Reportajes

Por: Andrés Páramo Izquierdo* El 19 de noviembre de 2015, prácticamente un mes antes de que la Alcaldía en cabeza de Gustavo Petro terminara su paso por Bogotá, el exsecretario de Educación, Óscar Sánchez, expidió de su puño y letra la Resolución 2095, la cual tenía como finalidad establecer unas directrices y lineamientos para la regulación de la oferta de bebidas y alimentos que las tiendas escolares de los colegios públicos de la ciudad hacían a niños, niñas y adolescentes. 

De acuerdo con Andrea Verú, ex directora de Bienestar Estudiantil en la Secretaría de Educación, la Resolución 2095 fue el punto final del camino largo que emprendieron cuando quisieron darle al Programa de Alimentación Escolar un enfoque holístico que partía de más y mejores refrigerios y comidas calientes hacia otras medidas: los colegios públicos pasaron, de acuerdo con su testimonio, de aproximadamente “610 mil a 745 mil raciones diarias de alimentación escolar”. Chuleado ese punto, empezaron a aterrizar el trabajo para el desarrollo de la Resolución: “como antecedente, empezamos a hacer unas reuniones, unas conversaciones y unas indagaciones sobre la tienda escolar, porque justamente queríamos hacer esos cambios nutricionales en todo el espectro. La intervención integral no podía quedar floja (...) con las tiendas escolares por fuera”. 

La Resolución, en fin, fue prohibiendo, aunque de manera muy gradual, la venta de bebidas azucaradas, bebidas con edulcorantes naturales, artificiales o ambos, incluidas las gaseosas de todo tipo, y los alimentos fritos en las tiendas escolares. De esta manera, el primer año de entrada en vigencia de la normativa, no podían ofrecerse estos productos dos días por mes. El segundo año, cuatro días. El tercero, seis. Y así, de manera escalonada, hasta completar la eliminación total de la oferta de este tipo de comestibles durante el mes completo (y por ende, todo el año), cosa que duraría, por demás, ocho años. En cuentas blancas, la regulación sería totalmente efectiva hasta 2023 (habría que saltarnos este 2020 de pandemia mundial por Covid-19, donde las tiendas no operaron). 

Todo ello, dentro de un marco para la creación de ambientes saludables para las niñas, niños y adolescentes que asistieran a esas instituciones educativas. Esta regulación fue elaborada, revisada, aprobada y firmada por una veintena de funcionarios de dicha Secretaría. 

Por la fecha en que fue expedida, y por la forma progresiva en la que regula la oferta de bebidas azucaradas, es evidente que la norma se estableció como una regulación hacia el futuro: hacia otras administraciones venideras que vigilaran su cumplimiento, hacia otras generaciones de niños que le sacaran provecho y hacia otras reacciones de aquella industria que podría verse afectada por cuenta de las prohibiciones que allí se establecieron. 

Nada cae de la nada, sin embargo. Cada vez se hace más evidente que si no existe un esfuerzo estatal para la regulación y concientización del consumo de bebidas azucaradas, comestibles ultraprocesados, y en fin, todo aquello que no tenga mucho aporte nutricional (aunque sí calórico), los niños, niñas y adolescentes van a consumir a plenitud y desarrollar enfermedades que a largo plazo afectarán la salud pública de una sociedad entera. 

Los datos, los ejemplos y los contextos se han repetido hasta la saciedad en el mundo, pero al parecer nunca sobra repetirlos: desde 1975, de acuerdo a los datos que recauda la Organización Mundial de la Salud (de aquí en adelante: OMS), la obesidad se ha triplicado en todo el planeta. Para 2016, más de 1900 millones de adultos, de 18 o más años, tenían sobrepeso: 650 millones de ellos sufrían de obesidad. En las últimas cuatro décadas, la obesidad presente en la vida de los menores de edad ha aumentado 10 veces. Un estudio que en 2017 hicieron el Imperial College de Londres en conjunto con la OMS dice que, si se mantienen los índices actuales, para 2022, es decir, de aquí a dos años, va a haber más población infantil con sobrepeso que con insuficiencia ponderal (por debajo del peso saludable): mejor dicho, fuimos pasando como humanidad de un extremo enfermizo al otro. 

Ahora, en Colombia: la Encuesta Nacional de Salud Escolar, año 2018, consultó a 79.640 estudiantes de 13 a 17 años en todo el país acerca de hábitos de salud y factores relacionados con ella. Los resultados: 86% de los estudiantes escolares no consumen frutas ni verduras, 74% consumen una o más bebidas azucaradas al día, 47,3% consume fritos una o más veces al día, 14,8 por ciento se come algún tipo de comidas rápidas tres días a la semana y 83% come paquetes de ultraprocesados más de una vez al día. 

De acuerdo con un informe publicado en 2016 por la Comisión para acabar con la obesidad infantil, de la OMS, esta enfermedad en los menores de edad, que por cierto puede desarrollar en el futuro enfermedades crónicas no transmisibles (como la diabetes o la hipertensión arterial), se impulsa gravemente cuando los niños, niñas y adolescentes son expuestos permanentemente a ambientes “obesogénicos”. Dicho en cristiano, menores de edad expuestos a lugares donde el acceso y el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas no solamente es fácil, sino incluso puesto como prioridad, con publicidad en estanterías o neveras y sin ningún proceso pedagógico detrás. 

Y esto es grave, ya que, según también estudios que se han ido acumulando con el paso del tiempo y que repiten lo mismo sin ser escuchados, la publicidad y oferta fácil de productos hace que los niños se vean más propensos a consumir comestibles que son dañinos para su salud: la habilidad cognitiva para entender que la publicidad es persuasión y no verdad se desarrolla hasta los once años. 

Valentina Rozo, investigadora, autora del libro “Dime dónde estudias y te diré qué comes: oferta y publicidad en tiendas escolares de Bogotá”, dice que el problema se agrava porque muchos colegios no distinguen la primaria del bachillerato dentro de sus instalaciones: “si tú eres de segundo de primaria y vas a la tienda, vas a ver toda la nevera llena de Coca-Cola, o toda la nevera llena de Pony Malta: lo estás viendo y esa es una forma de publicidad. Eso es algo que se te vuelve un deseo, más si estás viendo a los estudiantes que son mayores que tú, seguramente esas figuras que admiras, que sí toman (esos productos)”. 

En Bogotá el tema de la presencia de la obesidad en la población no cambia mucho respecto a los datos de Colombia o del mundo. De acuerdo con la encuesta “Cuídate, sé feliz”, de la Secretaría de Salud, el 55,2% de los ciudadanos entrevistados en el espacio público (uno de cada dos) presentaban exceso de peso. 

Todo esto hace lógica la entrada en vigor de una regulación que, previendo temas como la salud pública, el derecho de los niños a un entorno saludable o incluso el costo económico que implica tener enferma a la población (datos del Ministerio de Salud de 2013 indican que la diabetes por cuenta de bebidas azucaradas en ese año fue de 470 millones de pesos), regule de manera más drástica lo que tenemos hasta ahora en un entorno tan vulnerable como el escolar. 

Nada cae sobre la nada, sin embargo. 

Expedir una regulación a la venta de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados ideal, drástica, de aplicación inmediata, ha sido de las gestas más difíciles que se puedan emprender en un país como Colombia, pese a que, por todas partes, a la luz de la evidencia científica más insistente, y de regulaciones jurídicas amplias (recomendaciones de la OMS, la Constitución Política de Colombia, el Código de Infancia y adolescencia, la Ley 1355 de 2009, llamada ley de obesidad, entre otras), es el camino adecuado. 

Lo hemos visto en más de una ocasión. 

