Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- Para nadie es un secreto que la economía global pasa por un momento extraordinario de crisis debido a la pandemia que afecta al mundo entero, Gran Depresión que los países no vivían desde la crisis de 1929. 

Paralización de empresas y negocios, casi paralización completa de producción y ventas fue lo que sucedió para aquella época, situación nada distinta a la que hoy vive el mundo por cuenta de un enemigo invisible que tomó fuerza y que tiene en cuidados intensivos la economía, pero también la salud del mundo. 

En Colombia es preocupante lo que está sucediendo, la economía se desploma, el desempleo crece a pasos agigantados, la producción de la grande, mediana y pequeña empresa está paralizada, todos los sectores productivos están en crisis, y ni qué decir  del comercio, el transporte terrestre y aéreo, el turismo,  todas las actividades asociadas que lo complementan como los restaurantes, el sector hotelero y muchos más que se ahogan por la falta de oxígeno financiero. 

Sabemos que vendrán días difíciles, al virus aún le queda mucho por delante, el número de contagios en nuestro país aún no llega a su pico, se calcula que hacia finales de junio y principios de julio llegaremos a ese máximo. Por lo pronto nos toca seguirle haciendo frente a la situación mientras superamos esta contingencia. 

Sabemos que de las grandes crisis también surgen las grandes oportunidades y tan pronto pase esta horrible noche el país tendrá que reinventarse en muchos frentes, tenemos que entre todos salvar la economía nacional, tratar de ayudar a los sectores más golpeados, tenemos que recuperar la productividad, y los puestos de trabajo perdidos durante la contingencia. Ya con creces los colombianos hemos demostrado nuestra resiliencia en momentos difíciles, nos hemos sobre puesto a la violencia durante décadas, al narcotráfico que azoto al país en los años 80”s, hemos resistido al accionar indiscriminado de múltiples actores armados ilegales, en fin, superar esta tragedia nos costara tiempo, pero al final lo lograremos. 

Ahora bien, tenemos que generar una política nacional de fortalecimiento a la pequeña, mediana y gran empresa, que logre posicionarlas de nuevo en su productividad y empleabilidad y para que ello se dé, los colombianos debemos apoyar la industria nacional, comprar lo nuestro, promover lo nuestro y hacer uso efectivo de lo que se produce y fabrica en Colombia. 

Tenemos que avanzar en crear la marca país, que nos identifiquemos con ella, que sea símbolo de orgullo nacional, que seamos un país regionalista, donde apoyemos al productor nacional, a la industria del calzado, de textiles, donde generemos una política efectiva de empleo rural, en fin, son múltiples las tareas de los colombianos en el corto y mediano plazo. 

El país tiene que redoblar esfuerzos en combatir a fondo el contrabando, controlar también sus importaciones y a su vez, tendrá que revisar varios acuerdos comerciales y emprender una cruzada que nos conllevé a la recuperación total de la economía nacional, debemos romper paradigmas y aprovechar este mal momento para convertirlo en una oportunidad de desarrollo y crecimiento. 

Tenemos que volver definitivamente a la reindustrialización, a la agro industrialización, a fortalecer la industria del turismo que aporta el 8% del empleo nacional. En el sector agropecuario, necesitamos que definitivamente volvamos al campo, lo tecnifiquemos, que le demos recursos a esos doce millones de compatriotas, hombres y mujeres que habitan esa gran ruralidad colombiana, que los volvamos empresarios del campo, con más innovación, ciencia y tecnología para que se logre una verdadera transformación rural. Ya tenemos las herramientas legales para hacerlo, pongamos en práctica por ejemplo la Ley 1876 del 2018 y generemos desarrollo en el sector agropecuario. 

Tenemos que ser propositivos, debemos repensar el país, reconstruirlo entre todos, identifiquemos oportunidades, cambiemos ese chip y saquemos a Colombia adelante. Recuerda ¡colombiano, compra colombiano!

Bogotá, D. C, 25 de mayo de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Son efectivas las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar el impacto económico de la pandemia del Covid-19, en particular en lo que se refiere a la protección del empleo y el ingreso de la población? ¿Han sido suficientes y oportunas? ¿se hubieran podido, o debido, tomar medidas adicionales?

Es complejo evaluar las políticas adoptadas frente a una crisis de características y magnitud sin precedentes; ningún país tiene en su historia reciente parámetros para medirlas. Lo que sí es posible es la comparación entre lo que han hecho los diferentes países para no emitir juicios basados en modelos teóricos sino en realidades y experiencias prácticas.

En general se puede afirmar que las medidas adoptadas en Colombia han sido acertadas y van en la dirección correcta: primero ayudas a los más pobres, luego a los informales y vulnerables y finalmente a los empleados formales, junto con apoyos crediticios a las empresas. Sin embargo también se debe decir que han sido insuficientes y, en algunos casos tardías.

En cuanto a la magnitud de la intervención del Estado para conjurar la crisis, Colombia está muy rezagada frente a lo que han hecho otros países. Como informó el diario Portafolio el estímulo fiscal colombiano llegará a 2.8% del PIB, muy lejos de algunas naciones europeos que han dedicado más del 20% de su PIB, o Estados Unidos con el 13%.

Pero no solo los países desarrollados. En nuestro vecindario, en Perú el paquete fiscal anticrisis llegará al 12%, en Brasil al 9.5% en Chile al 6.6% y en Argentina a 5.6%. Y todo financiado con mayor deuda pública. El famoso gradualismo colombiano, que ha dado buenos resultados en otros campos, en este caso no parece ser la receta adecuada.

Por esta inoportuna prudencia fiscal el monto de las ayudas ha sido exiguo e insuficiente. Para los más pobres que perdieron todos sus ingresos al no poder salir a las calles a rebuscarlo, los $160.000 mensuales que se adicionaron a Familias en acción, tan solo compensa una pequeña parte que no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Lo mismo sucede con el programa de Ingreso Solidario, destinado a los informales no cubiertos con otros subsidios estatales a los que asignaron $240.000 para tres meses. Es una lástima que un programa tan novedoso y bien diseñado por el DNP aporte una suma tan pequeña que no alcanza ni para el mercado.

En cuanto a la protección al empleo formal (PAEF), además del monto tan pequeño ($350.000 por empleado), tiene otros dos problemas. El primero, que se anunció muy tarde casi dos meses después de iniciada la crisis, cuando ya muchas empresas habían tenido que recortar la nómina o suspender contratos de trabajo, de manera que esos desempleados ya no reciben el subsidio. Hay que recordar que desde finales de marzo varios analistas y académicos plantearon que este subsidio debería ser por lo menos de un salario mínimo.

El segundo inconveniente del PAEF es que estableció un límite demasiado bajo para clasificar: solo una reducción de 20% en sus ingresos. Una empresa que logró el 80% de sus ingresos normales, tiene con qué pagar la nómina, así tenga que hacer algunos recortes en otros gastos. La fórmula adecuada hubiera sido un punto de corte más alto (por ejemplo, reducción de ingresos del 40%) y un pago de un SMLV por cada trabajador).

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*.- De “cicatera” califican algunos la estrategia financiera y presupuestal del Gobierno para hacerle frente a la crisis del coronavirus. Anotan que como proporción del PIB estamos invirtiendo mucho menos que otros países latinoamericanos.

El director de crédito público, César Arias, en excelente entrevista que concedió al portal “Primera Página” (mayo 18) explica, con mucho detalle, cuál es la estrategia financiera que desde el Ministerio de Hacienda se está desplegando para atender los costos en los que ya se ha incurrido y los que están por venir.

A mi modo de ver esta entrevista de Arias es la explicación más completa que hasta ahora ha divulgado el Gobierno para entender el delicado predicamento fiscal al que nos enfrentamos.

La entrevista está dividida en dos partes. En la primera explica cómo se va a financiar el déficit del 6,1% del PIB en el 2020, que es lo que hasta el momento se le ha autorizado incurrir al Gobierno, vía mayor endeudamiento, por la comisión de la regla fiscal.

En la segunda parte explica cuáles son las que él denomina “líneas de defensa”, que no son otra cosa que lo que habría que hacer en el evento de que los costos de la pandemia lleguen a exceder el límite del endeudamiento autorizado al Gobierno, o sea, el 6,1% del PIB. Límite que se descompone en tres fuentes:

La primera es el incremento de endeudamiento que por 2,7% del PIB protocolizó el decreto 444 del 2020 de la primera emergencia económica, en virtud del cual el Gobierno le tomó dineros prestados a departamentos y municipios (pensiones, fondo de estabilización de las regalías) así como la inversión forzosa que se le impuso a los bancos.

El siguiente tramo del 2,2% del PIB es el que se venía contabilizando hasta antes del estallido de la pandemia. Este déficit básicamente se había venido financiando con emisiones de TES en el mercado interno.

El tercer tramo del déficit (1,2 % del PIB) corresponde a la caída de recaudos de la Dian en este año, que se está calculando en $12 billones frente a lo originalmente estimado. Este tramo del déficit se estará financiando con créditos ya contratados con multilaterales que ascienden a US$ 3.000 millones.

Ahora bien: ¿qué va a pasar si los costos de la pandemia, a la hora de la verdad, exceden la barrera del endeudamiento autorizado del 6,1% del PIB? hipótesis que algunos consideramos como la más probable. La fuerza de los hechos llevará al Gobierno a traspasar la barrera que él mismo se ha señalado para su endeudamiento.

