La justicia internacional condenó en apelación al exlíder de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, a cadena perpetua, por "la magnitud y crueldad sistemática" de sus crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto de Bosnia (1992-1995), endureciendo así su pena inicial de 40 años de reclusión.

La justicia internacional condenó en apelación al exlíder de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, a cadena perpetua, por "la magnitud y crueldad sistemática" de sus crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto de Bosnia (1992-1995), endureciendo así su pena inicial de 40 años de reclusión.

Karadzic, de 73 años, era juzgado en segunda instancia por su responsabilidad en el asedio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica en 1995, la peor cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También estaba acusado por el desplazamiento de poblaciones con criterios étnicos en varias ciudades del país. Los jueces en La Haya "imponen la sentencia de cadena perpetua" contra Karadzic, afirmó el presidente del tribunal, el juez Vagn Joensen.

El exjefe político de los serbios en Bosnia había sido condenado en primera instancia en 2016 a 40 años de prisión. El veredicto en apelación lo pronunció el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), que tomó el relevo del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) tras su cierre en 2017.

Así, rechazó el recurso interpuesto por el acusado y condenó a perpetuidad a Karadzic, que escuchó, impasible, la lectura de su sentencia. "Este es un veredicto histórico para la justicia. Si Karadzic no obtiene lo que se merece, eso supondrá que no hay justicia en este mundo y que es posible cometer crímenes sin arriesgarse a las sanciones", había afirmado antes de la sentencia Munira Subasic, presidenta de la asociación Las Madres de Srebrenica y que perdió a su esposo y a su hijo de 16 años.

Esta decisión de la justicia internacional sobre la suerte de Karadzic, es una de las últimas en el marco del conflictivo desmoronamiento de la antigua Yugoslavia tras la caída del comunismo, en 1991.

La Haya, 20 de marzo de 2019.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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La Corte Constitucional determinó que el Congreso de la República debe tramitar y definir la objeción a seis artículos que el Presidente de la República, Iván Duque Márquez le hizo al proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Corte Constitucional determinó que el Congreso de la República debe tramitar y definir la objeción a seis artículos que el Presidente de la República, Iván Duque Márquez le hizo al proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El alto tribunal se declaró inhibido para asumir “en este momento” el control automático de constitucionalidad de dicho proyecto, como lo había solicitado el Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Carlos Chacón y el Procurador General de la Nación Fernando carrillo Flórez.

Así las cosas, La Corte Constitucional fue certera en aclarar que el Congreso debe primero revisar las objeciones que hizo el presidente y ordenó que cuando esto suceda, se le debe remitir el expediente completo. En ese sentido el Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio para definir sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

En esas circunstancias la Corte Constitucional respeta la facultad que tiene el jefe de Estado para objetar por razones de inconveniencia política esta o cualquier otra ley, dejando sin piso las tesis de muchos sectores que sostenían que el Congreso no podía tramitar las objeciones presidenciales porque ya la Corte había realizado un control previo, único y automático al proyecto de Ley Estatutaria, que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2017 y cuyo fallo se conoció en agosto del 2018.

El Congreso a través de las comisiones accidentales designadas por el Presidente del Senado Ernesto Macías y el Presidente de la Cámara Alejandro Carlos Chacón, debe iniciar el trámite y presentar un informe final en cada una de las plenarias de esas dos corporaciones para que voten sobre la suerte de las objeciones presidenciales de dicha iniciativa.

Según el reglamento del Congreso, para que las objeciones sean aprobadas o rechazadas tiene que votarse por mayoría calificada, en el caso del Senado serían 55 votos y en la Cámara 85.

Lo cierto es que la Corte debe pronunciarse sin importar que define el Congreso de la República sobre el tema.

"Si como consecuencia del trámite de las objeciones gubernamentales el proyecto de ley tuviere modificaciones, adiciones o supresiones, incluso el archivo total o parcial, deberá ser sometido a control de constitucionalidad previo, automático y único, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, antes de su sanción y promulgación. No obstante, la competencia de la Corte para realizar dicho control, sólo se activará cuando concluya el término máximo para decidir sobre ellas", dice el auto de la Corte.

