Como dijo Marroquín, es flaca sobremanera toda humana previsión y en más de una ocasión sale lo que no se espera.
Pues bien, después que el Gobierno había descartado la presentación del proyecto de reforma tributaria, por lo menos en este segundo semestre, debido a los efectos colaterales causados por el fiasco del hundimiento de la reforma a la Justicia, después de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, el nuevo Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ha anunciado que la presentará a la consideración del Congreso de la República.
En lo que sí coincidían los ministros entrante y saliente, Juan Carlos Echeverri, es que dicho proyecto de reforma no tendría pretensión distinta a simplificar el farragoso estatuto tributario. Según el Ministro Cárdenas, “desde la Constitución del 91 es la primera vez que se introduce una reforma tributaria en la que el objetivo no es aumentar el recaudo sino corregir problemas”
Pero, a medida que pasan las horas más parece una caja de Pandora que una reforma anodina, de donde se van sacando una a una prendas que uno podría considerar ajenas al mismo. Se habla de reducir tarifas del IVA, que puede terminar en una nivelación por lo alto de las mismas. Se dice que hay que rebajar la tarifa al impuesto de renta a las empresas del 33% al 27% supuestamente “para que haya más empleo formal” y de contera se propone el desmonte de los parafiscales, que no son otros que los aportes de las empresas al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. Así las cosas, este proyecto de reforma tributaria ha terminado trastocándose por arte de birlibirloque en una reforma laboral de hondo calado.
De acuerdo con las declaraciones del Ministro de Hacienda “el Gobierno está convencido de que la única forma de elevar la competitividad y la formalidad es reduciendo las barreras de entrada al mundo formal, a la economía moderna”. Y para él, entre las principales “barreras de entrada al mundo formal” están las que consideran como “cargas” parafiscales, que no son otras que las prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. A juicio del Ministro Cárdenas, “propuestas como descargar a las empresas de algunos pagos, como los parafiscales o contribuciones a la salud, para estimular el empleo formal, son opciones que hay que evaluar”.
Y no estamos hablando de naderías, sólo por concepto del 9% de aportes al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación se hicieron erogaciones el año anterior del orden de los $7.8 billones (¡!). De dónde saldrían estos recursos, si los $86.6 billones recaudados por el Gobierno central en 2011, que representan el 14.4% del PIB y marcan el punto más alto aupados por el boom minero-energético, son insuficientes para corregir el déficit crónico de sus finanzas.
De cargarle al presupuesto esta nueva obligación haría aún más insostenibles las finanzas del gobierno central en el largo plazo, lo cual sería irresponsable. Al Ministro de Hacienda le hicieron la pregunta y esta fue su respuesta: “estamos haciendo todas las cuentas para responder esta pregunta, lograr ganar por unos lados para sacrificar por otros (Sic!)”. Así las cosas, este sería un salto al vacío que pondría en riesgo la estabilidad y hasta la supervivencia de estas entidades tan caras para el país nacional. Y, entre otras cosas, según providencia de la Corte Constitucional, el subsidio familiar le ha sido reconocido el carácter de derecho fundamental, ligado al concepto de mínimo vital que prescribe la Carta.
De lejos, constituye un escollo mayor para la competitividad el aberrante retraso en materia de infraestructura que los mayores costos que representan para los empresarios tales “cargas”. Bien ha dicho el Director de ANALDEX Javier Díaz, las falencias en materia de infraestructura y “los extracostos logísticos nos matan”. La insistencia en el desmonte de los parafiscales sólo sirve de sofisma de distracción.