Puede que haya evidencia, intención de regular de manera drástica como ya pasa en otras latitudes (Ecuador, Chile), pero, a la par, una serie de interferencias para que esto no suceda así. Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, una entidad que busca promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, dice que “en general, y tal vez la primera consulta que yo hice formalmente fue a un viceministro, en el año 2013, y le pregunté por qué no se había reglamentado la Ley de Obesidad. Ya habían pasado cuatro años. Y él me dijo en ese momento: ‘es que hay mucha presión para que eso no pase’. Y así me lo dijo: era como punto final”. 

Para una organización como Red Papaz, que ha acompañado estos intentos de política pública, los gremios de repente se unen en contra de cualquier cosa que se vislumbre en el horizonte con el aviso de la regulación. La industria azucarera, dice Piñeros, no lo hace sola, sino, por ejemplo, y entre otros actores, con la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (de aquí en adelante: Andi), con el fin de que las cosas sigan como están: “hay un tema histórico en que los gobiernos permiten esa influencia de la industria”. 

Un ejemplo: en noviembre de 2016 llegó al Congreso de la República la discusión de la reforma tributaria, que incluía en su articulado un impuesto de 24% a las bebidas azucaradas, cosa que debía discutirse al interior del capitolio. El debate no vio una sola luz de esperanza. Lo que sí se vio fue la presencia de al menos 70 cabilderos, un amplio número de representantes de gremios como la Andi, Asocaña o Fenalco, miembros de empresas de bebidas azucaradas, como Coca-Cola o Postobón y también representantes de industrias de comestibles ultraprocesados. Y, por supuesto, todos a una, se fueron por lo mismo: tratar de frenar la regulación. 

“Digamos (dice Piñeros), que las asociaciones de la sociedad civil y la academia prestan como un servicio técnico, de apoyo (de información, de datos). El otro trabajo, que hacen todos estos gremios y estas empresas, es como una presión distinta, que tiene que ver con los intereses económicos, como ‘tú qué me das y yo qué te ofrezco’. O muchas veces les recuerdan a los congresistas que su partido, o que su misma candidatura, fue apoyada por fulanito y que ellos son parte de ese gremio, de esa industria”. 

Carolina Medina, directora de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación (quien en 2014 entró en reemplazo de la ya citada Andrea Verú), una persona que estuvo detrás de procesos de capacitación a tiendas escolares, así como jornadas pedagógicas con tenderos, estudiantes y colegios públicos que han tenido procesos exitosos reduciendo a cero la oferta de bebidas azucaradas y fritos, nos contó que, justo antes de expedir la Resolución 2092, llegó la Andi, en forma de una división llamada Cámara de Alimentos, a tocar la puerta. 

“Ellos (dice Medina), en el marco de la expedición de la Resolución, hicieron bastantes reclamos públicos a través de derechos de petición, a través del Concejo de Bogotá, diciendo que no podíamos estigmatizar un producto”. Es decir: elevaron recursos legales para decir que un acto como estos, una regulación, se dedicaba a estigmatizar ciertos productos, cuando, como dice la misma Carolina, en ninguna parte del cuerpo de la Resolución se ve una marca específica. “Todas las empresas (sigue Medina) que comercializan y se lucran de la adicción al azúcar que tienen los seres humanos, manifestaron su queja y dijeron ‘bueno, a nosotros en términos de ventas no nos impacta, esto es quitarle un pelo a un gato, o sea, las empresas no viven de vender en las tiendas’. Lo que a ellos les costaba era el daño a la imagen del producto, es decir, que lo prohibieran en colegios porque algo malo tendría”. 

A ella, a Medina, le manifestaron que lo que sí les impactaba realmente era una disminución de las ventas en las tiendas de barrio. Y que si prohibían sus productos en los colegios, pues los padres de familia dejarían de consumirlos también en sus casas, cosa que les afectaría mucho. 

El impacto sobre la propia imagen: por eso estaban preocupados. 

El punto fue que la regulación quedó así: con un plazo de ocho años para su ejecución total.  

El centro de estudios Dejusticia, una ONG que investiga y toma medidas de incidencia en favor de los derechos ciudadanos, elevó el 6 de marzo de 2019 un derecho de petición para saber las razones por las cuales esta medida fue tomada contemplando dicha gradualidad. La Secretaría de Educación de entonces, ya bajo el gobierno de Enrique Peñalosa como alcalde, les dijo que: “en su momento, las condiciones establecidas en la Resolución crearon ‘oposición’ o ‘rechazo’ en particular de la industria de   y de los mismos tenderos escolares, exponiendo entre otros elementos de carácter económico, por lo que la progresividad en su implementación, fue un mecanismo conciliador frente a las directrices definidas”. 

Y pues bien, puede sonar razonable, incluso loable, el hecho de entender realidades (como que los tenderos arriendan el espacio y necesitan ganancias) después de que el Distrito, como nos lo contaron las dos ex directoras de Bienestar Escolar de la Secretaría de Educación, Medina y Verú, hayan realizado un trabajo de campo arduo tratando de entender el tema de las tiendas escolares y aplicando en algunas de ellas un proceso de iniciación en la política, priorización en las acciones, nominación y finalmente certificación, también teniendo en cuenta que, para la época, existían (según Medina) 468 tiendas escolares. 

Sin embargo, frente a esta realidad, que no es menor, se levanta la otra, la que ya expusimos, que evidencia la urgencia casi insoslayable de que estas medidas se tomen ya mismo (la propia Resolución cita al inicio una serie de medidas que invitan a pensar en la premura del tema). De hecho, en esto último fue en lo que se basó Dejusticia para pedir, a través de la figura de un derecho de petición fechado el 10 de mayo de 2019, que la Secretaría de Educación interviniera con el fin de modificar el artículo (el 5, de la Resolución 2092 de 2015) y, materialmente, prohibir la venta de estos alimentos no tan saludables en los entornos escolares. 

Jesús David Medina, un investigador de Dejusticia que estuvo detrás de estas acciones, dice que ellos han dirigido una serie de derechos de petición para que “tanto la alcaldía de Enrique Peñalosa en su momento, como ahorita la de Claudia López, implementaran de manera inmediata esa restricción a la comercialización de bebidas azucaradas y comida chatarra, incluso de productos fritos, que trae la regulación”. Ellos argumentaron en su momento, de acuerdo con el mismo Jesús Medina, que ese periodo de gracia de ocho años no se sensibilizaba “por un lado, con las cifras que hacen las instituciones del Estado con relación a los niveles de sobrepeso y obesidad en menores, que aumenta justamente en la etapa escolar, y, por el otro, con el conjunto de obligaciones nacionales e internacionales del Estado en relación con la alimentación adecuada de niños y niñas”. 

La administración Distrital les respondió que ellos no lo hacían porque la regulación obedecía a una política pedagógica y de cultura a través de la cual era necesario que en esos ocho años se pudiera implementar. 

Ocho años, en estos términos, es un periodo de tiempo muy largo. Al menos en eso coinciden varios expertos. Diana Guarnizo, también de Dejusticia, dice que si bien la Resolución es un primer paso en un marco regulatorio ideal, y que adaptar tiendas para vender cosas saludables requiere de cambios de hábitos y la compra incluso de insumos (como neveras o cursos de capacitación), el tiempo que establece es demasiado laxo: “ocho años son muchísimo como tiempo de transición para una normatividad que no debería requerir más de un año. Establecer un tiempo de regulación tan largo es someter a una generación de niños a unos ambientes alimentarios que no son adecuados para ellos. Bogotá debería destacarse siendo un modelo en el tipo de regulación de ambientes escolares y tendría todas las condiciones para hacerlo”. 