Bogotá, D. C, 20 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

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Así lo afirmó la Vicepresidenta Delcy Rodríguez quien señaló que el mandatario venezolano Nicolás Maduro le pidió a su gabinete ministerial poner sus cargos a la orden para una "reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento" de su Gobierno a fin de "blindar" al país ante cualquier "amenaza".

Así lo afirmó la Vicepresidenta Delcy Rodríguez quien señaló que el mandatario venezolano Nicolás Maduro le pidió a su gabinete ministerial poner sus cargos a la orden para una "reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento" de su Gobierno a fin de "blindar" al país ante cualquier "amenaza".

En medio de más dificultades de gobernabilidad por circunstancias que cada día empeoran y cuestionan su mandato, como por ejemplo los seguidos y largos apagones de energía eléctrica, Maduro busca lograr que su popularidad no siga decayendo cada día principalmente dentro de los empleados estatales.

Como es sabido, desde que Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado, Maduro ha incrementado la presión a su gabinete para demostrar “lealtad” a Venezuela y a su gobierno, asegurando que sus ministros y las Fuerzas Armadas no serán traidores.

Bogotá, D. C, 17 de marzo de 2019

Redacción Ecos Internacional.

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El otrora y protector de libertades, el Parlamento Francés, dominado por los miembros del partido del joven presidente Macron, aprobó una ley para prevenir y combatir los disturbios en las manifestaciones con disposiciones particularmente polémicas en el contexto de las protestas de los "chalecos amarillos".

El otrora y protector de libertades, el Parlamento Francés, dominado por los miembros del partido del joven presidente Macron, aprobó una ley para prevenir y combatir los disturbios en las manifestaciones con disposiciones particularmente polémicas en el contexto de las protestas de los "chalecos amarillos".

El procedimiento parlamentario terminó la noche del martes al miércoles con un voto en la Cámara Alta, donde el texto recibió el apoyo de 210 senadores, de los partidos de derechas y centristas, incluidos una mayoría de la formación del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM).

En contra se pronunciaron los socialistas, comunistas y otros senadores de izquierdas, mientras hubo 18 abstenciones, entre ellos cinco parlamentarios de LREM, según el escrutinio publicado por la web del Senado.

Aunque el Gobierno apoyó la nueva norma, el ministro de Interior, Christophe Castaner, confirmó que Macron va a someter la ley al Consejo Constitucional, también lo hará la izquierda, pero por diferentes razones, para "despejar todas las sospechas".

Uno de los puntos más polémicos es que los prefectos (delegados del Gobierno) podrán prohibir la participación en manifestaciones a personas que representen "una amenaza de particular gravedad para el orden público", con una pena para los incumplidores de hasta seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa.

Paris, 14 de marzo de 2019.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Entre el centenar de firmantes están el negociador Humberto de la Calle, el ex alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo; el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño; la excanciller María Ángela Holguín, y los senadores de izquierdas Iván Cepeda y Gustavo Petro, entre muchos otros.

Exnegociadores del Acuedo de paz del Estado colombiano y la exgerrilla de las Farc, así como personalidades de la vida nacional, manifestaron al secretario general de la ONU, Antonio Gutierres, a través de una misiva, su preocupación por las objeciones que el presidente del país, Iván Duque, hizo a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

"Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas", afirmaron en la carta dirigida a Guterres.

Entre el centenar de firmantes están el negociador Humberto de la Calle,  el ex alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo; el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño; la excanciller María Ángela Holguín, y los senadores de izquierdas Iván Cepeda y Gustavo Petro, entre muchos otros.

La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero Duque anunció anoche que la objeta parcialmente y presentará al Congreso una reforma constitucional para hacerle unos cambios.

Bogotá, D. C, 12 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

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Luego del anuncio del Presidente Iván Duque Márquez de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, la presidente de la JEP, Patricia Linares, sostuvo a través de un comunicado que recibían con el “respeto debido” la decisión y agregó que “Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado a nuestro país, de pleno respecto a la autonomía de los poderes públicos, la cual garantizará el funcionamiento de la JEP”, indicó Linares.

Luego del anuncio del Presidente Iván Duque Márquez de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, la presidente de ese alto tribunal de paz, Patricia Linares, sostuvo a través de un comunicado que recibían con el “respeto debido” la decisión y agregó que “Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado a nuestro país, de pleno respecto a la autonomía de los poderes públicos, la cual garantizará el funcionamiento de la JEP”, indicó Linares.

