Washington, 30 de noviembre de 2017. Por Redacción Ecos. Foto: Infocifras. El último informe de Human Rights Watch y el Foro Penal Venezolano afirma que el gobierno de Nicolás Maduro cometió "abusos sistemáticos a opositores” y denuncia que la represión alcanzó "niveles inéditos” este año. El reporte reúne testimonios y material probatorio que incrimina al gobierno venezolano de violación a los DD. HH.
El análisis, titulado "Arremetida contra opositores: brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, fue presentado este miércoles en Washington, con el fin de dar a conocer 88 casos sobre al menos 314 personas, muchos de las cuales plantean graves violaciones de DD.HH. en Caracas y 13 estados venezolanos entre abril y septiembre de 2017.
"Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del Gobierno”, indica el dossier.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibieron el informe para un detenido análisis. Almagro, quien es particularmente crítico al gobierno de Nicolás Maduro, impulsó en los últimos tres meses unas audiencias en la sede del organismo para estudiar si se puede acusarse a la administración de Maduro en el Tribunal de La Haya por delitos de lesa Humanidad.
"No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”, manifestó, por su parte, José Manuel Vivanco, Director para las Américas de HRW. "Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana”, destacó.
El informe está basado en entrevistas a más de 120 personas que afirmaron ser víctimas de represión, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron a las víctimas en audiencias judiciales y personal sanitario que atendió a heridos durante las manifestaciones. A su vez, también recurre a evidencias que, según HRW, corroboran los testimonios, como fotografías, videos, informes médicos y sentencias judiciales.
"Los gobiernos comprometidos con solucionar la crisis venezolana deberían enviarles (a las autoridades venezolanas) un mensaje claro: si el Gobierno venezolano no demuestra tener la capacidad o voluntad para que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan penalmente en Venezuela por los abusos que cometen, entonces la comunidad internacional promoverá que se haga justicia en el extranjero”, pidió Vivanco.
