Por Luis Fernando García Forero. El fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, de absolver al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, deja dos caminos de acción jurídica y varias implicaciones políticas dentro del proceso institucional ad portas del inicio del proceso electoral, cuando los ciudadanos elegirán en marzo del 2026 al nuevo Congreso y en mayo del mismo año, al nuevo presidente de la república para el periodo 2026 -2030.
En primera instancia, Uribe fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal (relacionados con la manipulación de testigos) y sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria.
En segunda instancia, el Tribunal Superior revocó dicha condena. Los magistrados estimaron que había “deficiencias estructurales” en el fallo de primera instancia, que la valoración probatoria era insuficiente, que la interceptación telefónica se había realizado con errores procesales, y que no se demostró la autoría directa del expresidente.
El fallo en segunda instancia habilita legalmente que Uribe participe nuevamente en la política activa — por ejemplo, como senador o en listas al congreso — pues se levanta la inhabilidad que conllevaba a la condena en primera instancia.
Queda aún la vía de casación ante la Corte Suprema de Justicia, donde las víctimas o la parte acusadora pueden intentar impugnar la decisión.
Implicaciones jurídicas
Sobre el principio de presunción de inocencia y debido proceso, el fallo de segunda instancia destaca que la condena se basó en pruebas que no fueron valoradas correctamente y que hubo vulneraciones al derecho al debido proceso. Pone de ejemplo la interceptación, lo que refuerza la idea que en Colombia los sistemas de apelación y revisión son relevantes.
Permite la decisión judicial que a un futuro influye en cuestionamientos de validez de interceptaciones, la credibilidad de testigos con beneficios, o la carga probatoria para investigar a altos funcionarios.
Sobre la “autoría mediata” o responsabilidad de mando, el tribunal estimó que “el conocimiento de los hechos” por parte de Uribe no era suficiente para atribuirle el delito, pues no se demostró que él hubiera ordenado directamente la manipulación de testigos.
El enfoque de dicho fallo es contundente porque marca un precedente: en casos de funciones públicas o mando político, no basta con inferir responsabilidad por posición, sino que se exige una vinculación más clara de mando u orden.
Sobre la estabilidad del sistema judicial y su vinculación con la política, la decisión podría generar reclamos tanto de quienes la consideran “victoria de la impunidad” como de quienes la ven como “respeto al debido proceso”. A quienes insisten en que se debe acusar al expresidente tienen eventualmente el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, como lo ha anunciado el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, o también, acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Implicaciones políticas
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, es una figura central en la derecha colombiana (líder del partido Centro Democrático). Su absolución le da un impulso político importante de cara a las elecciones de 2026, ya sea participando directamente o como influenciador. El fallo abre nuevamente la competencia en persona al espacio uribista en materia electoral y aún más permite movilizar las bases.
De otra parte, el fallo profundiza la polarización política en los cuatro puntos cardinales de la nación colombiana porque para un sector es la confirmación de que el sistema judicial actuó correctamente; para otros, es la evidencia de que el poder político continúa capturando o influenciando la justicia.
El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo demuestra cuando afirmó que “se cubre la historia del paramilitarismo” con esta decisión.
La polarización con el fallo, no hay duda, aumenta en el país porque el proceso electoral entra en un escenario político-jurídico donde se deliberan y escuchan posiciones de uno u otro bando en la campaña que no terminará en los resultados electorales. Quien gane las elecciones tendrá que aceptar el esquema gobierno-oposición, porque siguen las heridas.
¿Qué viene ahora?
La vía judicial pendiente sería de parte de las víctimas. Pueden interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Si lo admiten, el proceso podría volver a revisión en la máxima instancia.
Si la casación no prospera, la decisión quedará definitivamente firme, y Uribe quedará libre de esas acusaciones específicas.
Quedan abiertas otras líneas de investigación que involucraban al expresidente (vínculos con paramilitares, etc.) que podrían reactivarse o mantenerse paralizadas.
En la vía política, el expresidente Uribe podrá participar más activamente en política, posiblemente ocupar curul en el Senado, influir en candidaturas y moldear alianzas.
Con el fallo, el Centro Democrático y otros partidos de derecha, aprovechan este impulso para posicionarse de cara a 2026.
El fallo plantea que el gobierno actual y el bloque de oposición deberán replantear estrategias: la oposición tratará de movilizar en torno a temas de justicia e impunidad; el gobierno de Petro podría intentar medidas que refuercen la independencia judicial o legislar sobre temas de justicia transicional.
En el camino institucional, habrá presión para reformas al sistema de justicia, en particular sobre interceptaciones, garantías procesales, medidas de aseguramiento, y el tratamiento de altos funcionarios.
Un fallo histórico que pone a prueba una vez más el equilibrio de poderes. ¿puede un expresidente escalar políticamente tras un proceso penal? ¿Qué impactos tiene esto en el sistema de rendición de cuentas?
Pero además de esas preguntas, se abre el debate sobre la memoria histórica, víctimas, conflicto armado, en medio de conmemorar este noviembre los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia.
La absolución de Uribe en segunda instancia no cierra todas las aristas del asunto: jurídicamente aún puede haber movimientos; políticamente el efecto será dinámico y ampliamente debatido; institucionalmente plantea tensiones sobre el Estado de derecho, la justicia y la transición democrática en Colombia.
Bogotá, D. C, 22 de octubre 2025