En el entretanto, la Andi nunca se quedó quieta. O mejor: se movió rápido para luego quedarse inmóvil. Y en una jugada del tipo no-me-regulen, que-yo-me-regulo se sacó de debajo de la manga, a través de su Cámara de Industria de Bebidas, el llamado “Acuerdo de Autorregulación” del 19 de mayo de 2016,  justo cuando la Comisión de para la Equidad y la Competitividad Tributaria propuso que se impusiera un impuesto a las bebidas azucaradas. 

Entre las medidas, que por otra parte no son exigibles, ya que un acuerdo de este tipo no tiene vinculatoriedad alguna, se planteaba comercializar exclusivamente en las escuelas primarias las siguientes bebidas: agua mineral, jugos con un contenido de 100% de fruta, bebidas cuyo contenido de fruta sea superior o igual al 12% (no se menciona en el acuerdo el nivel de azúcar) y bebidas a base de cereal (para incluir la Pony Malta, que tiene un porcentaje de azúcar alto), con la salvedad, eso sí, de aquellas que sean “solicitadas específicamente por o con el acuerdo de la administración de cada colegio para propósitos institucionales, educacionales o formativos”. Este acuerdo fue firmado por las ocho empresas más grandes de bebidas azucaradas en Colombia, a saber: AJE, Monster Energy, Pepsico, Postobón, Coca-Cola, Coca-Cola Femsa, Bavaria y Redbull. 

Y eso quedó más o menos así, como un saludo a la bandera. Los gobiernos dejan que esas cosas pasen, como nos afirmó Carolina Piñeros de Red Papaz. 

Al presente, bajo una óptica llamémosla estricta, existen dos regulaciones que deberían operar en las tiendas escolares: la Resolución 2092 de 2015 (que es gradual y supone una transición de 2015 a 2023) y ese mencionado acuerdo de autorregulación de la industria de bebidas azucaradas (que no tiene vinculatoriedad). Lo cierto es, sin embargo, que, analizadas estas disposiciones y contrastadas con la realidad, se ha demostrado que no tienen la suficiente notoriedad ni aplicación en los colegios. 

En el documento “Sobrepeso y contrapesos: la autorregulación de la industria no es suficiente para proteger a los menores de edad”, de la investigadora Valentina Rozo, quien realizó en 2017 un trabajo de campo en 12 colegios de la localidad de Ciudad Bolívar (valga recordar que los colegios a los que va dirigida la Resolución son los oficiales, para los privados se ofrece como guía), hay muchos baches en cuanto a la información y la aplicación. La Resolución, por ejemplo, es aplicada en el 25% de los colegios, y la justificación de quienes no la cumplen, es básicamente porque la tienda pertenece a un tercero y no existen elementos como tiempo, conocimiento, interés o capacidad técnica para hacer la adaptación. En el caso del acuerdo de autorregulación el tema es más grave: ningún tendero la conoce. Es decir, siguen promoviéndose y vendiéndose el tipo de bebidas que las empresas acordaron no tener dentro de las tiendas escolares. 

Si bien hay casos de éxito, como nos comentó Medina, la ex directora de Bienestar Estudiantil, e incluso casos en los que, después de una ayuda intersectorial entre Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, en conjunto con fundaciones como la Cardioinfantil, se lograron hacer adaptaciones a las primeras quejas de los tenderos, muchos colegios siguen sin ser parte de este éxito relativo de la medida. 

El panorama, entonces, es el de una regulación progresiva por un lado y una autorregulación que no se cumple ni se conoce por el otro, en contraposición a una industria que tiene un cabildeo poderoso y que, incluso manifestando que las tiendas escolares no son objeto de su preocupación, sí levantaron quejas e hicieron esfuerzos para que las cosas quedaran como venían. 

Por Ramón Alberto Soto.- En el informe, la MOE, (Misión de Observación Electoral), al frente de Alejandra Barrios, revela que al 31 de octubre del presente año, se registraron 96 hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y comunales.

El tipo de liderazgo más afectado es el social, que concentró el 63.5% de las agresiones (61 hechos), seguido del político con el 29% (28 hechos) y del comunal con el 17% (7 hechos).

De acuerdo con el “Informe sobre la violencia contra las mujeres que ejercen liderazgos políticos, sociales y comunales”, desde el 2017 hasta lo corrido del 2020 se viene presentando un crecimiento constante del número de afectaciones en contra de los roles de liderazgo ejercidos por mujeres. En particular, el incremento de hechos contra lideresas comparado con el mismo periodo de 2018 es alarmante, ya que se registra un aumento del 57%, confirmándose así la tendencia creciente de violentar a las mujeres que ejercen roles de liderazgo y representación.

De otra parte, llama la atención que 13 de los 27 hechos letales de los que fueron víctimas las lideresas, que representan el 48% de ellos, ocurrieron en territorios PDET. De acuerdo con Alejandra Barrios, Directora de la MOE, “en estas regiones, los asesinatos y atentados se concentraron en las lideresas sociales, que representan proyectos o causas que son contrarias a los intereses de quienes pretenden controlar estos territorios, ante la falta de presencia estatal”.

El hecho violento más recurrente contra las mujeres en ejercicios de liderazgo es la amenaza, con un total de 68 hechos. Las amenazas frente a las lideresas tienen una característica particular, pues quien las realiza recurre a estereotipos y simbolismos de género que extienden el impacto a sus familiares y allegados, afectando así la integridad psicológica de quienes las rodean, convirtiéndose de esta manera en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en esos mismos espacios.

Para la MOE, resulta preocupante que los patrones de violencia se estén modificando hacia la letalidad de los hechos en contra de las lideresas sociales, quienes fueron víctimas del 81% de los asesinatos y atentados contra la totalidad de las lideresas, registrados en este periodo (22 de los 27 hechos). En cuanto al componente étnico de la violencia contra las lideresas, se registraron un total de 17 hechos que se concentran especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca y la Guajira. De las 15 acciones violentas registradas contra lideresas indígenas, 7 fueron letales. En lo concerniente a las lideresas afro, se registraron 2 hechos de violencia, un atentado y una amenaza.

En este contexto, la MOE reitera las recomendaciones contenidas en el Informe de Violencia contra Líderes Políticos, Sociales y Comunales correspondiente al primer semestre de este año, para que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos locales y demás autoridades involucradas establezcan estrategias integrales de protección colectiva que tomen en consideración las condiciones y contextos específicos en los que se encuentran las lideresas, y propongan la adopción de políticas diferenciales, con un enfoque interseccional.

De otra parte, el Informe da cuenta de una investigación cualitativa que ha venido adelantando la MOE, misma que busca documentar y ampliar la comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres en política, a fin de visibilizar y reconocer otras formas de violencia, como lo son la psicológica, la simbólica/cultural y la económica, entre otras, que se explican bajo las discriminaciones en razón de género.

Al respecto, Barrios enfatizó que “de la investigación adelantada se desprende una paradoja frente a la violencia contra las mujeres en política, ya que si bien las lideresas políticas entrevistadas reconocen que se requiere incrementar la participación de las mujeres en los espacios políticos para eliminar las distintas formas de discriminación, quienes ya han participado en esos ámbitos no quisieran hacerlo nuevamente, precisamente por la violencia de la que fueron objeto”.

Desafortunadamente, como muestra la investigación, este tipo de violencia de género es recurrente, pero está altamente normalizada por las dinámicas de funcionamiento de la política tradicional en la que se privilegia la representación masculina. Ángela Rodríguez, directora para América del Sur del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria – NIMD, organización que trabaja junto a la MOE en la protección de liderazgos sociales, políticos y comunales, instó a los directores de las colectividades políticas a ofrecer a las mujeres de sus organizaciones instancias seguras para denunciar la violencia ejercida por sus copartidarios, así como castigos efectivos para quienes la ejerzan pues “actúan como una barrera determinante para limitar el acceso y permanencia de las mujeres en el ejercicio político”.

