Fernando Cepeda Ulloa

“En estos países el presidente juega un papel y ejerce una influencia que va mucho más allá de lo que dice la Constitución”.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. -Pluralismo político. Diferencias de pensamiento. Libre debate. El mercado libre de las ideas. Ausencia de censura. Son diferentes maneras de referirse a un tema central de la vida democrática que es el de la libertad de expresión. Así como no se concibe un régimen autoritario, una dictadura, o un gobierno comunista con libertad de expresión. Impensable. Estos tipos de gobierno abominan la libertad en todas sus formas, pero principalmente la libertad de expresión. Y una democracia es exactamente lo contrario. Reclama, necesita, promueve, estimula, tolera, respeta, la libertad de expresión porque ella es la que permite el pluralismo político, la que propicia el desacuerdo y lo canaliza por vías civilizadas y legítimas. Si algo ha debilitado las democracias contemporáneas es precisamente el manejo abusivo de las redes sociales. Es que la libertad de expresión supone un manejo responsable. No se trata de decir cualquier cosa así ésta resulte falsa, calumniosa, ofensiva, denigrante y todos los conceptos que se le parezcan.

Colombia es un país estéril para la censura. Así lo consagran algunos textos de distinguidos historiadores. El más reciente recuerdo es el del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla que clausuró el periódico El Tiempo y lo propio hizo con El Espectador. Fue un intelectual corajudo, el fundador de la Universidad de los Andes, Mario Laserna, quien inmediatamente fundó un periódico que denominó El Mercurio que circuló por varios meses y ello como una manera de contrarrestar, por no decir desafiar, una decisión dictatorial.

La publicación de diarios oficiales, que también ocurrió en esa época, no debería repetirse. Y entiendo que hay formaciones que hablan de dos diarios oficiales por falta de uno. Eso no está bien. Como no lo está el tema de la pauta publicitaria, en ocasiones exagerada, del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales. Que el gobierno tenga que pagar para poder promover sus programas o informar a los ciudadanos sobre las oportunidades que ellos tienen, por ejemplo, para ingresar gratuitamente al sistema educativo en sus diferentes niveles o para aprovechar el sistema de salud, o el régimen pensional, o la posibilidad en la contratación pública y de otros beneficios y oportunidades nunca me ha parecido que deba ser objeto de una publicidad pagada y la existencia de una emisora o canal de televisión oficial, independiente del gobierno o de otros factores de influencia, es una propuesta que siempre ha dado lugar a debates y que no logra, las más de las veces, su real objetivo.

La BBC de Londres es un ejemplo universal y cada día son más las críticas que se formulan por la ausencia de independencia o por los silencios o las complicidades. Nada fácil. Lo que sí es indispensable es mantener una actitud muy despierta frente al desempeño de los medios de comunicación tanto los privados como los oficiales. Frente a estas dos formas de expresión es necesario mantener una actitud muy crítica y una permanente exigencia de objetividad, transparencia, apego a la verdad y a la imparcialidad. Nada fácil. Un apreciado embajador estadounidense recomendaba que al presidente Chávez había que juzgarlo por lo que hacía, pero no por lo que decía. Creo que el paso del tiempo demostró que eso era un error. No se puede despreciar la palabra presidencial. En estos países el presidente juega un papel y ejerce una influencia que va mucho más allá de lo que dice la Constitución. Sus palabras pueden ser más influyentes que una norma legal, en algunos casos. Está bien entonces que expresiones fuertes o injustas o descalificadoras del presidente se miren con ojo muy crítico porque se corre el riesgo de que ellas se traduzcan, en realidad, en muy dolorosas e irremediables.

Bogotá, D. E, 17 de marzo 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

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Mauricio Cabrera Galvis

"La política monetaria, es decir la baja de la tasa de interés, es el principal instrumento de política macro disponible ahora para impulsar la reactivación económica."

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - En la jerga de los financieros se 200 puntos básicos (p.b.) es lo que para el resto de los mortales es un 2 %. Cualquiera sea la forma como lo quiera uno llamar, este es el monto en que la Junta del Banco de la República debería bajar la tasa de interés de política monetaria (TPM) en su próxima reunión.

Nadie se atrevería a afirmar hoy que el Banco no debe bajar su tasa. Lo que se discute es el tamaño y la velocidad de la reducción. De hecho, la mayoría de los analistas esperan una rebaja entre 50 a 75 p.b. Pero en las circunstancias actuales de la economía eso sería muy poco, por varias razones.

Primera, porque la inflación ha bajado mucho más rápido de lo esperado, mientras que la tasa de interés se ha quedado pegada del techo, de manera que hay bastante espacio para la reducción.

La variación del IPC alcanzó un punto máximo de 13.3 % en marzo del año pasado, y desde entonces viene bajando todos los meses; se espera que al final de este mes se ubique alrededor de 7.4 %, es decir una caída de casi 600 p.b. en 12 meses. Por su parte, el máximo de la tasa del Banco fue de 13.25 % en mayo de 2023, y desde entonces la junta solo se ha movido dos veces para bajarla a 12.75 %, es decir solo 50 p.b.

Como consecuencia hoy la diferencia entre la tasa de interés y la de inflación es de casi 5.5 %. Es una postura de política claramente contractiva que algunos podrían justificar aduciendo que la inflación está todavía por encima de la meta del Banco (entre 2 % y 4 %), pero que resulta excesiva si se toman en cuenta las tendencia de los precios y el estado de la economía.

Segunda, porque el país está en riesgo de caer en una recesión. Las mediciones de Bancolombia muestran que en este año el nivel de actividad económica completa dos meses consecutivos en terreno de contracción (-1,6 % y -0,6 %, respectivamente), con caída en sectores tan importantes como la construcción, el comercio, y la industria.

La política monetaria, es decir la baja de la tasa de interés, es el principal instrumento de política macro disponible ahora para impulsar la reactivación económica. El otro instrumento, que es el gasto público, está muy limitado por el tamaño del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, de manera que a pesar de llamado de los gremios a que el gobierno gaste más, no se podría hacer este año sin romper la regla fiscal.

Tercera, el alto nivel de las tasas de interés domésticas frente a las internacionales es un imán poderos para la atracción de capitales golondrina que aumentan la oferta de dólares presionando a la revaluación de la tasa de cambio, que ya ha caído por debajo de $3900, lo que va a desestimular las exportaciones no tradicionales, agravando la caída de la producción.

Cali, 17 de marzo 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Amylkar D Acosta M

¡Todo pasó sin que pasara nada!

