El alto tribunal ordenó revisar temas como la infraestructura, salud, alimentación y la crítica situación de hacinamiento en diferentes centros penitenciarios del país.
La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario le ordenó a las entidades que tienen que ver con el tema que implementen medidas efectivas para mejorar la atención a la población privada de libertad en las cárceles y penitenciarias del país.
En el auto 1745 de 2024 se presentaron diversos hallazgos que respaldan la urgencia y necesidad de implementar medidas relacionadas con los mínimos constitucionalmente garantizados en cuanto a infraestructura, alimentación, salud, acceso a la administración pública y a la justicia, servicios públicos y resocialización.
La Sala Especial encontró que aún quedan obras por completar para aumentar la capacidad carcelaria y penitenciaria. En consecuencia, exhorta al Ministerio de Justicia para que en los próximos seis meses tome medidas administrativas para asegurar la finalización de la construcción del ERON en Pílamo, Risaralda, y el proyecto carcelario Sabanas de San Ángel en Fundación, Magdalena.
También se deben concluir las obras en el EPMSC Girón, Santander y en el EPMSC de Ipiales, Nariño; en el EPMSC Espinal, Tolima, se debe finalizar la vía de conexión al establecimiento y obras relacionadas con el manejo de aguas superficiales.
En el EPAMS CAS-ERE - JP Itagüí, Antioquía, se debe terminar la construcción de edificaciones de control de integración, rancho, depósito y tránsito de residuos sólidos, así como el cerramiento de seguridad del ERON. En el EPMSC Barranquilla se debe completar la construcción de la edificación de control de acceso, cuatro garitas y un sector de cerramiento perimetral.
La Sala Especial señaló que ha recibido múltiples solicitudes de personas privadas de la libertad, juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, organizaciones de derechos humanos, organismos de control y la Defensoría del Pueblo., respecto a la situación que se sigue viviendo en los centros de reclusión, sin que haya solución.
Según la información proporcionada, los reclusos reciben alimentos en mal estado, en cantidades insuficientes y fuera de los horarios acordados. Incluso se ha reportado la entrega de proteínas animales no aptas para el consumo humano. Incluye también la atención en salud, falta de medicamentos, diagnósticos incompletos, dificultades para programar citas médicas, falta de remisión a especialistas, escasez de vehículos y personal para traslados y asistencia médica.
Después de casi 10 años desde la reiteración del ECI Penitenciario y Carcelario, aún no se ha implementado una política pública para corregir dichas falencias en los centros de reclusión.
Bogotá, D. C, 1 de noviembre de 2024
Redacción Ecos Actualidad