La MOE y NIMD hacen un llamado al fortalecimiento de políticas públicas, mediante la expedición de leyes y regulaciones sobre la materia, pero también a través de acciones al interior de los partidos, movimientos sociales y políticos, y las corporaciones públicas para garantizar el ejercicio de la política por parte de las mujeres, en un ambiente libre de violencia de género y discriminación.

Bogotá, D. C, 1 de diciembre de 2020

Por Carlos Villota Santacruz*.- Cuando el 25 de noviembre de 2020 pasado el mediodía se conoció el fallecimiento (paro respiratorio) de Diego Armando Maradona, el planeta fútbol se conmocionó desde Argentina, pasado por España, Italia, Colombia y los Estados Unidos.

Su desaparición sorpresiva hizo brotar entre los argentinos "la llama de la pasión por el fútbol", al que consideran no sólo un deporte sino una religión, llevada a límites insospechados.

Quienes hemos vivido en Buenos Aires, caminar las calles del barrio de La Boca, Núñez, Palermo o Puerto Madero, damos fe del sentimiento de amor y odio que despertó Maradona en vida.

De amor por sus goles. Por la manera de sentir la camiseta de la selección Argentina como jugador y técnico. Y de odio, por su comportamiento fuera del escenario de la pelota, que en palabras del ex jugador del Barcelona de España "no se mancha".

El jugador que era en la cancha. Con un liderazgo desbordante y una capacidad de resolver jugadas en un segundo, no lo pudo hacer en su entorno familiar, donde incluso rompió comunicación por períodos largos de tiempo.

Maradona se equivocó una y otra vez. Tuvo muchas oportunidades para salir de la adopción a las sustancias alucinógenas y al alcohol. Sin embargo, su organismo tenía secuelas del consumo exagerado y desbordado. Le pasó factura. Su vida se apagó a los 60 años.

Maradona, aquel niño con mirada de inocencia del barrio  Villa "Fiorito" que soñaba jugará en la primera división del fútbol argentino, no sólo lo hizo, sino que se apartó con su "zurda y sus gambetas" de la pobreza para convertirse en un mito.

Si alguien duda de esta afirmación, sólo basta con leer las portadas de los principales diarios del mundo, donde se reseñó con amplitud la muerte del ex jugador del Napoli de Italia, equipo al que condujo a ganar varios campeonatos de liga.

Además, su cuerpo fue velado con la bandera de Argentina en la Casa Risada, sede del Gobierno. Allí, sus compatriotas lanzaron cánticos, agradecieron al ídolo y lanzaron camisetas de la selección y del Boca Juniors, equipo del corazón de Maradona.

Se fue el capitán. Se fue el jugador que le hizo dos goles a la selección de Inglaterra en el Mundial de México 86, (un gol con la mano y el segundo una obra de arte) considerada como la mejor anotación en la historia de la cita orbital del deporte de multitudes: el fútbol.

Con Colombia Maradona tuvo un especial afecto, tras reconocer el progreso del fútbol de la selección en cabeza de Carlos "el Pibe" Valdertama que venció a Argentina 5 - 0 en el estadio de River en la eliminatoria del mundial de Estados Unidos, el 5 de septiembre de 1993.

En la despedida oficial del fútbol, Maradona invitó a Rene Higuita y "el Pibe" Valderrama. Una muestra por el cariño y reconocimiento al buen fútbol de los hijos de la "tierra del realismo mágico".

Luego, su mirada y amistad, se depositó en Oscar Córdoba, Mauricio Serna y Jorge "El Patrón" Bermudez. Esta trilogía de jugadores colombianos, fueron la  "columna vertebral" para que el amado equipo de Maradona, ganará la Copa Liberadores y se elevará como campeón del Mundial de Clubes en territorio japonés.

El jugador que revolucionó el fútbol orbital en la década del siglo XX ya no está. El estadio del equipo de Argentinos Juniors lleva su nombre. Ahora, tras su muerte, se abre paso el estadio del Napoli de Italia, donde lo lloran y despiden con cánticos y pólvora.

Pareciera que el minuto final del partido de Maradona no ha terminado. Aún, sin vida, se habla de sus goles. De sus gambetas. De su forma explosiva de vivir el fútbol (dentro y fuera de la cancha).

El hombre de 60 años, que desde la pobreza se convirtió en ídolo no sólo en su país sino a nivel mundial, tiene un lugar en el mejor deporte que conoce la humanidad: el fútbol. Maradona se equivocó y pagó. Aunque no manchó la pelota. Sí, sus excesos apagaron su vida el 25 de noviembre de 2020. Adiós Diego. Adiós "Pelusa". Descansa en Paz.

En Argentina se declaró 48 horas de duelo nacional por la partida del 10. La conmoción fue total. Nadie habla de otra cosa en el país sino del fallecimiento de Maradona. Atrás quedaron las estadísticas de la pandemia, el coronavirus y las medidas de bioseguridad.

Bogotá, D. C, 26 de noviembre de 2020

Twitter @villocol

Así lo sostiene el presidente de la Comisión Quinta del Senado, Guillermo García Realpe, quien le pidió al presidente Duque un alto en el camino y no fumigar los cultivos ilícitos, al señalar que son los campesinos los más perjudicados porque son también víctimas del narcotráfico.

En el programa Ecos del Senado, en Canal Congreso, García Realpe fue contundente en señalar que las mafias se aprovechan de la necesidad de los campesinos, por la pobreza, para obligarlos social y económicamente a cultivar “y quien se oponga a los cultivos y promueva la sustitución de cultivos en el campo colombiano…, los matan”.

Enfatizó el senador nariñense Guillermo García Realpe que está en contra del narcotráfico, pero dijo que “las fumigaciones nos va a llevar a más guerra, más hambre porque el campesino va a resembrar en sus circunstancias de necesidad para atender a su familia”.

El Defensor del pueblo Carlos Camargo Asis, trabajó hasta la madrugada con el equipo de la Defensoría del Pueblo y los 7 integrantes del sindicato del Cerrejón en cabeza de su presidente Igor Díaz López, quienes aspiran este viernes reunirse con las directivas de la empresa, para tratar de llegar a puntos en común y poder levantar el paro que ya lleva 67 días y que ha perjudicado a más de 5 mil empleados y sus familias.

El Defensor del pueblo Carlos Camargo Asís, afirmó 'que hay un equipo de trabajo, importante de la Defensoría del Pueblo que se trasladó desde Bogotá, y la misma defensora regional, para tratar de llegar a una concertación entre las partes y poder levantar el paro, que no sólo está perjudicando a mil de trabajadores si no a los empresarios'.

“Nosotros como defensoría estamos pidiéndoles a las partes que se sienten, para discutir cada uno de los puntos de ambas partes y poder tratar de llegar a un consenso y levantar este paro que tanto daño le está haciendo al departamento, al comercio, a las familias, a la economía y a todos los sectores” manifestó Camargo Asis.

Pérdidas por $7.000 millones día

El presidente del sindicato Igor Díaz López, dijo: “la compañía está perdiendo alrededor de 7 mil millones de pesos diarios, multiplique, cuánto va en estos 66 días, nosotros lo que hemos dicho que frente a la negociación colectiva, estamos dispuestos a sentarnos con la empresa a mirar cada uno de los puntos y las peticiones”.

Destacó que no están cerrados a la banda, tras señalar que el tema de las 60 horas de trabajo que se quieren imponer. “sabemos de nuestros derechos, pero aun así podemos discutir cada una de estas propuestas”.

