Opinión

Se reactiva la industria petrolera

Por Amylkar D. Acosta M.- La industria petrolera recibió un rudo golpe con la caída de los precios del crudo, los cuales alcanzaron a rondar los US $24 a finales de enero de 2016, tardó en reaccionar y ello desalentó la actividad petrolera en todo el mundo y Colombia, que cumple el 29 abril de 2018 cien años desde que se perforó el primer pozo productor de hidrocarburos (Infantas No. 2), no fue la excepción.

Posteriormente vendría una lenta recuperación aupada por el viraje de la OPEP, que cambió su estrategia de mantener su producción al tope y desde noviembre de 2016 tomó la determinación, en alianza con otro gran productor no miembro del cartel como lo es Rusia, de recortar la producción en 1.8 millones de barriles diarios para tratar de detener la caída de los precios. Y en parte lo han logrado, lo cual los ha llevado a prorrogar hasta finales de 2018 dicho acuerdo. Así lograron que el precio subiera un 82% entre enero de 2016 y enero de 2017 y arrancó el 2018 al alza, al cotizarse el día 3 de enero en US $61.81 el WTI y US $67.92 el Brent.

La firma calificadora de riesgo Standard and Poor´s  pronostica un precio promedio del crudo de US $55 el barril para el 2018, no obstante dada su volatilidad y lo errático de su comportamiento cualquier cosa puede suceder. Si bien el susodicho recorte, la interrupción de suministros por distintos eventos imprevistos, amén de la caída temporal de producción e inventarios en EEUU y la perspectiva que favorece un crecimiento de la demanda favorecen el aumento de los precios, hay varios factores que conspiran contra la tendencia alcista de los precios. El principal de ellos es la agresividad de la política energética de Donald Trump al “eliminar las restricciones sobre la energía estadounidense y permitir que esta riqueza llegue a nuestras comunidades”.

Es muy diciente que los EEUU hubiera alcanzado en septiembre de 2017 una producción de 9.5 millones de barriles/día, la más alta producción desde 2015 y según la Administración de la Información de Energía de los EEUU (EIA, por su sigla en inglés), hace un año tenía 477 plataformas activas y el 1 de diciembre de 2017 ya tenía 749.

A consecuencia de la baja de los precios del crudo la inversión y la actividad exploratoria se vinieron abajo. El año 2016 tuvo la más baja rata de exploración onshore en 12 años. Si en 2010 se corrieron 19.986 kilómetros de sísmica 2D en el año 2016 sólo se corrieron 2.000 kilómetros y hasta octubre de 2017 sólo se habían alcanzado 929 kilómetros equivalentes onshore y nula actividad sísmica costa afuera, lo que contrasta con los 33.86 mil kilómetros 2D equivalentes totales en 2016. Con razón sostiene la CAMPETROL que el 2017 se posiciona como el de menor actividad sísmica desde que se llevan registros hace 17 años.

Empero, según fuentes de la ACP se espera que en el 2018 las inversiones de la industria petrolera en Colombia fluctuará entre los US $4.500 millones y US $4.900 millones, 45% mayor que en 2017, enfocadas fundamentalmente a la exploración y extracción de crudos. Ello permite augurar que este sea el año de la recuperación de esta industria.

Resulta estimulante registrar que el número de taladros en los frentes de la actividad exploratoria ha aumentado sensiblemente, estamos hablando de 111 equipos, 70 equipos más que en octubre  de 2016. También es de destacar como un hecho positivo los 41 pozos exploratorios perforados, de una meta de la ANH de 50 para todo el año, frente a 13 para el mismo lapso en 2016, de 21 perforados al cierre de 2016 y de los 5 pozos offshore que se planearon perforar en 2017, sólo resta uno que ya está en perforación. Pero, todavía estamos muy lejos de los 131 pozos que se perforaron en 2012.

Dada la precariedad de las reservas probadas con las que se contaba al cierre de 2016 (1.665 millones de barriles), a las que hay que descontar  aproximadamente 310.250.000 barriles, los que se extrajeron en el transcurso del 2017. Y descontemos también un año de los 5.1 años de autosuficiencia. De allí la urgencia de incorporar más barriles a las reservas, para espantar el fantasma de la pérdida de la autosuficiencia. Se ha venido haciendo un gran esfuerzo en el mejoramiento del recobro, pero ello aunque es necesario no es suficiente, requerimos, además de pasar reservas contingentes a probadas, nuevos hallazgos.  