Por Amylkar D Acosta M*. - En medio de una gran expectativa tuvo lugar en Sincelejo el pasado 9 de marzo la que se calificó como Cumbre Caribe, en torno a la problemática de la inusitada alza de las tarifas del servicio de energía, que tiene agobiado a los usuarios. Esta estuvo precedida, sin resultado alguno por otra Cumbre en la Casa de Nariño encabezada por el Presidente Pedro y la asistencia de los parlamentarios del Caribe y el posterior debate de control político al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, el curso del cual hubo más calor que luz.

El ministro Camacho se anticipó a expedir en volandas un Decreto para comentarios que, según se anunció está encaminado a bajar las tarifas, pero de la lectura del mismo se concluye fácilmente que no hay nada nuevo bajo el sol. Empezando porque en el mismo simplemente se le ordena a la inoperante CREG “la revisión completa de todos los componentes de la tarifa eléctrica” función esta que está entre sus atribuciones y competencias, las mismas que está en incapacidad de cumplir por la dejadez del propio Gobierno, que se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 5 restantes expertos comisionados.

Cabe advertir que la CREG se ha convertido en el nudo gordiano de la problemática del sector energético, que no encontrará salida hasta que el mismo se desate y para ello hace falta la voluntad política y la decisión del alto Gobierno. Lo que está en juego es la supervivencia de la institucionalidad del sector que se está poniendo en riesgo con las políticas erráticas del Gobierno, que minan la confianza de los agentes de la cadena.

Y en materia de tarifas, aunque en su artículo 1º el Decreto de marras alude a la baja de las tarifas y con tal fin plantea que la CREG expedirá una nueva fórmula tarifaria, como es apenas obvio, “dentro del año siguiente de la fecha de la terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula”, que en el caso de las dos empresas operadoras, que prestan el servicio en la región Caribe, Air – e y Afinia, se cumple en abril del año entrante. De ello se sigue que los 2.6 millones de resignados usuarios del servicio de energía de la región Caribe tendremos que esperar hasta entonces para vislumbrar un asomo de alivio en las facturas del servicio de energía que promete el Ministro. Y mientras tanto, que nos coma el tigre!

Llama poderosamente la atención que, contrariamente a lo que se aspiraba y esperaba de esa Cumbre, el Ministro Camacho, no le dio respuesta a ninguna de las propuestas que se le presentaron con la debida antelación. Según el Ministro en su intervención, “este Gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”. Pero qué ocurre. Al sabotear el normal funcionamiento de la CREG, el máximo órgano regulatorio, que constituye la pieza maestra de todo el andamiaje del Sistema, se compromete seriamente su normal funcionamiento. En tales circunstancias, el mal llamado, peyorativamente, “modelo económico neoliberal” se torna inoperante y no podrá garantizar “los derechos de la gente”. Y de este modo, con la excusa del “cambio” de Modelo, estaríamos en presencia de una profecía autocumplida, que es aquella que se anuncia y luego se hace todo lo posible para que se cumpla.

Con esta monserga lo que se busca es utilizar la baja en las tarifas como señuelo para abrirle camino en el legislativo a su proyecto de reforma de la Ley de servicios públicos, condicionándola a su aprobación por parte del Congreso. Es de advertir que es imperiosa la necesidad de actuar ya, sin más dilaciones, las soluciones no dan más espera, el Gobierno debe proceder antes de que sea demasiado tarde. De ninguna manera es admisible que las soluciones se supediten al trámite y aprobación de la tan anunciada reforma de dicha Ley, convertida en espejismo.

También ha afirmado el Ministro que “lo primero que hay que decir es que en el centro están los usuarios, así que todas las alternativas son bienvenidas y las seguimos analizando, pero que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando a empresas”. Lo cierto es que ninguna de las propuestas sometidas a su consideración está encaminada a salvar a las empresas, aunque si las empresas generadoras, transportadoras, comercializadoras y operadoras de red no están a salvo, tampoco estaría a salvo la prestación del servicio y el servicio más costoso es aquel con el que no se cuenta cuando se necesita. O acaso por qué y para qué expidió el Ministerio el Decreto 1637 de 2023, habilitando una línea de crédito por $1 billón, que se amplió posteriormente en $2.3 billones, para solventarlas y así evitar el temido efecto dominó que había anunciado la empresa operadora del Sistema y administradora del mercado mayorista XM, debido a los problemas de iliquidez de las empresas operadoras de red por cuenta de la abultada deuda de los usuarios por concepto de la opción tarifaria. De esta manera se evitó un apagón financiero que podría conducir a un apagón eléctrico.

Esta Cumbre, que sirvió de escenario para un diálogo de sordos, como otras, se han convertido en un verdadero botadero de corriente que en nada contribuyen a la búsqueda y hallazgo de soluciones prontas y eficaces requeridas, más allá de la vacua palabrería. Esta vez, como ya quedó dicho, las propuestas presentadas, todas ellas tuvieron la cayada por respuesta. Esta Cumbre terminó sin terminar y concluyó sin conclusiones. Por ello, no le falta razón a la Directora de El Heraldo Erika Fontalvo cuando, con su proverbial franqueza, tituló su Editorial “Cumbre energética, sin pena ni gloria” y añadió “tarifas no bajarán por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Otros dirán pura paja. Estas populares expresiones bien resumen lo que pasó, o mejor lo que no pasó, en la tan cacareada Cumbre energética del Caribe”. Más claro no canta un gallo capón, al que en el Caribe le tenemos cuento! 

Cota, marzo 17 de 2024

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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José Felix Lafaurie Rivera

"Hay que hacer algo para que a más de 300 mil pequeños ganaderos, muchos de ellos dentro de las cifras de pobreza rural, no les paguen por un litro de leche en finca menos de lo que cuesta cualquier bebida azucarada".

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - La leche ha sido, en muchas culturas y religiones, símbolo de alimento por excelencia y de prosperidad; símbolo de vida. No en vano Yahvé le prometió a Moisés, como un destino de redención tras la esclavitud, como un verdadero renacer, que llevaría a su pueblo a “una tierra donde mana leche y miel” (Éxodo 3-17). ¿Qué hacer para que, en un país que quiere ser “potencia de vida”, a nadie se le niegue un alimento que es vida?

Colombia sobrepasó los 7.000 millones de litros de producción anual de leche, pero la industria formal no acopia siquiera el 50% y, adicionalmente, aunque el consumo promedio es de 155 litros persona/año, mientras un colombiano de estratos altos consume hasta 190 litros, uno de los sectores populares apenas alcanza los 37.

