Reportajes
Por Luis Fernando García Forero.- La Gobernación de Santander es la única responsable de cumplir con las obligaciones laborales y pensionales de quienes le sirvieron a Fertilizantes Colombianos, S A, empresa cuyas plantas están paradas desde febrero 27 de 2017, técnicamente obsoletas y en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, y que además, no ha entrado jurídicamente en proceso de liquidación como lo ordenó su Asamblea General de Acreedores, el pasado 4 de abril de 2019.
Es inconcebible que 130 pensionados, que toda una vida se la dedicaron a la empresa, que en otrora, fue la productora de abonos nitrogenados para el agro colombiano, a la fecha tengan en mora el pago de 53 mesadas pensionales, las cuales ascienden aproximadamente a $3.000 millones.
A través de www.ecospoliticos.com, pensionados y trabajadores de la empresa, han anunciado instancias internacionales, "si la justicia colombiana no atiende sus reclamos, que hasta el momento han quedado en el aire, porque aún no hay respuestas, ya que se ha denunciado ante todas las entidades del Estado, incluyendo a los organismos de control: Procuraduría, Contraloría, Defensoría y hasta misivas al Presidente Iván Duque Márquez, y no ha habido respuestas, menos solución", señalaron los pensionados.
Lo peor del caso, “es que en Fiduagraria hay un patrimonio autónomo de $9.000 millones cuyo objetivo único es cumplir con la conmutación pensional total de los 130 pensionados, que figuran en el cálculo actuarial”.
Crónica de una tortura
Hagamos un breve recuento sobre el caso de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A., diciendo que debido a su mala situación financiera se acogió a ley 550 en el año 2.002; que ésta empresa es propiedad del departamento de Santander, pues la administración departamental posee más del 99% de sus acciones, y por tanto su máxima autoridad es el señor Gobernador del Departamento.
La empresa paraliza su operación productiva en febrero 27 de 2017, debido al no pago oportuno a su proveedor del gas natural que utiliza la empresa, tanto para la generación de energía, como para la producción de abonos nitrogenados, por tanto a partir de ese momento los trabajadores activos quedan a la deriva en su funciones operacionales, es bueno aclarar que la empresa tenía en vigencia un acuerdo de reestructuración el cual era monitoreado por un promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, el cual había sido nombrado desde sus inicios por la Superintendencia de Sociedades, el tiempo sigue trascurriendo y los dueños de la empresa no se dan por aludidos sobre el problema que tienen en sus manos y que necesita de pronta solución, pues esto puede ocasionar en un futuro un daño patrimonial al departamento.
El día 31 de diciembre de 2018, vence el plazo para el cumplimiento de lo pactado en el documento del acuerdo de reestructuración, el cual tenía como fecha definitiva de terminación el día 30 de junio de 2019. En este documento existía un compromiso de completar por la empresa los dineros faltantes para llevar a cabo la conmutación pensional total y el encargado de llevar a cabo dicha acción, era el señor Gerente Carmelo Reyes Herazo, quien debía antes del 31 de dic/2018 manifestarle al señor Fabián Rolando Méndez Cáceres que dineros se requerían para junto con los dineros existentes en Fiduagraria, se completara el patrimonio requerido para llevar a cabo la tan anhelada y esperada conmutación pensional total. Vale resaltar que dichos aportes faltantes los debía el señor Fabián Rolando por saldo pendiente de pago a Ferticol por la compra del lote No. 2.
La Liquidación
El día 4 de abril de 2019, el promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, cita a asamblea general de acreedores y ese día los asambleístas deciden que FERTICOL debe ser liquidada por incumplimiento permanente en los compromisos que se pactaron en las sucesivas prórrogas del acuerdo de reestructuración, después de deliberar largamente se procede a la elaboración de la respectiva acta, en la cual constan las razones para la liquidación y cierre de la empresa, dicho documento se protocoliza en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y se envía a la Superintendencia de Sociedades para que allí se realice el trámite respectivo. Después de transcurridos algunos días dicha solicitud es estudiada por la Superintendencia, quienes conceptúan que por ser FERTICOL una empresa con mayoría de acciones del estado, es a la gobernación de Santander a quien le corresponde llevar a cabo su proceso de liquidación y nombramiento del liquidador.
En estas condiciones pasan la pelota al gobernador, Didier Tavera Amado, quien hace el intento en dos ocasiones de que la asamblea le apruebe el proyecto de ordenanza que lo autorice para llevar a cabo el cierre y liquidación de la empresa y le asigne recursos para llevar a cabo dicha actividad, pero recordemos que estamos en año electoral y todos los actores están enfrascados en lograr para cada bando la mejor conveniencia, Ferticol para ellos es un negocio de poca monta y no produce votos y nadie quiere cargar a hombros dicho muerto, por tanto termina el año 2019 sin pena ni gloria para trabajadores activos que están en la calle sin pago de salarios y pensionados que desde dic/2016, no les cancelan mesada pensional alguna, debiéndoles a la fecha más de 53 mesadas.