La presidenta de la jurisdicción precisó que si bien existe tranquilidad por la manera cómo seguirá funcionando la justicia transicional, también existe una leve preocupación. “Lo importante es que el Estado colombiano y los distintos poderes públicos cumplan a cabalidad con sus funciones y que preserven la esencia misma de los acuerdos, porque es un acuerdo de Estado”.

La negativa del presidente sobre algunos artículos de la ley, sembró zozobra en muchos sectores del país. Por ejemplo: miembros del equipo negociador del Estado Colombiano y de las Farc, congresistas de diversas formaciones políticas, exministros; víctimas, académicos y líderes de la sociedad civil, enviaron una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterrez, para manifestar su preocupación por las objeciones.

Según el general (r) Henry Medina Uribe, el único exoficial que firmó dicha misiva, lo que buscan es que la comunidad internacional vuelque su mirada a la jurisdicción, para que no se cree “inestabilidad en la gobernabilidad de la JEP”, que a su juicio es la interpretación que está dando el presidente de la República. Si bien, aseguró que Duque está en su derecho de objetar, esta acción socava “todo lo que ha pasado en los últimos días, que es muy complejo para la salud de los acuerdos de paz”.

Bogotá, D.C, 11 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

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La secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, radica las objeciones por inconveniencia de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que la corporación, después de un exhaustivo análisis, discusión y votación, defina la suerte de dicha iniciativa.

La secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, radica las objeciones por inconveniencia de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que la corporación, después de un exhaustivo análisis, discusión y votación, defina la suerte de dicha iniciativa.

El presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, dijo que el Legislativo les dará a las objeciones el tratamiento que estipula la Ley Quinta de 1992 respecto a esos casos, es decir, designará una subcomisión accidental para que estudie las objeciones y esta rendirá un informe a la plenaria, que finalmente define si las acepta.

Macías Tovar anunció que agilizará el trámite de las objeciones a dicha ley, pero fue preciso en señalar que el tema se cruza con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene prioridad porque tiene unos términos, pero dijo que de todas maneras se va a definir el tema de la JEP “lo más rápido posible y sin correr”.

Según la norma, las objeciones deben ser publicadas próximamente en la Gaceta del Congreso, antes del análisis de la Comisión que designe el Presidente del Congreso Ernesto Macías Tovar.

Bogotá, D. C, 11 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

 

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Con las objeciones del Presidente Duque, la JEP regresa al Congreso.

Con las objeciones del Presidente Duque, la JEP regresa al Congreso. 

La decisión del Presidente, Iván Duque Márquez, al objetar por inconveniencia seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, conlleva a que el Congreso de la República debe definir si acepta las objeciones planteadas por el jefe de Estado. 

Las objeciones serán radicadas una vez se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, previstas para el 16 de marzo, donde el ejecutivo tendrá una prueba de fuego porque permite establecer si se afianzan sus mayorías u obtener una derrota. 

En caso de que el legislativo las niegue, le corresponderá al jefe de Estado sancionar dicha ley, en caso de negarse, lo hará el Presidente del Congreso. Si son aceptadas las objeciones a los seis artículos, no ingresarán a la legislación colombiana y el resto de la ley será sancionada y promulgada. 

Ya el Partido Liberal, a través del jefe único d ela colectividad César Gaviria Trujillo, en un video a través de las redes sociales, anunció oposición total por parte de la bancada roja. Igual se espera de los demás movimientos de oposición representados en el Congreso. 

Se espera qué posición adoptará Cambio Radical y los congresistas de la bancada de la U sobre el tema. Es sabido que el Centro Democrático, Partido Conservador y el ala gobiernista del partido de la U, confirmarán las objeciones presidenciales.

De otra parte el Presidente Duque anunció una reforma constitucional a consideración del Congreso para hacerle reformas a la JEP. 

La siguiente es la transcripción de la alocución del Presidente Iván Duque Márquez, sobre la ley estatutaria de la JEP: 

"Colombianos, 

El pasado 11 de febrero la Presidencia de la República recibió del Congreso el texto del proyecto de la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la sanción presidencial. Este proyecto, aprobado por el Congreso de la República y que desarrolla los principios y aspectos procedimentales de la JEP, surtió el control previo de constitucionalidad por parte de la honorable Corte Constitucional. 

La Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia. Se trata del principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión. 

Utilicé ese plazo para analizar con cuidado y ponderación este proyecto. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. 

Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente. 

Quiero compartir con ustedes los fundamentos de mi decisión. En primer lugar, NO estamos ante un choque de trenes. La Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra. 

Segundo, todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición. 

Los colombianos queremos y necesitamos una Paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo.

 

Una paz que nos una para zanjar de una vez por todas las discusiones que han marcado la historia reciente del país. Una paz que nos una para resolver los justificados temores de un gran número de compatriotas frente a la impunidad y también cumplirles a aquellos que genuinamente han escogido la ruta de la legalidad. Aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones. El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia. 

La administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo histórico e insoslayable de asegurar la genuina Verdad, la genuina Justicia, la genuina Reparación y la genuina No Repetición. Este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones. 

Para buscar una genuina Reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera. 

Frente a una genuina verdad y una genuina No Repetición tenemos que objetar el inciso octavo del artículo 63 y el inciso tercero del literal j del artículo 79 de esta ley. El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz.

Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás. 

El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas. 

Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad. 

El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países. 

Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados. 

Colombianos, quise exponer de manera concisa las razones para nuestra objeción por inconveniencia en cada uno de los seis artículos. Cada una de nuestras observaciones busca la mejora y la corrección de la Justicia transicional para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos una. No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar. 

La honorable Corte Constitucional cumplió con su mandato: se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. El fuero que me corresponde como Presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos estas seis objeciones. Adicionalmente, quiero informarle a Colombia que existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la Justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados y que, estoy convencido, son necesarios para el país. 

Para ello presentaremos al Congreso una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017 que incluya estos tres puntos que mejoran la Jurisdicción Especial para la Paz. El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia transicional. NADA, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores. En segundo lugar, esta iniciativa de reforma constitucional debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios. 

Por último, este acto legislativo debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1º de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la Justicia ordinaria para asegurar los principios de Justicia y No Repetición. 

Tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República radicaremos este acto legislativo e invitaremos a los congresistas a discutirlo. Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República. 

Estamos convencidos de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica entre los tres poderes. Juntos, la rama Ejecutiva, el Legislativo y la Corte Constitucional, podremos reformar y diseñar una Jurisdicción Especial para la Paz que asegure a todos los colombianos genuina Verdad, genuina Justicia, genuina Reparación y genuina No Repetición. 

Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Colombia".

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Entre las mujeres que lograron alcanzar la lista de elegibles, 10.854 clasificaron en la convocatoria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y  6.784 en los concursos para empresas sociales del Estado, mientras que 5.864 para el Distrito Capital.

Así lo dio a conocer el Servicio Civil de la Función Pública, al señalar que por sus capacidades y competencias clasificaron en los concursos de méritos y carrera administrativa.

Entre las mujeres que lograron alcanzar la lista de elegibles, 10.854 clasificaron en la convocatoria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y  6.784 en los concursos para empresas sociales del Estado, mientras que 5.864 para el Distrito Capital.

Desde la implementación del Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad, SIMO, en el 2016 y hasta la fecha, un total de 861.783 mujeres se registraron en ese aplicativo para participar en el proceso de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

De las 861.783 mujeres que se registraron, un  total de 728.313 participaron en uno o varios concursos. Se evidencia que el INPEC es la entidad con mayor número de mujeres en su planta de personal de carrera administrativa con 3.137, seguida del ICBF con 3040 y el Sena con 1.588.

Bogotá, 8 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional.

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“Nosotros hemos sido amigos de la paz y hemos apoyado ese propósito, que debiera ser de todos los colombianos. Apoyamos el proceso de paz y respaldamos los acuerdos firmados con las Farc. Creemos que para finalizar esta guerra de 50 años es necesario un marco de justicia especial que permita a los actores de esta guerra avanzar en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta es la razón que da sentido a la justicia transicional”, afirmó el representante a la Cámara del Quindío, Luciano Grisales Londoño.