Si se supera esta barrera, el director de Crédito Público señala -con lenguaje guerrero- lo que denomina cuatro “líneas de defensa”. A saber:

Primera, utilizar la línea contingente de crédito que el Gobierno tiene en el FMI, que asciende a US$10.800 millones. Segunda línea de defensa, recurrir al mercado local de deuda colocando bonos cuyos plazos podrían ascender -dice el director del crédito público- a 20, 25 o 30 años. La tercera línea es lo que Hacienda denomina “reacomodación” del presupuesto, que consiste en recortar gasto público por $6 billones de pesos. Y, una última línea, sería utilizar más créditos de multilaterales, aunque su costo, dice el Dr Arias, son altos. Y la estrategia toda parece estar diseñada para incurrir en los menores costos financieros posibles.

Por el momento no parece estar en el radar del Gobierno tocar las puertas del crédito del Banco de la República ni tampoco utilizar, al menos en una primera instancia, recursos de origen tributario a través de una nueva reforma impositiva.

Lo que es cierto es que al país le va a terminar costando más, mucho más, de lo que está previendo la lucha contra la pandemia y la recuperación de la economía.

Si se tiene en cuenta que 2,2% del déficit que analiza el director de crédito público obedece a endeudamientos prepademia, habrá que concluir que para esta emergencia solamente se han comprometido hasta la fecha 4% del PIB (40 billones en cifras redondas) que no es cicatero pero luce insuficiente. Y obedece a una óptica de gradualismo homeopático muy propia de los colombianos.

De manera que el recurso a las “líneas de defensa” que menciona el director de crédito público parece ineludible. Quedan muchos gastos no contabilizados aún, que no caben dentro del endeudamiento máximo autorizado hasta la fecha pero en los que se terminará incurriendo, así: ¿Se ayudará más a las empresas? ¿Habrá subsidios más generosos para paliar el aterrador desempleo que ya se vislumbra? ¿Habrá un plan de gasto presupuestal contra cíclico que privilegie la recuperación económica con un gran programa de obras públicas y de apoyo a la vivienda en la pospandemia? ¿El desplome de los recaudos de la Dian este año será mayor de los muy conservadores $12 billones que está calculando el Gobierno? ¿Habrá un programa de ayuda a departamentos y municipios a los cuales también se les han ido al suelo los recaudos?

Son muchas las preguntas que quedan flotando, ninguna de las cuales tiene respuesta fiscal dentro de la autorización para endeudarse hasta por 6,1% del PIB. Ese cupo tendrá forzosamente que ampliarse. Y no sería irresponsabilidad hacerlo. La crisis es de tal magnitud que no podemos engolfarnos en un gradualismo válido para otras épocas, pero que los tozudos hechos están desbordando.

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Las finanzas públicas, tanto las de la Nación como la de las entidades territoriales se encuentran entre la espada y la pared. De un lado está la salud en cuidados intensivos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, cuyo tratamiento y contención demanda ingentes recursos, con los cuales no se contaba. Del otro lado está la economía, que se contagió con el coronavirus, en un coma inducido, debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento preventivo que se han tomado al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica y social. Por tal motivo, la actividad económica y comercial se ha visto abocada a una virtual parálisis, afectándose gravemente la oferta y la demanda tanto a nivel agregado como sectorial, el crecimiento, empleo y el ingreso.

La prolongación de esta crítica situación, que se ha visto agravada con el desplome de los precios internacionales del petróleo, llevó al Ministerio de Hacienda y Crédito público a revisar su previsión de crecimiento del PIB este año desde el 3.7% al -5.5%. Por su parte el Comité consultivo de la Regla fiscal, se vio precisado a flexibilizar, aún más de lo que ya lo había hecho, la Regla fiscal, elevando el techo del déficit fiscal desde el - 2.5% del PIB proyectado hasta el - 6.1% del PIB. Es más, el propio Ministro Carrasquilla ha reconocido que la deuda pública de la Nación va a subir desde el 50.3% actual a más del 60% al cierre de este año. Y no era para menos, dado que, según las proyecciones de la DIAN, se estima que el recaudo de impuestos se disminuirá en $15 billones, aproximadamente, al tiempo que se prevé un mayor gasto para este año, por lo pronto, de $25 billones.

Al igual que la Nación, los departamentos, municipios y distritos han visto reducir sus ingresos al tiempo que la atención de la crisis planteada, en lo que les corresponde, demanda un mayor gasto, no previsto. Ellos cuentan con tres fuentes de ingresos, a saber: los ingresos corrientes de libre destinación, que son los recursos propios, que básicamente provienen del recaudo de impuestos y contribuciones. En el caso de los 32 departamentos, estamos hablando de los impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, el impuesto a los vehículos, registro y anotación, las estampillas y la sobretasa a los combustibles. En cuanto a los 1.103 municipios y distritos, estos  disponen de los recaudos por el impuesto de industria y comercio (ICA), el impuesto predial y la sobretasa a los combustibles.

Las dos principales fuentes de ingresos de los departamentos son los que provienen de las transferencias por parte de la Nación a través del Sistema General de Participaciones, que representan el 47% y los recursos propios que participan con el 35%. Adicionalmente, los recursos provenientes del Sistema General de Regalías complementan sus ingresos con un promedio del 6%. Pues bien, según la Federación Nacional de Departamentos, los ingresos propios de estos cayeron en el mes de abril el 45%; se prevé que las regalías, a consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el carbón, caerán por lo menos en un 40%. Y, como si lo anterior fuera poco, el monto de las transferencias del SGP se verá reducido drásticamente, toda vez que la base de cálculo y liquidación de las mismas son los ingresos corrientes de la Nación, que como ya quedó dicho se han visto seriamente impactados.

Por las razones anteriormente expuestas, tanto los departamentos como los municipios y distritos se están viendo en calzas prietas.  A guisa de ejemplo, citemos al Secretario de Hacienda del Distrito capital Juan Mauricio Ramírez, quien da cuenta que el mismo dejará de recaudar $1 billón anuales por cuenta de la pandemia. Además de tener que frenar sus planes y proyectos de inversión, empiezan a tener inconvenientes para cubrir el pago de sus gastos de funcionamiento, empezando por la nómina de sus servidores.

De allí el S.O.S que le lanzó la Federación Nacional de Departamentos, a través de una comunicación enviada por su Director ejecutivo Carlos Camargo, al señor Presidente de la República, mediante el cual le solicitaron su intervención con el fin de que las entidades territoriales puedan solventar su situación financiera y se pueda garantizar su sostenibilidad fiscal. Ello es tanto más urgente, habida cuenta que aspectos tan vitales y sensibles como la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, son su responsabilidad y el riesgo de desfinanciamiento de los mismos es inminente. Por lo demás, no basta con facultar a los gobernadores y alcaldes para reorientar el gasto en función de la atención con prioridad del que demande la emergencia, como quedó establecido en el Decreto 461 del 22 de marzo.

Por ello, respaldamos a los gobernadores y a los alcaldes en su justa petición al Presidente Iván Duque para que se flexibilizara la Ley 617, de la misma manera que la Comisión Asesora de la Regla fiscal la flexibilizó para abrirle espacio fiscal al mayor gasto en el que tendrá que incurrir el Gobierno Nacional. Así lo entendió el Gobierno y a través del decreto 678 del 20 de mayo dispuso que “no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento de los límites de gasto definidas en esta Ley y en la Ley 819 de 2003”.

No obstante, este Decreto, aunque les permite que “para efectos de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez…las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería”, cabe preguntarse qué banco en las actuales circunstancias le va a dar crédito a las entidades territoriales sino cuentan, como si cuentan las empresas, con garantía de la Nación hasta el 90%. De lo que se trata es de aplanar la curva de contagios del COVID-19 hacia abajo y de aplanar en simultánea la curva de los ingresos territoriales hacia arriba.

Cota, mayo 23 de 2020

*Expresidente del Congreso de Colombia y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Al final de marzo pasado, el gobierno partió a Electricaribe en dos empresas –Caribe Mar y Caribe Sol– y se las vendió, respectivamente, a EPM y a un consorcio de Alberto Ríos Velilla. Al anunciarse la decisión, Natacha Avendaño, la Superintendente de Servicios Públicos a la que el presidente Duque puso a dar la cara, dijo que no revelaba los precios pagados porque el gobierno había determinado que fueran secretos. Al mismo tiempo y por confusión, Enerpereira, la empresa principal del consorcio de Ríos, informó que pagaron 285 mil millones de pesos por su parte, el 44 por ciento del total de Electricaribe, suma bajísima, como se verá. Que corrieran a borrar la cifra no evitó que se conociera (bit.ly/3gd1t2h), para vergüenza de la Casa de Nariño.

Ante mi requerimiento en el Senado, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, no descalificó por falsos los 285 mil millones pero, viva, tampoco los reconoció, ratificó que las cifras eran secretas y se atrevió a defender el ocultamiento con la fábula de que “la nación no es una parte de la transacción” y que los pagos eran ocultos por “ser una transacción entre privados”, decires que entran a la galería de las mayores falacias oídas en el Congreso. Porque entre los vendedores de Electricaribe no hubo ni un solo actor –¡ni uno tan solo!– del sector privado, dado que, por decisión legal que castigó sus incumplimientos y abusos contra los usuarios, toda la propiedad de los españoles de Gas Natural Fenosa sobre Electricaribe pasó al Estado colombiano, hechos que indican que además estamos ante otra privatización.