Pero para rematar el año 2019, el flamante gerente de la empresa Carmelo Reyes Herazo que debía haber cumplido unos compromisos pactados en el acuerdo de reestructuración que venció el 31 de dic/2018, como era el pago de salarios de trabajadores y completar el dinero faltante para llevar a cabo la conmutación pensional, no hace efectivas dichas acciones y en cambio para cerrar el año fiscal con broche de oro, el día 23 de DICIEMBRE de 2019, mediante la firma del “ACTA NUMERO 004-2019. COMITÉ FIDUCIARIO. FIDEICOMISO LOTES FERTICOL”, hace los siguientes movimientos:
- Firma actas de acuerdos de conciliación con 70 trabajadores por valor de $14.845.049.822
y a la EMPRESA INVERSORA SANTAMARIA por suministro de bienes y servicios por su convenio de cuentas en participación se le pagan $5.667.349.040, liberando de esta manera la deuda que tenía pendiente de pago el señor Fabián Rolando Méndez Cáceres y que tenía pendientes de pago laborales con anterioridad a esta fecha, como estaban acordados en el acuerdo de reestructuración que venció en dic 31/2018.
Olla Raspada
- Nos preguntamos, qué interés tendrían los partícipes de este negociado para ejecutar estos pagos extemporáneos cuando la empresa estaba técnica y jurídicamente cerrada desde abril 4/2019 por decisión de su asamblea de acreedores?, y en cambio se hacen y ejecutan pagos en dic/2019, esto no huele bien.
- Esperamos que su nuevo gerente Juan Carlos Sierra Ayala, lleve a los entes de control la revisión de las anormalidades encontradas y causadas por los anteriores administradores, creemos que el famoso Comité Fiduciario en el cual no tuvieron cabida representantes de trabajadores y pensionados debe responder por lo sucedido.
- ¿Lo lamentable del cuento es que dejaron la olla raspada y ahora de donde saldrán los dineros requeridos para el pago de salarios y prestaciones de trabajadores y nómina de pensionados? El único activo de la empresa son las cuantiosas demandas que tiene pendientes de cumplir y cursan en los distintos juzgados y demás deudas con los distintos acreedores.
Iniciamos el año 2020, con nuevo gobernador, Mauricio Aguilar, quien en campaña electoral había ofrecido a sus posibles electores la reactivación de la empresa y posteriormente en visita a Barrancabermeja, manifestó que sencillamente cumplirá con el legado que le dejo su antecesor, esto es el cierre y liquidación de la empresa y a fecha de hoy, esto es hace 8 meses de su posesión, solamente tiene la intención pero nada se concreta en realidad, pues en la asamblea departamental no existe el proyecto de ordenanza para el cierre y liquidación definitiva de la empresa, recordemos el tiempo pasa y la Gobernación de Santander será el único responsable de pagar las obligaciones contraídas por dicha empresa.
Bogotá, D. C, 19 de 2020
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Este 18 de agosto, se cumplieron 20 años de la creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.
La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, recoge en un informe, http://fecolper.com.co/wp-content/uploads/2020/08/Escudo-de-plumas.pdf varias recomendaciones, como organización de la sociedad civil que ha participado y representado a los periodistas y comunicadores sociales en este Programa, sin desconocer aquellas dificultades que existen en la ruta de protección del Estado.
Éstas se dirigen a la Unidad Nacional de Protección en términos de evaluación del riesgo, operación logística y presupuestal; control interno y veeduría y respuesta territorial inmediata; a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo para hacer efectiva la protección, en razón de la necesidad de articulación interinstitucional y a la responsabilidad de colaboración armónica de las entidades del Estado, así como a la responsabilidad de vigilancia disciplinaria en el caso de la Procuraduría General de la Nación.
La reingeniería que realiza la Unidad Nacional de Protección, UNP, se ve como una oportunidad para incluir varias sugerencias que vuelven a plantearse para hacer efectiva y eficiente la protección de protección a periodistas y comunicadores sociales.
La Federación señala que se han hecho reiteradas solicitudes, exigencias y acuerdos previos que no han sido cumplidos, adoptados o implementados por la Unidad Nacional de Protección ni el Ministerio del Interior, y que, en todo caso, dan cuenta de la necesidad de garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y por consiguiente del cumplimiento de los principios constitucionales de colaboración armónica y corresponsabilidad entre diferentes entidades.
Es necesario que se tenga en cuenta la dinámica diferencial del ejercicio periodístico que implica riesgos disímiles, condiciones logísticas y cotidianas particulares. “La protección por parte del Estado, debe incluir su vida, su integridad, la de su familia y ante todo, la de una sociedad con derecho a estar informada, lo cual es requisito sin ecuánime para una democracia”, señaló Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.
Preocupa, desde el punto de vista de DDHH, la mirada gubernamental reflejada en los lineamientos del Plan de Acción de Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, en el que, entre otras cosas, se explica que la situación de desprotección será atendida a partir de los planes militares Victoria Plus y Horus.
En estas dos décadas del sistema de protección de periodistas en Colombia se hacen más evidentes las necesidades de la participación ciudadana en la resolución de los vacíos constantes, la atención del actual gobierno a estos llamados y la receptividad de las instituciones participantes en salvaguardar los principios fundamentales para una sociedad democrática en medida que se salvaguarda a los informadores, porque son ellos parte sustancial de ésta.