Tan inequitativa distribución está ligada a la pobreza. En 2022, el 33,6% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza monetaria, es decir, tenía un ingreso mensual de hasta $396.864, mientras el 11% sufría pobreza extrema, con no más de $198.698. En el campo la situación es aún más crítica, con 45,9% de pobreza monetaria, ¡la mitad de la población!, una condición que, dicho sea de paso, cobija a los productores de leche, en su mayoría pequeños campesinos minifundistas.

Pero los porcentajes esconden la realidad, que se destapa cuando ese 33,6% se transforma en más de ¡18 millones! de pobres, y ese 11% en casi ¡7 millones! que, en 2022, vivían y, por supuesto, comían con $6.600 pesos diarios.

Así pues, el tema de la desnutrición no se limita a la niñez y la mortalidad infantil, pero aunque un solo niño muerto es una desgracia, y una enorme que murieran por esa causa 325 en 2022 y 246 en 2023, la desnutrición invisible, esa que no mata niños ni adultos, pero disminuye su humanidad a límites aberrantes, es un universo dantesco de 18 millones de humanos viviendo en condiciones “infrahumanas”, pues una persona que apenas llega a los $400.000 mensuales de la pobreza monetaria, si paga arriendo no come.

Por ello, en carta reciente a la ministra de Agricultura, al tiempo que le expuse las disfunciones de la cadena láctea, que afectan a los productores de leche y muy especialmente a lo que hacen parte de la pobreza rural, le planteé propuestas para romper esa inequidad estructural del consumo, propuestas que hemos presentado a todos los gobiernos, desde hace 20 años, siempre recibidas con “buenos ojos” pero con escasa voluntad política.

La primera es un fondo tripartito para que el presupuesto nacional, los recursos ganaderos y la industria, se unan, para que esta última ofrezca a los sectores populares leche pasteurizada -no ultra-, en empaque sin pretensiones y sin gastos de publicidad.

Otra propuesta posible es una reorientación de las compras públicas, con leche de producción nacional en la dieta diaria de la Fuerza Pública, en los jardines del ICBF y en la mezcla de la bienestarina; leche diaria y no jugos azucarados como elemento obligatorio para los contratistas del PAE, para que los niños reciban en la escuela lo que no reciben en sus casas.

Hay que hacer algo para que la leche deje de ser un costoso producto en hermosas cajas que cuestan más que lo que contienen; hay que hacer algo para que a más de 300 mil pequeños ganaderos, muchos de ellos dentro de las cifras de pobreza rural, no les paguen por un litro de leche en finca menos de lo que cuesta cualquier bebida azucarada.

Hay que hacer algo para convertir a Colombia en un país donde mane leche… para todos.

Bogotá, D. E, 17 de marzo de 2024

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

“Es tal la cantidad de cargos y negocios del gobierno, que -seguramente- no le han permitido al Jefe de Estado encontrar entre sus súbditos y vasallos, personas que ofrezcan la pulcritud que deben ejercer los funcionarios públicos”.

Por Gabriel Ortiz*. - El computador de Palacio, ese que tiene las listas de los agraciados con los nombramientos gubernamentales está en crisis: difícil encontrar honrados para encargarles puestos oficiales.

Esa la razón para las permanentes bacantes, destituciones y vacancias que se registran, casi a diario, en las nóminas estatales.

Muchos colombianos suficientemente preparados y rectos estaban listos desde antes del 7 de agosto de 2023, para acompañar al nuevo presidente en millones de cargos que entraron en vacancia, por solicitud del equipo-Petro.

Los nombres del nuevo gabinete, oficinas y asesorías que dejó plasmados la pluma de Petro, desde el momento en que, con la espada del Libertador, ingreso por la puerta principal de la Casa de Nariño, dieron confianza, hasta sus acérrimos y obcecados contradictores. Quién podría haber dudado de la acrisolada preparación y capacidad de Ocampo, Cecilia y tantos más que el nuevo presidente llamó para que lo asesoraran con su sabiduría, hidalguía y generosidad.

También contó con muchos de sus adeptos y seguidores, que el país conoce hace mucho tiempo y que, dicho sea de paso, le ofrecen aportes valiosos y al cuidado de su imagen. Estos nunca han practicado la corrupción y antes por el contrario han sido los principales acusadores de otros líderes que han gozado de las mieles, los dineros y prebendas del Estado.

Como a cada noche le llega su luna, es tal la cantidad de cargos y negocios del gobierno, que -seguramente- no le han permitido al Jefe de Estado encontrar entre sus súbditos y vasallos, personas que ofrezcan la pulcritud que deben ejercer los funcionarios públicos. Ha tenido que reducir los méritos que tradicionalmente se exigían a quienes quisieran ocupar un empleo. Ya no se requiere título profesional o experiencia para muchísimos cargos públicos.

Estas han sido las fallas que tanto le están costando al Presidente Petro. Ha nombrado a corruptos sin categoría, que lo han llevado al colmo de tener que destituirlos en público y frente a las placas y cámaras de los medios, a los que aborrece e injuria. Uno de los ejemplos es el caso de los 80 carrotanques que costaron 70.000 millones de pesos, cuando valían una tercera parte. Y qué decir de los proyectos que cursan en el Congreso, con vicios de forma y sin fundamento ni presupuesto. Son colchas de retazos para crear más burocracia y corrupción.

La reforma a salud, prácticamente se hundió por una votación responsable en el Senado. En la cámara pasó gracias al apoyo de frascos de mermelada.

La salud está manga por hombro, mientras el sistema actual no es sostenible, no posee medicamentos y los pocos que se consiguen para tratar ciertas enfermedades, están fuera del alcance de la población.

Esa es la radiografía de lo acontece en Colombia, producto de un computador casado con la mediocridad y un Jefe que aspira a gobernar por decreto.

BLANCO: Sin necesidad de manifestaciones insolentes contra la Corte, fue elegida la magistrada Luz Adriana Camargo, nueva Fiscal. Todo se puede lograr, sin necesidad de la fuerza bruta.

NEGRO: El presidente Petro, no cesará de cobrar su idea del Metro subterráneo. Y así ocurre con todas sus ideas de un alcalde frustrado.

Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2024

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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José G Hernández

“En ejercicio de una mal entendida libertad de expresión, el insulto, la ofensa, la acusación sin fundamento, son cosa de todos los días”.

Por José G. Hernández*. -Durante un reciente foro académico acerca de la libertad de información, uno de los asistentes manifestaba: “Hablando de la información, debo decirles que he perdido por completo la confianza en los noticieros de radio y televisión. Ya uno no sabe qué creer, ni a quién creerle. Todos están politizados”.