Le pidieron a las directivas de la empresa dialogar respecto a toda la situación en especial “el turno de más que nos quieren imponer, pero en ese sentido son y han sido intransigentes, pero además han señalado que el tema va o va”.

Señalaron que el ministro de Trabajo Angel Custodio Cabrera ha trabajado con el sindicato para tratar que lleguen los empresarios pero no se ha podido, ni con la ayuda del ministro para darle solución al problema.

Mesa Técnica

Resaltaron la voluntad del Defensor del Pueblo. “Nos hemos dirigido al señor Defensor del Pueblo, en una misiva, pidiendo que medie entre las partes haber en que forma levantamos este paro y regresamos a nuestra labor. Creemos en el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, inmediatamente después de la comunicación que sostuvimos con el mando una delegación y al vice defensor, y él llegó hoy para trabajar con las partes. “Estamos pidiendo que se conforme una mesa técnica para que nos sentemos todos y el mediador que es el defensor”.

Es importante señalar que la economía del departamento depende en un 45 por ciento del Cerrejón, por eso se califica la situación como muy grave porque ya han pasado 66 días que los trabajadores no reciben sus salarios, por eso están al borde de una crisis económica en La Guajira.

“Estamos defendiendo a todos los trabajadores, a las familias a la sociedad en general”, destacaron los sindicalistas al indicar que “La huelga no es un fin, un medio que nos da la constitución y la ley para defender nuestros derechos”, por eso se mostraron optimistas que con la presencia de la defensoría del Pueblo esta semana se llegue a un verdadero acuerdo.

Trabajar de parte y parte

El gobernador de La Guajira Nemecio Roys, quien viene trabajando con el sindicato del Cerrejón y con las comunidades dijo: “nos preocupa mucho que este paro ya complete 66 días, y más preocupante aún es lo que han dejado de percibir las familias en lo que tiene que ver con sus honorarios. En tantos años del Cerrojón, nunca habíamos tenido un paro tan largo, lo que tenemos es que trabajar de parte y parte  para que se dé un entendimiento y volver a la normalidad.

El mandatario departamental dijo que las regalías para el departamento se van afectar teniendo en cuenta que esto perjudica a todas las partes y principalmente a los miles de ciudadanos. La informalidad  en el departamento de La Guajira es del 70 por ciento y si se le suma, lo que está pasando en el Cerrejón el tema es más doloroso.

“La prioridad hoy es el tema de la pandemia, y creo que hemos respondido, creo que nos ha ido bien en primero trabajar con los pacientes y dos trabajar con cada uno de nuestros pobladores para que se cuiden, para que no salgan, para que se protejan, para que verdaderamente entiendan que esta pandemia los puede tocar y se tienen que proteger”, destacó el Gobernador Roys.

El gobernador afirmó que es escéptico en lo que tiene que ver con la negociación con los sindicalistas y el Cerrejón, pero dijo que seguirá trabajando para que se levante el paro que tienen los trabajadores.

“Me desplace a Bogotá, hablé con los Ministros de Minas y Energía, a ver cómo se levanta el paro, es una lucha que estoy dando desde hace de tres meses y no ha sido fácil” dijo el mandatario departamental. “Pueden estar seguros que vamos a seguir trabajando, con la Defensoría del Pueblo para tratar que los trabajadores vuelvan a la normalidad”, señaló Roys.

Fue enfático en señalar que “No podemos estar de un lado ni del otro, lo que queremos es que las partes lleguen a consenso. Que se discutan las diferencias, se negocie, a eso es que le estamos apostando, tenemos que reactivar la economía, “insistió.

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2020

Redacción Ecos Nacional

Mientras la Minga indígena que llegó a Bogotá el fin de semana y desde el Palacio de los Deportes, donde se encuentra alojada, inició este lunes una marcha de protesta pacífica hasta la Plaza de Bolívar y le pidieron al presidente, Iván Duque, respuesta a sus demandas presencialmente, el jefe de Estado fue contundente en señalar que "nadie puede argumentar que se requieren aglomeraciones para ser escuchado", sin embargo, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció que este martes estará en el departamento del Cauca para reunirse con líderes de esa población.

La minga inició su marcha de protesta desde las horas de la mañana por las calles de la capital de Colombia, hasta concentrarse en la histórica plaza de Bolívar, donde se observó una manifestación llena de colorido y banderas representativas de los indígenas, mientras que los miembros de la Guardia sostenían en sus manos un bastón como representación de autoridad de mando.

Sobre la Minga el presidente Duque dijo además que las aglomeraciones pueden poner en riesgo la reactivación económica del país. "Incuban el camino a un rebrote (del covid-19). Un rebrote significa retrocesos, y aquí se trata de avanzar", destacó el jefe de Estado.

Agregó el presidente Duque que si bien los ciudadanos tienen frustraciones por los efectos de la pandemia, pidió a cambio marchar hacia la reactivación (económica) segura del país. “Hoy es cuando más debemos estar cohesionados como sociedad, a dejar las diferencias políticas", señaló.

Dijo que "No puede ser un momento para que sea la política, los intereses electorales o electoreros, o simplemente los antagonismos los que traten de fracturar el espíritu de recuperación" y anotó que su Gobierno está buscando la forma de "construir de manera legítima un diálogo concreto en un plan de desarrollo con un capítulo específico para las minorías, con inversiones que tengan un trazador presupuestal que supere las frustraciones de promesas incumplidas".

Alcaldesa pide al Presidente Duque escuchar Minga

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien recibió a la Minga en la Plaza de Bolívar, le pidió al presidente Duque que los escuchara y dijo que "Bogotá desde ayer ha recibido a la Minga Indígena como se merece, con respeto. Agradecemos su organización para llegar hasta aquí como lo han hecho a lo largo de las calles de Colombia: con una organización ejemplar".

Finalmente la alcaldesa López dijo que "Todos en Colombia venimos de raíces indígenas. Gracias por cuidar nuestra tierra y el agua. Gracias por preservar la vida. Bienvenidos siempre a Bogotá", indicó López e hizo un llamado al presidente Iván Duque para que "escuche a la Minga y sus legítimas demandas".

Gobierno debe apoyar Alcaldía

Mientras llegaba el ocaso del primer día de la Minga indígena en la capital de Colombia, un juzgado administrativo rechazó la iniciativa de un grupo de dirigentes del centro democrático con el objeto de parar la manifestación, y al contrario, ordenó al Ministerio del Interior colaborar con la administración de Bogotá en la protección y desarrollo de la protesta pacífica de los indígenas.

“Al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud y Protección Social, que dentro de sus competencias constitucionales y legales, implementen las medidas administrativas tendientes a coadyuvar con el Gobierno del Distrito Capital, la atención a los integrantes de la Minga Indígena y la implementación de las medidas de Bioseguridad, entre estas, la entrega de tapabocas y disposición de lavamanos y gel antibacterial, en virtud del principio de coordinación del que trata el artículo 6 de la ley 486 de 1998”, destaca la orden del juzgado administrativo.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2020

Redacción Ecos Nacional.

La activista colombiana Mayerlín Vergara Pérez es galardonada con el considerado Nobel Humanitario, el Premio Nansen para los Refugiados, que otorga Acnur, por su labor apoyando a víctimas de trata y explotación sexual. Muchas de ellas son refugiadas

Mayerlín Vergara Pérez lleva más de dos décadas trabajando en la Fundación Renacer contra la explotación sexual infantil.