Las siguientes son otras verdades que, con su secretismo y violando la Constitución, Duque y el Consejo de Ministros intentaron ocultarnos. La narrativa oficial sobre este engaño dice que Ríos Velilla –íntimo amigo de Germán Vargas Lleras, quien se volvió duquista días antes de esta operación financiera– compró una empresa quebrada que regalada es cara y, entonces, le quedamos debiendo el favor. Pero eso es falso porque el Estado, antes de venderla, le pagó todos sus pasivos, laborales, financieros y comerciales, a un costo de 5,89 billones de pesos, por lo que entrega, saneados y por escasos 285 mil millones, activos que valen 2,76 billones de pesos, además de 1,18 millones de usuarios que pagan facturas por dos billones de pesos al año. Una gran empresa cero kilómetros y una magnífica inversión, capaz de sobra de apalancar los créditos necesarios para hacer las inversiones que se requieren. Negocio de burro amarrado.

Van también en este negocio sastre, es decir, hecho a la medida del comprador, otras prebendas: por el régimen especial fijado por el Decreto 1645 de 2019 de Duque, las tarifas de electricidad de la Costa Caribe se encarecerán más que las del resto del país durante los próximos cinco años. Seguramente seguirán los subsidios oficiales a Caribe Sol, heredados también de Electricaribe, por unos 375 mil millones anuales. Y en realidad, el consorcio de Ríos no pagará 285 mil millones de pesos, porque entre los bienes que recibirá de Electricaribe se incluye otro regalo: 119 mil millones de pesos de una cartera que no tiene la naturaleza de difícil cobro por ser menor de 90 días.

En un país que no esté tan mal gobernado como este, Electricaribe, viable por el exclusivo esfuerzo del Estado y de los costeños, se hubiera mantenido dentro del sector público, como patrimonio de los departamentos de la Costa Caribe, de forma que, por la vía de las menores tarifas o de la reinversión de las utilidades, les sirviera a las comunidades de la región, idea que todavía puede y debe hacerse realidad.

Pero en la Colombia de los mismos con las mismas que tan bien representa Duque, el papel central del Estado no consiste en promover en serio el desarrollo y la reducción de las desigualdades sociales, sino en usarlo como instrumento de negociados como este.

Coletilla. En el debate que hicimos con Juan Luis Castro en el Senado demostramos lo equivocado de las medidas de Duque y Carrasquilla frente a la pandemia. El drama de los trabajadores de la salud ilustra su incapacidad hasta para introducir cambios mínimos pero importantes y urgentes en el reino de las EPS. Y se nota que ni los sectores sociales más empobrecidos ni los empleados y empresarios más afectados por el necesario distanciamiento social han recibido respaldo suficiente del Estado.

Y no lo han recibido porque Duque y Carrasquilla, presos de la ortodoxia neoliberal más cerril, han impuesto un gasto público escaso y la manera más costosa de financiarlo, criterios dejados de lado en casi todas partes en esta crisis. En el entretanto, la economía nacional sufre lo indecible, al debilitarse y arruinarse muchas formas de crear riqueza que sustentan el empleo, los ingresos y el gasto de los colombianos (bit.ly/3gdH3pS).

Bogotá, 22 de mayo de 2020.

Bogotá, D. C, 23 de mayo de 2020

@JERobledo

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José Félix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- ¿Se puede igualar a un elefante con un conejo, solo porque ambos son animales? Frente a una escasez de comida, y presionados por el tamaño amedrentador del elefante, lo alimentaríamos a costa del hambre de cien conejos, o distribuiríamos proporcionalmente la comida entre la gran población de conejos y los pocos elefantes.

Guardadas las imperfecciones de toda comparación, y saliéndome de los terrenos de Esopo, el fabulista casi mitológico de la literatura universal, eso es lo que ocurre con la caracterización de los productores agropecuarios como sujetos de crédito de fomento, lo cual acentúa las imperfecciones de ese mercado, que tienden a excluir a los productores rurales ligados a la tierra y, entre ellos, al pequeño, en beneficio de grandes productores -de elefantes- de otros eslabones de las cadenas.

Antes de la creación de la Caja Agraria, en 1931 no se diferenciaba a los productores por tamaño, porque el país todavía era “agropecuario”, la industria apenas nacía, no había ni rasgos del gran desarrollo urbano, el petróleo nos llegó tarde y los “servicios”, que hoy comparten hegemonía con los hidrocarburos, eran incipientes. Los recursos del Estado, entonces, fluían hacia la producción agropecuaria que sostenía la economía nacional.

Cuando se pierde esa posición hegemónica y empieza la declinación del campo, con todas sus consecuencias de abandono, ilegalidad y violencia, nacen las instituciones para “ayudarle” al productor rural, consolidadas en el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (1990), pero bajo la visión de “cadenas productivas”, que abrió las puertas a los eslabones de transformación, comercialización y servicios de apoyo, para competir por los recursos que, hasta entonces, habían sido exclusivos del productor primario. Y ahí fue cuando, volviendo a mi comparación fabulesca, se revolvieron conejos y elefantes a competir por comida escasa.

El sistema califica como pequeños productores a aquellos con activos hasta 284 millones, rango que tiene relación con otro parámetro de caracterización rural: la Unidad Agrícola Familiar, UAF: la cantidad de tierra para que una familia genere dos salarios mínimos, que llega a ser de más de ¡1.300 hectáreas! en el llano adentro, o apenas dos o tres en la Sabana de Bogotá, pero aquí o allá, con algunos animales, supera el rango estrecho del pequeño productor y las mejores condiciones de crédito.

Y si vamos a los grandes, para el sistema, “gran productor” de cualquier eslabón (conejo o elefante) es aquel con activos superiores a más de 4.000 millones, pero un gran productor primario, es decir, un agricultor o un ganadero que supere esa cota de activos, nunca podrá compararse ni competir con gigantes de la agroindustria, procesadoras de alimentos y cadenas de comercialización que se valoran en cifras billonarias. ¿A quién preferirá el banco? Pues al elefante. No es gratuito que la cartera sustitutiva, administrada con discrecionalidad por los bancos, acapare el 85 % de los créditos Finagro y que, de contera, el 75 % de esa torta se vaya a grandes empresas de otros sectores.

No se trata de excluir a otros eslabones o desvirtuar la visión de cadenas, sino de reconocer el peso “originario” del productor agropecuario en ellas. De la misma manera que se deben abrir cupos obligatorios para el eslabón primario en la cartera sustitutiva principalmente, es imperativo avanzar en una caracterización más racional, que no solo diferencie entre eslabones y tamaños, sino que amplíe los rangos a partir de la capacidad de generación de ingresos como factor de caracterización, para devolverle al productor rural el acceso al crédito de fomento.

Una vez más, la plata del campo…, para el campo.

Bogotá, D. C, 23 de mayo de 2020

*Presidente de Fedegán

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- En Colombia, y seguramente en otros países, estamos ¨protolocos¨ con el exceso de normatividades. Nuestro gobierno, experto en desempolvar palabrejas para ¨gobernar¨ a su manera, fue a lo profundo del diccionario y se encontró con el término protocolo que sirve para todo: parafernalia, fasto o cuaderno.

Para lo divino y lo humano, pero ante todo para prohibir hasta lo prohibido. La Constitución ha sido superada por los protocolos. Estamos manejados, conducidos y atemorizados por la dictadura de los protocolos. La Constituyente, con la que nos amenaza el Centro Democrático, para asustar a un país que rechaza el autoritarismo incluyendo el venezolano, fue aplicada con esta lluvia de protocolos. Pocos entienden la palabrita, pero todos la deben acatar, sin chistar. Con los protocolos, encierran a los viejos, manipulan el transporte, aíslan pueblos y ciudades. Para todo hay protocolo. Por protocolo, el Congreso solo legisla sobre los carrieles de Jericó. La justicia se entiende protocolariamente a través de redes, excluyendo los expedientes de AIS. La Fiscalía amenaza.

El protocolo es más peligroso que el coronavirus. Puede aplicar exageradas multas o contaminantes prisiones.  

Hay víctimas de protocolos por todas partes. Aquí y en el exterior. Los colombianos a quienes los alcanzaron en el exterior cuando se cerró Eldorado, están ¨protocolados¨ en pasillos de aeropuertos, en calles o arrimados a parientes o amigos caritativos, sin un peso, sin un dólar. Su ¨humanitaria¨ patria los conmina a comprar carísimos pasajes, para regresar, a pesar de disponer de los que adquirieron al emprender el viaje. Están a merced de contaminarse en su deambular por el exterior. Los curiosamente llamados vuelos humanitarios, parten de ciertos aeropuertos, hasta donde deben trasladarse los compatriotas en transportes costosos e inseguros. Los noticieros de televisión de Estados Unidos, muestran la forma lastimera e infrahumana que afrontan estos coombianos ¨protocoloabandonados¨. Si el gobierno permitiera los vuelos internacionales, podrían regresar con sus pasajes, no con los carísimos que deben comprar, porque como afirman algunos empleados consulares, detrás están dudosos contratos que demeritan la mano humanitaria del Estado. El único vuelo realmente humanitario fue el de China. Los demás llevan el sello del protocolo y sus lucrativas secuelas.

Tal vez ha hecho falta una racional campaña que divulgue los reales peligros de estos virus, para que los colombianos aprendamos a cuidarnos y tener una disciplina sanitaria segura para toda la población. Que Duque eduque para volvernos NOCOVID, sin necesidad de recurrir cada noche a sus dictatoriales y odiosos protocolos.

BLANCO: Los días sin IVA.

NEGRO: El protocolo para justificar lluvia toxica sobre Jamundí.

Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2020

*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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Lorena Rubiano Fajardo

Por Lorena Rubiano Fajardo.- El que siembra un campo, cultiva una flor o planta un árbol, es superior a los demás.” John Greenleaf Whittier

Con el decreto 523 del 7 de abril del 2020, aprovechando el pánico del Covid -19, el Gobierno no desperdició la oportunidad o el papayazo, para arrasar de un plumazo con lo poco que quedan de nuestra agricultura y por ende, acabar con nuestros campesinos. Y después se preguntan por qué nuestros campesinos se dedican a sembrar cultivos ilícitos.

El daño lo hicieron, al abrir las puertas  a la importación de alimentos, especialmente de los Estados Unidos con cero arancel, sin ningún estudio sensato y realista, con la teoría de asegurar la alimentación de los colombianos y  sin antes verificar que productos necesitaríamos, y sin ningún estudio sobre el impacto que produciría en la agricultura nacional y  en el campesinado.

Sería estúpido pensar que el Gobierno no sabe que los productos agrícolas son subsidiados en los Estados Unidos, y que el departamento de Agricultura alentó a los productores del país del norte sobre este papayazo que inexpertos colombianos dieron para llenarnos de sus productos transgénicos.

Y cualquier parroquiano sabe que estos alimentos subsidiados llegaron, y llenarán las arcas de los importadores y quebrarán a nuestros campesinos, porque serán más baratos que el producto nacional.

Colombia un país netamente agrícola, ha perdido su rumbo y la posibilidad de convertirse en una de las despensas alimentarias más grandes del mundo. Hemos pasado de apostar a una gran reforma agrícola y aprovechar el potencial de la geografía colombiana y sus productivas tierras  a depender de las importaciones y a fomentar el consumo de productos importados, cuando tenemos todo para desarrollar las buenas prácticas agrícolas y fomentar la exportación de productos netamente colombianos, con semillas nativas,  propias y no transgénicas.

Al Gobierno del Presidente Duque ha demostrado que no tiene el menor interés de fomentar la producción agrícola y apoyar al campesino colombiano. Son más 390 mil productores agrícolas colombianos están al borde de la quiebra y pérdida total de sus productos, y la respuesta del Gobierno a los productores colombianos fue firmar el decreto donde autorizó la libre importación durante tres meses a la mayoría de los granos, cuyo principal proveedor es Washington y el país no experimenta un déficit especial de estas cereales con el pretexto de la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.

La situación en el mercado alimentario colombiano depende cada día más de los proveedores extranjeros y, sobre todo, de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1990, Colombia importó 400 mil toneladas de alimentos, y en 2019, 14 millones de toneladas. Al mismo tiempo, el principal aumento se observa desde 2011, inmediatamente después de la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

En verdad es infame el tratamiento que el Gobierno nos está dando a los productores nacionales, no nos falta sino inundar el país de panela importada, ya que el maíz, de nuestros ancestros chibchas, ya está muriendo, lo mataron las importaciones.

Apoyemos una compaña para incrementar el consumo y la compra de los productos de nuestros campesinos. Si desaparecemos, se extinguirá nuestra patria.

Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2020

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Las medidas de excepción son para solucionar en el inmediato plazo problemas extraordinarios que provoca un hecho inusual e inesperado; pues bien, esto fue lo que ocurrió con la sorpresiva llegada del coronavirus que, dado su virulento contagio, confinó a la sociedad, paralizó todas las actividades cotidianas y puso al mundo entero patas arriba.

Por supuesto Colombia no fue la excepción y el gobierno de Duque, para sacarnos de la crítica e insospechada situación, decretó “…un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional». Eso se traduce en las facultades extraordinarias que la Constitución Política le da al jefe de Estado para gobernar en un estado de anormalidad. Hasta ahí todo bien.

Pero, siempre hay un pero, y es el calvario que comienzan a padecer los ciudadanos del común, es decir, los directos beneficiarios de las medidas, cuando quieren acceder a las supuestas ayudas o soluciones que en razón de la pandemia decretó el gobierno; calvario que significa hacer los  trámites que son engorrosos y confusos y que además dependen de unas instancia que casi siempre lo complican todo. Esto, por ejemplo, viene ocurriendo con los bancos hoy en el foco de las críticas por su ineficiente (¿deliberada?) irrigación de los recursos que, depositados en sus cuentas, automáticamente generan millonarias ganancias como el Encaje Bancario de marras (500.000 millones de pesos). Y qué decir de los funcionarios de las entidades estatales que interpretan a su antojo los decretos del Gobierno poniendo toda clase de trabas y requisitos que en muchos casos no contemplan los decretos presidenciales.

Veamos el siguiente caso: la educación y los llamados créditos educativos decretados  para solventar la crisis de muchas familias agobiadas económicamente, ya sea porque los padres se quedaron sin empleo, los ingresos disminuyeron o porque sus negocios entraron en quiebra. Pues bien, estas familias esperanzadas en las supuestas soluciones tienen el derecho de acceder a un crédito a través del Icetex, de acuerdo con el decreto 467 que busca solventar el pago de las matrículas de sus hijos tras una admisión expedita y simple, dada la situación de emergencia económica y la crisis provocada por el virus.

Se cree y así lo dice el sentido común, que las normas dictadas bajo el amparo de la emergencia económica son para incluir y no para excluir; sin embargo, la entidad crediticia que conocemos como el Icetex se inventó un requisito que no contempla el Decreto 467 y asegura que para poder aplicar a los créditos los estudiantes deben estar categorizados en los estratos 1,2 y 3, categorías que el decreto no estipula; pero para los insolidarios funcionarios de esa entidad crediticia, sí. Es decir, el presidente Duque es un vacuo mandatario.

Es tan patética la soberbia de esos funcionarios del Icetex que mientras el Decreto presidencial 467 en su artículo primero inciso 4 dice, en término generales, que para acceder a créditos nuevos no se necesitan codeudores, en esa entidad estos funcionarios aseguran, de nuevo, que sólo aplica para los estratos 1,2 y 3 y excluye a los estudiantes de los estratos 4, 5 y 6, cosa que tampoco estipula la norma.

Pero es tal la arrogancia de esa entidad que conozco de casos en los que varios estudiantes decidieron, repito, sin que el decreto lo exija, conseguir un codeudor y en tiempo récord y sin realizar un estudio concienzudo y serio de la petición, su solicitud fue rechazada sin tener en cuenta la pandemia y la crisis de bulto que hoy padecen las familias colombianas. ¿Estará el Icetex favoreciendo privilegios partidistas o políticos? La Procuraduría debería investigarlo.

Vale la pena aclararles a los pedantes funcionarios del Icetex que no se trata de familias “atenidas”, como diría la vicepresidenta Ramírez; ni tampoco de familias “aperezadas que buscan vivir de los subsidios”, como también lo diría un parlamentario del partido de gobierno Centro Democrático; son familias que reclaman un derecho, no un favor, pues son las que verdaderamente se metan la mano al bolsillo para pagar los impuestos; impuestos de los que ustedes derivan su sustento. Insolidarios y descarados.

Bogotá, D, C, 20 de mayo de 2020

*Periodista y analista político.

@jairotevi

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Óscar Villamizar Meneses

Por Óscar Villamizar Meneses*.- García Rovira una de las siete provincias que conforman el Departamento de Santander, se le dio vida jurídica el  9 de mayo de 1853 en honor al profesor y militar Custodio García Rovira, es  una de las regiones de mayor crecimiento en el oriente colombiano, basando su economía en la agricultura, la agroindustria y el comercio, entre otros; conformada por más de 1000 kilómetros de vías terciarias, por donde  5000 productores sacan entre  150 a 200 toneladas de papa a diferentes partes del país, sin contar con los demás productos agrarios que se producen. 

El mal estado de las vías terciarias, la llegada de pandemia y alto precio de insumos agrarios ha hecho que muchos agricultores se declaren en quiebra; es necesario que el Gobierno Nacional  genere solución al mal estado de las vías terciarias y que haya un apoyo real con esos 200 mil millones que a través del Ministerio de Agricultura se designaron para ayudar en la crisis al agro en Colombia.

En total,  son 12 km de vías rurales los que se deben intervenir, en municipios tales  como: Cerrito, Concepción, Málaga, Miranda, Enciso, Capitanejo, Carcasí, San Miguel, Macaravita, San Andrés, Molagavita, y Guaca. Sin contar que la vía principal y de acceso a la provincia, se encuentra en proyecto, sin mostrar mayores avances.

Ahora bien, además de las vías, la falta de fomento agropecuario, sobrecostos de los insumos, la insuficiente capacitación, la ausencia de asistencia técnica agropecuaria y la falta de créditos blandos, hacen difícil el desempeño de las buenas prácticas agropecuarias para pequeños y medianos productores de la provincia. 

Los sueños de los Rovirenses tales como: La planta de lácteos y la planta de lavado y transformación de la papa entre otros importantes proyectos, son la razón de nuestra lucha ante el gobierno nacional y departamental. 

Como Representante a la Cámara por el Departamento de Santander me veo en la obligación de hacer visible esta situación, como lo haré con las otras provincias, y pedirle al Gobierno Nacional, mayor inversión para esta zona del país,  ya que debemos proporcionarle a nuestras familias campesinas las condiciones óptimas para producir, transportar y comercializar sus productos; facilitando obras de inversión para la construcción de placa huellas, mantenimiento vías terciarias, adquisición de maquinaria amarilla, incentivos y subsidios para la compra de insumos, como también créditos blandos con periodos de gracia y asistencia para que puedan tecnificar sus cultivos, comercializarlos, y tener ganancias que les permita seguir con optimismo habitando estas bellas tierras.

