Jairo Gómez
Jairo Gómez

Qué hace que la lucha contra la corrupción en Colombia sea algo abstracto, inalcanzable. Elemental: la inocultable complicidad entre los poderes, no para atacarla sino para perpetuarla.

Yo te protejo tú me proteges, aún por encima de las leyes. Cierran filas y se hacen inexpugnables para los órganos de control que también son apéndice de ellos. Ni qué decir de los capitales privados que subyacen en la toma de decisiones del Estado a través de la puerta giratoria. Así es imposible, estamos perdiendo la batalla como sociedad.

Algún día le escuché al Concejal Juan Carlos Flórez, decir acertadamente: la corrupción es el sistema, y creo que no se equivoca. Imponen una versión de la ley que se ceba sobre los recursos públicos, neutralizan la posibilidad de cualquier veeduría; acuden al largo historial de intimidar a sus críticos, a los periodistas y a cualquiera que los estorbe. En el mismo Congreso -el recinto de las leyes- se utilizan argucias jurídicas para evitar, por ejemplo, el control político.

Aterricemos, para no ir tan lejos, en la supuesta audacia del presidente del Congreso, Ernesto Macías, para impedir la moción de censura que los senadores del Polo, Robledo y López, le quisieron aplicar al ministro de Hacienda Carrasquilla: se inventó artilugios jurídicos para evitar un control político. Qué paradoja, en el templo del debate político se imponen los argumentos jurídicos para evitar que la oposición se oponga.

Ese es el talante de Macías y del gobierno Duque. De nada sirvió el debate en donde se demostró hasta la saciedad cómo, de una triquiñuela legislativa que Carrasquilla ayudó a diseñar como ministro, se aprovechó para meterles a 117 alcaldes un paquete chileno; pero más grave aún, le mintió al Congreso: dicen los promotores del debate que el ministro había tasado sus ganancias en ocho mil millones cuando en realidad fueron 22 mil millones de pesos.

Ese solo hecho, más las indelicadezas del ministro Carrasquilla en el proceso para estructurar el negocio diseñado para comprometer el futuro de los 117 municipios, merecía  llevar al funcionario a una moción de censura, que además es una figura constitucional que fortalece la independencia de poderes y le da herramientas a la oposición para ejercer el control político y cuestionar que holgazanes del partido de gobierno se apoderen de las arcas del Estado y abusen de la autoridad.

Negarle esa posibilidad a la oposición no es más que un acto de autoritarismo que viola los preceptos constitucionales. No hay argumento jurídico que esté por encima de un procedimiento político genuino y necesario en cualquier democracia. No puede el presidente Duque avalar acciones despóticas contrarias a la democracia liberal. Debe aceptar con entereza las reglas de juego y buscar derrotar a la oposición en franca lid, a voto limpio, en las instancias del sistema. Eso es más admirable que buscar argumentos sacados de un cubilete que hiede a corrupción. Creo que es la mejor manera de disipar cualquier duda sobre su ministro de confianza.

Ahora, no todo parece perdido. La Cámara de Representantes asumiría esa responsabilidad y todo parece indicar que en ese recinto se revivirá la moción de censura contra el ministro Carrasquilla. Esperemos que sea una decisión genuina, transparente y no un instrumento de chantaje para obtener beneficios. Y al gobierno, por segunda vez, no le quedará nada bien arrebatarle ese derecho a la oposición.

Bogotá,D. C, 9 de octubre de 2018

*Periodista

@jairotevi

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