Correa (2007-2017).

En Panamá, el país donde Odebrecht es el principal contratista del Estado, con inversiones que superan los 3.000 millones de dólares desde 2006, están procesadas 68 personas por los sobornos de la multinacional, entre ellas varios exministros y dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Los hijos de Martinelli se encuentran huidos de la Justicia, y su padre, encarcelado en EEUU a la espera de ser extraditado a Panamá por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y de realizar escuchas telefónicas ilegales.

Odebrecht ha acordado pagar al Estado de Panamá una multa de 220 millones de dólares en 12 años por los sobornos que ha admitido haber efectuado en ese país y colaborar con la Justicia, a cambio de inmunidad para sus ejecutivos implicados.

El actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, admitió que su partido recibió dinero de Odebrecht para sus campañas electorales, pero aseguró que fueron "donaciones, no sobornos".

En República Dominicana, donde Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares, hay 14 personas acusadas y en libertad bajo fianza, entre ellas el exministro de las carteras de Comercio y de Economía Temistocles Montás, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PDL), actualmente en el gobierno.

En Colombia, están encarcelados a la espera de juicio el Exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y el Exsenador Otto Bula, ambos por los delitos confesos de haber recibido sobornos de Odebrecht de 6,5 y 4,6 millones de dólares, respectivamente.

En Argentina, México, Chile y Venezuela no han prosperado las investigaciones abiertas o denuncias realizadas a raíz de las confesiones en Brasil de los ejecutivos de Odebrecht en esos países.

En Brasil, el caso Odebrecht es solo una parte del entramado judicial conocido como "Lava Jato", que investiga los sobornos de las principales constructoras del país para adjudicarse obras del gigante estatal petrolero Petrobras y que ha remecido los cimientos del poder político y económico del país.

El propietario y expresidente de la multinacional de su mismo nombre, Marcelo Odebrecht, cumple condena desde 2016 a 19 años de cárcel, pero abandonó la prisión en que se encontraba el pasado 18 de diciembre para cumplir su pena atenuada en régimen de arresto domiciliario a cambio de sus delaciones.

Marcelo Odebrecht aseguró a la Justicia que su empresa pagó 13 millones de dólares para gastos particulares tras su salida del gobierno al Expresidente brasileño Luiz Inácio da Silva (2003-2010), quien ha sido condenado en primera instancia a 9 años y medio de cárcel por delitos de corrupción. 

Todo esto sin destaparse la olla de corrupción en EEUU, Canadá, México y algunos países de Europa y África, donde los tentáculos del poder político dieron espacio a las actividades ilícitas de esta privilegiada empresa multinacional, que aún hace publicidad en medios y redes como una de las campeonas de la construcción de obras monumentales en el continente.

Ginebra, 27 de diciembre de 2017. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: ONU Media.-  El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, desató indignación y protestas al otorgar el indulto humanitario y derecho de gracia a Alberto Fujimori, sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel por violación de DD.HH.

Según el Representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra, la decisión de PKK socava los avances del Estado Peruano en materia de reconciliación nacional. Asimismo, ante la gravedad de los crímenes del expresidente Fujimori hubiese sido necesario consultar primero a la comunidad internacional, sostuvo.

La sentencia contra el Expresidente Alberto Fujimori “había marcado un hito histórico para Perú y América Latina en materia de lucha contra la impunidad por graves crímenes de DD.HH.", señaló el Acnudh.

Incalcaterra señaló en un comunicado que "la concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso".

El alto funcionario agregó que en estas situaciones es necesario considerar "la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo", que respete las normas internacionales de DD.HH.

En este contexto, el funcionario de las Naciones Unidas remarcó que las decisiones de las autoridades deben basarse en la obligación del Estado "de investigar, procesar y sancionar las violaciones de DD.HH, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad".

Incalcaterra añadió que "en todo proceso social hacia la reconciliación, el reconocimiento de las víctimas y sus familiares es un elemento central".

"No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado Peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación", expresó.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra"ad Al Hussein, visitó Perú el pasado octubre y recalcó a las autoridades que los crímenes cometidos por Fujimori "son del interés de la comunidad internacional en su conjunto", por lo que "debe ser involucrada en este tema tan importante".

El exjefe de Estado Alberto Fujimori fue condenado en 2009 como autor intelectual del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Esta polémica abre una brecha y ya los combatientes e inculpados del grupo terrorista Sendero Luminoso están polemizando sobre la posibilidad de un insulto humanitario.