Bucaramanga, mayo 18 de 2020

Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- Para nadie es un secreto que la economía global pasa por un momento extraordinario de crisis debido a la pandemia que afecta al mundo entero, Gran Depresión que los países no vivían desde la crisis de 1929. 

Paralización de empresas y negocios, casi paralización completa de producción y ventas fue lo que sucedió para aquella época, situación nada distinta a la que hoy vive el mundo por cuenta de un enemigo invisible que tomó fuerza y que tiene en cuidados intensivos la economía, pero también la salud del mundo. 

En Colombia es preocupante lo que está sucediendo, la economía se desploma, el desempleo crece a pasos agigantados, la producción de la grande, mediana y pequeña empresa está paralizada, todos los sectores productivos están en crisis, y ni qué decir  del comercio, el transporte terrestre y aéreo, el turismo,  todas las actividades asociadas que lo complementan como los restaurantes, el sector hotelero y muchos más que se ahogan por la falta de oxígeno financiero. 

Sabemos que vendrán días difíciles, al virus aún le queda mucho por delante, el número de contagios en nuestro país aún no llega a su pico, se calcula que hacia finales de junio y principios de julio llegaremos a ese máximo. Por lo pronto nos toca seguirle haciendo frente a la situación mientras superamos esta contingencia. 

Sabemos que de las grandes crisis también surgen las grandes oportunidades y tan pronto pase esta horrible noche el país tendrá que reinventarse en muchos frentes, tenemos que entre todos salvar la economía nacional, tratar de ayudar a los sectores más golpeados, tenemos que recuperar la productividad, y los puestos de trabajo perdidos durante la contingencia. Ya con creces los colombianos hemos demostrado nuestra resiliencia en momentos difíciles, nos hemos sobre puesto a la violencia durante décadas, al narcotráfico que azoto al país en los años 80”s, hemos resistido al accionar indiscriminado de múltiples actores armados ilegales, en fin, superar esta tragedia nos costara tiempo, pero al final lo lograremos. 

Ahora bien, tenemos que generar una política nacional de fortalecimiento a la pequeña, mediana y gran empresa, que logre posicionarlas de nuevo en su productividad y empleabilidad y para que ello se dé, los colombianos debemos apoyar la industria nacional, comprar lo nuestro, promover lo nuestro y hacer uso efectivo de lo que se produce y fabrica en Colombia. 

Tenemos que avanzar en crear la marca país, que nos identifiquemos con ella, que sea símbolo de orgullo nacional, que seamos un país regionalista, donde apoyemos al productor nacional, a la industria del calzado, de textiles, donde generemos una política efectiva de empleo rural, en fin, son múltiples las tareas de los colombianos en el corto y mediano plazo. 

El país tiene que redoblar esfuerzos en combatir a fondo el contrabando, controlar también sus importaciones y a su vez, tendrá que revisar varios acuerdos comerciales y emprender una cruzada que nos conllevé a la recuperación total de la economía nacional, debemos romper paradigmas y aprovechar este mal momento para convertirlo en una oportunidad de desarrollo y crecimiento. 

Tenemos que volver definitivamente a la reindustrialización, a la agro industrialización, a fortalecer la industria del turismo que aporta el 8% del empleo nacional. En el sector agropecuario, necesitamos que definitivamente volvamos al campo, lo tecnifiquemos, que le demos recursos a esos doce millones de compatriotas, hombres y mujeres que habitan esa gran ruralidad colombiana, que los volvamos empresarios del campo, con más innovación, ciencia y tecnología para que se logre una verdadera transformación rural. Ya tenemos las herramientas legales para hacerlo, pongamos en práctica por ejemplo la Ley 1876 del 2018 y generemos desarrollo en el sector agropecuario. 

Tenemos que ser propositivos, debemos repensar el país, reconstruirlo entre todos, identifiquemos oportunidades, cambiemos ese chip y saquemos a Colombia adelante. Recuerda ¡colombiano, compra colombiano!

Bogotá, D. C, 25 de mayo de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Son efectivas las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar el impacto económico de la pandemia del Covid-19, en particular en lo que se refiere a la protección del empleo y el ingreso de la población? ¿Han sido suficientes y oportunas? ¿se hubieran podido, o debido, tomar medidas adicionales?

Es complejo evaluar las políticas adoptadas frente a una crisis de características y magnitud sin precedentes; ningún país tiene en su historia reciente parámetros para medirlas. Lo que sí es posible es la comparación entre lo que han hecho los diferentes países para no emitir juicios basados en modelos teóricos sino en realidades y experiencias prácticas.

En general se puede afirmar que las medidas adoptadas en Colombia han sido acertadas y van en la dirección correcta: primero ayudas a los más pobres, luego a los informales y vulnerables y finalmente a los empleados formales, junto con apoyos crediticios a las empresas. Sin embargo también se debe decir que han sido insuficientes y, en algunos casos tardías.

En cuanto a la magnitud de la intervención del Estado para conjurar la crisis, Colombia está muy rezagada frente a lo que han hecho otros países. Como informó el diario Portafolio el estímulo fiscal colombiano llegará a 2.8% del PIB, muy lejos de algunas naciones europeos que han dedicado más del 20% de su PIB, o Estados Unidos con el 13%.

Pero no solo los países desarrollados. En nuestro vecindario, en Perú el paquete fiscal anticrisis llegará al 12%, en Brasil al 9.5% en Chile al 6.6% y en Argentina a 5.6%. Y todo financiado con mayor deuda pública. El famoso gradualismo colombiano, que ha dado buenos resultados en otros campos, en este caso no parece ser la receta adecuada.

Por esta inoportuna prudencia fiscal el monto de las ayudas ha sido exiguo e insuficiente. Para los más pobres que perdieron todos sus ingresos al no poder salir a las calles a rebuscarlo, los $160.000 mensuales que se adicionaron a Familias en acción, tan solo compensa una pequeña parte que no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Lo mismo sucede con el programa de Ingreso Solidario, destinado a los informales no cubiertos con otros subsidios estatales a los que asignaron $240.000 para tres meses. Es una lástima que un programa tan novedoso y bien diseñado por el DNP aporte una suma tan pequeña que no alcanza ni para el mercado.

En cuanto a la protección al empleo formal (PAEF), además del monto tan pequeño ($350.000 por empleado), tiene otros dos problemas. El primero, que se anunció muy tarde casi dos meses después de iniciada la crisis, cuando ya muchas empresas habían tenido que recortar la nómina o suspender contratos de trabajo, de manera que esos desempleados ya no reciben el subsidio. Hay que recordar que desde finales de marzo varios analistas y académicos plantearon que este subsidio debería ser por lo menos de un salario mínimo.

El segundo inconveniente del PAEF es que estableció un límite demasiado bajo para clasificar: solo una reducción de 20% en sus ingresos. Una empresa que logró el 80% de sus ingresos normales, tiene con qué pagar la nómina, así tenga que hacer algunos recortes en otros gastos. La fórmula adecuada hubiera sido un punto de corte más alto (por ejemplo, reducción de ingresos del 40%) y un pago de un SMLV por cada trabajador).

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*.- De “cicatera” califican algunos la estrategia financiera y presupuestal del Gobierno para hacerle frente a la crisis del coronavirus. Anotan que como proporción del PIB estamos invirtiendo mucho menos que otros países latinoamericanos.

El director de crédito público, César Arias, en excelente entrevista que concedió al portal “Primera Página” (mayo 18) explica, con mucho detalle, cuál es la estrategia financiera que desde el Ministerio de Hacienda se está desplegando para atender los costos en los que ya se ha incurrido y los que están por venir.

A mi modo de ver esta entrevista de Arias es la explicación más completa que hasta ahora ha divulgado el Gobierno para entender el delicado predicamento fiscal al que nos enfrentamos.

La entrevista está dividida en dos partes. En la primera explica cómo se va a financiar el déficit del 6,1% del PIB en el 2020, que es lo que hasta el momento se le ha autorizado incurrir al Gobierno, vía mayor endeudamiento, por la comisión de la regla fiscal.

En la segunda parte explica cuáles son las que él denomina “líneas de defensa”, que no son otra cosa que lo que habría que hacer en el evento de que los costos de la pandemia lleguen a exceder el límite del endeudamiento autorizado al Gobierno, o sea, el 6,1% del PIB. Límite que se descompone en tres fuentes:

La primera es el incremento de endeudamiento que por 2,7% del PIB protocolizó el decreto 444 del 2020 de la primera emergencia económica, en virtud del cual el Gobierno le tomó dineros prestados a departamentos y municipios (pensiones, fondo de estabilización de las regalías) así como la inversión forzosa que se le impuso a los bancos.

El siguiente tramo del 2,2% del PIB es el que se venía contabilizando hasta antes del estallido de la pandemia. Este déficit básicamente se había venido financiando con emisiones de TES en el mercado interno.

El tercer tramo del déficit (1,2 % del PIB) corresponde a la caída de recaudos de la Dian en este año, que se está calculando en $12 billones frente a lo originalmente estimado. Este tramo del déficit se estará financiando con créditos ya contratados con multilaterales que ascienden a US$ 3.000 millones.

Ahora bien: ¿qué va a pasar si los costos de la pandemia, a la hora de la verdad, exceden la barrera del endeudamiento autorizado del 6,1% del PIB? hipótesis que algunos consideramos como la más probable. La fuerza de los hechos llevará al Gobierno a traspasar la barrera que él mismo se ha señalado para su endeudamiento.

