José G Hernández
José G Hernández

Hemos visto en estos días -con gran alarma y con dolor- cómo el maltrato infantil se está convirtiendo en práctica común que, además, queda impune en la mayor parte de los casos. Se habla de un promedio de sesenta y seis casos diarios de maltrato, y de una cifra escalofriante de denuncias, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: tan solo en lo que  va transcurrido de este año, ellas llegan a diez mil novecientas setenta y siete. Casos denunciados. ¿Cuántos serán los no denunciados? 

Este lunes se divulgó un video de seguridad en que se observa la crueldad con la que, en un jardín de Cali, una empleada -la misma que tenía a cargo su cuidado- maltrata a una bebé de diez meses, quien presenta fractura de fémur y otras lesiones como consecuencia de  la violencia ejercida. Y el mismo día se conoció que un niño de cinco años murió en Neiva, también como consecuencia de maltratos. 

Si a los casos de maltrato sumamos los de violencia sexual ejercida contra los menores, el panorama es de gravedad extrema. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia es de los países en donde se registra mayor violencia contra los menores. 

Solamente entre enero y marzo de 2018, en Bogotá fueron reportados  mil cuarenta y un casos de abuso sexual contra niños. En 2017, según el ICBF,  fueron denunciados cerca de cinco mil casos. 

Más de diez mil menores son víctimas de violencia intrafamiliar cada año, y, como lo dice el Instituto de Medicina Legal, no existe un sistema de información adecuado que permita hacer un seguimiento más realista de la creciente violencia desatada en el país contra la niñez. 

Como lo hemos escrito en otras ocasiones, el problema no se tiene por falta de  normas protectoras. Las hay muchas, comenzando por las constitucionales, las penales y las contenidas en convenciones y tratados internacionales que obligan al Estado colombiano. 

El artículo 44 de la Carta Política establece con claridad que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Que gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

Dice el precepto que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales, además, prevalecen sobre los derechos de los demás. 

El Presidente Duque propone -y estamos de acuerdo- la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. Pero es necesario que, ante todo, el Estado diseñe una política de verdadera y efectiva protección de los niños, y verifique el real cumplimiento de las normas vigentes. Porque muchas nuevas disposiciones se pueden dictar y también se quedarán escritas, mientras no tomemos conciencia -todos- de la necesidad de actuar. Se requiere la denuncia por parte de quien tenga conocimiento de estos casos; y se necesita que las investigaciones se lleven a cabo y que las sanciones se apliquen de verdad a los salvajes que cometen este tipo de delitos contra los niños. 

Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2018 

 

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