El primer Premio Nansen se concedió a una mujer: Eleanor Roosevelt, primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y Primera Dama de Estados Unidos durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Eso sucedió en 1954, cuando la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) creo el galardón en honor de Fridjof Nansen, el que fuera primer Alto Comisionado para los Refugiados de la Liga de Naciones, entre 1920 y 1930, y Premio Nobel de la Paz en 1922. Él, que atravesó Groenlandia en esquís cuando nadie lo había hecho, en 1888, fue quien dijo aquello de "lo difícil es lo que toma algún tiempo; lo imposible, un poco más".

Algo une ahora a ambos personajes con Mayerlín Vergara Pérez (Sahagún, 1975). La activista colombiana ha sido distinguida con este reconocimiento, conocido como el Premio Nobel Humanitario, este 2020. Y erradicar la explotación sexual y ayudar a las víctimas en su país es una hazaña difícil pero menos imposible que hace dos décadas, cuando comenzó su trabajo para conseguirlo.

Con 18 años, Vergara comenzó a dar clases a niños de educación primaria en Cali. "Empecé a escuchar y conocer sus historias, que eran muy dolorosas. Muchos estaban en una situación muy vulnerable", rememora. "En una ocasión, les pedí que escribieran una carta de Navidad. Y un niño puso que pedía comida y una nevera porque en su casa no había". Aquello la marcó, pero fue dos años después cuando recibió el aldabonazo que empujó a la maestra al activismo. "Vivía ya en Cartagena y vi a dos críos de cuatro o cinco años consumiendo pegamento. Y le dije a Dios que me dedicaría a ayudarles". Por eso, cuando se trasladó a Barranquilla y vio que una ONG buscaba psicopedagoga en un anuncio en el periódico, no se lo pensó. "No tenía nada que ver conmigo. No sabía lo que era una ONG ni era psicóloga, pero sí era atrevida", ríe desde el despacho de ACNUR en La Guajira, donde hay buena conexión de Internet para mantener esta conversación por videoconferencia.

Mandó su currículo y al día siguiente se encontraba en una entrevista de trabajo en la que le explicaron que la organización trabajaba con niñas, y también chicos, víctimas de la explotación sexual. "Yo creo que necesitan una persona que los escuche", dijo ella. Aquella frase, asegura, le valió el puesto: 24 horas después, el 23 de julio de 1999, empezó como educadora nocturna en una de las casas de acogida de la Fundación Renacer, entidad en la que todavía trabaja. "Entraba a las seis de la tarde y salía a las ocho de la mañana. Ahí ves la cotidianeidad de los niños, también sus momentos de crisis porque sufren ansiedad por las drogas o por los recuerdos de la prostitución". Esa fue su tarea y su vida durante siete años.

"Me acuerdo hasta de sus nombres", reconoce a pesar del paso del tiempo. "Cuando llevaba dos meses, llegó una niña embarazada y tuvo a su hija. Hoy, 21 años después, aquel bebé estudia Sociología en la universidad", cuenta Vergara orgullosa, que también cursó la misma carrera. "No solo la salvamos a ella, sino a la siguiente generación, también a los otros tres hijos que ha tenido con su esposo", se emociona.

Tras ese período, se mudó a Cartagena, donde su labor fue distinta. Pasó de recomponer vidas rotas a tratar de prevenir el problema. Comenzó a diseñar programas de formación y sensibilización, para profesores y agentes del sector turístico. "Fue duro que los hoteleros se vieran como parte del problema, para poder ser parte de la solución", reconoce. De aquel esfuerzo nació la estrategia La muralla soy yo para luchar contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.

Este trabajo de concienciación es muy importante, defiende la activista. "Los abusos los perpetran los padres, algún familiar. Y la gente está sensibilizada. Pero en el caso de la explotación y de la trata, se piensa que les gusta, que ganan mucha plata y que incluso el proxeneta las está ayudando", explica. Para acabar con este delito y vulneración de los derechos de las menores, es crucial que profesores, líderes comunitarios, empresarios, todos, aprendan a identificar a las víctimas. "Antes la encontrábamos en las calles, pero ahora están en las aulas", apunta. "Siempre que organizamos talleres en escuelas, encontramos casos de trata, explotación y abuso".

Ella ha aprendido a identificar a las víctimas con la experiencia de los años. Luego, viene todo lo demás. Un "duro proceso" de acercamiento y construcción de confianza. "Vamos a los sitios donde sabemos que se establecen contactos o se produce la propia explotación. Nos sentamos junto a las chicas y empezamos a conversar de cualquier cosa. Pero somos adultas desconocidas, y normalmente son adultos los que han vulnerado sus derechos", detalla Vergara. Después, les hablan del programa de la Fundación Renacer. Algunas se unen rápido y a otras les lleva semanas o meses dar el paso. "No es fácil para ellas ir al proceso terapéutico". Cuando lo hacen, empieza otro capítulo.

En el caso de la explotación y de la trata, se piensa que les gusta, que ganan mucha plata y que incluso el proxeneta las está ayudando.

Una vez son acogidas por la organización, "lo primero es que se sientan en casa". Después vendrá lo de hablar, las sesiones para expresar sus emociones y llorar para sanar. "Ellas son mis heroínas, ellas son las que se merecen este premio". El reconocimiento es mutuo. Las supervivientes escriben frecuentemente cartas de agradecimiento a Vergara. "En los momentos tristes pienso en que muchas de las niñas, sin nuestro trabajo, estarían muertas por suicidio o asesinadas por delincuentes".

Hace dos años, Vergara volvió a cambiar de rumbo, pero no de meta. En 2018 visitó La Guajira para redactar un informe de situación y evaluar si la Fundación debía abrir allí un programa.

“Lo que he visto allí es lo más duro que he visto en mi tiempo en la organización", afirma. En este departamento fronterizo con Venezuela, el cuarto más pobre de Colombia, reside la mayor concentración de refugiados y migrantes venezolanos en el país. Representan el 16% de la población total, según datos de ACNUR. "Encontramos niñas captadas para ser explotadas, niñas que atraviesan solas las trochas, pasos fronterizos informales, caminos peligrosos en los que sufren abusos, y acaban siendo prostituidas. Niñas conviviendo con señores que les triplican la edad a cambio de comida y vivienda. Niñas que con 12 o 13 años te dicen que no quieren vivir".

Motivos había. Pero, ¿quién iba a encargarse del programa? Vergara se ofreció y se mudó a Riohacha donde, en abril de 2019, abrió el Centro de Atención Internado de la Fundación Renacer. Era la primera vez que afrontaba un reto similar y temía no hacerlo bien. Pero consiguió una casa adecuada, con espacios amplios donde las niñas pudieran jugar y otros donde poder estar solas. "Tuvimos que construir una cocina, baños y una zona de lavandería porque antes era un colegio y no había". Para ello, recibió ayuda de Acnur, y también de Unicef y de la Organización Internacional de Migraciones.

En el Centro de Atención Internado de la Fundación Renacer en Riohacha, La Guajira, residen actualmente 31 niñas y un niño.

La primera inquilina fue una niña indígena wayú venezolana. "Había sido víctima de abuso sexual desde chiquita y después de explotación. Antes de que abriésemos la casa nos escribía mensajes diciendo que se quería morir", recuerda Vergara. "Es que es muy duro. Es tanto daño el que se les  hace a las niñas, y también a los niños", se emociona. Desde entonces, el centro ha atendido a 75 de ellas, de las que 18 eran víctimas de trata. "Las captan en Venezuela, las llevan a casas donde están tiradas en colchones en el suelo y son explotadas", describe. "Otras llegan solas y son captadas aquí", continúa.