Si se supera esta barrera, el director de Crédito Público señala -con lenguaje guerrero- lo que denomina cuatro “líneas de defensa”. A saber:

Primera, utilizar la línea contingente de crédito que el Gobierno tiene en el FMI, que asciende a US$10.800 millones. Segunda línea de defensa, recurrir al mercado local de deuda colocando bonos cuyos plazos podrían ascender -dice el director del crédito público- a 20, 25 o 30 años. La tercera línea es lo que Hacienda denomina “reacomodación” del presupuesto, que consiste en recortar gasto público por $6 billones de pesos. Y, una última línea, sería utilizar más créditos de multilaterales, aunque su costo, dice el Dr Arias, son altos. Y la estrategia toda parece estar diseñada para incurrir en los menores costos financieros posibles.

Por el momento no parece estar en el radar del Gobierno tocar las puertas del crédito del Banco de la República ni tampoco utilizar, al menos en una primera instancia, recursos de origen tributario a través de una nueva reforma impositiva.

Lo que es cierto es que al país le va a terminar costando más, mucho más, de lo que está previendo la lucha contra la pandemia y la recuperación de la economía.

Si se tiene en cuenta que 2,2% del déficit que analiza el director de crédito público obedece a endeudamientos prepademia, habrá que concluir que para esta emergencia solamente se han comprometido hasta la fecha 4% del PIB (40 billones en cifras redondas) que no es cicatero pero luce insuficiente. Y obedece a una óptica de gradualismo homeopático muy propia de los colombianos.

De manera que el recurso a las “líneas de defensa” que menciona el director de crédito público parece ineludible. Quedan muchos gastos no contabilizados aún, que no caben dentro del endeudamiento máximo autorizado hasta la fecha pero en los que se terminará incurriendo, así: ¿Se ayudará más a las empresas? ¿Habrá subsidios más generosos para paliar el aterrador desempleo que ya se vislumbra? ¿Habrá un plan de gasto presupuestal contra cíclico que privilegie la recuperación económica con un gran programa de obras públicas y de apoyo a la vivienda en la pospandemia? ¿El desplome de los recaudos de la Dian este año será mayor de los muy conservadores $12 billones que está calculando el Gobierno? ¿Habrá un programa de ayuda a departamentos y municipios a los cuales también se les han ido al suelo los recaudos?

Son muchas las preguntas que quedan flotando, ninguna de las cuales tiene respuesta fiscal dentro de la autorización para endeudarse hasta por 6,1% del PIB. Ese cupo tendrá forzosamente que ampliarse. Y no sería irresponsabilidad hacerlo. La crisis es de tal magnitud que no podemos engolfarnos en un gradualismo válido para otras épocas, pero que los tozudos hechos están desbordando.

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Las finanzas públicas, tanto las de la Nación como la de las entidades territoriales se encuentran entre la espada y la pared. De un lado está la salud en cuidados intensivos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, cuyo tratamiento y contención demanda ingentes recursos, con los cuales no se contaba. Del otro lado está la economía, que se contagió con el coronavirus, en un coma inducido, debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento preventivo que se han tomado al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica y social. Por tal motivo, la actividad económica y comercial se ha visto abocada a una virtual parálisis, afectándose gravemente la oferta y la demanda tanto a nivel agregado como sectorial, el crecimiento, empleo y el ingreso.

La prolongación de esta crítica situación, que se ha visto agravada con el desplome de los precios internacionales del petróleo, llevó al Ministerio de Hacienda y Crédito público a revisar su previsión de crecimiento del PIB este año desde el 3.7% al -5.5%. Por su parte el Comité consultivo de la Regla fiscal, se vio precisado a flexibilizar, aún más de lo que ya lo había hecho, la Regla fiscal, elevando el techo del déficit fiscal desde el - 2.5% del PIB proyectado hasta el - 6.1% del PIB. Es más, el propio Ministro Carrasquilla ha reconocido que la deuda pública de la Nación va a subir desde el 50.3% actual a más del 60% al cierre de este año. Y no era para menos, dado que, según las proyecciones de la DIAN, se estima que el recaudo de impuestos se disminuirá en $15 billones, aproximadamente, al tiempo que se prevé un mayor gasto para este año, por lo pronto, de $25 billones.

Al igual que la Nación, los departamentos, municipios y distritos han visto reducir sus ingresos al tiempo que la atención de la crisis planteada, en lo que les corresponde, demanda un mayor gasto, no previsto. Ellos cuentan con tres fuentes de ingresos, a saber: los ingresos corrientes de libre destinación, que son los recursos propios, que básicamente provienen del recaudo de impuestos y contribuciones. En el caso de los 32 departamentos, estamos hablando de los impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, el impuesto a los vehículos, registro y anotación, las estampillas y la sobretasa a los combustibles. En cuanto a los 1.103 municipios y distritos, estos  disponen de los recaudos por el impuesto de industria y comercio (ICA), el impuesto predial y la sobretasa a los combustibles.

Las dos principales fuentes de ingresos de los departamentos son los que provienen de las transferencias por parte de la Nación a través del Sistema General de Participaciones, que representan el 47% y los recursos propios que participan con el 35%. Adicionalmente, los recursos provenientes del Sistema General de Regalías complementan sus ingresos con un promedio del 6%. Pues bien, según la Federación Nacional de Departamentos, los ingresos propios de estos cayeron en el mes de abril el 45%; se prevé que las regalías, a consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el carbón, caerán por lo menos en un 40%. Y, como si lo anterior fuera poco, el monto de las transferencias del SGP se verá reducido drásticamente, toda vez que la base de cálculo y liquidación de las mismas son los ingresos corrientes de la Nación, que como ya quedó dicho se han visto seriamente impactados.

Por las razones anteriormente expuestas, tanto los departamentos como los municipios y distritos se están viendo en calzas prietas.  A guisa de ejemplo, citemos al Secretario de Hacienda del Distrito capital Juan Mauricio Ramírez, quien da cuenta que el mismo dejará de recaudar $1 billón anuales por cuenta de la pandemia. Además de tener que frenar sus planes y proyectos de inversión, empiezan a tener inconvenientes para cubrir el pago de sus gastos de funcionamiento, empezando por la nómina de sus servidores.

De allí el S.O.S que le lanzó la Federación Nacional de Departamentos, a través de una comunicación enviada por su Director ejecutivo Carlos Camargo, al señor Presidente de la República, mediante el cual le solicitaron su intervención con el fin de que las entidades territoriales puedan solventar su situación financiera y se pueda garantizar su sostenibilidad fiscal. Ello es tanto más urgente, habida cuenta que aspectos tan vitales y sensibles como la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, son su responsabilidad y el riesgo de desfinanciamiento de los mismos es inminente. Por lo demás, no basta con facultar a los gobernadores y alcaldes para reorientar el gasto en función de la atención con prioridad del que demande la emergencia, como quedó establecido en el Decreto 461 del 22 de marzo.

Por ello, respaldamos a los gobernadores y a los alcaldes en su justa petición al Presidente Iván Duque para que se flexibilizara la Ley 617, de la misma manera que la Comisión Asesora de la Regla fiscal la flexibilizó para abrirle espacio fiscal al mayor gasto en el que tendrá que incurrir el Gobierno Nacional. Así lo entendió el Gobierno y a través del decreto 678 del 20 de mayo dispuso que “no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento de los límites de gasto definidas en esta Ley y en la Ley 819 de 2003”.

No obstante, este Decreto, aunque les permite que “para efectos de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez…las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería”, cabe preguntarse qué banco en las actuales circunstancias le va a dar crédito a las entidades territoriales sino cuentan, como si cuentan las empresas, con garantía de la Nación hasta el 90%. De lo que se trata es de aplanar la curva de contagios del COVID-19 hacia abajo y de aplanar en simultánea la curva de los ingresos territoriales hacia arriba.

Cota, mayo 23 de 2020

*Expresidente del Congreso de Colombia y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Al final de marzo pasado, el gobierno partió a Electricaribe en dos empresas –Caribe Mar y Caribe Sol– y se las vendió, respectivamente, a EPM y a un consorcio de Alberto Ríos Velilla. Al anunciarse la decisión, Natacha Avendaño, la Superintendente de Servicios Públicos a la que el presidente Duque puso a dar la cara, dijo que no revelaba los precios pagados porque el gobierno había determinado que fueran secretos. Al mismo tiempo y por confusión, Enerpereira, la empresa principal del consorcio de Ríos, informó que pagaron 285 mil millones de pesos por su parte, el 44 por ciento del total de Electricaribe, suma bajísima, como se verá. Que corrieran a borrar la cifra no evitó que se conociera (bit.ly/3gd1t2h), para vergüenza de la Casa de Nariño.

Ante mi requerimiento en el Senado, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, no descalificó por falsos los 285 mil millones pero, viva, tampoco los reconoció, ratificó que las cifras eran secretas y se atrevió a defender el ocultamiento con la fábula de que “la nación no es una parte de la transacción” y que los pagos eran ocultos por “ser una transacción entre privados”, decires que entran a la galería de las mayores falacias oídas en el Congreso. Porque entre los vendedores de Electricaribe no hubo ni un solo actor –¡ni uno tan solo!– del sector privado, dado que, por decisión legal que castigó sus incumplimientos y abusos contra los usuarios, toda la propiedad de los españoles de Gas Natural Fenosa sobre Electricaribe pasó al Estado colombiano, hechos que indican que además estamos ante otra privatización.

