Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe.- En medio de la actual situación que para nada es fácil, pues muchas personas, muchos sectores y muchas empresas están teniendo serias dificultades sociales y económicas a raíz de la crisis por la que atraviesa los países. Es como si nos hubiera caído un meteorito, el impacto ha sido muy fuerte y los estragos a lo largo y ancho del mundo por el Covid-19 han sido terribles. 

Ahora bien, en Colombia a los pocos días de que el Gobierno Nacional decretara la cuarentena, miles de compatriotas tenían apuros en el tema social, miles de familias ya no tenían provisiones de alimentos para garantizar su sustento, lo que nos demuestra que somos un país con muy poca capacidad de ahorro y eso se debe a múltiples factores, bien sea porque los núcleos familiares no tienen los ingresos suficientes y les toca enfrentar el día a día, otros porque tienen deudas con el sector financiero, o están sin una fuente de ingreso, o en el caso más extremo los que siempre han estado sumergidos en la pobreza absoluta y esta crisis agudizó su precaria situación. 

Por eso en  muchos pueblos y ciudades vemos en las fachadas de las casas un trapo rojo en señal de que quienes ahí viven están en una situación precaria de necesidad absoluta, es decir, simple y llanamente con problemas de hambre ante la falta de un ingreso y ese tristemente sigue siendo el común denominador en la geografía nacional. 

La radiografía del país no es clara, la cifra de desempleo crecerá y según cálculos de FEDESARROLLO, en el peor de los casos al final de éste año alcanzaremos la penosa cifra del 19,5%, sin duda es un escenario patético. 

Ya en febrero, antes de que entráramos en esta crisis el DANE anunció que la tasa de desempleo se ubicaba en el 12,2% con una población ocupada de 22 millones. Para marzo esa misma cifra creció al 12,6% siendo la tasa más alta en más de una década y siendo las mujeres el grupo poblacional más golpeado. En ese mismo mes el crecimiento económico del país se ubicó en -4,9%. 

Ahora, las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto están calculadas en -2,6% en el escenario optimista, esto ubicaría a Colombia en el quinto lugar en América Latina y el Caribe, después de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. El escenario pesimista puede ser del -7%. Como sea, es un oscuro panorama sin lugar a dudas. 

Para hacerle frente a esta situación tan hostil, desde el Congreso de la República, un grupo de 50 senadores de diversas corrientes políticas, hemos propuesto al Gobierno Nacional la urgente necesidad de que se promueva una Renta Básica Mensual para conjurar la crisis, es decir, que se garantice un mínimo vital de ingresos para el 71% de la población colombiana que hoy tiene apuros, esa propuesta equivaldría a unos $40 billones, una cifra astronómica, pero que con un esfuerzo fiscal se puede sacar adelante. 

Por eso propusimos  ampliar el impuesto al patrimonio, reasignar gastos del presupuesto nacional, reducir los gastos de funcionamiento que no sean indispensables, otras fuentes de financiación serían los recursos disponibles en el FOME, el recaudo del impuesto solidario covid19 creado mediante Decreto 568 del 2020, suspender los efectos  de los beneficios tributarios de la Ley de Crecimiento Económico, solicitar un crédito directo al Banco de la República, garantizado en reservas internacionales, en desarrollo del artículo 373 de la Constitución. También Colombia tiene que buscar la renegociación de la deuda externa. 

La iniciativa denominada “Propuesta Económica: el Estado como garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía” busca alcanzar un acuerdo nacional que permita a las ramas ejecutiva y legislativa trabajar de la mano para superar las amenazas y el daño causado por la expansión abrumadora del Covid-19. 

La Renta Básica Mensual o como sea que la quieran llamar desde el Gobierno, buscaría otorgar un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales y legales ($1.409.000) que se entregaría a 3.5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis y entregarle también un salario mínimo ($877.000) a los 9.5 millones de hogares pobres, informales y vulnerables que tiene nuestro país. Con esta propuesta se beneficiaría 31 millones de personas en Colombia. 

Esta propuesta tiene el doble efecto que, dé más ingresos, estimular el consumo y demanda nacional, que ojalá todos sean productos nacionales y no fruto de importaciones, ni contrabando, para promover el mejoramiento de la economía. 

Ojalá el Gobierno Nacional la adopte, se haría justicia con millones de compatriotas que hoy están en una situación extrema de necesidad y pasando penurias para subsistir. 

Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2020

*Senador Liberal 

@GGarciaRealpe

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