Bogotá, D.C, 18 de agosto de 2020
Fuente: Fecolper
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Por Luis Fernando García Forero.- Senadores de las diferentes bancadas advirtieron en la plenaria de la corporación que a través del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional sobre las regalías y que fue presentado tardíamente por el Gobierno Nacional, se pretende centralizar recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no, productoras de hidrocarburos.
Los senadores Richard Aguilar, Temistocles Ortega, de Cambio Radical; Jaime Durán Barrera y Guillermo García Realpe del Partido Liberal; José Berner Zambrano de la U, entre otros, alertaron ante la plenaria de la corporación, no aprobar dentro del articulado del proyecto en mención aspectos regresivos para los intereses de las regiones y municipios del país.
“Preocupa que el Ejecutivo termine supliendo una obligación propia del Congreso, máxime cuando gran parte del articulado presentado por los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, no interpreta las necesidades de los departamentos, agudizadas por la crisis del coronavirus” destacó el senador Richard Aguilar quien a través de una carta que dejó como constancia en la corporación puso en alerta el peligro de dicha iniciativa contra los intereses de las regiones del país.
El senador Aguilar fue enfático en señalar que en el proyecto “El Gobierno propone la siguiente distribución del Fondo de Inversión Regional: 50% para distribución departamental y 50% para una bolsa concursable entre entidades territoriales de la región lo que va en contra de la descentralización y disminuye los recursos a los departamentos productores de hidrocarburos.
Puso como ejemplo que la Región Caribe dejaría de recibir el 57.8% de los recursos, por eso pidió ante la plenaria de la corporación la necesidad de insistir en que la distribución debe ser el 100% departamental.
$125.000 millones menos a Entes Territoriales
Dijo el senador Aguilar que la iniciativa gubernamental excluye a miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos, para otorgarles todo el poder a los ministerios sectoriales, los cuales, a pesar de desconocer las necesidades y realidades de los departamentos, terminarían tomando decisiones sobre iniciativas de importancia regional.
“La propuesta del Gobierno elimina las 6 secretarías técnicas de los Ocad regionales y traslada sus funciones al Departamento Nacional de Planeación” aseveró el senador Aguilar tras señalar que la iniciativa centraliza los recursos que le pertenecen a las regiones “y como si fuera poco las entidades territoriales dejarían de recibir $125.000 de pesos”.
El senador liberal Jaime Durán Barrera instó a sus colegas a estar alerta ante la propuesta gubernamental, principalmente a los senadores de la Comisión Quinta de la corporación, para evitar que se le arrebaten los recursos que le pertenecen a los departamentos y municipios del país.
Gobierno sin facultades
El senador Temístocles Ortega fue contundente en señalar que el Ejecutivo hoy no tiene constitucionalmente facultades para dictar esa ley mediante decreto. “El Gobierno tenía plazo para presentar el proyecto hasta el 30 de marzo pasado, no lo hizo, por lo tanto las facultades vencieron” y agregó que el Congreso tiene todos los tiempos necesarios para dictar esa ley como si fuera un proyecto ordinario durante esta legislatura y la próxima.
Enfatizó que en el articulado “se rompe de tajo los recursos que le pertenecen a los entes territoriales”, por eso hizo un llamado al Gobierno para que “en un diálogo franco y sincero se mantenga la autonomía de las regiones y no se lleve a cabo una atentado contra los entes territoriales”.
El presidente de la Comisión Quinta, Guillermo García Realpe, dijo que se tendrán en cuenta todas las inquietudes que fueron expuestas no solo por los congresistas, sino por los mandatarios regionales y locales, a fin de ajustar el contenido del proyecto sin que se les quite recursos a las regiones y localidades del país.
Por último el senador Berner Zambrano pidió a la corporación pedirle formalmente al Gobierno que retire el proyecto.
Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2020
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Por Luis Fernando García Forero.- Así lo afirmó la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien señaló que “el origen del Consejo Nacional Electoral en Colombia no permite generar confianza en todos los sectores que están en una contienda política”.
En diálogo con www.ecospoliticos.com fue contundente en señalar que se necesita una autoridad electoral independiente. “No hay vencimiento de términos, no se llega a ningún tipo de sanción, no se profundiza en las investigaciones. Tenemos la Ñeñe Política y otros casos de financiación no solamente ilegal, sino también proveniente de fuentes dudosas de las campañas políticas”.
Respecto al tema de la apertura de la investigación del excandidato presidencial y senador Gustavo Petro, porque recibió aportes a su campaña de personas que estaban inhabilitadas para hacerlo, dijo que no solamente abre el debate sobre el papel que cumple el CNE, sino que plantea una profunda reforma política que establezca que el origen de ese alto tribunal debe ser independiente.
“Lamentablemente en la medida que el origen del CNE no es neutral, pues la discusión se da frente a cuáles son los intereses políticos que hay detrás y por qué si un magistrado es de determinado origen partidista, pertenece al Gobierno, está investigando a un electo senador de la república que tiene la segunda votación del país para la presidencia de la república y preciso está en el lado opuesto. Es completamente lamentable que ese sea el debate y no que lo que está de por medio está de acuerdo a la ley y establecido por la normatividad electoral”, afirmó la directora del MOE, Alejandra Barrios.