Reflexionemos. En medio de la insoportable polarización política vigente -que, al parecer, continuará causando daño-, algunos medios han resuelto tomar partido y ya no es extraño encontrar información sesgada o manipulada, casi siempre orientada a comprometer a personas de uno y otro bando en actos de corrupción o delictivos, sin sustento, sin pruebas, sin confrontación, sin consulta, no importa si a las pocas horas esas informaciones son desvirtuadas, corregidas o respondidas mediante otras informaciones, no menos sesgadas, contra personas del bando contrario. Aunque años después, si las sindicaciones son llevadas a la administración de justicia -que ahora está cojeando como nunca-, se dictamine que no había sustento alguno en las sindicaciones, ya el daño se ha causado, en detrimento de la honra, del buen nombre y del prestigio de las personas afectadas.

En las redes sociales, dentro de la misma polarización, se procede de modo aún más irresponsable. En ejercicio de una mal entendida libertad de expresión, el insulto, la ofensa, la acusación sin fundamento, son cosa de todos los días. No importa. Si el afectado acude a la administración de justicia, se llega fácilmente a una conciliación y el calumniador “rectifica” y no ha pasado nada. Buscará otra forma de atacar a quienes pertenecen al bando contrario.

El artículo 20 de la Constitución garantiza dos derechos fundamentales que son inherentes al concepto de democrático y al orden jurídico que lo caracteriza: la libertad de expresión y el derecho a la información. También señala que los medios de comunicación son libres, aunque “tienen responsabilidad social”.

El artículo 15, por su parte, declara que “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”.  El 21 garantiza el derecho a la honra. El 29 señala que “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.

El derecho a la información, esencial en una democracia, está asegurado en el mismo artículo 20 de la Constitución, advirtiendo que debe ser veraz e imparcial. En cuanto al público, receptor de la información, también tiene un derecho de carácter fundamental a recibirla con esas características: veracidad e imparcialidad.

Reiterando lo dicho desde 1992, la Corte Constitucional, en Sentencia T-040 de 2013, advierte que “la libertad de información protege la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo. Es un derecho fundamental de “doble vía”, que garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información veraz e imparcial”.

Para aludir a la queja del ciudadano mencionado, cabe recordar que la radio y la televisión hacen uso del espectro electromagnético, que es un bien público, y deben respetar al ciudadano e informar de manera veraz e imparcial.

Bogotá, D. E, 13 de marzo de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Juana Yolanda Bazán Achury

"Muchos colombianos no reconocen su valía y el aporte que le hizo a esta sociedad, otros, por el contrario, la admiramos, añoramos sus palabras de lucha en el Congreso, sus verdades sin temores y las conjeturas que a los contrarios les producía resquemores”.

Por Juana Yolanda Bazán Achury*. -La conocí en el Partido Liberal hace ya muchos años, cuando ella era senadora y yo diputada a la Asamblea de Santander, militando en la tendencia que orientaba Horacio Serpa Uribe, desde el mismo instante que nos conocimos tuvimos afinidad, mis inquietudes eran iguales a las de ella, compaginábamos en la política, teníamos la idea de un liberalismo progresista, que en su momento tenía un vocero autorizado, reconocido en el ámbito Nacional: Serpa. De hecho, el movimiento que encabezó en Santander, se denominó Frente de Izquierda Liberal Autentico (Fila).

La ideología que defendíamos mutuamente era de profundo contenido liberal, de corte social demócrata, ideas que tenían auge en países de Europa Occidental, que abrieron el debate sobre la posibilidad de implementar la social democracia en América Latina; sistema que propugna por una economía que se sustente en la producción industrial, contrarrestando las políticas neoliberales, que precarizaron y precarizan las condiciones de la clase trabajadora, ampliando la brecha social hacia la pobreza.

Estudiosos han considerado que, en la medida que se profundice la democracia, podría llegar a prosperar esta ideología en los países de Suramérica, buscando tener mejores niveles de crecimiento, inclusión social, superación de la pobreza y las desigualdades, para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, el tema quedó aplazado como consecuencia de las dificultades estructurales y políticas que en su momento se presentaban y se presentan en estos países.

Piedad propuso al interior del Partido, que organizáramos un colectivo amplio de líderes y lideresas de distintos sectores sociales, multiétnico y multicultural para abrazar las causas sociales, la defensa del género y la raza, para que todos seamos uno en la sociedad.

Realizamos grandes encuentros de mujeres y otros líderes en todo el país, construimos una agenda social y de paz que terminó llevando al Congreso de Colombia, proyectos fundamentales para avanzar en el equidad de género, queríamos muchas mujeres en la política, en los cargos de representación en los niveles locales y departamentales, en secretarías de despacho e institutos descentralizados, teníamos claro que las mujeres deberían estar en los lugares en los que se tomaban las decisiones, para poder superar el patriarcalismo y avanzar en una sociedad más equitativa lo cual se ha logrado raquíticamente.

La Ley de Cuotas ha sido relativamente bondadosa para la inclusión y participación de la mujer, las leyes de protección contra la violencia de género y domestica han hecho visible una problemática que por muchos años estuvo guardada y que ha revelado los graves índices de violencia que traspasan la sociedad misma.

Acudiendo a un llamado del presidente Uribe (craso error), intervino en el trámite de la liberación de muchos secuestrados, este, uno de los flagelos que más ha azotado a la sociedad colombiana, los secuestrados del momento tuvieron una esperanza de liberación a través de una vocera comprometida y decidida, poniendo incluso en riesgo su vida y su patrimonio económico, para que se diera el mayor número de liberaciones, pero no es como lo dicen sus enemigos, que se trataba de lucro personal, qué forma tan baja usan los falsarios; la satanizaron después de haberle pedido ayuda, la desacreditaron, la vituperaron, sin comprender que la vida y la dignidad es lo que vale en la persona.

La maledicencia humana es tan grande y perversa, donde la lengua hiere y mata más que una bala, querían limpiar el camino hacía el poder, Piedad estorbaba, entonces utilizaron las artimañas de los feroces trashumantes del Waldorf Astoria, cenagales, verdugos, piara de prostibularios, esquiroles gubernamentales, sin otra ley y esperanza de apoderarse de todo.

Piedad tuvo un gran reconocimiento internacional por sus posiciones decididas, férreas y de profundo contenido social sobre la situación de América Latina, sentía la necesidad de transformar el crítico estado de pobreza y abandono de grandes grupos poblacionales; en todos los países de la región hay problemáticas comunes, falta de oportunidades, pobreza, alto costo de vida, narcotráfico, estancamiento en el crecimiento, migración, violencia e inconformidad social.