La única manera de detener la caída de la producción y sostener un platteau mayor de los 840.000 barriles, que es la nueva meta para 2018 según el Plan Financiero 2018, es reponiendo y acrecentando las reservas probadas y en ese sentido la nueva frontera para lograrlo está en la apuesta por la exploración offshore, en donde ECOPETROL ya se ha anotado los primeros éxitos y en los yacimientos no convencionales, desde donde sólo se pueden extraer las reservas de crudo y/o gas utilizando la controvertida tecnología de la estimulación hidráulica. Según estimativos de la ACP y ECOPETROL allí hay un potencial entre 3.000 y 5.000 millones de barriles, con lo cual se podría ampliar el horizonte de la autosuficiencia entre 8 y 12 años más. 

Bogotá, enero 10 de 2018 

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Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Sin coalición no hay paraíso

Por Mauricio Cabrera Galvis.- ¿Por qué es necesario que los candidatos presidenciales traten de conformar coaliciones para ir unidos a la primera vuelta y no esperar a la segunda cuando forzosamente todos tendrán que decidirse por uno de los dos finalistas? Aunque en un país tan polarizado entre progresistas y conservadores, entre el Sí y el No, debería ser posible esperar a que en la primera vuelta se eligiera un candidato de cada lado y por simple inercia se conformaran coaliciones en torno a esos dos, existen poderosas razones para dudar de esta posibilidad. Si se mantienen las divisiones es posible llegar a un escenario en el que, a pesar de la polarización del país, no haya en la segunda vuelta un candidato progresista y uno de la derecha, sino que los dos finalistas sean del mismo bando. Segunda, que ninguno de los candidatos tiene garantizado que solo pueda pasar a la segunda vuelta. Es cierto que dos de ellos tienen más probabilidad de lograrlo, Fajardo por estar de primero en las encuestas y Vargas por la maquinaria que ha construido. Todos los demás son conscientes de que por separado no tienen los votos suficientes para pasar al balotaje.

En el flanco derecho, Martha Lucía y Duque quieren la unión -Ordóñez no cuenta-, pero cada uno quiere ser la cabeza y que el otro acepte la vicepresidencia. Además, ninguno de los dos tiene el pleno respaldo de sus partidos. En el campo progresista, De la Calle, Clara López y Petro han hecho públicos llamados a una consulta interpartidista en marzo, planteando ambos que en aras de la unión están dispuestos a ceder en sus pretensiones de ser el candidato. A nombre de los verdes, Mockus también ha propuesto la coalición. Sin embargo la negativa de Fajardo no ha permitido que se llegue a un acuerdo. La otra razón para hacer la coalición desde ahora es que es muy difícil construirla en los pocos días que quedan entre la primera y la segunda vuelta.

La experiencia de Chile debe servir de lección a los progresistas. En la primera vuelta los candidatos de centro izquierda obtuvieron el 56% de los votos, pero no fueron capaces de unirse y en la segunda vuelta solo sacaron el 45% de manera que su división permitió el triunfo de la derecha. No podemos arriesgarnos a que por no hacer coalición progresista nos pase lo mismo , y entonces se frene el proceso de Paz y se aplacen los cambios económicos y sociales que necesita el país.

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

La piña santandereana

Por Gabriel Ortiz.- Cayó “La Piña santandereana”, tras 20 de años de manejar el más lucrativo negocio, que aún esconde a los verdaderos responsables, que se camuflan, al parecer con la complicidad de las propias autoridades de Floridablanca.

La “partera” del tránsito de la población santandereana tenía el bolígrafo más rápido del oriente colombiano. Era capaz de formular cada 24 horas, hasta mil “”partes” o comparendos, como se conocen las sanciones de tránsito. No le importaba si era de día o de noche, ni si estaba de servicio o no. Era una funcionaria aventajada, “supereficiente”. Como que había llegado al grado de alférez, y era el espanto de quienes se atrevieran a manejar un carro en Floridablanca.

Con burlonas declaraciones concedidas a los noticieros de televisión y radio de Bucaramanga, explicaba su acción sancionatoria. “Soy una funcionaria que puede penalizar a cualquier persona cuando cometa una infracción, esté yo de turno o no”. Con guasón gesto saludó las cámaras, sin entrar en mayores detalles.

Sus lágrimas no se dejaron esperar poco después, durante la audiencia de imputación de cargos. La fiscalía la acusó de los delitos de falsedad en documento público, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Sus manos maniatadas por esposas, le bajaron la arrogancia, cuando era trasladada a la cárcel. Seguramente cuando esta columna sea publicada, estará libre o en casa por cárcel. ¡Así es nuestra justicia!

