Por Juan Manuel Galán.-Todos nos preguntamos qué va a pasar con el ELN. ¿Aún es posible sacar adelante un proceso de paz con esta guerrilla? ¿O no tiene ningún sentido la Mesa de Quito? La respuesta parece depender de la voluntad del Presidente de turno, o del respaldo político con el que cuente, de la coyuntura de las elecciones o, incluso, de los comunicados que ordene publicar Gabino. Sin embargo, hay formas más serias de manejar el futuro y la seguridad de un país.
Para tomar decisiones tan delicadas como las que hoy nos convocan, es necesario contar con herramientas adecuadas y suficientes para la recopilación, análisis y transformación de información confidencial dirigida a garantizar la seguridad de más de 48 millones de ciudadanos.
Me refiero a las agencias de inteligencia que deben ser la principal fuente para la toma de decisiones sobre estos temas. En la actualidad, en Colombia existe la Inteligencia de la Fuerza Pública y las Unidades de Inteligencia de la Fiscalía General de la Nación. Recientemente, en 2011 se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, como un cuerpo civil encargado de producir inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado y asesorar al presidente de la República y al Consejo de Seguridad Nacional.
Sin embargo, seguimos dejando en el último lugar los servicios de inteligencia civil, perdiendo así una importante fuente de información estratégica para la toma de decisiones sobre negociaciones de paz. La única manera de tener información adecuada y suficiente en materia de inteligencia, es diseñar un sistema de incentivos para que los organismos encargados de ella vuelvan a los objetivos para los que fueron creados y afinen sus herramientas de recolección y análisis. Así, los recursos financieros destinados a la defensa y seguridad del país, se deben distribuir dependiendo de la efectividad de la labor de cada agencia y no de su carácter civil o militar.