Enfatizó que la función de los magistrados del CNE no es solamente gobernar el proceso electoral, sino también disciplinar a las organizaciones políticas.
“Indiscutiblemente en casos como este, si nosotros tuviéramos una autoridad electoral completamente independiente, podría a uno no gustarle las decisiones que toman, no habría duda de su independencia, autonomía y neutralidad”, afirmó Barrios quien señaló que es urgente iniciar el trámite de la reforma en materia electoral en el congreso de la república.
“Las instituciones que nosotros estamos generando son las mismas de aquellas personas que hemos elegido como ciudadanos. Si nos equivocamos al elegirlas, la responsabilidad es de nosotros, no es de la institucionalidad en sí misma”, señaló Alejandra Barrios.
“Necesitamos un Tribunal Electoral de origen independiente, neutral, por fuera de las organizaciones políticas”, puntualizó Alejandra Barrios.
Bogotá, D. C, 28 de julio de 2020
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-Trabajadores de la justicia pidieron mediante tutela “el cierre transitorio de todos los despachos judiciales hasta el 13 de septiembre”.
-Cerca de 400 funcionarios de la rama están contagiados y los procesos judiciales no avanzan porque los expedientes no están totalmente digitalizados.-
-Se debe constitucionalizar el monto del presupuesto de la rama jurisdiccional.-
Por Luis Fernando García Forero.- El contagio del COVID19 también aísla el desarrollo de la justicia. Cada día que pasa en plena pandemia, disminuyen en los juzgados el trámite de las denuncias, demandas y avance de audiencias, porque la digitalización de dichos procesos aún no concluye.
www.ecospoliticos tuvo acceso a información del trámite y desarrollo de la labor en los despachos judiciales y logró establecer que cerca de 400 funcionarios de la rama jurisdiccional, están contagiados.
El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial, Luis Fernando Otalvaro Calle, mediante una acción de tutela “con medida provisional urgente”, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pidió “Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura “que de manera inmediata disponga el cierre transitorio de todos los despachos judiciales del país, hasta el 13 de septiembre del 2020 inclusive, para proteger el derecho fundamental a la vida, prevenir un daño inminente y hacer cesar el que se ha causado”.
Piden suspender durante dos meses los términos de las acciones judiciales, tiempo durante el cual el CSJ deberá culminar la digitalización de todos los expedientes que se inició en el 2010.
Instan al CSJ que exceptúe, previo aviso a todos los usuarios, servidores judiciales y abogados litigantes, los siguientes trámites: Tutelas y Habeas Corpus, que deberán presentarse exclusivamente por el Aplicativo web “Recepción de Tutelas y Hábeas Corpus en Línea” en la URL https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea. Estas acciones se tramitarán y decidirán haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC´s.
Destacan en la acción de tutela que las Audiencias de Control de Garantías, deben realizarse virtualmente sin excepción alguna. En este aspecto instan al CSJ, Ministerio de Hacienda y de las TICS, adelantar “en un término de 15 días, de manera articulada, la instalación efectiva y el funcionamiento eficaz de la plataforma tecnológica contemplada en el acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020, que incluye acciones de capacitación virtual y permite a usuarios, abogados y funcionarios, el restablecimiento pleno del servicio público de justicia”.
Digitalización en pañales
El abogado Carlos Muñoz, vocero de los trabajadores de la justicia, señaló que el desarrollo y avance de procesos se está agravando, “porque además de la pandemia, la digitalización de los procesos está en pañales”.
Destacó que hay jueces ordenando a los funcionarios ir a los despachos judiciales en edificios obsoletos y encerrados para sacar los expedientes con el objeto de adelantar el trabajo en las audiencias. “Se debe hacer un llamado a todos los jueces para que no obliguen a los empleados a ir a las oficinas, es riesgoso porque van tres o cuatro y no guardan distancia en cuyos edificios donde están los despachos judiciales no son aireados”.
Los abogados y trabajadores de la rama jurisdiccional, en el caso de los juzgados, señalan sin embargo que “no se puede dejar de reconocer que la virtualidad, pese a todos los inconvenientes, ha venido funcionando a nivel de tutelas y de habeas corpus porque se ha manejado a través de medios electrónicos". Se refirió a las falencias en el el área penal por la ausencia de elementos técnicos, principalmente para los testigos.
Constitucionalizar presupuesto de la justicia
En medio de la situación, urgieron al Gobierno, altas cortes, el Congreso y a toda la sociedad, a hacer efectiva una verdadera reforma de la rama jurisdiccional para darle verdaderas herramientas que permita ejercer con efectividad sus funciones.
“Debe aprobarse una Reforma Política para que sea la misma constitución la que diga cuál debe ser el verdadero porcentaje del presupuesto para la Rama Judicial. No hay duda, el tema es la falta de recursos. Eso lo debe liderar el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que tiene iniciativa legislativa”, afirmaron varios jueces en diálogo con Ecos.