Quedan por investigar las verdaderas entrañas del delito que cometió la “piña santandereana”. Se ha convertido en moda, contratar firmas particulares –no todas con suficiente idoneidad- para aplicar sanciones o multas por violar normas de tránsito con fotos y radares, o para cobrar servicios públicos. Regularmente los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios acostumbran a entregar semejante responsabilidad a sus amigos, cómplices o reclutadores de votantes.

Para algunos hay justificación para ello, pero sucede que muchas firmas no se conforman con tan jugosos contratos y acuden a imponer cuotas mínimas a los encargados de aplicar las sanciones. Estos sacan su tajada y lucran a sus patrones. Si en la propia capital de la República existe esta práctica, según lo han comprobado denuncias ciudadanas, ¿qué puede esperarse de lo que sucede en apartados pueblos, en donde prácticamente no existe ni Dios ni ley?

“Piñas” y “piños” hay a lo largo y ancho de nuestro territorio. Esto hace parte de la “vista gorda” con que se mira la corrupción que, hoy por hoy se elogia se justifica y se ampara. A un exfuncionario de Reficar se rindió un homenaje por parte de sus amigos en “la amurallada”. Un exviceministro se apropió de $20 mil millones, pagó una insignificante multa de $67 millones y salió a disfrutar los $19.933 millones que robó.

Hay “piñas y piños”, por todas partes, porque por todas partes hay corrupción.

BLANCO: Las clases de historia regresan a los colegios.

NEGRO: Las rechiflas a Santos porque alcanzó la paz. Vaya… vaya…

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Escrito por Luis Fernando García. Forero

Temas para 2018

Por José G Hernández.- Son muchos los asuntos que se deben resolver en 2018. Lo más inmediato, lo relativo a la elección presidencial y la composición del nuevo Congreso.

Desde luego, de allí dependen muchas cosas, porque de quién sea el Presidente de la República y de cuáles serán sus criterios acerca de los grandes temas que interesan al país se desprenderán los actos y decisiones inmediatas que adopte, las políticas que emprenda,  y las propuestas que presente para los cuatro años de su administración. Desde luego, también será trascendental que el nuevo gobierno cuente con un buen apoyo en las mayorías del Congreso para la realización de los propósitos nacionales.

Pero, de manera concreta, hay desafíos que deberán enfrentar tanto el próximo gobierno, sea cual sea su jefe, como el Estado colombiano en su conjunto, con el fin de evitar que la República se diluya y que fracase el sistema democrático.

Enunciamos algunos:

Hay necesidad de emprender una lucha franca y sin cuartel contra la corrupción, no solamente la que afecta a los órganos de la administración sino la que ha venido aumentando en parte de la rama judicial -inclusive en altas corporaciones- y en otras instituciones, en los departamentos y municipios, en la contratación pública, en la salud, en la educación y en la actividad política, a todos los niveles. Se requiere una labor que integre al Gobierno, al Congreso, a la Procuraduría General, a la Fiscalía General, a los tribunales y a los jueces, para que de manera cierta e implacable se aplique la ley y se impongan las sanciones a los responsables -caiga quien caiga-, sin permitir la impunidad, a la vez que se adopten las medidas y políticas indispensables para cerrar las fuentes, puertas y mecanismos que suelen usar los corruptos para lograr sus nefastos propósitos.

La economía colombiana está muy mal. Nos han rebajado la calificación. El desempleo real -que es el que debería medir al Dane-  es enorme, y quienes trabajan reciben unos salarios exiguos -quizá los más bajos en Latinoamérica-, a la vez que las empresas no resisten la irracional e inequitativa carga tributaria existente.

Los nuevos gobernantes y congresistas -por ahora, quienes aspiran a serlo- deben tomar conciencia acerca de los daños enormes que al país ha causado y causa el narcotráfico. El territorio está infestado de cultivos de coca y, en cuanto a la posible descertificación de los Estados Unidos, dependemos del variable e inestable genio de Donald Trump.

A esa proliferación de la coca hay que ponerle coto de manera urgente, no solo con la presencia de la Fuerza Pública sino con la actividad de los fiscales y jueces, así como mediante políticas sociales y económicas eficientes que permitan la supervivencia de las comunidades indígenas y campesinas que han venido dependiendo de esos cultivos para su subsistencia.