Aprecié a Piedad con el alma, su muerte a mi juicio prematura, por lo cual viviré triste, fue una amiga entrañable, mi yunta en la política, un ser humano extraordinario, valerosa, inteligente, luchadora, decida, comprometida con los más débiles, no tenía pelos en lengua, con fuerte carácter, defensora de sus convicciones a toda costa. Caminamos hombro a hombro con el vivac de la jornada, en nuestra lucha por dar luz al pueblo, amanecíamos soñando que podríamos cambiar esta manigua de cemento.

Muchos colombianos no reconocen su valía y el aporte que le hizo a esta sociedad, otros, por el contrario, la admiramos, añoramos sus palabras de lucha en el Congreso, sus verdades sin temores y las conjeturas que a los contrarios les producía resquemores.

En éste país estamos acostumbrados a jugar a la doble moral, al quita y pone, a imaginarnos que el país está bien eligiendo a lobos disfrazados de ovejas, creyéndonos ricos, sabiendo que tenemos que ver pasar el desayuno y engañar el hambre con promesas, a pesar de esto nos oponemos al cambio, el líder que  salga del redil de la mayoría es duramente cuestionado y desacreditado sin consideración alguna, no hay respeto por la diferencia, no hay derecho a disentir tenemos que tener unanimidad para la conformidad de todos.

Piedad escribió: “Poder Ciudadano en las Calles. (…) Colombia es un país de un grupo de familias que se han sucedido gobernando para enriquecer sus patrimonios y los de sus socios. Colegas, inversionistas a partir del uso del estado y de un marco legal que les ha permitido sostener un sistema de naturaleza colonial a lo largo de más de doscientos años de vida republicana. Este país de estrato 5 y 6 es lo que se denomina la oligarquía, Este país desprecia al campesino, ve con desconfianza al indígena o a la palanquera, le huele a feo la palabra Popular. Por eso las reformas son un asunto de justicia social de equidad e de inclusión (…)”

La historia la escribió Piedad, sobre la lucha social y las etnias, el resto lo escribirán las nuevas generaciones.

Piedad, no te enterramos, te sembramos. De tu tumba florecerán más líderes como tú.

Bucaramanga, 8 de marzo de 2023

*Exrepresentante a la Cámara por Santander.

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Amylkar D Acosta M

"No se puede, entonces, bajar la guardia ni cantar victoria, sería demasiado prematuro hacerlo".

Por Amylkar D. Acosta M*. - Ya han transcurrido cuatro años desde que se declaró como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ataque inmisericorde del COVID 19 a nivel planetario y sólo diez meses desde que dio el parte de que la misma había llegado a su fin. Fueron tres años largos, de pesadumbre y de desazón, con precedentes sólo en tiempos remotos.

Según la OMS esta pandemia cobró más de 7 millones de almas, cifra esta que se queda corta frente a los estimativos del sistema de las Naciones Unidas, para el cual la cifra superaría los 20 millones. Muchas defunciones no fueron registradas ni atribuidas al COVID 19 propiamente dicho sino a sus letales secuelas y ello explica la inconsistencia y discrepancias en las cifras, dada la dificultad de establecer tan difusa como confusa demarcación entre una y otra patología.

Todo empezó el 1º de diciembre en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei de la República Popular China, cuando la autoridad sanitaria reveló la existencia de los primeros infectados y contagiados con el coronavirus SARS – CoV – 2 y lo puso en conocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo Director general Adhanom Ghebreyesus alertó al mundo y declaró la “emergencia de salud pública de importancia internacional” el 30 de enero de 2020.

A poco andar, la que se denominó como COVID – 19 ya se había propagado a los siete continentes, razón por la cual la OMS la declaró como pandemia el 11 de marzo del mismo año. Ello llevó al Gobierno Nacional presidido por Iván Duque a declarar la emergencia económica, social y ecológica, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del año 2020. Dicha emergencia se prolongó hasta el 30 de junio de 2022.

Sólo el 5 de mayo de 2023, el Director de la OMS declaró que “el Comité de Emergencias se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, declaro con gran esperanza el fin de COVID-19 como emergencia sanitaria internacional”. Por fín!

Pese a ello el patógeno sigue mutando y circulando, presentando nuevas variantes. Se habla ahora de la variante úmicron  del virus, que es mucho más contagiosa, aunque menos mortal que otras variantes y  podría llegar a convertirse en una nueva cepa dominante que se esparce peligrosa y velozmente por el mundo. Y más recientemente se ha identificado una subvariante de la misma denominada JN.1 Pirola. No se puede, entonces, bajar la guardia ni cantar victoria, sería demasiado prematuro hacerlo.

Esta pandemia vino a alterar nuestras vidas, afectó y de qué manera nuestra cotidianidad, nos hizo familiarizar con una serie de términos hasta entonces desconocidos para los mortales, tales como las pre-existencias, la intubación, el confinamiento, la paradoja del “aislamiento” social, la virtualidad, etc. Pero, como dijera Warren Buffett, “sólo cuando baja la marea, se sabe quién nadaba desnudo”. Y este es el caso, con su advenimiento, la pandemia se encargó de poner al desnudo muchas de las vulnerabilidades que acusa la sociedad colombiana, entre ellas las falencias y debilidades del sistema nacional hospitalario, que se vio a gatas para sortear la crisis pavorosa que se desató poniendo a prueba el Sistema Nacional de Salud.

Sus consecuencias han sido devastadoras tanto en lo económico como en lo social, al punto que se perdieron por cuenta del COVID – 19 tres años de esperanza de vida al nacer en Colombia, pasando de 77 años en la pre-pandemia a 74. Esta fue una verdadera pesadilla, que provocó un número de decesos sin precedentes. En Colombia particularmente, al corte del 8 de agosto de 2023 se registraron 142.942 víctimas fatales del COVID – 19, muchos de ellos a consecuencia de sus secuelas, que fueron tan mortíferas como la misma enfermedad.

Este infortunio se llevó a muchos de nuestros seres queridos, familiares, amigos y relacionados. Es muy raro encontrar a alguien a quien no tocara, de una u otra manera, este devastador tsunami, que puso a prueba nuestra capacidad de resiliencia. Se volvió un lugar común decir que después de esta amarga experiencia seríamos capaces de sacar de nuestro yo nuestra mejor versión. Por lo pronto quedémonos con la evocación, que se confunde con deprecación del actor, comediante y escritor cubano Alexis Valdés: “cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado”. Amén!

Barranquilla, marzo 10 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Hubert Ariza

La verdad es la máxima expresión de un país que avanza hacia la paz, el fortalecimiento de la justicia y la consolidación de la democracia

Por Hubert Ariza*. - Durante décadas Colombia ha buscado verdad, justicia, reparación y no repetición. Son condiciones esenciales para detener la guerra y para que exista una verdadera reconciliación. No basta con silenciar los fusiles, firmar acuerdos, entregar las armas y tomarse fotos para la historia. Es la verdad la máxima expresión de un país que avanza hacia la paz, el fortalecimiento de la justicia y la consolidación de la democracia.