“Que no sea el Ministro de Hacienda de turno el que decida cuánto deben ser los recursos que se necesitan para administrar el poder judicial y la fiscalía, sino que sea una decisión del constituyente primario o del derivado”, destacaron los jueces.
Bogotá, D. C, 24 de julio de 2020
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El Primer Vicepresidente del Senado para el período 2020-2021, Jaime Enrique Durán Barrera, al posesionarse en su nuevo cargo expresó sus agradecimientos al Partido Liberal, su partido, por proponerlo para dicho cargo: “Voy a trabajar desde las ideas liberales para que podamos desarrollar una muy buena labor, así como lo hizo la anterior Mesa Directiva encabezada por Lidio García”.
Asimismo, agradeció a sus compañeros senadores por haber confiado en él y manifestó que se siente satisfecho por lograr que todas las bancadas de los diferentes partidos que hacen parte del Senado de la República lo hayan apoyado.
El nuevo primer vicepresidente del Senado nació en San Gil Santander. Es egresado del colegio San José de Guanentá, sus estudios en Derecho los realizó en la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Minero-Energético.
Fue concejal de San Gil y presidente de la misma corporación en 1988; Alcalde de San Gil; Contralor de Santander; diputado y Presidente de la Asamblea de Santander; senador de la República, en reemplazo de Hugo Serrano Gómez. Fue representante a la Cámara por dos períodos consecutivos, 2002 -2006 y 2006 -2010; Segundo Vicepresidente de la Cámara de Representantes y miembro de las comisiones Quinta, Primera y de Investigación y Acusación de esa corporación.
Senador de la República, por el Partido Liberal, durante tres periodos: del 2010-1014, donde integró la Comisión Quinta. Del 2014 al 2018 formó parte de la Comisión Segunda y fue Vicepresidente de la corporación del 2015 al 2016, del 2016 al 2018 designado Presidente de la Comisión Segunda. Elegido nuevamente para el periodo 2018 al 2022.
Actividad legislativa
Autor de importantes proyectos de ley, entre los que se destacan:
- Excepción de incompatibilidades relacionada con la cátedra universitaria.
- Medidas de protección a las víctimas de la violencia.
- Creación de mecanismos de entrega segura de recién nacidos.
- Modificación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
- Ley de víctimas, iniciativa presentada por todos los senadores liberales.
- Proyecto mediante el cual se prohibe la enajenación de los activos de la Nación en Ecopetrol, entre otros.
También ha sido ponente de reformas constitucionales y de proyectos de ley como enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, disposiciones a favor de la población vulnerable de las penitenciarias.
En debates de control político denunció la desviación de más de 10 mil millones de pesos destinados para investigaciones científicas y tecnológicas, los cuales fueron invertidos en becas de los hijos de los directivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ponente para reducción de las tarifas de los combustibles. Abrió paso para que el Congreso asumiera la iniciativa de establecer una nueva fórmula que permitiera que el precio de la gasolina motor, el ACPM GLP y el turbo combustible de aviación jet A1, lograran bajar sus costos que han sido calificados como los más caros en el mundo.Coordinador ponente del proyecto que establece normas para luchar contra los delincuentes cibernéticos.
Ponente de la ley que incentivó recursos para la modernización de la Universidad Industrial de Santander UIS, apoyó todas las iniciativas que implementan los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. Se ha destacado por el ser el senador que con vehemencia le ha exigido el Gobierno cumplir con la modernización de la Refinería de Barrancabermeja, una necesidad sentida para garantizar el presente y el futuro de la producción de combustible y como solución a los problemas económicos y sociales de los habitantes del puerto petrolero y el Magdalena Medio.
En varios pronunciamientos ha exhortado a los gobiernos nacionales para impedir la venta de acciones de la Nación en la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, tema que lo llevó a presentar un proyecto de ley en el mismo sentido acompañado por otros senadores de la bancada liberal.Autor del proyecto de ley por medio del cual se modifica el artículo 2º de la Ley 1118 de 2006, que prohíbe la venta del 8,5 % de las acciones de Ecopetrol, durante 20 años y que todavía pertenecen a la Nación.
Bogotá, D. C, 21 de julio de 2020
Por: Orianna Barboza Oficina de Información y Prensa Senado de Colombia
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La realidad no es alentadora para los más de 193 millones de niños y niñas de América Latina.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, 1.1 millones de niñas y adolescentes de 15 a 19 años han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto forzado en ese sentido incluyendo a la infancia.
El 30% de adolescentes de 13 a 15 años sufren acoso regular en sus instituciones educativas y al menos 40 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años sufren de violencia, abuso y negligencia en el seno de sus familias, escuelas y entornos cercanos.
La Asociación Afecto contra el maltrato infantil y la Corporación de Amor al Niño Cariño, realizarán los días 13, 14 y 15 de julio el XXVII Congreso de prevención y atención del maltrato infantil, “del lado de los niños”, el cual se llevará a cabo por primera vez de manera virtual y estará dirigido a docentes, padres de familia, profesionales de las áreas sociales, de salud, funcionarios, adultos significativos en general, entre otros, de diferentes países de habla hispana.
