Por José Gregorio Hernández.-Los gobiernos débiles son muy peligrosos, por cuanto tienden a sostenerse a cualquier precio y por cualquier medio. A nivel interno, no es difícil que principien por desconocer los derechos y las garantías; que busquen concentrar facultades y competencias; que procuren neutralizar a la oposición y a las otras ramas del poder público; y que desemboquen en las purgas y hasta en la dictadura.
Entre sus estrategias también está la pretensión de “unir” a sus nacionales contra otro Estado.
El Decreto 787 del 26 de mayo de 2015, firmado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, establece, inicialmente contra Guyana, las llamadas “Zonas de defensa integral marítima e insular” (Zodimain). En la Zodimain occidental, el decreto venezolano afecta a Colombia, estableciendo un trazado que excluye totalmente a nuestro país de cualquier derecho sobre las aguas del golfo de Coquivacoa, que ellos llaman “Golfo de Venezuela”.
Desde el punto de vista jurídico, lo que plantea el Decreto es completamente equivocado y abusivo, porque los límites de áreas marinas y submarinas entre Colombia y Venezuela en esa zona no han sido definidos, luego ningún derecho tiene Venezuela para incluir como parte de su territorio lo que se encuentra en discusión desde hace más de un siglo, y en donde Colombia tiene claros derechos, pues la tesis “de la costa seca” (prolongación en el mar de la frontera terrestre) es artificial y absoluta, por lo cual siempre ha sido rechazada por nuestros gobiernos.
Ahora bien, la debilidad del actual Gobierno venezolano es evidente. Por tanto, no es difícil concluir que quiera provocar conflictos externos a manera de “cortina de humo” respecto a la grave situación política y económica interna, y busca la solidaridad de sus compatriotas, en principio contra Guyana, a propósito del viejo pleito por el territorio del Esequibo. Pero, de paso, ahora quiere descongelar unilateralmente el diferendo con Colombia sobre límites en áreas marinas y submarinas en la zona del golfo.
De acuerdo con el Derecho Internacional Público, los diferendos limítrofes no se resuelven por decreto unilateral.
El Gobierno colombiano ha entregado una nota de protesta, y está muy bien que lo haya hecho, pero quizá no sea suficiente hablar de un simple acto “inamistoso”, cuando lo que hay es algo jurídicamente inaceptable. Se debe adoptar una posición vertical en la materia, exigiendo la derogatoria del indicado decreto en lo que concierne a los límites con Colombia. Están de por medio nuestro territorio y nuestra soberanía. Que no se repita lo de Nicaragua.