Es la verdad lo que ha aparecido, muchas veces a cuentagotas, durante los últimos 20 años, gracias a los procesos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y el proceso de Justicia y Paz; y con las Farc, en el gobierno de Juan Manuel Santos, con la Comisión de la Verdad y la JEP. Es entender la verdad como una oportunidad para unirnos como nación y no profundizar la división, y la terrible polarización que sacude la cada vez más débil democracia colombiana.

Con el arribo a Colombia del otrora poderoso jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el pasado 27 de febrero, se ha despertado en la derecha una histeria colectiva por el miedo a las consecuencias políticas y jurídicas de las históricas revelaciones que han salido de los labios de quien antes, con abrir la boca, decidía quién vivía, qué pueblo sería incinerado, dónde se perpetraría una masacre, qué predios deberían cambiar de dueño, o a qué político le ayudarían en su ascenso al poder local, regional o nacional.

El historial de violencia de Mancuso lo muestra como un temible señor de la guerra, surgido de las tierras donde los juglares enamoraron a Colombia y la muerte se ensañó con los más débiles, que cumplió un papel preponderante en la expansión del paramilitarismo, cuya ideología se impuso a sangre y fuego en gran parte del territorio nacional, con un enorme saldo de violación de derechos humanos y de las normas del derecho internacional humanitario. Es largo el listado de crímenes de lesa humanidad de esas organizaciones ilegales.

Los paramilitares, con los Castaño, Mancuso y otros comandantes de triste recordación a la cabeza, permearon el Estado, afectaron la democracia, ocuparon el 35% de las curules del Congreso de la República, tuvieron a la justicia a sus pies, auparon aspiraciones políticas locales, regionales y nacionales, y contribuyeron abiertamente al triunfo de Álvaro Uribe en las elecciones presidenciales de 2002 -como ha sido demostrado- derrotando a Horacio Serpa, quien denunció ese apoyo ilícito que distorsionó la democracia ante el fiscal Luis Camilo Osorio, quien archivó la denuncia sin ni siquiera mirarla.

Gracias a la comparecencia pública y privada de Mancuso ante la JEP, el 17 de noviembre del año pasado, esa jurisdicción aceptó su sometimiento en calidad de “sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004″. Para la JEP, Mancuso “ejerció un rol de bisagra en la cúspide, como superior, con la fuerza pública, con capacidad de establecer patrones de macrocriminalidad”. Esta decisión no lo excluyó de Justicia y Paz.

En sus declaraciones mencionó a 300 personas, entre altos mandos militares, comerciantes, ganaderos y políticos, siendo el más sobresaliente el expresidente de la seguridad democrática y el corazón grande, quien ha arreciado su ofensiva mediática para desmentir las acusaciones en su contra.

Mancuso reveló, además, el estrecho vínculo entre militares, policías y paramilitares en una política de connivencia para exterminar a la oposición, líderes sociales y defensores de derechos humanos, imponer liderazgos políticos, ocupar el territorio y aplicar una estrategia contrainsurgente financiada con el narcotráfico, el despojo, las extorsiones y el saqueo del erario.

Es enorme el listado de víctimas de Mancuso, que esperan de él la verdad que durante casi 16 años permaneció presa en una cárcel de Estados Unidos. Ellas, a través de los medios, han escuchado la versión de la cruenta guerra paramilitar contra la sociedad, que contiene aún muchos espacios en blanco, producto del miedo de este hombre, que antes producía pánico, a que su familia o sus abogados fueran asesinados en Colombia. Por ello, la JEP ordenó “mantener la reserva sobre aquellas declaraciones que puedan poner en riesgo la seguridad de Mancuso, de su familia o de su defensa”.

El retorno de Mancuso al país se ha convertido en un tsunami jurídico y político. Él, sin embargo, parece concentrado en ganar credibilidad y la guerra contra la desinformación y el negacionismo de quienes antes lo veían como su liberador en zonas agobiadas por la guerrilla y ahora lo atacan, convencidos de que es un aliado del Gobierno Petro en una cruzada política de demolición del expresidente Uribe. “Hacer de los criminales personajes públicos portadores de la verdad es una humillación más a la justicia y a las víctimas”, trinó, al respecto, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Mancuso está en la antesala de la libertad, después de que el presidente Petro lo declaró, el pasado 23 de julio de 2023, como Gestor de Paz con un breve trino en el que señaló: “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad… Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”. Una jueza de Justicia y Paz le dio libertad condicional por cuatro años, el pasado 4 de marzo, y está a la espera de que un juez de Barranquilla levante 33 órdenes de captura en su contra.

Las cárceles, montañas y ciudades del país esperan a Mancuso para que comience a demostrar que su presencia es vital para ayudar a cerrar el proceso de Ralito, reactivar las negociaciones con el Clan del Golfo, hallar las personas desaparecidas por el accionar de las AUC y desactivar definitivamente la guerra llenando de verdad el corazón de las víctimas. Para el exjefe paramilitar su nuevo papel como gestor de paz es “incluso más importante que la desmovilización de las mismas Autodefensas Unidas de Colombia”.

Durante 16 años Mancuso ha estado silenciado. En ese tiempo pasó de héroe a villano de la extrema derecha. Es hora de escucharlo sin apasionamientos políticos, para que diga la verdad sin acomodamientos ni intereses mezquinos. Hay que dejar que la justicia actúe, que los responsables de la vergonzosa sangría protagonizada por las AUC paguen sus culpas, que la verdad contribuya a sanar la democracia herida por más de 60 años de una guerra que no para de reciclarse y enconarse y ha dejado más de medio millón de víctimas mortales, diez millones de desplazados y miles de desaparecidos y masacrados.

No hay que tenerle miedo a la verdad, ni llenar de obstáculos la justicia transicional. Gran reto tienen las instituciones, el sistema judicial, las tres ramas del poder y el conjunto de la sociedad para convertir la verdad de Mancuso en justicia y reconciliación, y no en más combustible para impulsar la máquina de la guerra, el odio y la polarización, que no deja de depredar a Colombia. No aceptar las decisiones de la JEP, minar su misión como hacen hoy las antiguas Farc, es un retroceso y una apuesta por la incertidumbre.

Hay que escuchar al presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, quien ha advertido que esa postura de los firmantes de los Acuerdos de la Paz, que promueven una ley de punto final, contribuiría a abrirle la puerta a la Corte Penal Internacional, CPI. “No se pueden amnistiar crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Estos preceptos dan origen a los tribunales de justicia transicional, se materializaron en el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), y esos compromisos tienen que cumplirse porque son obligaciones del Estado”, dijo en entrevista a El Tiempo.

