Por Jairo Gómez.-Colombia es un país dado a mirar para otro lado cuando se trata de resolver problemas estructurales. Uno de ellos, por ejemplo, es la desigualdad. Un asunto que debería copar la agenda pública, y que la academia, centros de pensamiento, medios de comunicación y, por supuesto, gremios económicos y políticos deberían estar debatiendo a fondo.
Lo digo, porque ya es tema recurrente cada año por parte de entidades especializadas que identifican los niveles de desigualdad en los diferentes países en el mundo, como Naciones Unidas, la Cepal y Oxfam. Estos centros de observación global todos los años ponen en los primeros lugares del tablero a Colombia.
Según la Cepal, la desigualdad en Colombia es superior a la de la mayoría de los países en la región. En la última evaluación, correspondiente a 2017, asegura que es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región; el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso.
Y ese tema está pasando de agache en el actual debate electoral. Salvo Gustavo Petro, que ha esbozado inversiones millonarias en la educación, los demás candidatos no lo tienen como punto central en su agenda. No hay una discusión que vincule a la sociedad y tampoco un debate serio que por lo menos nos diga qué hacer para cerrar esa brecha social, que hoy es más profunda y cada día se acrecienta más. Este sin duda, debe ser un tema de campaña. Pero no de promesas.
Cómo es de molesto que utilicen a los ciudadanos para lograr unos propósitos a base de promesas y que después no las cumplan. Así ocurrió hace cuatro años, cuando el presidente Santos, en busca de la reelección, asumió el compromiso con los trabajadores colombianos de hacer una reforma laboral y devolverle, a los ciudadanos, sus horas extras. Por supuesto, nos mamó gallo.
Sigamos con ejemplos. Uribe en su primer mandato, apoyado en la cresta de la popularidad que lo eligió en primera vuelta (2002), llegó a su gobierno a reformar el sistema laboral de los colombianos con el argumento de la flexibilización laboral. El resultado: nos mochó de un plumazo las horas extras y precarizó el trabajo en términos generales. Su reforma fue regresiva para el trabajador y próspera para los empresarios.
Estas decisiones derivaron en un proceso de desigualdad dañino: ahora contratan a destajo y no hay posibilidades de acumular unas cesantías que, para cualquier persona de ingresos medios, son una ayuda para adquirir vivienda y educar a sus hijos. Eso se acabó. Y lo acabó el gobierno de la cohesión social.
Estas nefastas políticas económicas supuestamente cimentadas en argumentos de reactivación de la economía y del empleo hoy toman cuerpo en la desigualdad referida, sin tocar asuntos tan sensibles para la medición de este tipo de variables como lo son la educación y la salud, sumidas en una crisis irreversible. “La Colombia de este siglo es para los no educados, mototaxismo, salones de belleza e informalidad en el sector minero”, graficó crudamente en un foro, el hoy ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
A Gaviria no le sobra razón, la economía colombiana ha venido navegando en unos márgenes de mediocridad en el que el precario crecimiento económico solo beneficia al gran capital y las políticas públicas para mitigar la desigualdad, son una quimera.
Con una realidad así, Colombia retrasa cada día más su rumbo al progreso y la modernización; no nos llamemos a engaños. La desigualdad es un asunto de debate público que no se puede seguir evadiendo; menos ahora que estamos a punto de elegir un nuevo gobierno.
@jairotevi