Su trayectoria, pero especialmente esta última etapa en La Guajira, ha sido clave para ser reconocida con el Premio Nansen para los Refugiados, dotado con 150.000 dólares. Vergara ya sabe a qué los va a dedicar: "Voy a proponer comprar la casa en la que estamos de arriendo". Toda ayuda es bienvenida y, a la luz de los datos, necesaria. Entre 2015 y 2019, el número de víctimas de trata de personas identificadas en Colombia aumentó en un 23%. Y solo en los primeros cinco meses de 2020, las autoridades colombianas ya habían registrado un aumento del 20% entre las víctimas de trata de personas no colombianas con respecto al número total de víctimas de todo 2019.

Además del cheque, para Vergara, el premio tiene otro valor: el de la visibilidad de su causa. El Comité que decide quién es premiado, formado por representantes del Gobierno noruego, el suizo, el Consejo de Europa y el Presidente del Comité Ejecutivo de ACNUR, entre otros, ha decidido que este año, Vergara sea la protagonista en la ceremonia de entrega el próximo día 5 de octubre, virtual esta edición, que se transmitirá en español en el canal de YouTube del ACNUR. La gala contará con la participación del Ato Comisionado, Filippo Grandi, Isabel Allende, Angelina Jolie, el actor mexicano Alfonso Herrera como conductor del evento, así como el cantante colombiano Juanes.

Justo a Vergara, por primera vez en la historia del galardón, otras cuatro mujeres serán reconocidas con los Premios Nansen Regionales: Francoise Sabuni Chikunda, una maestra de escuela para refugiados de la República Democrática del Congo que vive en Uganda; Rozma Ghafouri, una refugiada afgana que vive en Irán, aspirante a futbolista que usa su amor por el deporte para sacar a los niños refugiados de las calles y llevarlos al aula; Tetiana Barantsova, una activista de Ucrania, cofundadora de AMI-Skhid, una ONG que aboga por el cambio y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, incluidas las personas discapacitadas desplazadas internamente; y Rana Dajani, científica y madre de cuatro hijos que busca conseguir que la lectura y el aprendizaje sean accesibles para los niños refugiados.

Bogotá, D. E, 12 de octubre de 2020

Alejandra Agudo. El País.

Foto: ACNUR.

Ante organizaciones sociales y representantes de más de 124 cabildos que tienen asiento en el departamento del Cauca, el defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís, fue contundente en señalar que “La Defensoría no es un apéndice de ningún partido político, tenemos un carácter autónomo y estamos prestos a trabajar con los 50 millones de compatriotas. Esa será la política que defenderemos desde la dirección de nuestra administración”.

Agregó que “La Defensoría del Pueblo es articuladora, mediadora y un medio para que ustedes acudan en defensa de sus derechos porque es la casa de todos los colombianos”, le expresó Camargo a los cabildos indígenas del Cauca.

Camargo Asís, quien estuvo presente en territorio caucano, destacó que es defensor de la vida, los derechos de todos los colombianos y de la protesta social de manera pacífica.

Dijo que la Defensoría del Pueblo es una institución para que la relación con los ciudadanos “esté llena de verdades, de mucha claridad, entendimiento, de labor, donde establezcan relaciones respetuosas y llamemos a las cosas por su nombre".

Enfatizó Camargo Asís que “En el ejercicio las protestas pacíficas, la Defensoría brindará todas las garantías para su realización, pero insisto, pacíficamente y no por las vías de hecho”.

El Defensor del Pueblo mostró su preocupación por los asesinatos registrados en el país los últimos meses y expresó su solidaridad con las familias y la comunidad. “Toda mi solidaridad con las víctimas. Las estaremos acompañando en cada una de sus reclamaciones y en cada una de sus peticiones”, señaló.

Fue preciso en destacar que La Defensoría del Pueblo está para salvaguardar a los que no tiene voz, “Allí estaremos para cuando nos necesiten”, dijo, al expresar que “estoy presente en el departamento del Cauca para escucharlos, y saber de sus necesidades, preocupaciones y peticiones. Son temas que deben ir de la mano de la seguridad ciudadana”.

Durante la visita al Cauca líderes sociales manifestaron que el Estado está desconociendo el tema de la fumigación aérea y las acciones de tutela. El tema de la fumigación está prohibida. Así lo dio a conocer el comité del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) durante reunión con el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.

“El ministro de defensa, miente y continúa mintiendo afirmo; José Gerardo, líder de los estudiantes “revictimizando a las víctimas”. Y le dijo al Defensor “Usted puede ser un aliado de las instituciones, de nosotros, de los Derechos Humanos, lo que queremos es pedir garantías para cada uno de los sectores que protestan, para todos los estudiantes. Necesitamos una Defensoría que esté en el terreno, necesitamos a la Defensoría en la interlocución” manifestó el líder indígena.

Movilizaciones a partir del 5 de octubre

Líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), anunciaron movilizaciones que empezarán el día 5 de octubre, las acciones son la toma de la vía panamericana, así lo dio a conocer uno de los líderes del CRIC.

“Preferimos morirnos en las vías, a seguir esperando que el Gobierno nos cumpla, el tema de las tierras, el tema de la educación, el tema de la salud. Cómo desde la Defensoría Nacional, nos ayuda a que el Gobierno no sea mentiroso. Cómo nos ayuda para que todas las movilizaciones no sean infiltradas por la fuerza pública, que no nos saboteen las marchas. La defensoría debe ser garante para que no nos pase eso” dijo.

Agregaron que “sí el gobierno nacional en cabeza del señor presidente de la república no hace presencia en el Cauca, nosotros estaremos marchando hasta Cali, luego recorremos los demás municipios hasta llegar a la ciudad de Bogotá, aquí salimos mil o dos mil o tres mil y en el camino hay comunicación con los demás compañeros que nos vamos a apoyar mutuamente en esta lucha y somos miles los que estamos reclamando la presencia del presidente, no más ministros afirmaron”.

Destacaron que “Aquí en el proceso de paz en el 2018 estaba llegando gente de todo el mundo a visitarnos, al tema turístico, al tema de conocer nuestras culturas, se estaba reactivando la economía del Cauca, abandonaron el proceso de paz y la reglamentación de los acuerdos y ya tenemos, toda clase de grupos al margen de la ley, disidencias, águilas negras, los tales gaitanistas, y muchos sectores amenazando a nuestros indígenas”.

El defensor del Pueblo Carlos Camargo Asis, afirmö que el sistema de alarmas tempranas lo estamos implementando, para que sea una realidad, es una prioridad de la defensoría, tenemos que actuar de manera anticipada, tenemos que fortalecer las comunicaciones de la defensoría con todos los ´pueblos indígenas y demás.

Dijo que “Nosotros no vamos a funcionar como convidados de piedra, vamos a convocar la mesa nacional de garantías, la mesa regional de los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2020

Por William Acero Arango

El Gobierno Nacional, la Policía, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá avanzan en el objetivo de crear un protocolo que permita garantizar el derecho a la protesta en Colombia y que responda a las instrucciones que pidió un auto del Tribunal de Cundinamarca.

“Las expresiones pacíficas y ordenadas de los ciudadanos deben ser siempre garantizadas y protegidas en el marco de nuestra Constitución. Pero también tenemos que ser claros en que, bajo ninguna circunstancia, podemos dejar que las expresiones de violencia, de vandalismo, de terrorismo, afecten los derechos de los ciudadanos”, sostuvo el presidente.

En su primera reunión la Mesa de Urgencia, que debe entregar el informe al alto tribunal este 30 de septiembre, los integrantes destacaron la importancia de mantener las expresiones de protesta pacífica protegidas aunque garantizando que los cuerpos armados ni los ciudadanos no excedan los límites del uso de fuerza.

Fundamentalmente los protocolos buscan crear nuevos procedimientos con respecto al uso de armas letales y no letales, deberes de participantes y autoridades y vigilancia, temas que serán incluidos en el informe.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López fue una de las primeras funcionarias en señalar el acatamiento del fallo del dicho tribunal y dijo que dicho protocolo debe ser sancionado por el jefe de Estado.