El evento de carácter científico-educativo tiene como objetivo propiciar un encuentro académico que permita brindar elementos conceptuales y pedagógicos que contribuyan al fortalecimiento para la prevención e intervención integral del maltrato infantil.
El Congreso, que este año se realizará en homenaje al Grupo de Pediatría y Puericultura de la Universidad de Antioquia, contará con reconocidos conferencistas a nivel mundial quienes tratarán temas jurídicos, terapéuticos, económicos, sociales, culturales y de salud física y mental. Entre otros, están el abogado Carlos Rozansky de Argentina, la psicóloga Clorinda Merino de México, el pediatra forense Walter Lambert y los psicólogos Al Killen Harvey y Dough Killen Harvey de Estados Unidos.
“En 2020 decidimos continuar con la labor de los 26 congresos anuales anteriores, pero esta vez en línea, volviendo la amenaza de no realización por la pandemia en una oportunidad para llegar a todos los países de América Latina y a España y compartir en línea con la vanguardia en el conocimiento alrededor de la prevención, atención e intervención del maltrato infantil, el abuso sexual infantil y las violencias contra los niños”, dijo la médica psiquiatra Isabel Cuadros Ferré, directora ejecutiva de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil.
La Asociación Afecto contra el maltrato infantil y la Corporación de Amor al Niño CARIÑO son organizaciones privadas, sin fines de lucro, que trabajan en Colombia por más 35 años en la prevención, atención, intervención y rehabilitación del maltrato infantil, el abuso sexual infantil y la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes.
Es de resaltar que el congreso también cuenta con el apoyo de organizaciones como The Peace Education Foundation de Miami y la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Para conocer la agenda completa y realizar inscripciones pueden ingresar al link https://afecto.org.co/Congreso.html. Colombia, JULIO 7 de 2020
Bogotá, D. C, 7 de julio de 2020
Fuente: www.afecto.org.co
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Por Luis Fernando García Forero.- La elección de las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes, a partir del 20 de julio, debe hacerse presencialmente, puesto que según la legislación establecida en el reglamento del Congreso, ese acto constitucional y legal, se lleva a cabo a través del voto secreto.
En esas circunstancias, el presidente del Congreso Lidio García Turbay y el vicepresidente Carlos Cuenca, se están poniendo de acuerdo para establecer los mecanismos preventivos y logísticos teniendo en cuenta los protocolos establecidos contra el contagio del coronavirus, y así, tanto senadores como representantes, el 20 de julio, cuando el presidente de la república, Iván Duque Márquez, instale el periodo legislativo ordinario, hasta el 20 de julio del 2021, puedan elegir las directivas de las dos corporaciones.
Hay un dilema sobre dicha sesión y elección por parte de los senadores y representantes, por eso las actuales directivas del legislativo están estudiando y consultando el procedimiento, puesto que desde el punto de vista de las sesiones virtuales para la elección de dignatarios, la votación deja de ser secreta, lo que podría viciar ese acto político y administrativo.
En las sesiones que culminaron el pasado 20 de junio se estaba tramitando un proyecto de ley para superar ese impase: “por la cual se dictan medidas para la modernización del congreso de la república, se implementan las sesiones remotas, el voto remoto, las sesiones mixtas y se dictan otras disposiciones”, iniciativa que fue aprobada en la cámara pero no alcanzó a hacer tránsito en el senado.
www.ecospoliticos.com estableció que para garantizar el quorum de senadores y representantes que tengan inconveniente en viajar a Bogotá y asistir al capitolio nacional, solicitarán al Gobierno colaborar y garantizar el transporte de los congresistas, principalmente de los representantes, puesto que por ejemplo, en regiones apartadas como San Andrés y el Amazonas, entre otras, el desplazamiento es nulo por la cancelación de vuelos desde que se inició el aislamiento obligatorio.
Por ahora, lo que este medio ha podido establecer es que el 20 de julio el presidente Duque instalará las sesiones desde la Casa de Nariño en sesión virtual en congreso en pleno, con la plataforma que ha llevado a cabo el senado de la república y donde de la misma manera, los presidentes de senado y cámara, presentarán sus respectivos discursos con el balance de su gestión en cada una de las dos corporaciones.
Si la decisión de la Mesa Directiva es que sesionen de forma presencial, tanto senadores como representantes se presentarán por grupos y guardando las distancias para registrarse, y de inmediato, cada uno se va a sus respectivas oficinas para esperar el llamado a lista y la votación con el objeto de elegir a los nuevos dignatarios, incluyendo a los secretarios generales.
Se establece que el presidente de cada una de las cámaras designará la comisión escrutadora que deberá quedarse tanto en el recinto del senado como en el salón elíptico, para vigilar el sufragio de cada parlamentario y hacer el escrutinio de los votos depositados por los congresistas.
Tan pronto se conozca el resultado, en transmisión por Canal Congreso y Señal Colombia, quienes hayan sido elegidos deberán presentarse de nuevo al recinto para tomar posesión de sus nuevos cargos. Todo indica que será una sola elección para cada uno de las dignidades, cuyas postulaciones se dejan en secretaría tanto de senado como de cámara de representantes.
