Por Iván Duque Márquez.- Uno de los retos más grandes que tiene Colombia consiste en ampliar el número de egresados en la educación universitaria. Las evidencias son dicientes. El ingreso salarial promedio de una persona con educación superior entre los 25 y 30 años de edad, es dos veces mayor al de personas con la misma edad que cuentan exclusivamente con el título de bachiller. Además, si se tiene posgrado, la diferencia de ingreso salarial puede ser siete u ocho veces mayor.

Ante esta realidad, el esfuerzo financiero que realizan cientos de miles de familias para lograr que sus hijos alcancen un título universitario, es enorme. Lo triste es que, según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, tan solo 4 de cada 10 bachilleres ingresó a la universidad en la última década, y de manera alarmante solo 3 de cada 10 estudiantes que ingresan a la educación superior culminan sus estudios. Entre las razones que detonan esta lamentable situación, se encuentran las dificultades económicas de los padres, originadas por la vulnerabilidad laboral de los mayores de 45 años.

Este panorama no es exclusivo de Colombia. En decenas de países, los padres tienen previsto ahorrar para la educación superior de sus hijos, pero la gran mayoría, principalmente en economías en desarrollo, no contemplan en su estrategia mecanismos para atender imprevistos. De acuerdo con la Encuesta de Capacidad Financiera, realizada por el Banco Mundial, solo 2 de cada 10 padres colombianos ahorran para cubrir las contingencias que pueden afectar los planes para la educación de sus dependientes.

Frente a esta situación los seguros educativos surgen como una opción, debido a que los padres suscriben un contrato para prepagar o ahorrar de manera programada para la educación universitaria, blindando a los hijos frente a imprevistos económicos familiares que los obligan a la abstención o deserción académica.

¿Cómo está el panorama de estos productos en Colombia y qué se puede hacer para mejorar?. De acuerdo con datos de Fasecolda, menos de 35 mil personas adquieren estos productos, evidenciando la precaria cultura del seguro en nuestro país, en donde las primas per cápita están por debajo del promedio regional.

Sin embargo, existe un camino para innovar y darle la posibilidad a la clase media de acceder a seguros educativos. Reconociendo que el Art. 102 de la Ley 50 de 1990 permite retiros de cesantías para el pago de matrículas del trabajador, su cónyuge y sus hijos, se podría, con una pequeña modificación, permitir retiros parciales para adquirir productos de ahorro programado o aseguramiento, debidamente certificados y reglamentados por la Superintendencia Financiera.

Avanzar en esta dirección permitiría profundizar el mercado de seguros educativos, generar mayor competencia, propiciar alianzas entre fondos de cesantías y aseguradoras, introducir mejores productos y permitir que muchas familias, las cuales han liberado las obligaciones universitarias de sus hijos, puedan mejorar sus aportes pensionales o ahorros para la vejez, durante su curva de salida del mercado laboral.

Brindar una opción educativa adicional al uso de las cesantías, es un camino para que Colombia avance en su formación de capital humano. Aprovechemos la oportunidad.

Iván Duque Márquez

Senador

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