En materia de micro tráfico de estupefacientes, la situación es gravísima, pues se ha incrementado el consumo con base en la discutible tesis del libre desarrollo de la personalidad, inclusive en escuelas y colegios. Es necesario hacer efectiva la prohibición de la dosis personal, del porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas (A.L. 2 de 2009), y dotar a las autoridades de policía, a los fiscales y a los jueces, de las herramientas necesarias para capturar,  someter a proceso y condenar a los responsables del micro tráfico.

Como lo hemos escrito, el orden jurídico ya no es un orden sino un maremágnum, en cuanto la Constitución ha sido manoseada, en parte sustituida y rota su estructura por normas aprobadas a la carrera, sin estudio ni debate, y por vacilantes y contradictorias sentencias de control constitucional. 

Es mucho lo que se debe hacer este año, tanto por el Gobierno como por las otras ramas y órganos del poder público. 

Escrito por Luis Fernando García. Forero

El repunte de la industria minera

Por Amylkar D. Acosta M.- Como dice la letra de Cantares de Navidad de la Billo´s Caracas Boys, “un año que viene y otro que se va”, momento oportuno para hacer un balance de prueba del desempeño de la economía en general y de uno de sus sectores más importantes, el de la industria extractiva en particular, en el año que termina, así como analizar sus perspectivas para el año que apenas empieza.

Como se recordará, Colombia se benefició del largo ciclo de precios altos de los commodities que se prolongó por espacio de una década que va desde el 2003 al 2012, año este a partir del cual se desplomaron todos ellos, excepción hecha del petróleo, cuya caída comenzó a mediados del año 2014. A guisa de ejemplo digamos que para el año 2011 el precio de la tonelada de carbón llegó a rozar los US $143.88 en julio de 2008, entre tanto el precio del barril de crudo llegó a su máximo histórico de US $145.29 el 7 de julio de 2008.

Los mayores precios se tradujeron en mayor producción, mayores exportaciones, en más entrada de divisas tanto por las ventas en el exterior como por la afluencia de inversiones extranjeras en el sector y mayores ingresos tanto por concepto de impuestos como de regalías, amén de las mayores transferencias de ECOPETROL a la Nación como dividendos. Valga decir que entre 2001 y 2011 la extracción de carbón y oro crecieron el 95% y el 156%, respectivamente. En suma, este sector se convirtió en el gran dinamizador del crecimiento del PIB, el cual llegó a su culmen en el 2011 con una tasa de 6.7%.

Pero, como dice el adagio popular, lo que por agua viene por agua se va, cuando la menor demanda de los países emergentes encabezados por China hizo que se contrajera el mercado y que los precios se deprimieran, las inversiones y los inversionistas extranjeros empezaron a alejarse y tanto la renta minera como la petrolera se redujeron a su mínima expresión. Y, como era de esperarse se desaceleró el ritmo de crecimiento del PIB, a tal punto que en los años subsiguientes el incremento del PIB se ha venido deslizando por una especie de tobogán, del 4.9% en 2013 al  4.4% en 2014 al 3.1% en 2015, al 2% en 2016, para recalar en el 2017 muy por debajo del 2%, la más baja tasa de crecimiento en lo corrido del siglo XXI.

La industria extractiva se caracteriza por tener ciclos de precios altos y bajos, así como al largo ciclo de precios altos siguió el cuarto menguante para el sector, ahora desde el 2016 la actividad minera y petrolera ha empezado a repuntar junto con los precios. Entre enero y octubre de dicho año el precio del carbón térmico subió el 60% y desde entonces se ha sostenido la tendencia alcista, ya para mayo de 2017 el precio oscilaba entorno a los US $67.95 la tonelada, en septiembre se trepó a los US $82.74 y ya para noviembre cerró a US $83.78. Ello hizo posible que la producción de carbón en Colombia para el 2016 se elevara hasta alcanzar la cifra de 90.5 millones de toneladas, cifra record, aunque esta cifra se verá menguada en el 2017 debido a la caída de la producción del interior del país, que pasó de 10.7 millones de toneladas en 2016  a 6.5 millones en 2017, afectando el total que se calcula estará alrededor de las 88 toneladas. La baja sería mayor de no registrarse un incremento de 79.8 millones de toneladas en 2016 a 81.5 millones la producción de la región Caribe.

También repuntó la producción de oro en 2016 con 1´987.086 onzas, pero en el 2017 esa cifra se vio afectada por una baja de la producción total hasta 1´498.020, por cuenta de la reducción de la extracción ilegal del precioso metal. Ello se debe en gran medida a que la Agencia Nacional Minera se resolvió a meter en cintura la extracción ilícita del oro, mediante el Decreto 1102 de 2017, al tiempo que viene promoviendo la formalización de la minería artesanal y ancestral. Por su parte Cerromatoso S. A le ha sacado ventaja al repunte del precio del ferroníquel y después de obtener una producción de 37.092 toneladas en 2016 escalando su producción estimada hasta las 41.024 toneladas en 2017.