En lo que tiene que ver con las elecciones de las mesas directivas de las respectivas comisiones constitucionales y legales, todo parece indicar que se realizarán de la misma forma pero al siguiente día.
Todo lo están analizando para llevarse a cabo desde dos ópticas: la prevención con los respectivos protocolos del contagio del COVID 19 y no violar la constitución ni cometer errores jurídicos que anulen no solo la elección de las mesas directivas de cada corporación legislativa, sino todo un periodo de sesiones del Congreso de Colombia.
Bogotá, D. C, 2 de julio de 2020
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Por Luis Fernando García Forero.- El coronavirus se convirtió no solo en el azote viral más letal contra la vida humana en pleno siglo XXI, sino en la causa más activa contra el desarrollo de la producción en un mundo globalizado e inmerso en la tecnología, pero que quedó atrás por los millones de desempleados y donde Colombia ya llegó al 21.4 %, según el Departamento Nacional de Estadística, DANE.
El pesimismo y la desesperanza cunden por todos lados hasta el punto que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, advirtió que la destrucción del empleo, producto de la pandemia es peor de lo esperado y que es imposible recuperar el daño laboral por los efectos del covid 19.
El contagio del coronavirus avanza llevándose de por medio a más de 500.000 vidas humanas en el mundo, un contagio que asciende 10.273.000 personas y un azote laboral por las medidas de aislamiento que ha llevado a la pérdida del empleo a cerca de 200 millones de trabajadores que laboran tiempo completo, sin considerar la economía global informal.
“El covid-19 hará desaparecer globalmente a junio de este año, el 6,7% de las horas de empleos, lo que equivale a la pérdida de 195 millones de puestos a tiempo completo”, destacan informes de organizaciones internacionales entre ellas la OIT.
Economistas expertos en el tema destacan que el daño es muy marcado y se ha registrado a velocidades que no eran esperadas, como tampoco lo era la aparición del virus covid 19, causante de la tragedia, crisis que se considera aún más más que la ocurrida en la segunda guerra mundial.
La ONU advierte que 4 de cada 5 trabajadores a nivel mundial ya está sufriendo las consecuencias de los confinamientos totales parciales de ciudades enteras que muchos gobiernos se han visto forzados a imponer.
De otra parte la directora y gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI; Kristalina Georgieva, advirtió hace unos días que para final de año proyectan “que habrá más deuda, mayores déficits y más desempleo”, es decir, “más desigualdad y pobreza al terminar el 2020”.
En el caso de Colombia las cifras del DANE lo dicen: “En mayo de 2020 la población desocupada fue de 4,7 millones de personas”.
Bogotá, D. C, 30 de junio del 2020
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Por Luis Fernando García Forero.- En rueda de Prensa senadores de las bancadas de oposición e independientes, coincidieron en señalar que “el Gobierno está eludiendo el control político y que los colombianos asisten a un golpe legislativo”, por los 164 decretos de la Emergencia y donde el senador Roy Barreras fue contundente en señalar que “El Gobierno miente, oculta y se equivoca”, al preguntarse ¿A dónde se fue la plata de la emergencia?
Ocho senadores participaron de la rueda de prensa virtual, donde reclamaron que no se llevó a cabo el verdadero control político sobre los decretos dictados en la emergencia ocasionada por el coronavirus.
El senador Roy Barreras dijo que los colombianos tienen derecho a saber cómo se han manejado los recursos de la pandemia “en momentos donde el pueblo perdió su empleo, sus ingresos, tiene miedo, incertidumbre, y donde ha habido una feria de $117 billones que hipoteca el presente y futuro de la siguiente generación ya que se han ido a los intermediarios financieros”.
Agregó que “La oscuridad sobre las cifras es tal que los senadores de una docena de partidos le pedimos al contralor general de la república que nos cuente si al menos a él le han dado información clara para que pueda hacer el análisis que Colombia requiere en medio de una crisis y de un Estado de Excepción donde parece que están jugando monopolio con los recursos de los colombianos”.
Desmintió que el Gobierno haya invertido $6.8 en la salud. “De esa cifra $5.7 billones fueron a dar a las EPS, intermediarios financieros cuyos empresarios son los dueños de los bancos. Y de esos $5.7 billones, $2 billones fue para pagarle las incapacidades que debieron hacerlo las EPS, que de paso se ahorraron todo el capital de ingreso de marzo, abril y mayo. Así que en vez de haberle mandado esa plata a los hospitales la enviaron fue para pagarles a las EPS”.
Danza de billones
Aseguró el congresista valluno de la U que nadie sabe si el recurso destinado para la emergencia fue de $25 billones o de $43 billones, o de $117 billones, cifras que ha manifestado el titular de la cartera de hacienda.
Destacó el senador Barreras que la única medida que tomo el Gobierno para proteger los trabajadores de la salud fue destinar $26.000 millones de las ARL para bioseguridad. “Una cifra irrisoria, estas compañías que también hacen parte del sector financiero ganaron en los últimos tres años $5 billones” tras señalar que cobran el 23 % por administrar los recursos que son de los empleadores colombianos y recursos públicos.