No es el momento de echarle más candela a un país incendiado por la polarización. Hay que escuchar a Mancuso, contrastando al milímetro sus afirmaciones, dándo una oportunidad a las víctimas y reafirmando la confianza en la justicia transicional. Y hay que valorar la inmensa tarea cumplida por la JEP.

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

 Tomado de El País.

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Alfredo Serrano Zabala

Por Alfredo Serrano Zabala*.- Sí, con respecto a la escabrosa millonaria adjudicación de la licitación de los pasaportes y visas para Colombia, que maneja la Cancillería, lo que hay de fondo, es una cruenta disputa entre grupos de poder en un juego con demasiado dinero de por medio.

El primer grupo interesado en asestar el golpe de gracia es el que se armó en la costa Atlántica para llegar al gobierno con el presiente Petro, tropa compuesta por Armando Benedetti, el Clan Torres, Alfonso Prada, Laura Sarabia, en donde se habría sumado la primera dama Verónica Alcocer y con ella, para el contrato de los pasaportes, sus amigos Alex Vernot y su esposa Laura Guillem. Hay que advertir, que en Palacio de Nariño se dice que la dueña de la Cancillería colombiana es Verónica Alcocer. 

El otro grupo interesado, es el de los hermanos Carlos, Felipe y Fernando Bautista dueños de la empresa Thomas Greg & Sons, entidad que maneja actualmente el contrato de la elaboración de los pasaportes en Colombia. 

El periódico El Tiempo del 28 de febrero de 2024, en su artículo ¿Canciller Murillo fue condenado por peculado, como dice Salazar, y está inhabilitado? Indicó que José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro, confirmó que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo estaba inhabilitado. 

El rotativo capitalino dijo que cuando Murillo salió a denunciar que Salazar, por haber adjudicado el contrato de suministro de pasaportes, actuó de manera inconsulta, Salazar ripostó y señaló que Murillo se hallaba inhabilitado para ocupar cargos públicos por haber sido, en el pasado, condenado de peculado por destinación diferente. 

La Unidad Investigativa del periódico El Tiempo, pudo establecer que Murillo había celebrado el contrato número 104 del 5 de septiembre de 1994, con un particular para llevar a cabo arreglos locativos en la escuela Pascual de Andagoya, por un monto de 5 millones de pesos, dinero que había tomado con destinación diferente del programa: “saneamiento ambiental en zonas mineras del departamento del Chocó”, y los invirtió en el sector educación.
En esa ocasión, al hoy canciller encargado Luis Gilberto Murillo, le impusieron una pena de seis meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el término de un año. Luego la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió el fallo por falta técnica, en providencia del 17 de marzo de 1998, entonces quedó ejecutoriada la sentencia condenatoria. Para sustentar lo anterior, José Antonio Salazar mencionó que el artículo 122 de la Constitución prohíbe que, en Colombia, una persona que haya sido condenada en cualquier tiempo ocupe un cargo público.
En sus apartes el artículo 122 indica que… no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado…

Por ahora las autoridades en el país debe determinar si el ex secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar cuando anuló la resolución que declaró desierta la primera licitación de pasaportes y luego adjudicó el contrato de los pasaportes por 599 mil millones de pesos a  la empresa Thomas Greg & Sons, tenía o no facultades legales, advirtiendo que desde el día viernes 23 de febrero de 2024, el mismo canciller Murillo le había devuelto las facultades para hacerse cargo de la licitación y en eso sustentó su polémica decisión Salazar, de adjudicar el multimillonario contrato. 

Ahora la revista Semana este 27 de febrero de 2024, reveló un documento que demostraría que el día que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo iba a despedir de su cargo al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, le entregó facultades para contratar y el funcionario actuó conforme a sus responsabilidades contractuales, es decir, adjudicó la licitación de los pasaportes a la empresa colombiana Thomas Greg & Sons y ahí fue troya. 

No obstante, la resolución 1344 del 22 de febrero de 2024, contradice al canciller encargado Murillo, porque el documento, en poder de la Procuraduría, firmado por su puño y letra, en su artículo 4 hace mención a la entrega de facultades para contratar al secretario general José Antonio Salazar, facultades que el canciller Álvaro Leyva le había quitado.  Entonces Salazar en declaraciones a los medios de comunicación dijo que la mejor salida legal para el Gobierno era entregar el contrato al único proponente y procedió a adjudicar la licitación la Thomas Greg & Sons

El aparte del documento dice textualmente: “Artículo 4: delegar en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores (José Antonio Salazar) la dirección de los procesos de contratación, cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios, sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y, en general, todos los actos relacionados con los mencionados procesos contractuales”, se lee en la resolución que firmó Murillo. 

Ahora la pregunta es ¿por qué le concedió esos poderes si se sabía que José Antonio Salazar saldría de la Secretaría General? ¿Por qué el canciller le entregó facultades a Salazar que ya había expresado que la mejor decisión era entregarle el contrato de pasaportes a la Thomas Greg? 

Como reacción a lo anterior, el acreditado abogado Rodrigo Uprimny indicó en su cuenta de X que el presidente Petro no puede calificar de traidor a un funcionario simplemente porque éste toma la decisión que casi todos los juristas recomiendan: adjudicar a la  Thomas Greg & Sons. La razón. En Colombia la ley no permite declarar desierta una licitación únicamente porque hay un oferente, como lo explican estos profesores. Podría ser deseable cambiar la ley, pero entre tanto debe ser cumplida. 

El error estuvo en el pliego de condiciones, pero ahora el Ministerio tenía que adjudicar a la Thomas Greg & Sons o el Estado perdería la demanda y la empresa obtendría, sin trabajar, una indemnización multimillonaria. Concluyó Uprimny. 

Según el portal periodístico Las2orillas, de septiembre 6 de 2021,   “la impresión de los pasaportes colombianos incluso con su evolución tecnológica que incluye los datos biométricos es solo una de las responsabilidades con las que Thomas Greg & Sons demuestra su importancia en el país, pero esta va mucho más allá: bancos, loterías, universidades, notarías, tabaquerías y grandes cadenas de producción de bebidas alcohólicas imprimen sus sellos de autenticidad con esta empresa que tiene presencia en 17 países”.

Volviendo al Clan de los Torres, el artículo: Las Torres Gemelas, INDRA, Benedetti, el yerno español y las más de 50 empresas del Clan Torres, publicado por el portal El Expediente, el 13 de junio de 2023, da cuenta de la formidable red empresarial de Euclides Torres, el socio oculto de la empresa española INDRA y Armando Benedetti, compuesta por más de 50 empresas que controlan negocios con el Estado que van desde el transporte, salud, seguridad digital, alumbrado público hasta cédulas digitales.  