Se calcula que las exportaciones mineras crecerán este año el 40%, pasando de los US $8.934 millones a US $13.000 millones, que corresponden básicamente a carbón, oro y ferroníquel. En lo atinente a la inversión extranjera directa (IED) en minería, después del bajonazo entre 2015 y 2016, que se contrajo de US $533 millones a - US $97 millones, volvió a terreno positivo con un monto de inversión en 2017 de US $441 millones y se esperan inversiones del orden de los US $1.500 millones para el 2018.

Dos renglones que empiezan a tener un peso importante en la balanza minera son las esmeraldas y el cobre. En el 2015 se produjeron 1´782.059 quilates bruto, en el 2016 2´025.681 y en el 2017 se proyecta una producción de 2´274.871 toneladas. En cuanto a la producción de cobre, esta pasó de 5.463 toneladas en 2015 a 8.493 en 2016 y se espera este año una producción de 9.253 toneladas.

Bogotá, enero 6 de 2018 

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Escrito por Amylkar D Acosta M. ex presidente del Congreso y ex ministro de Minas y Energía.

Sistema de innovación agropecuaria ya es una realidad

Por Guillermo García Realpe.- Con mucho entusiasmo y optimismo hemos recibido la sanción  presidencial de la Ley 1876 de 2017 que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, un instrumento legal de suma importancia que permite la transformación de nuestro campo colombiano.

A partir de esta Ley de la cual me honra haber sido su coordinador ponente, puedo anunciarle a los doce millones de campesinos colombianos que su calidad de vida va a mejorar notablemente. Nuestros campesinos se volverán empresarios del campo, serán más competitivos y el sector agrario será más atractivo para que las nuevas generaciones se queden en él y no lo abandonen.

La Ley 1876 de 2017 que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –SNIA- tiene como principio fundamental la transformación integral del campo colombiano.

La nueva norma que ya fue sancionada por el Presidente de la República, desarrolla el punto uno de la agenda de paz sobre desarrollo agrario integral y le permitirá a los doce millones de campesinos colombianos acceso a investigación, innovación, tecnología, además asistencia técnica y extensión agropecuaria.

El SNIA, garantiza una serie de instrumentos y planes estratégicos de participación y gestión enmarcados dentro de una serie de subsistemas y mecanismos de financiación para que los productores y campesinos se vuelvan empresarios del campo y hagan de éste un sector más competitivo que de paso les ayude a mejorar su calidad de vida.

Esta Ley es y será una herramienta muy importante para desarrollar el campo colombiano.Le hemos cumplido a los campesinos, aunque hay que reconocer que su trámite en el Congreso de la República no fue nada fácil, pero hoy con mucho júbilo podemos decir que el campo, pero sobre todo el sector agrario tendrán otros tiempos a partir de esta iniciativa.

La Ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y el servicio público de extensión agropecuaria, establece también la articulación de acciones entre entidades del orden nacional, departamental y municipal para que estén armónicamente funcionando en pro de la nueva norma.

La Ley 1876 le permitirá al campo colombiano su tecnificación, una mejor productividad, más competitividad y una mejor calidad de vida a los doce millones de colombianos que habitan la ruralidad de los 32 departamentos del nivel nacional.

Así que amigos campesinos, bienvenidos a la nueva era del campo colombiano, ustedes serán los protagonistas del nuevo desarrollo rural, atrás quedaran las malas horas por las cuales nuestro campo dejo de ser protagonista, a partir de esta Ley el campo colombiano renacerá y tendrá de nuevo su lugar en el desarrollo y economía del país. 

@GGarciaRealpe

Escrito por Guillermo García Realpe. Senador Liberal de Colombia.

El grave predicamento del 2018

Por Amylkar D. Acosta M.-Finalizando el año 2016 el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas vaticinó que el 2017 sería “mejor para la economía colombiana en comparación con el 2016” y a la postre resultó peor, porque no sólo no creció más que el año anterior sino que la desaceleración se aceleró hasta cerrar este año con uno de los peores guarismos de crecimiento del PIB en lo que va corrido del siglo XXI. Conocidos los resultados del tercer trimestre de 2017 reportado por el DANE, el Ministro Cárdenas, asumiendo que la economía tocó fondo, pronostica que “lo peor ya pasó…trimestre tras trimestre los datos de la economía seguirán siendo mejores que los meses anteriores”. No obstante, en el Plan Financiero del 2018 que acaba de dar a conocer el Ministro se redujo la meta de crecimiento para el 2018 del 3% inicial a 2.7%, más cerca de la previsión del FMI, que es del 2.8%. 