Agregó que las medidas que han tomado no reactivan la economía porque “le están inyectando plata al sector financiero especulativo, lo que se convierte en una trampa de liquidez”.
¿Ya derogaron decreto?
El senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, se refirió a su denuncia del decreto 811 de 4 de junio de 2020 de este año, donde el “Gobierno se auto habilita para vender absolutamente todas las empresas en las cuales el Ejecutivo tiene participación y cotizan en la bolsa, es decir directamente a Ecopetrol, entre otras”.
Preguntó Velasco: “Qué quiere comprar el Gobierno, por qué además se habilita para comprar y para vender, qué quiere vender, qué tiburón está atrás de Cenit y Ecopetrol. Cuéntenle al país, por qué se auto habilitan, por qué un tema tan complejo como es la venta del patrimonio del estado no lo llevan a un debate público y al Congreso”, ¿Ya derogaron ese decreto?”.
Dijo que es una decisión completamente antidemocrática, “tan antidemocrática, que es el único elemento en donde todo el Senado logró un consenso cuando aprobó una proposición donde todas las bancadas, sin excepción, le pidieron al Gobierno derogar ese decreto”.
Ocultan Información
Por su parte el senador Iván Cepeda del Polo dijo que “Hemos tenido una seria limitación y grave restricción del derecho a la información de los congresistas y que el Gobierno no presentó un balance serio y detallado sobre las medidas que ha tomado “que son numerosas y que tocan distintas aspectos esenciales no solamente de la situación sanitaria, sino de la social y económica.
Dijo que se elude el control político sobre asuntos fundamentales. Un asunto grave es que el gobierno haya tomado hacer medidas de orden público no por la vía excepcional sino por decretos ordinarios, la cual tiene una grave implicación para hacer un control político.
“Estamos asistiendo a un golpe legislativo contra el ordenamiento constitucional y legal a través de los decretos de emergencia”, puntualizó Cepeda.
Consenso para Renta Básica
El senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda se refirió a la Renta Básica Universal, al destacar que 54 senadores y senadoras prepararon un proyecto de ley y un programa para entregarle una renta básica de emergencia a 9 millones de hogares de colombianos con un salario mínimo mensual de $877.000 durante tres meses para atender sus necesidades inmediatas de supervivencia en condiciones de dignidad”.
“Esto es una obligación del Estado, de proteger a la población en condiciones de indefensión para poder garantizarles el derecho a la vida y a una vida digna. Le presentamos este proyecto al Gobierno y no lo aceptó. Luego lo tramitamos en el congreso y seguimos en la construcción de un consenso dentro para que legislemos, emitamos la ley de Renta Básica de Emergencia”, destacó el senador Marulanda.
Vigilancia organismos de control
El senador del Polo, Jorge Robledo, dijo que “el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF) se creó con dos meses de retraso (y ya con 5 millones de empleos perdidos) que ofrecía $350.000 mensuales por trabajador a las empresas que hubieran perdido el 20% o más de sus ingresos. Aunque su objetivo era llegar a 6 millones de trabajadores, a la fecha solo se habían validado unos 800.000, es decir menos del 15%. O sea que en ese sentido el fracaso es rotundo”.
“Le pido a la Contraloría y Procuraduría una vigilancia en detalle, no solo de la corrupción sino de la eficacia del gasto. Porque el Gobierno debe ser eficiente a la hora de gastar. Si el Gobierno anuncia plata y cacarea y cacarea plata y la plata no llega, no estamos haciendo nada”.
Superar tercerización
“Continuamos luchado por la dignidad de los trabajadores de la salud. De todo ese sector. Ellos están en la primera línea de contagio” afirmó la senadora Aida Avello quien rechazó el acoso, la discriminación que son objeto muchos de los trabajadores de la salud.
Dijo que de los 164 decretos que sacó el Gobierno solo cinco se ocuparon de los trabajadores de la salud, “ninguno garantizó su formalización ni la estabilidad laboral. Por eso necesitamos que se supere la tercerización, que se haga un contrato formal, se dignifiquen.
Agregó que la ley 100 no ha funcionado y que por eso hay que cambiarla.
Piñata del presupuesto público
El senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde advirtió que se puede estar presentando una verdadera piñata del presupuesto público en medio de la pandemia.
“Es decir que los bonos de agua que también fueron vendidos por Carrasquilla, son apenas el prekinder del festín que se va a hacer en este periodo de la emergencia en cabeza de Carrasquilla”, señaló el senador Sanguino.
Por su parte el senador de Cambio Radical Temistocles Ortega afirmo que en Colombia hay un profundo déficit democrático, “si eso existe en un Congreso presencial, imagínense lo que ocurre con un congreso actuando virtualmente”, destacó.
Dijo que sigue insistiendo en insistiendo en las sesiones presenciales. “Esperamos que a partir del 20 de julio o inclusive antes, ejerzamos el control constitucional de manera presencial porque hay un grave déficit democrático, institucional y jurídico. El Congreso tiene la obligación de alguna manera compensar para evitar que el gobierno siga actuando por fuera de las normas constitucionales y legales”.
Bogotá, D. C, 23 de junio de 2020
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