Las siguientes son otras verdades que, con su secretismo y violando la Constitución, Duque y el Consejo de Ministros intentaron ocultarnos. La narrativa oficial sobre este engaño dice que Ríos Velilla –íntimo amigo de Germán Vargas Lleras, quien se volvió duquista días antes de esta operación financiera– compró una empresa quebrada que regalada es cara y, entonces, le quedamos debiendo el favor. Pero eso es falso porque el Estado, antes de venderla, le pagó todos sus pasivos, laborales, financieros y comerciales, a un costo de 5,89 billones de pesos, por lo que entrega, saneados y por escasos 285 mil millones, activos que valen 2,76 billones de pesos, además de 1,18 millones de usuarios que pagan facturas por dos billones de pesos al año. Una gran empresa cero kilómetros y una magnífica inversión, capaz de sobra de apalancar los créditos necesarios para hacer las inversiones que se requieren. Negocio de burro amarrado.

Van también en este negocio sastre, es decir, hecho a la medida del comprador, otras prebendas: por el régimen especial fijado por el Decreto 1645 de 2019 de Duque, las tarifas de electricidad de la Costa Caribe se encarecerán más que las del resto del país durante los próximos cinco años. Seguramente seguirán los subsidios oficiales a Caribe Sol, heredados también de Electricaribe, por unos 375 mil millones anuales. Y en realidad, el consorcio de Ríos no pagará 285 mil millones de pesos, porque entre los bienes que recibirá de Electricaribe se incluye otro regalo: 119 mil millones de pesos de una cartera que no tiene la naturaleza de difícil cobro por ser menor de 90 días.

En un país que no esté tan mal gobernado como este, Electricaribe, viable por el exclusivo esfuerzo del Estado y de los costeños, se hubiera mantenido dentro del sector público, como patrimonio de los departamentos de la Costa Caribe, de forma que, por la vía de las menores tarifas o de la reinversión de las utilidades, les sirviera a las comunidades de la región, idea que todavía puede y debe hacerse realidad.

Pero en la Colombia de los mismos con las mismas que tan bien representa Duque, el papel central del Estado no consiste en promover en serio el desarrollo y la reducción de las desigualdades sociales, sino en usarlo como instrumento de negociados como este.

Coletilla. En el debate que hicimos con Juan Luis Castro en el Senado demostramos lo equivocado de las medidas de Duque y Carrasquilla frente a la pandemia. El drama de los trabajadores de la salud ilustra su incapacidad hasta para introducir cambios mínimos pero importantes y urgentes en el reino de las EPS. Y se nota que ni los sectores sociales más empobrecidos ni los empleados y empresarios más afectados por el necesario distanciamiento social han recibido respaldo suficiente del Estado.

Y no lo han recibido porque Duque y Carrasquilla, presos de la ortodoxia neoliberal más cerril, han impuesto un gasto público escaso y la manera más costosa de financiarlo, criterios dejados de lado en casi todas partes en esta crisis. En el entretanto, la economía nacional sufre lo indecible, al debilitarse y arruinarse muchas formas de crear riqueza que sustentan el empleo, los ingresos y el gasto de los colombianos (bit.ly/3gdH3pS).

Bogotá, 22 de mayo de 2020.

Bogotá, D. C, 23 de mayo de 2020

@JERobledo

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José Félix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- ¿Se puede igualar a un elefante con un conejo, solo porque ambos son animales? Frente a una escasez de comida, y presionados por el tamaño amedrentador del elefante, lo alimentaríamos a costa del hambre de cien conejos, o distribuiríamos proporcionalmente la comida entre la gran población de conejos y los pocos elefantes.

Guardadas las imperfecciones de toda comparación, y saliéndome de los terrenos de Esopo, el fabulista casi mitológico de la literatura universal, eso es lo que ocurre con la caracterización de los productores agropecuarios como sujetos de crédito de fomento, lo cual acentúa las imperfecciones de ese mercado, que tienden a excluir a los productores rurales ligados a la tierra y, entre ellos, al pequeño, en beneficio de grandes productores -de elefantes- de otros eslabones de las cadenas.

Antes de la creación de la Caja Agraria, en 1931 no se diferenciaba a los productores por tamaño, porque el país todavía era “agropecuario”, la industria apenas nacía, no había ni rasgos del gran desarrollo urbano, el petróleo nos llegó tarde y los “servicios”, que hoy comparten hegemonía con los hidrocarburos, eran incipientes. Los recursos del Estado, entonces, fluían hacia la producción agropecuaria que sostenía la economía nacional.

Cuando se pierde esa posición hegemónica y empieza la declinación del campo, con todas sus consecuencias de abandono, ilegalidad y violencia, nacen las instituciones para “ayudarle” al productor rural, consolidadas en el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (1990), pero bajo la visión de “cadenas productivas”, que abrió las puertas a los eslabones de transformación, comercialización y servicios de apoyo, para competir por los recursos que, hasta entonces, habían sido exclusivos del productor primario. Y ahí fue cuando, volviendo a mi comparación fabulesca, se revolvieron conejos y elefantes a competir por comida escasa.

El sistema califica como pequeños productores a aquellos con activos hasta 284 millones, rango que tiene relación con otro parámetro de caracterización rural: la Unidad Agrícola Familiar, UAF: la cantidad de tierra para que una familia genere dos salarios mínimos, que llega a ser de más de ¡1.300 hectáreas! en el llano adentro, o apenas dos o tres en la Sabana de Bogotá, pero aquí o allá, con algunos animales, supera el rango estrecho del pequeño productor y las mejores condiciones de crédito.

Y si vamos a los grandes, para el sistema, “gran productor” de cualquier eslabón (conejo o elefante) es aquel con activos superiores a más de 4.000 millones, pero un gran productor primario, es decir, un agricultor o un ganadero que supere esa cota de activos, nunca podrá compararse ni competir con gigantes de la agroindustria, procesadoras de alimentos y cadenas de comercialización que se valoran en cifras billonarias. ¿A quién preferirá el banco? Pues al elefante. No es gratuito que la cartera sustitutiva, administrada con discrecionalidad por los bancos, acapare el 85 % de los créditos Finagro y que, de contera, el 75 % de esa torta se vaya a grandes empresas de otros sectores.

No se trata de excluir a otros eslabones o desvirtuar la visión de cadenas, sino de reconocer el peso “originario” del productor agropecuario en ellas. De la misma manera que se deben abrir cupos obligatorios para el eslabón primario en la cartera sustitutiva principalmente, es imperativo avanzar en una caracterización más racional, que no solo diferencie entre eslabones y tamaños, sino que amplíe los rangos a partir de la capacidad de generación de ingresos como factor de caracterización, para devolverle al productor rural el acceso al crédito de fomento.

Una vez más, la plata del campo…, para el campo.

Bogotá, D. C, 23 de mayo de 2020

*Presidente de Fedegán

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- En Colombia, y seguramente en otros países, estamos ¨protolocos¨ con el exceso de normatividades. Nuestro gobierno, experto en desempolvar palabrejas para ¨gobernar¨ a su manera, fue a lo profundo del diccionario y se encontró con el término protocolo que sirve para todo: parafernalia, fasto o cuaderno.

Para lo divino y lo humano, pero ante todo para prohibir hasta lo prohibido. La Constitución ha sido superada por los protocolos. Estamos manejados, conducidos y atemorizados por la dictadura de los protocolos. La Constituyente, con la que nos amenaza el Centro Democrático, para asustar a un país que rechaza el autoritarismo incluyendo el venezolano, fue aplicada con esta lluvia de protocolos. Pocos entienden la palabrita, pero todos la deben acatar, sin chistar. Con los protocolos, encierran a los viejos, manipulan el transporte, aíslan pueblos y ciudades. Para todo hay protocolo. Por protocolo, el Congreso solo legisla sobre los carrieles de Jericó. La justicia se entiende protocolariamente a través de redes, excluyendo los expedientes de AIS. La Fiscalía amenaza.

El protocolo es más peligroso que el coronavirus. Puede aplicar exageradas multas o contaminantes prisiones.  

Hay víctimas de protocolos por todas partes. Aquí y en el exterior. Los colombianos a quienes los alcanzaron en el exterior cuando se cerró Eldorado, están ¨protocolados¨ en pasillos de aeropuertos, en calles o arrimados a parientes o amigos caritativos, sin un peso, sin un dólar. Su ¨humanitaria¨ patria los conmina a comprar carísimos pasajes, para regresar, a pesar de disponer de los que adquirieron al emprender el viaje. Están a merced de contaminarse en su deambular por el exterior. Los curiosamente llamados vuelos humanitarios, parten de ciertos aeropuertos, hasta donde deben trasladarse los compatriotas en transportes costosos e inseguros. Los noticieros de televisión de Estados Unidos, muestran la forma lastimera e infrahumana que afrontan estos coombianos ¨protocoloabandonados¨. Si el gobierno permitiera los vuelos internacionales, podrían regresar con sus pasajes, no con los carísimos que deben comprar, porque como afirman algunos empleados consulares, detrás están dudosos contratos que demeritan la mano humanitaria del Estado. El único vuelo realmente humanitario fue el de China. Los demás llevan el sello del protocolo y sus lucrativas secuelas.

Tal vez ha hecho falta una racional campaña que divulgue los reales peligros de estos virus, para que los colombianos aprendamos a cuidarnos y tener una disciplina sanitaria segura para toda la población. Que Duque eduque para volvernos NOCOVID, sin necesidad de recurrir cada noche a sus dictatoriales y odiosos protocolos.

BLANCO: Los días sin IVA.

NEGRO: El protocolo para justificar lluvia toxica sobre Jamundí.

Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2020

*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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Lorena Rubiano Fajardo

Por Lorena Rubiano Fajardo.- El que siembra un campo, cultiva una flor o planta un árbol, es superior a los demás.” John Greenleaf Whittier

Con el decreto 523 del 7 de abril del 2020, aprovechando el pánico del Covid -19, el Gobierno no desperdició la oportunidad o el papayazo, para arrasar de un plumazo con lo poco que quedan de nuestra agricultura y por ende, acabar con nuestros campesinos. Y después se preguntan por qué nuestros campesinos se dedican a sembrar cultivos ilícitos.

El daño lo hicieron, al abrir las puertas  a la importación de alimentos, especialmente de los Estados Unidos con cero arancel, sin ningún estudio sensato y realista, con la teoría de asegurar la alimentación de los colombianos y  sin antes verificar que productos necesitaríamos, y sin ningún estudio sobre el impacto que produciría en la agricultura nacional y  en el campesinado.

Sería estúpido pensar que el Gobierno no sabe que los productos agrícolas son subsidiados en los Estados Unidos, y que el departamento de Agricultura alentó a los productores del país del norte sobre este papayazo que inexpertos colombianos dieron para llenarnos de sus productos transgénicos.

Y cualquier parroquiano sabe que estos alimentos subsidiados llegaron, y llenarán las arcas de los importadores y quebrarán a nuestros campesinos, porque serán más baratos que el producto nacional.

Colombia un país netamente agrícola, ha perdido su rumbo y la posibilidad de convertirse en una de las despensas alimentarias más grandes del mundo. Hemos pasado de apostar a una gran reforma agrícola y aprovechar el potencial de la geografía colombiana y sus productivas tierras  a depender de las importaciones y a fomentar el consumo de productos importados, cuando tenemos todo para desarrollar las buenas prácticas agrícolas y fomentar la exportación de productos netamente colombianos, con semillas nativas,  propias y no transgénicas.

Al Gobierno del Presidente Duque ha demostrado que no tiene el menor interés de fomentar la producción agrícola y apoyar al campesino colombiano. Son más 390 mil productores agrícolas colombianos están al borde de la quiebra y pérdida total de sus productos, y la respuesta del Gobierno a los productores colombianos fue firmar el decreto donde autorizó la libre importación durante tres meses a la mayoría de los granos, cuyo principal proveedor es Washington y el país no experimenta un déficit especial de estas cereales con el pretexto de la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.

La situación en el mercado alimentario colombiano depende cada día más de los proveedores extranjeros y, sobre todo, de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1990, Colombia importó 400 mil toneladas de alimentos, y en 2019, 14 millones de toneladas. Al mismo tiempo, el principal aumento se observa desde 2011, inmediatamente después de la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

En verdad es infame el tratamiento que el Gobierno nos está dando a los productores nacionales, no nos falta sino inundar el país de panela importada, ya que el maíz, de nuestros ancestros chibchas, ya está muriendo, lo mataron las importaciones.

Apoyemos una compaña para incrementar el consumo y la compra de los productos de nuestros campesinos. Si desaparecemos, se extinguirá nuestra patria.

Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2020

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Las medidas de excepción son para solucionar en el inmediato plazo problemas extraordinarios que provoca un hecho inusual e inesperado; pues bien, esto fue lo que ocurrió con la sorpresiva llegada del coronavirus que, dado su virulento contagio, confinó a la sociedad, paralizó todas las actividades cotidianas y puso al mundo entero patas arriba.

Por supuesto Colombia no fue la excepción y el gobierno de Duque, para sacarnos de la crítica e insospechada situación, decretó “…un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional». Eso se traduce en las facultades extraordinarias que la Constitución Política le da al jefe de Estado para gobernar en un estado de anormalidad. Hasta ahí todo bien.

Pero, siempre hay un pero, y es el calvario que comienzan a padecer los ciudadanos del común, es decir, los directos beneficiarios de las medidas, cuando quieren acceder a las supuestas ayudas o soluciones que en razón de la pandemia decretó el gobierno; calvario que significa hacer los  trámites que son engorrosos y confusos y que además dependen de unas instancia que casi siempre lo complican todo. Esto, por ejemplo, viene ocurriendo con los bancos hoy en el foco de las críticas por su ineficiente (¿deliberada?) irrigación de los recursos que, depositados en sus cuentas, automáticamente generan millonarias ganancias como el Encaje Bancario de marras (500.000 millones de pesos). Y qué decir de los funcionarios de las entidades estatales que interpretan a su antojo los decretos del Gobierno poniendo toda clase de trabas y requisitos que en muchos casos no contemplan los decretos presidenciales.

Veamos el siguiente caso: la educación y los llamados créditos educativos decretados  para solventar la crisis de muchas familias agobiadas económicamente, ya sea porque los padres se quedaron sin empleo, los ingresos disminuyeron o porque sus negocios entraron en quiebra. Pues bien, estas familias esperanzadas en las supuestas soluciones tienen el derecho de acceder a un crédito a través del Icetex, de acuerdo con el decreto 467 que busca solventar el pago de las matrículas de sus hijos tras una admisión expedita y simple, dada la situación de emergencia económica y la crisis provocada por el virus.

Se cree y así lo dice el sentido común, que las normas dictadas bajo el amparo de la emergencia económica son para incluir y no para excluir; sin embargo, la entidad crediticia que conocemos como el Icetex se inventó un requisito que no contempla el Decreto 467 y asegura que para poder aplicar a los créditos los estudiantes deben estar categorizados en los estratos 1,2 y 3, categorías que el decreto no estipula; pero para los insolidarios funcionarios de esa entidad crediticia, sí. Es decir, el presidente Duque es un vacuo mandatario.

Es tan patética la soberbia de esos funcionarios del Icetex que mientras el Decreto presidencial 467 en su artículo primero inciso 4 dice, en término generales, que para acceder a créditos nuevos no se necesitan codeudores, en esa entidad estos funcionarios aseguran, de nuevo, que sólo aplica para los estratos 1,2 y 3 y excluye a los estudiantes de los estratos 4, 5 y 6, cosa que tampoco estipula la norma.

Pero es tal la arrogancia de esa entidad que conozco de casos en los que varios estudiantes decidieron, repito, sin que el decreto lo exija, conseguir un codeudor y en tiempo récord y sin realizar un estudio concienzudo y serio de la petición, su solicitud fue rechazada sin tener en cuenta la pandemia y la crisis de bulto que hoy padecen las familias colombianas. ¿Estará el Icetex favoreciendo privilegios partidistas o políticos? La Procuraduría debería investigarlo.

Vale la pena aclararles a los pedantes funcionarios del Icetex que no se trata de familias “atenidas”, como diría la vicepresidenta Ramírez; ni tampoco de familias “aperezadas que buscan vivir de los subsidios”, como también lo diría un parlamentario del partido de gobierno Centro Democrático; son familias que reclaman un derecho, no un favor, pues son las que verdaderamente se metan la mano al bolsillo para pagar los impuestos; impuestos de los que ustedes derivan su sustento. Insolidarios y descarados.

Bogotá, D, C, 20 de mayo de 2020

*Periodista y analista político.

@jairotevi

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Óscar Villamizar Meneses

Por Óscar Villamizar Meneses*.- García Rovira una de las siete provincias que conforman el Departamento de Santander, se le dio vida jurídica el  9 de mayo de 1853 en honor al profesor y militar Custodio García Rovira, es  una de las regiones de mayor crecimiento en el oriente colombiano, basando su economía en la agricultura, la agroindustria y el comercio, entre otros; conformada por más de 1000 kilómetros de vías terciarias, por donde  5000 productores sacan entre  150 a 200 toneladas de papa a diferentes partes del país, sin contar con los demás productos agrarios que se producen. 

El mal estado de las vías terciarias, la llegada de pandemia y alto precio de insumos agrarios ha hecho que muchos agricultores se declaren en quiebra; es necesario que el Gobierno Nacional  genere solución al mal estado de las vías terciarias y que haya un apoyo real con esos 200 mil millones que a través del Ministerio de Agricultura se designaron para ayudar en la crisis al agro en Colombia.

En total,  son 12 km de vías rurales los que se deben intervenir, en municipios tales  como: Cerrito, Concepción, Málaga, Miranda, Enciso, Capitanejo, Carcasí, San Miguel, Macaravita, San Andrés, Molagavita, y Guaca. Sin contar que la vía principal y de acceso a la provincia, se encuentra en proyecto, sin mostrar mayores avances.

Ahora bien, además de las vías, la falta de fomento agropecuario, sobrecostos de los insumos, la insuficiente capacitación, la ausencia de asistencia técnica agropecuaria y la falta de créditos blandos, hacen difícil el desempeño de las buenas prácticas agropecuarias para pequeños y medianos productores de la provincia. 

Los sueños de los Rovirenses tales como: La planta de lácteos y la planta de lavado y transformación de la papa entre otros importantes proyectos, son la razón de nuestra lucha ante el gobierno nacional y departamental. 

Como Representante a la Cámara por el Departamento de Santander me veo en la obligación de hacer visible esta situación, como lo haré con las otras provincias, y pedirle al Gobierno Nacional, mayor inversión para esta zona del país,  ya que debemos proporcionarle a nuestras familias campesinas las condiciones óptimas para producir, transportar y comercializar sus productos; facilitando obras de inversión para la construcción de placa huellas, mantenimiento vías terciarias, adquisición de maquinaria amarilla, incentivos y subsidios para la compra de insumos, como también créditos blandos con periodos de gracia y asistencia para que puedan tecnificar sus cultivos, comercializarlos, y tener ganancias que les permita seguir con optimismo habitando estas bellas tierras.

Bucaramanga, mayo 18 de 2020

Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes

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