De cara al 2018 la mayor preocupación sigue siendo el mediocre desempeño de la producción industrial, la cual ha venido creciendo en los últimos 4 años por debajo del 50% del ritmo de crecimiento del resto de la economía. Por primera vez la industria acusa un decrecimiento durante tres años seguidos, al tiempo que decae tanto en términos absolutos como relativos. Pudo más el efecto de la enfermedad holandesa que la diezmó que la atolondrada apertura de mercados externos por cuenta de los TLC que se suscribieron desatentadamente. En declaraciones recientes no dudó en calificar el 2017 como “el año de la recesión industrial”. Para Bruce “el gran reto es construir una base sólida para el sector en 2018”, pero ello no será posible mientras se siga creyendo que la mejor política industrial es no tener política industrial. 

El Gobierno aspira y espera un mayor dinamismo de la actividad económica el año entrante, dejando atrás la mala racha de la industria, apostándole a un crecimiento de esta del 1% en 2018 con base en un mayor crecimiento del comercio, del 2.2%, después del magro crecimiento en 2017 de 0.9%, un crecimiento mayor por parte de los establecimientos financieros, que supere el 3% y aceptando que el sector agrícola seguirá creciendo pero a un ritmo inferior al de 2017, pasando del 5.1% a 1.3% en 2018. El Gobierno espera que el consumo, que lleva un largo rato de capa caída, con un débil crecimiento del 2.1% en 2017, reaccione y llegue siquiera al 2.7% en 2018. 

El Grupo Bancolombia es optimista y espera “que en los próximos meses la industria y el comercio ganen tracción a un ritmo moderado de la mano de la moderación de la inflación, los menores costos del crédito, la recuperación de la confianza, la disipación de los efectos adversos de la reforma tributaria y el fortalecimiento de los socios comerciales del país”. Y, para no caer en el estado alexitímico que le atribuye a los colombianos el psiquiatra Carlos Córdoba, de no leer las cosas positivas que acontecen, debemos subrayar logros tan importantes como haber mantenido este año la tasa de desempleo en un solo dígito, la reducción del déficit de la Cuenta corriente de la Balanza de pagos, que pasó del 6% en 2015 a 3.5% en 2017 y el haber metido en cintura la inflación, que venía desbocada, hasta bordear la meta del Banco Emisor al situarse en el 4.12%. 

La apuesta mayor, indudablemente, está en el empuje que pueden darle al crecimiento de la economía la demanda interna y las exportaciones, ahora que se espera un mejor año para la economía global. Ojalá que este próximo año las concesiones de cuarta generación (4G) recobren el impulso que traían y que se vio estropeado por los escándalos de corrupción que han rodeado su contratación de parte de ellas con la firma brasilera Odebrecht, porque ello podría contribuir a un mejor desempeño del crecimiento del PIB. Y, desde luego mantener el esfuerzo que viene haciéndose para seguir impulsando el turismo, convertido en el mayor generador de empleo y en el segundo generador de divisas después del petróleo, por encima del carbón, el banano y las flores. 

El próximo Gobierno deberá poner todo su empeño en que la economía retome la senda del crecimiento sostenido y a un mayor ritmo, al tiempo que mejore su potencial de crecimiento que se ha visto seriamente disminuido. ANIF ha estimado que el postconflicto podría acelerar el potencial de crecimiento económico en cerca del 0.5% - 1%/año, “pero sólo a la vuelta de cinco años, dado el lastre del sector minero-energético”. Por lo pronto, el esfuerzo para lograr remontar y escalar la empinada pendiente hay que empezar por una revisión y cambio del modelo económico basado en la actividad extractiva, tendiente a diversificar el aparato productivo, diversificar las exportaciones y el destino de las mismas. Su éxito dependerá de cuanto se haga por mejorar la competitividad y está a su vez depende de elevar la productividad, para lo cual es absolutamente indispensable corregir el enorme rezago del país en materia de infraestructura, innovación y tecnologías. 

