Por Jairo Gómez.-Un viejo adagio anglosajón recuerda que la libertad de expresión llega hasta donde se lo permite el dueño de la imprenta. Igual ocurre con la justicia versus Claudia López: sus opiniones son pertinentes mientras no afecten a los jefes políticos que los ungieron como magistrados.
Es lamentable que en el país, además de todos los obstáculos para expresarse libremente, hoy se pretenda aplicar el delito de opinión a quienes ejercen la política y que a ese contradictor lo busquen silenciar a través de la justicia.
Y es que desaparecidas las Farc del escenario de la violencia, violencia que sirvió de mampara para ocultar los verdaderos problemas del país, los colombianos, por fin, nos estamos enterando a través del debate político de cuan grave es la corrupción, de los tentáculos de un monstruo que no deja títere con cabeza y nos aterrizó en una perversa y putrefacta relación entre lo público y lo privado.
Como suele ocurrir, toda regla tiene su excepción y no hay que meter en un solo saco a congresistas, empresarios y otros sectores de opinión que hacen un esfuerzo por darle cabida a una reflexión propositiva del país, pero no es menor, y creo que nos está ganando la partida, toda esa clase dirigente amalgamada en oscuros propósitos que rayan con el delito. Por eso el tema de la corrupción se ganó un espacio importante en el debate político de cara a las elecciones del próximo año.
Por ejemplo, es inaudito que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, (miembro del partido Cambio Radical), que en gracia de discusión, cuando se debatía la suerte de la JEP en las comisiones primeras de Cámara y Senado, haya mordido el anzuelo y le aceptara un debate político a la senadora López, para después salir raudo y veloz a clavarle una demanda a la congresista por “violar su buen nombre” tras un trino que la parlamentaria publicara producto de esta erizada situación del fiscal con el llamado cartel de la toga. Un debate político que se dio en el recinto de la democracia: el Congreso; otra cosa, como el mismo fiscal lo reconoció, es que como administrador imparcial de justicia haya terminado involucrado en un escenario que no le es permitido por su investidura, pero se dejó tentar y nos dejó claro que Fiscalía y política están entrelazadas. Tras su derrota acudió a la desprestigiada justicia ordinaria y, como era de esperarse, esta sancionó a la parlamentaria.
Está claro que la justicia es una herramienta para dirimir controversias judiciales, pero no políticas. Acudir a los tribunales para aplicar la mordaza al debate planteado por los opositores, de cara al país, es grave; delicado además, porque es la manera de ponerle cortapisas a la libertad de expresión en momentos previos a un debate electoral que se avecina y cuyo tema transversal será el de la corrupción. Es peligroso porque, además de la educación, la salud, la justicia y la seguridad, la información también es un servicio público esencial en el cual el delito de opinión no tiene aforo.
El caso de la senadora López, debe preocupar a todos los demócratas de este país más allá de sus apreciaciones políticas; se puede estar o no de acuerdo con la parlamentaria, pero lo que no se puede permitir es que todo señalamiento en el contexto de un debate político termine en los tribunales de justicia y que se pretenda a través de ellos coartar la libertad de expresión; insisto en que es grave en un país en donde el ¡tapen! ¡tapen! ha sido la costumbre; y en donde esa precaria libertad de expresión solo se mide por el grado de injerencia o presión que sobre los periodistas pueda ejercer el gobierno, y no por el control que los propietarios de los medios de comunicación aplican sobre sus trabajadores (periodistas) para informar de acuerdo con sus propios intereses y compromisos políticos.
@jairotvi