Según la mandataria capitalina se pretende establecer “las garantías a la protesta social, la regulación del uso de la fuerza en las mismas y la prevención y sanción del abuso de la fuerza”.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2020

Redacción Ecos Nacional

Por Luis Fernando García Forero.- La firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes de nuestra historia republicana, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental que dejó en el pasado una inmensa mancha de sangre, se está truncando por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Los diferentes foros de la democracia, empezando por el Congreso de la República, son a diario escenarios de altas controversias entre militantes de partidos que apoyan al Gobierno y los de la oposición, que se refleja no solo en las sesiones virtuales de Senado y Cámara, sino en los medios de comunicación y en las redes sociales donde los ciudadanos, en párrafos con videos y ofensas, en uno y otro sentido, alimentan aún más las posiciones extremas de nuestro Estado Social de Derecho.

Dicho Acuerdo de Paz, cuyas negociaciones se iniciaron en La Habana el 26 de agosto del 2012 y concluyeron el 26 de septiembre del 2016, giraron en torno a una reforma rural, participación política, cese al fuego y hostilidades bilateral, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y los mecanismos de implementación y verificación.​ De estos temas, además de la firma del fin del conflicto, la participación política de los excombatientes, implementación de lo pactado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha tenido contradictores en la aplicación de sus objetivos, es lo que ha ha funcionado; el resto, aún está pendiente.

Pero la firma de ese fin del conflicto, que dejó 261.619 muertos, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica y que llenó de optimismo a millones de colombianos con el aplauso de la comunidad internacional, empezó a flaquear por una decisión política, pero de una inmensa vocación democrática de Juan Manuel Santos que resultó inversamente proporcional a la paz: una consulta popular para refrendar lo pactado le resultó en contra: el 50,2% votó No al Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, por el 49.7% que votó por el Sí, con una abstención de más del 60%.

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, encabezó la campaña por el No al Acuerdo que resultó ganador en las urnas, con el argumento que no se podía aceptar esa negociación porque llevaba a la impunidad a exguerrilleros que habían cometido delitos de lesa humanidad.

Génesis de la Polarización

La campaña entre los del Sí y los del No fue el génesis, desde el punto de vista político, de la polarización y que aún estamos viviendo en Colombia. El Gobierno de entonces encabezó la defensa del Acuerdo mientras que la oposición se limitó a buscar adeptos en las urnas para negar lo firmado en Cartagena de Indias como resultado de las negociaciones de La Habana.

"Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca", dijo Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No del Centro Democrático, al señalar que la estrategia usada para ganar el plebiscito fue basada en mensajes de indignación compartidos especialmente en redes sociales y con objetivos para cada estrato social.

La pregunta para responder ante las urnas era: ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?​

La comunidad internacional se preguntaba ¿Cómo es posible que un país rechace un acuerdo que le puso fin a un conflicto armado con más de medio siglo y que la costó la vida a más de 200.000 personas en un pacto que fue negociado arduamente durante cuatro años?

Ante esas circunstancias el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el premio Nobel de la Paz, tuvo que "renegociar" el Acuerdo, considerando las objeciones de los opositores para poder viabilizar el esfuerzo de cuatro años de negociaciones.

Santos decidió convocar a todas las fuerzas políticas, lo que se denominó el Gran Diálogo Nacional, cuyo propósito fue establecer un canal de conversación que permitiera buscar puntos de encuentro y determinar el camino a seguir para hacer viable la apuesta por la paz. Los protagonistas de los diálogos fueron las organizaciones sociales y étnicas, grupos de víctimas, mujeres, jóvenes, sindicatos, todos los partidos políticos, autoridades locales, representantes de iglesias, empresarios, militares retirados y otros actores que hicieron campaña por el NO, así como aquellos que promovieron el SÍ.

Fue así como el 24 de noviembre de 2016 se realizó en el Teatro Colón en Bogotá la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera por parte del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño.

Implementación a medias

El desarrollo de la implementación del Acuerdo no ha sido el esperado porque no se ha aceptado, por parte de ciertos sectores adeptos al actual gobierno, que el desarrollo de la verdadera figura jurídica sostén del pacto firmado: la Justicia Transicional, avance, tema que es parte de la polarización.

El trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, está catalogado como el corazón y la razón no solo de la firma del fin del conflicto, sino de abanderar jurídicamente el camino de la reconciliación con base en la verdad, justicia y la reparación de las víctimas. La JEP es la protagonista para aplicar justicia a los actores de esa guerra: excombatientes de las Farc, Militares y Policías, así como agentes del Estado y que tuvieron que ver con sus actos en el conflicto armado.

El afán para acabar con la JEP, desde sectores políticos adeptos al Gobierno, ha sido constante, pero no han podido. En medio de las críticas, es un tribunal que sigue empeñado en lograr sus objetivos y donde por estos meses ha estado recibiendo declaraciones de exdirigentes de la extinta guerrilla que han respondido a temas como el reclutamiento de menores y el secuestro, del cual reconocen que fue un error, por eso pidieron perdón.

Polarización y violencia

Cuando se cumplen 48 meses de la histórica firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc hecho que dio inicio a una esperanza que le cambiaría el rumbo a la patria, lo que se observa es todo lo contrario: polarización política, masacres, decretos con fuerza de ley cuestionados porque se ha beneficiado a unos  sectores más que a otros, donde la pobreza aumenta en medio de muertes por el coronavirus y el abuso de la fuerza policial deja sin vida a ciudadanos inocentes, son más indicadores que señalan que el Acuerdo está ausente de Paz.

Desde el ámbito político, la administración del Gobierno Duque ha fortalecido aún más el sistema presidencialista, como se pudo observar con la designación de los jefes de los máximos organismos de control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que giran en jurisdicción del Ejecutivo.

No hay control verdadero porque no hay consenso para el dialogo, por eso las protestas que se están generando en las calles de las principales urbes del país terminan en acciones vandálicas y en muertos inocentes, participen o no, de las manifestaciones. De otra a parte desde la firma del fin del conflicto han caído asesinados más de 200 exguerrilleros de las Far que entregaron las armas e ingresaron a la democracia, como producto del Acuerdo.

Los fallos de los altos tribunales, como el de la Corte Suprema de Justicia, que instó al Gobierno a garantizar el derecho a la protesta “pacífica y no destructiva”, lleva a que la respuesta del Ejecutivo sea la de pedirle a la Corte Constitucional que revise dicha sentencia.

Vamos mal. Los líderes de las fuerzas políticas, de partidos de Gobierno y Oposición, dejan el eco del tome y dame verbal en las plataformas virtuales de las sesiones de Senado y Cámara, lo mismo en las corporaciones regionales y territoriales, advirtiendo que el presente político es un campanazo para la campaña electoral a iniciarse en el 2021, ya que no va a tener las garantías ni para los candidatos ni para los votantes. Las cifras lo dicen: en lo que va corrido del 2020, han ocurrido 248 actos violentos contra dirigentes políticos y sociales, destaca la Misión de Observación Electoral, MOE. Entre tanto desde la firma del Acuerdo, han asesinado a 220 excombatientes de las Farc que hicieron dejación de armas e ingresaron a la vida civil.

Dos artículos de la constitución dan las suficientes herramientas al Gobierno para un dialogo con todas las fuerzas políticas que permitan un consenso y enderecen el camino de la reconciliación en Colombia: Que el jefe de Estado es el símbolo de la Unidad Nacional y que la paz es un mandato constitucional. Eso se debe cumplir.

Bogotá, D. C, 24 de septiembre del 2020