Medellín, diciembre 30 de 2017

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Escrito por Amylkar Acosta M. Ex presidente del Congreso y Ex ministro de Minas y Energía

Un 2018 de Paz y Democracia

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Es indudable que el 2018 sea de mejores perspectivas. A más de un año de la firma del Acuerdo de Paz y los palpables cambios que Colombia está experimentando, en diferentes dimensiones producto de esta decisión histórica, que interrumpe un futuro determinado por la violencia y el desamparo, el porvenir sonríe a los colombianos.

Aún existen riesgos y desafíos que pueden afectarnos, sobre todo desde la perspectiva económica. Este primer año del Postconflicto, con el debate político y legislativo y la reorganización institucional, con una visión más regional, no podía generar resultados inmediatos, pero si posibilidades para el 2018.

Diversos analistas pronostican un crecimiento de la Economía Colombiana, en un promedio del 2.7%. El Fondo Monetario Internacional  es más optimista, señala un crecimiento de 2.8%. Anunciosque si se suman a los dividendos de la paz, van a crear escenarios para la inversión, el emprendimiento y la planificación que contribuyen a generar crecimiento, pero también inversión social y productiva.

Ciertamente existe un escenario de polarización. Pero soy optimista. Sin conflicto armado, con integración social y nuevos grupos políticos y con una Colombia que está asumiendo su diversidad y pluralidad, se pueden promover cambios importantes, oportunos y necesarios.

Nuevas voces entrarán a la escena política y nosotros, los liberales, celebramos un posible y necesario debate sobre los problemas, sueños y oportunidades de una Colombia sin violencia.

El 2018 es el año de los nuevos liderazgos. Como Liberal apuesto a una Colombia con más inclusión y desarrollo sostenible. Por ello, creo importante generar un proceso electoral desde las propuestas y no desde los insultos, desde lo que tenemos en común y no desde las descalificaciones.

La polarización sólo favorece a los enemigos de la Paz, hoy debilitados y sin caretas. Tenemos que asumir que existen posiciones diversas y dialogar para construir democracia real y participativa, no gobiernos parcelados por intereses individuales y sectarios.

Los políticos tenemos una deuda histórica con Colombia: detener la corrupción, requerimos ser consecuentes con el proceso de paz y desde nuestras regiones, construir el mapa de la diversidades que unidas harán una Colombia más justa, más incluyente y más prospera para todos. 

Feliz 2018 Colombia, asumamos el desafío del  desarrollo con fe y esperanza.

Escrito por Jaime Enrique Durán Barrera. Senador Liberal de Colombia.

La grandeza de Claudia López y Jorge Robledo

Por Ariel Ávila.-Comenzaron las etapas de montaña en la carrera presidencial de 2018. Lo que vimos hasta noviembre eran las etapas planas, donde había más de una treintena de candidatos. El 11 de diciembre comenzó la montaña, en ese momento los partidos debían definir listas al Congreso y debían estar claras las coaliciones. Para esas fechas el país estaba pendiente, al menos de tres cosas. La consulta liberal, que la terminó ganando Humberto de la Calle; el que dijera Uribe, que terminó siendo Iván Duque y la definición entre Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo.

Fajardo, Robledo y Claudia se agruparon en la denominada Coalición Colombia, su eje fue la lucha contra la corrupción y la transformación de la política. Pero dentro del pragmatismo político había diferencias marcadas entre ellos, la principal era que Claudia López y Jorge Robledo tenían partidos políticos con representación en el Congreso, es decir, tenían credencial. Fajardo por su lado era abiertamente el candidato más viable de los tres, pero no tenía partido y tampoco congresista. Así las cosas, tanto los Verdes con Claudia, como el Polo con Robledo tenían la sartén por el mango. Ellos ponían las condiciones e inicialmente fue así.

Las condiciones fueron tres: acuerdo programático, en el cual todos cedían; consulta el 11 de marzo, día de las elecciones al Congreso, con la idea de repetir la famosa ola verde del año 2010 y; la tercera condición fue la de listas conjuntas con compromiso ciudadano. Parecía que Fajardo no tenía otra alternativa que ceder o irse solo y repetir lo de 2010, cuando no sacó un solo senador y su candidatura se fue al piso en tan solo una semana.

Claudia y Robledo habrían podido radicalizar su posición y no hacer ningún acuerdo; con ello animarían sus bases, agitarían los sectores radicales de sus partidos  y al final terminarían siendo la misma minoría que son ahora. Robledo pudo haber agitado su lado izquierdo  y considerar a Fajardo como un “agente del establecimiento y la oligarquía” y Claudia pudo agitar a sus radicales de centro  que no creen en la política pero que votan por candidatos como ella, estos se han ganado el nombre de “apolíticos”. 