Como cabecilla del Clan Torres se síndica al dudoso Euclides Antonio Torres Romero, el recordado centro de las amenazas de Armando Benedetti contra Laura Sarabia en aquellos chats publicados por revista Semana. 

Según El Expediente: “los Torres, tenían un poder directo sobre la secretaria privada del palacio Nariño, Laura Sarabia, quien comenzó a trabajar con Benedetti gracias a la recomendación de Efraín Torres. También es importante anotar que su esposo Andrés Parra Valverde trabajó en la UTL del representante Pedro Flórez, también integrante del Clan Torres. Los intereses económicos y políticos de ese grupo empresarial frente al Estado y el gobierno nacional son muchos. Laura Sarabia era sin duda no sólo cuota de Benedetti sino de los empresarios Torres en la presidencia de la República”. 

“El Clan Torres es clave en la elección de Petro por varias razones, pero quizá la más importante es porque servían de puente con INDRA, los españoles encargados de las elecciones presidenciales. También tenían en el bolsillo a la jefe de gabinete Laura Sarabia a quien le vendrían entregado altas sumas en efectivo a cambio de favores en el alto gobierno”, indicó El Expediente.

Por su parte La Silla Vacía en agosto 29 de 2022, desnudó el accionar del Clan Torres quienes manejan concesiones de alumbrado público en 15 municipios de Colombia. “Con sigilo los Torres han logrado crecer su influencia política a la vez que su cabeza, Euclides Torres, concentra negocios por cientos de miles de millones de recursos públicos. Todo a través de una red de sociedades que oculta que se trata de un solo emporio multimillonario”, develó La Silla Vacía. 

Entonces, se especula que  el grupo compuesto por el Clan Torres (quienes tendrían  su propia imprenta) Armando Benedetti, Laura Sarabia, Verónica Alcocer, Alex Vernot y Laura Guillem, con la complacencia del suspendido canciller Álvaro Leyva Durán, habrían entrado a disputar, muy en serio, el multimillonario contrato para la elaboración de los pasaportes en Colombia, torta que disputan con los millonarios hermanos Bautista dueños de la empresa Thomas Greg & Sons, entidad que un día amanece con el contrato adjudicado y al siguiente día resbalándose de sus manos.   

Lo cierto, es que el poder del Gobierno en términos contractuales, le da la capacidad de hacer con esta licitación lo que le parezca, puede, por ejemplo, realizar un convenio interadministrativo para que lo ejecute la Imprenta Nacional con el aval de la Contraloría que negó la urgencia manifiesta, decisión que condujo a la suspensión del canciller Álvaro Leyva Durán, o en su defecto, abrir una nueva licitación con todo y los tiempos que para ello se requiere. 

Según el portal Infobae del 27 de febrero de 2024, el Gobierno Petro insistirá en quitarle el contrato de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons. Infobae indicó que: “luego de que el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, tumbara todas las decisiones tomadas por el suspendido canciller Álvaro Leyva para evitar que Thomas Greg & Sons (TGS) se quedara con el contrato para la elaboración de pasaportes por casi $600 mil millones, y le adjudicara la licitación a dicha compañía británica, se desató una tormenta política en la Cancillería y la Casa de Nariño”. 

Recordar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el primero en rechazar la decisión de José Antonio Salazar, quien revocó la declaratoria de licitación desierta y finalizó la urgencia manifiesta, tomada por Álvaro Leyva Durán para entregarle el contrato para la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes a la Thomas Greg & Sons. 

Salazar salió en su defensa y le dijo al diario El Colombiano de Medellín que adjudicó el contrato porque la Constitución y la Ley están por encima del presidente. En medio del escándalo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, nombró, en la noche del lunes 26 de febrero, a Paola Andrea Vásquez como nueva secretaria general de la Cancillería, en un intento por evitar que más funcionarios tomen decisiones en contra vía de los intereses del Gobierno Petro. 

“En cuanto a otras ‘jugadas’ que habría puesto sobre la mesa el Gobierno nacional para quitarle la licitación a Thomas Greg & Sons, el diario El Colombiano conoció que antes de que Salazar le otorgara el millonario contrato a TGS, fuentes de la Cancillería le confirmaron al rotativo que desde la entidad trabajaban en una serie de argumentos para asignarle ese contrato a la Imprenta Nacional, quien a su vez subcontrataría a la compañía mexicana Accesos Holográficos, para que realizara el proceso”. 

Accesos Holográficos no registraba experiencia en la elaboración de pasaportes ni cuenta con contratos gubernamentales en ninguna parte del mundo que acrediten esa experiencia requerida. Se conoce que, en un negocio entre la Imprenta Nacional y la Fábrica de Licores de Antioquia por 7 mil millones de pesos, la Imprenta Nacional subcontrató a Accesos Holográficos para la elaboración de 26 millones de sellos antifraude que llevarían las botellas de aguardiente. En ese negocio la Imprenta Nacional tuvo un detrimento patrimonial por 267 millones de pesos. 

Accesos Holográficos es una empresa mexicana que registra activos por unos 740 millones de pesos e ingresos en la vigencia 2023, de 3.100 millones de pesos y con esas cifras aspira a quedarse con el multimillonario contrato de los pasaportes en Colombia. 

Vale recordar que el 2 de octubre de 2023, la Cancillería de Colombia mediante un comunicado de prensa anunciaba la alianza estratégica entre la Imprenta Nacional de Colombia y la empresa mexicana Accesos Holográficos. Se conoció, además, que en diciembre del año pasado se denunció ante la Comisión Federal de Competencia Económica de México, a la empresa Accesos Holográficos por prácticas anticompetitivas. 

Entonces el escándalo de los pasaportes en Colombia sigue aumentando y las sospechas acrecentándose, porque saltaron de frente, los grupos de poder quienes incluso, pasaron por encima del propio presidente de la República Gustavo Petro, en busca de ganar la licitación. 

Por ahora el presidente Petro tendrá que respetar la adjudicación de la licitación, porque la empresa Thomas Greg & Sons ha cumplido con todos los requisitos legales y pliegos exigidos de acuerdo a las necesidades tecnológicas, proceso que la empresa colombiana se ha ganado en franca lid, labor que por cierto, ha venido cumpliendo a satisfacción.  

De momento la Casa de Nariño está que arde y no se vislumbra quien apague ese incendio.

Bogotá, D. C, 4 de marzo 2024

*Escritor. Periodista.

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