Bogotá, D.C, 13 de diciembre de 2017. Redacción y foto EFE.-Por segundo año consecutivo, el número de periodistas en prisión batió el récord histórico, con Turquía, China y Egipto como los países con el mayor número de encarcelados, según un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

Más de la mitad de los 262 periodistas que están entre rejas se encuentran repartidos entre esos tres países, lo que el CPJ considera un “deplorable fracaso” de la comunidad internacional a la hora de atajar los ataques contra la libertad de prensa.

Para la entidad, los países occidentales, y especialmente EE.UU., han acogido con los brazos abiertos a gobernantes como el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o el presidente chino, Xi Jinping, en lugar de presionarlos para que liberen a los periodistas encarcelados.

En su informe, difundido hoy, el CPJ culpa al presidente de EE.UU., Donald Trump, porque, con su “insistencia en etiquetar a los medios críticos como ‘fake news’” (noticias falsas), da alas a los gobiernos que persiguen a los periodistas más combativos.

Cerca de dos tercios de los periodistas encarcelados lo están por cargos contra el Estado, y muchos de ellos están enjuiciados por leyes antiterroristas imprecisas.

Otros 21 periodistas, el récord hasta la fecha, están en prisión acusados de publicar noticias falsas.

El CPJ contabilizó en su censo anual hasta 262 periodistas en prisión por realizar su trabajo, un récord después de los 259 del año pasado, y Turquía, China y Egipto son los responsables del 51 % de los encarcelamientos.

Pese a haber liberado a algunos periodistas en 2017, Turquía sigue siendo el país que más les encarcela por segundo año consecutivo, con 73 entre rejas, ocho menos que el año pasado, aunque docenas más aún están a la espera de un juicio y continuamente hay nuevas detenciones. 

En China, el número de periodistas entre rejas pasó de 38 a 41, y el CPJ lamentó que en la visita de Trump a Pekin en noviembre el presidente “no hiciera ninguna referencia en público a los derechos humanos”.

Washington, 30 de noviembre de 2017. Por Redacción Ecos. Foto: Infocifras. El último informe de Human Rights Watch y el Foro Penal Venezolano afirma que el gobierno de Nicolás Maduro cometió "abusos sistemáticos a opositores” y denuncia que la represión alcanzó "niveles inéditos” este año. El reporte reúne testimonios y material probatorio que incrimina al gobierno venezolano de violación a los DD. HH.

El análisis, titulado "Arremetida contra opositores: brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”,  fue presentado este miércoles en Washington, con el fin de dar a conocer 88 casos sobre al menos 314 personas, muchos de las cuales plantean graves violaciones de DD.HH. en Caracas y 13 estados venezolanos entre abril y septiembre de 2017.

"Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del Gobierno”, indica el dossier.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibieron el informe para un detenido análisis. Almagro, quien es particularmente crítico al gobierno de Nicolás Maduro, impulsó en los últimos tres meses unas audiencias en la sede del organismo para estudiar si se puede acusarse a la administración de Maduro en el Tribunal de La Haya por delitos de lesa Humanidad.

"No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”, manifestó, por su parte, José Manuel Vivanco, Director para las Américas de HRW. "Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana”, destacó.

El informe está basado en entrevistas a más de 120 personas que afirmaron ser víctimas de represión, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron a las víctimas en audiencias judiciales y personal sanitario que atendió a heridos durante las manifestaciones. A su vez, también recurre a evidencias que, según HRW, corroboran los testimonios, como fotografías, videos, informes médicos y sentencias judiciales.

"Los gobiernos comprometidos con solucionar la crisis venezolana deberían enviarles (a las autoridades venezolanas) un mensaje claro: si el Gobierno venezolano no demuestra tener la capacidad o voluntad para que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan penalmente en Venezuela por los abusos que cometen, entonces la comunidad internacional promoverá que se haga justicia en el extranjero”, pidió Vivanco.

Harare, 25 de noviembre de 2017. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: M. Hutchings/Reuters.-  El ex Vicepresidente, Emmerson Mnangagwa juró este viernes como Presidente provisional de Zimbabue, en sustitución de Robert Mugabe, después de la dimisión del veterano dirigente.

Mnangagwa prometió una "nueva democracia" para el país, tras haber cerrado de forma definitiva los 37 años de reinado del derrocado líder. El hoy presidente provisional regresó tras haberse exiliado en Sudáfrica después de su destitución como vicepresidente el pasado 6 de noviembre, forzado por la facción afín a las ambiciones de la primera dama, Grace Mugabe, de convertirse en la sucesora de su marido en el poder.

Según afirmó, su exilio en el país vecino se debió a que, tan solo dos horas después de ser cesado, fue informado de que existían planes para acabar con su vida.

La vuelta a Zimbabue de Mnangagwa se produjo tan solo horas después de haber sido nominado para ocupar provisionalmente la Presidencia por su partido, la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), que lo confirmará en su congreso de diciembre como candidato para las presidenciales de 2018.

"Me comprometo a servirles", recalcó el nuevo líder, antes de pedir a "todos los zimbabuenses patrióticos que aúnen esfuerzos y trabajen juntos" en una nueva etapa para el país en la que "nadie será más que nadie".

Pese a este optimismo, Mnangagwa criticó las "intensas intentonas para hacer descarrilar al proceso" de acabar con la Presidencia de Mugabe, que finalmente no prosperaron debido a que "la voluntad de la gente siempre se impone" y a que el Ejército, con el que mantuvo "contacto constante" durante la crisis, gestionó "de forma pacífica" la situación, según declaró.

Harare, 22 de noviembre de 2017. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Zimbabwe, Crisis Group.- Robert Mugabe, el golpista sempieterno Presidente de Zimbabue,  dimitió este martes tras 37 años en el poder, anunció el Presidente de la Cámara Baja, Jacob Mudenda, mientras el Parlamento debatía una moción de censura contra él.

Mudenda interrumpió la sesión conjunta de la Asamblea Nacional y el Senado para leer la carta de dimisión, con efectos inmediatos, de Mugabe como presidente y anunció que se nombrará un nuevo mandatario.

De no haber dimitido, las cámaras se disponían a aprobar una moción de censura impulsada por el partido del propio Mugabe y la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), que cuenta con mayoría en ambas salas y que era apoyada por la principal formación de la oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC-T).

En las calles, la noticia fue recibida con vítores y los automóviles hicieron sonar sus bocinas por las calles de Harare y otras ciudades del país surafricano.

La primera reacción oficial internacional provino de Reino Unido. La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que con la renuncia de Mugabe, "para Zimbabue es posible un futuro libre de opresión."

Mugabe parecía resistirse a abandonar el cargo que ostentaba desde 1987, aunque gobernaba como primer ministro desde 1980, pese a que los militares habían tomado el control del país la pasada semana.

El detonante del alzamiento militar fue la destitución del Vicepresidente Emmerson Mnangagwa, forzada por la facción del partido gobernante afín a las ambiciones de la Primera Dama, Grace Mugabe, de convertirse en la sucesora y heredera de su marido en el poder.

Desde entonces, la ZANU-PF, cofundada por Mugabe, destituyó al veterano líder, de 93 años, como número uno de la formación y lo sustituyó por Mnangagwa, además de expulsar a Grace Mugabe y a sus aliados.

Pese al rechazo popular y de su propio partido, Mugabe no dimitió ni cuando la ZANU-PF le dio un ultimátum que expiró ayer a las 12.00 hora local (10.00 GMT).

Por ello, la formación inició los trámites para poner en marcha la moción de censura parlamentaria, que finalmente no se consumará tras la renuncia definitiva del mandatario.

A sus 93 años, Mugabe había anunciado su intención de presentarse a las elecciones del próximo año, para cumplir su octavo mandato presidencial.

Los críticos de Mugabe, como el periodista y empresario de medios Trevor Ncube, reaccionaron emocionalmente. "Nunca pensé que podría presenciar este día”, tuiteó. "Mugabe renuncia mientras estoy vivo. Este es un hito en el camino hacia esa Zimbabue que queremos. Pero no será fácil", añadió. 

Por segunda vez en 48 horas, personas de todas las razas, generaciones y tiendas políticas se abrazaron. Zimbabue celebró su propia primavera africana y después de 37 años, la era de Mugabe llegó a su fin.

Una era que comenzó con mucha esperanza, pero después fue precaria, y en la que al menos tres elecciones fueron manipuladas. El país está experimentando ahora, en todas las trincheras políticas, un punto de quiebre y un alivio interminable.

Maracay, 20 de noviembre de 2017. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: El Mercurio.- No hubo sorpresas al conocerse que los candidatos de Chile Vamos y Fuerza de la Mayoría serían los que van al ballottage el próximo 17 de diciembre.

Lo  insospechado que Sebastián Piñera rindiera más bajo de lo esperado, con un 36,7% de los votos, muy lejos de los 44 puntos que anticipaba la Encuesta del CEP. Por otra parte, Guillier logró 22,7%, cerca de lo que marcaban los sondeos.

Los sondeos ubicaban a la izquierdista Beatriz Sánchez en tercer lugar, lo que se cumplió, pero con un porcentaje mucho mayor al esperado: la candidata del Frente Amplio obtuvo 20,3% de los votos, lo que deja a la periodista en una buena posición y 12 puntos más arriba de lo que anticipaba la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Ahora resta saber si Sánchez apoyará a Alejandro Guillier en la segunda vuelta del 17 de diciembre.

El fantasma de la abstención nunca fue tan visible en Chile como en estas elecciones. Tras una campaña apática, en los primeros comicios presidenciales con voto voluntario, el pronóstico más optimista marcaba que la participación sería del 45% del padrón (de 14,3 millones de personas). Sin embargo, se superó esa cifra: 46%.

De acuerdo con los pronósticos optimistas, se esperaba que votara el 45% del padrón, compuesto por 14.308.151 personas en Chile y 39.137 habilitadas en el extranjero. Ayer, con el cierre de mesas, la estimación de votantes fue del 46%, lo que eliminaba el temor de una bajísima participación después de cuatro años de turbulencias, escándalos políticos y desconfianza creciente de la ciudadanía en las instituciones.

Piñera tiene un capital político. Quienes apoyaron al ex presidente no tienen reparos en defender públicamente las ideas de un líder que habla de la Educación como "un bien de consumo", que defiende la teoría económica del derrame y que sostiene que disminuyendo los impuestos a los empresarios mejorarán todos los sectores sociales. Lo cierto es que ese pensamiento está respaldado en la memoria colectiva por el hecho de que durante sus cuatro años de mandato el país creció a un ritmo del 5% anual.

Y los resultados muestran que en esta elección el "voto castigo" tocó al candidato del Oficialismo, un sector que perdió credibilidad por los escándalos de corrupción que golpearon al gobierno de Bachelet, durante el cual la economía, además, sufrió un freno. Tras cuatro años, queda un resultado electoral incierto, con un electorado fragmentado.

Gotemburgo, 19 de noviembre de 2017. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Reuters.-  La Unión Europea quiere tener una mirada más justa y un enfoque más social, que incluya a todos. Pero, como lo señalan varios analistas, observadores y comunicadores,  los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre Social UE, en la ciudad sueca de Gotemburgo, no dejaron claro cómo lo van a lograr, ni bajo qué perspectiva.

Los 25 jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la cumbre especial sobre el mercado laboral de la UE estuvieron, en general, de acuerdo: la UE debe hacer más para que los jóvenes se ajusten al mercado laboral digital y para que puedan aprender a lo largo de toda la vida.

Pero para este propósito, deben utilizarse fondos de inversión. "No solo podemos invertir en infraestructura, puentes y carreteras, tenemos que invertir en las personas", advirtió el Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En la UE hay alrededor de 15 millones de alumnos que abandonan prematuramente la escuela y hasta 60 millones de personas que no poseen las habilidades básicas necesarias para realizar un trabajo. Unas cifras preocupantes y que favorecen las migraciones de capital humano, pero no bienvenidas en Europa.

La capacitación y el mercado laboral deberían homologarse, como lo está haciendo Francia, pero en toda Europa, para que los jóvenes puedan entrar en la competencia por un empleo, habiendo recibido las mismas oportunidades de educación y capacitación.

El "dumping social" no debería existir en el mundo, advirtió, por su parte, el Primer Ministro Italiano, Paolo Gentiloni, agregando que "los empleos solo se crean gracias al crecimiento económico y tenemos que usar todas las herramientas para el crecimiento". Es necesario encontrar un equilibrio entre las demandas de los jóvenes y las de los ancianos en el mercado laboral, concluye Gentiloni.

En Gotemburgo se proclamaron 20 objetivos para la Política Social de la Unión Europea, en presencia de los jefes de Estado y de Gobierno, la Comisión de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE.

Los objetivos de este "pilar social" de la Unión Europea van desde el derecho a la educación hasta el derecho a la atención infantil, condiciones laborales justas, equitativos salarios y vivienda adecuada.

Según la Comisionada de la UE para el Mercado Laboral, Marianne Thyssen, ahora le toca el turno a los estados miembros adoptar planes de acción y trabajar por sí mismos. La Comisión de la UE solo puede dar recomendaciones.

"No queremos una unión social, sino una unión de estándares sociales", resumió el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En cualquier caso, los problemas sociales deben relacionarse con el cambio climático y la migración, es la recomendación de la estudiante sueca Rebekka Hillmann, porque "el verdadero desafío para Europa será el masivo desplazamiento que provocará el cambio climático".

Desde esta tribuna, se estima que el mayor problema es asumir que los cambios climáticos, el desarrollo tecnológico y el anacronismo político son cuestiones que impactan a los estados y requieren salidas desde lo técnico y lo político.