Sin embargo, estos dos políticos pensaron más en el país que en sus partidos, entendieron al menos tres cosas: Por un lado, que Colombia en lo que tiene que ver con corrupción tocó fondo, y que se debe trasformar la política colombiana, para ello no se pueden agitar las minorías, se deben hacer coaliciones que permitan ganar y cobijar la apatía política. También lograron entender que el momento de ellos no era 2018, había candidatos que tenían mejores condiciones para competir y que representaba sus aspiraciones de trasformación y ese era Fajardo. Por ello, no sometieron a este último a una consulta, ni condicionaron su vicepresidencia, decidieron apoyar a Fajardo a cambio de un acuerdo programático. Es decir, entendieron la coyuntura del momento y decidieron dar un paso al costado.

Escrito por Ariel Ávila. Politólogo.

Un maremágnum

Por José G. Hernández.-Las consideraciones que, con un sentido crítico, hemos venido exponiendo no recaen sobre el proceso de paz en sí mismo sino que se refieren a la manera como el Estado ha venido plasmando en normas jurídicas, por la vía del "fast track", el contenido del Acuerdo Final (A.F.) suscrito entre el Gobierno y las Farc. 

Pero los errores vienen de antes. Sin estar obligado, el Presidente de la República convocó un plebiscito, no sin antes tramitar una reforma  legislativa con el objeto de reducir a 13% el umbral exigido para su validez.

Empero, dadas  las  equivocadas  decisiones  de confundir el valor de la paz con un voluminoso  documento (297 páginas) firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016,  no suficientemente divulgado –y, en consecuencia, votado por muchos  a ciegas-, y de polarizar al país señalando a los críticos de ese documento como enemigos de la paz, triunfó en las urnas  la opción negativa.  Ganó el No por escaso margen, pero ganó. Un hecho cierto, certificado por la autoridad electoral,  que no ha debido ser desconocido.

Se había reformado la Constitución mediante el  A.L. 1/16, cuyo artículo 5 supeditaba su entrada en vigencia a la refrendación popular del A. F.

Como es natural, el A.F. ha debido ser renegociado. Ante un texto materialmente distinto, no habría sido necesario otro plebiscito porque las bases habrían sido diferentes, y cabían otras opciones como un referendo o una asamblea constituyente. No se procedió a ello, y se prefirió  agregar trece páginas  al texto negado, sin tocar su fondo (se firmó en Bogotá el segundo A.F. el 24 de noviembre de 2016), para después llevarlo a "refrendación", no del pueblo -como lo exigía el A.L.- sino del Congreso, que lo aprobó sin leerlo. Y la Corte Constitucional, en incomprensible sentencia, pareció dar a entender que el voto del Congreso no tenía solamente el valor de un control político sino el de una "refrendación popular", aunque, a la luz de la Constitución, el Congreso carecía de facultades para ello.

El A.L. 1/16 entró, pues, en vigor sin que se cumpliera el requisito establecido en su artículo 5, y por tanto comenzaron a ser aplicadas sus disposiciones especiales: a) Un procedimiento simplificado (que dieron en denominar “fast track”) para la aprobación de leyes y reformas constitucionales por el Congreso con miras a la implementación del  segundo A.F.; b) Facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley.

Siguieron los errores del Gobierno y del Congreso durante el proceso de implementación. Y se mantuvo  -o se profundizó- la polarización del país, entre buenos y malos. Siendo los buenos, según el Ejecutivo, los que apoyaran sin discutir todas sus iniciativas, y los malos quienes formularan reparos o críticas, o expresaran discrepancias. Estos últimos eran -y se adelantó toda una campaña mediática al respecto- los “enemigos de la paz”.

El “fast track” no solamente implicaba reducir los debates a la mitad sino la obligación, para los congresistas, de votar en bloque abultados proyectos, sin iniciativa y sin posibilidad de introducir modificaciones a los textos, a menos que se contara con el permiso del Gobierno. 

Fueron muchas las normas aprobadas en sustitución o vulneración de la Carta Política. Se quiso convertir el Acuerdo en norma supra constitucional, o en Tratado Internacional. Se buscó hacer el Acuerdo inmodificable. Normas, y más normas. Los jueces llegaron a ordenar la expedición de actos reformatorios de la Carta. Y la Corte Constitucional profirió sentencias ambiguas. Todo lo cual hizo del orden jurídico colombiano, a lo largo de este año, un verdadero maremágnum. Continuará.

Escrito por José Gregorio Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional