"Avanza en el país un trascendental debate, el denominado 4G; una verdadera revolución que desde las tecnologías de la información y las comunicaciones, nos permitirá entrar en una fase muy desarrollada en la prestación de servicios móviles.
Más allá del servicio telefónico, podremos interactuar con grandes volúmenes de información a distancia.
Tratándose de un servicio público trascendental que afectará la vida de todos, lo más importante de la decisión, no es sólo el aspecto técnico o económico, sino el componente social.
Tratándose de un servicio público trascendental que afectará la vida de todos, lo más importante de la decisión, no es sólo el aspecto técnico o económico, sino el componente social. Estas nuevas aplicaciones demandarán utilización muy significativa del espectro radioeléctrico, por tanto, su planeación, gestión y asignación eficiente, deben estar orientadas a que el mayor número de proveedores puedan tener permisos para su uso, garantizarse el acceso democrático al mismo e impedir su uso en monopolio, tal como se deriva del mandato del artículo 75 de la Carta Magna. En próximo debate demostraremos, que en la medida en que se fortalece la posición de un proveedor de servicios frente a los usuarios, se facilitan las condiciones para que abuse de su posición dominante.
Lo anterior nos hace pensar que deben tomarse en cuenta consideraciones de orden técnico y económico, como las relacionadas con la correcta planeación, administración y gestión eficiente del espectro, de tal manera que las bandas asignadas sean las adecuadas y la parcelación que se realice sea la pertinente; y que no se afecte el desarrollo de la libre competencia entre los diferentes proveedores, en especial, que no se facilite la concentración económica y consolidación de monopolios, así se indique que se trata solamente de posición dominante.
Consideramos claves para el análisis: actual asignación del espectro y posible concentración en uno o varios operadores, máximo posible de asignaciones sin interferencias perjudiciales, uso compartido de las redes y del espectro, posible segmentación para que sean varios los proveedores que tengan derecho al uso de las mismas bandas, probables asignaciones de bandas complementarias que compensen las condiciones en que se desarrolla el mercado, y en fin, poder disponer de información suficiente y pertinente para tomar las decisiones más acertadas para el bienestar de todos.
En medio del análisis descrito surge una cuestión esencial en materia de servicios públicos, la relativa a los usuarios, su protección y posibles abusos de posición dominante en la que pueden incurrir los proveedores de este tipo de servicios. Asunto esencial que debe ser prioritario al momento de adoptar nuevas decisiones y sus consecuentes efectos en tarifas, atención, calidad y coberturas pues la tecnología tiende a concentrarse solo en grandes ciudades.
La asignación de bandas, como la ancha, que tiene capacidad de cubrimiento muy limitado, aparece como un nuevo obstáculo que debe ponerse de manifiesto y consiste en la necesidad de definir una política que permita llegar a los habitantes ubicados en centros rurales, pues si estas tecnologías se concentran sólo en grandes ciudades, la brecha digital se consolidará de tal manera que el desarrollo urbano se convierte en el más grande enemigo de los habitantes del campo.
Tratándose de un servicio público trascendental que afectará la vida de todos, lo más importante de la decisión, no es sólo el aspecto técnico o económico, sino el componente social, que para el caso tiene dos elementos sustanciales: de un lado, las coberturas que deben llegar a la totalidad de los habitantes del territorio, aún a aquellos municipios que no se comportan como mercados eficientes y del otro, la protección de los derechos de los usuarios.
En la tradición jurídica colombiana, que se reitera en leyes como la 72 de 1989, la 37 de 1993, la 555 de 2000 y la 1341 de 2009, se ha mantenido como constante en los últimos años, que las telecomunicaciones, tanto las fijas como las móviles, son un servicio público y como tal requieren de la intervención del Estado, con el fin de garantizar su prestación eficiente a la totalidad de los habitantes del territorio".
* Senador Liberal
