A este gobierno le ha estallado en sus manos la bomba de tiempo del Sistema Nacional de Salud (SNS) cuando menos lo esperaba.
Apenas dos semanas después del gran anuncio por parte del Presidente de la República Juan M Santos de la unificación del Plan Obligatorio de Salud (POS), medida ésta prevista en la misma Ley 100 y ante su incumplimiento ordenada por la Corte Constitucional en 2008 y tardíamente acatada por este Gobierno, como la gran panacea. El presidente Juan Manuel Santos, en un discurso desde Villavicencio dijo que "ya no podrá haber pacientes de primera y de segunda clase…En adelante, todos los colombianos, sin excepción, sin importar a qué régimen pertenezcan, sin importar su edad, tienen derecho a los mismos tratamientos, a los mismos procedimientos y a los mismos medicamentos".
Pero, en la práctica que está pasando? Que, con la homologación del POS, a las EPS del régimen subsidiado se les obligó a cubrir los mismos servicios pero con menos recursos. Mientras la Unidad Por Capitación (UPC) del contributivo es de $547.639, la del subsidiado quedó en $433.666. Las consecuencias no se hicieron esperar. El SNS colapsó y tanto los afiliados al régimen subsidiado como los del régimen contributivo quedaron en el peor de los mundos. Con razón decía el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, que a lo que aspira el ciudadano de a pie no es a la igualdad retórica ante la Ley sino a la igualdad real ante la vida.
Como lo advirtió el Presidente del Senado de la República Roig Barreras, afecto al Gobierno: “no han dimensionado la magnitud de la crisis y se han demorado en dar una respuesta integral. Es hora de reformular todo el sistema. No se le puede seguir poniendo curitas a un herido grave”. De modo que, si bien la reforma de la Ley 100 no estaba en la Agenda legislativa del Gobierno, este tendrá que vérselas cómo tramitar un proyecto de ley con mensaje de urgencia para enfrentar esta crisis del SNS sin precedentes. Este es un reto mayúsculo para el Gobierno del Presidente Santos que tiene como su paradigma el buen gobierno y como meta la prosperidad para todos. Transcurridos dos años de su gobierno, ya pasó la hora de los anuncios efectistas y de los titulares de prensa, para pasar de la retórica a la acción intrépida.
Ante la movilización nacional de la Marcha blanca demandando cambiar de cuajo la Ley 100 de 1993, que es en donde está el nudo gordiano de la crisis de la salud, que ya tocó fondo, el Presidente Santos se apresuró a anunciar un “revolcón en salud”, que por ahora se ha limitado al giro de $1.2 billones para darle liquidez al sistema. Pero, es que el problema no es sólo de liquidez sino de solvencia de muchas de las EPS, en donde cunde la corrupción, algunas de ellas de papel y el esquema laberíntico para el flujo de los recursos, en cuyos meandros se embolatan mientras los hospitales están al borde del cierre por la abultada cartera. Como lo denunciaba el Alcalde Petro, las EPS “nada más en Bogotá deben $250.000 millones”, mientras en el FOSYGA, según ACEMI, siguen atrapados más de $2.5 billones, buena parte de los cuales están invertidos en TES financiando el déficit del Gobierno central.
Colombia, a pesar de ser uno de los países que invierte más en salud - alrededor de los $35 billones – los recursos se quedan cortos y es porque se quedan en el camino, en manos de los intermediarios. Para Jaime Arias, Presidente de ACEMI, esta es “apenas es una solución financiera” y nada más; los aspectos estructurales, que es en donde está el meollo del problema siguen intactos. Mientras el desempleo sea de dos dígitos y la informalidad ronde el 60%, va a ser muy difícil contar con un sistema sostenible tanto en salud como en pensiones.
Cuando se expidió la Ley 100, se partió de la base de una mayor dinámica de la economía, pero esta premisa falló y de allí que el modelo, según el DNP, contemplaba como meta que “del 70% de la población total tuviera capacidad de pago y se afiliara al régimen contributivo y que el 30% restante fuera beneficiaria del régimen subsidiado. La relación hoy es de 40% en régimen contributivo y 60% en régimen subsidiado”. De allí que, según el DANE, para el último trimestre de 2011 de 21.2 millones reportadas como ocupadas, sólo 19 millones estaba afiliada al sistema de seguridad social en salud, de los cuales a duras penas 7.6 millones correspondían al sistema contributivo. El modelo, entonces, ha sufrido un dislocamiento y a ello hay que ponerle correctivos, de lo contrario no es sostenible financieramente. Mientras no se le den soluciones de fondo, el SNS seguirá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.
Bogotá, septiembre 8 de 2012
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