“Nosotros hemos sido amigos de la paz y hemos apoyado ese propósito, que debiera ser de todos los colombianos. Apoyamos el proceso de paz y respaldamos los acuerdos firmados con las Farc. Creemos que para finalizar esta guerra de 50 años es necesario un marco de justicia especial que permita a los actores de esta guerra avanzar en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta es la razón que da sentido a la justicia transicional”, afirmó el representante a la Cámara del Quindío, Luciano Grisales Londoño.

Para el congresista liberal, la captura del fiscal de la unidad de investigación y acusación de la JEP no debe quitarle peso ni urgencia a la sanción de la ley estatutaria de la JEP. Grisales Londoño dijo confiar en la correcta resolución de este lamentable episodio y que el o los responsables de este hecho de corrupción respondan por sus actuaciones ante la justicia colombiana.

“Este reprochable acto no significa que el mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz deba objetarse. Objetar esta ley es una mala idea y sienta un pésimo precedente en materia de separación de poderes”, señaló Grisales.

El representante quindiano enfatizó que la ley estatutaria de la paz fue aprobada por el Congreso, examinada por la Corte Constitucional, avalada por la Corte Constitucional, y que en las atribuciones especiales de justicia de esta, reposa la posibilidad de sanar heridas abiertas durante tantos años de conflicto.

Bogotá, D. C, 8 de marzo de 2019

Por Oficina de Prensa Representante Luciano Grisales.

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La justicia internacional condenó en apelación al exlíder de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, a cadena perpetua, por "la magnitud y crueldad sistemática" de sus crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto de Bosnia (1992-1995), endureciendo así su pena inicial de 40 años de reclusión.

La justicia internacional condenó en apelación al exlíder de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, a cadena perpetua, por "la magnitud y crueldad sistemática" de sus crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto de Bosnia (1992-1995), endureciendo así su pena inicial de 40 años de reclusión.

Karadzic, de 73 años, era juzgado en segunda instancia por su responsabilidad en el asedio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica en 1995, la peor cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También estaba acusado por el desplazamiento de poblaciones con criterios étnicos en varias ciudades del país. Los jueces en La Haya "imponen la sentencia de cadena perpetua" contra Karadzic, afirmó el presidente del tribunal, el juez Vagn Joensen.

El exjefe político de los serbios en Bosnia había sido condenado en primera instancia en 2016 a 40 años de prisión. El veredicto en apelación lo pronunció el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), que tomó el relevo del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) tras su cierre en 2017.

Así, rechazó el recurso interpuesto por el acusado y condenó a perpetuidad a Karadzic, que escuchó, impasible, la lectura de su sentencia. "Este es un veredicto histórico para la justicia. Si Karadzic no obtiene lo que se merece, eso supondrá que no hay justicia en este mundo y que es posible cometer crímenes sin arriesgarse a las sanciones", había afirmado antes de la sentencia Munira Subasic, presidenta de la asociación Las Madres de Srebrenica y que perdió a su esposo y a su hijo de 16 años.

Esta decisión de la justicia internacional sobre la suerte de Karadzic, es una de las últimas en el marco del conflictivo desmoronamiento de la antigua Yugoslavia tras la caída del comunismo, en 1991.

La Haya, 20 de marzo de 2019.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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La Corte Constitucional determinó que el Congreso de la República debe tramitar y definir la objeción a seis artículos que el Presidente de la República, Iván Duque Márquez le hizo al proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Corte Constitucional determinó que el Congreso de la República debe tramitar y definir la objeción a seis artículos que el Presidente de la República, Iván Duque Márquez le hizo al proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El alto tribunal se declaró inhibido para asumir “en este momento” el control automático de constitucionalidad de dicho proyecto, como lo había solicitado el Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Carlos Chacón y el Procurador General de la Nación Fernando carrillo Flórez.

Así las cosas, La Corte Constitucional fue certera en aclarar que el Congreso debe primero revisar las objeciones que hizo el presidente y ordenó que cuando esto suceda, se le debe remitir el expediente completo. En ese sentido el Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio para definir sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

En esas circunstancias la Corte Constitucional respeta la facultad que tiene el jefe de Estado para objetar por razones de inconveniencia política esta o cualquier otra ley, dejando sin piso las tesis de muchos sectores que sostenían que el Congreso no podía tramitar las objeciones presidenciales porque ya la Corte había realizado un control previo, único y automático al proyecto de Ley Estatutaria, que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2017 y cuyo fallo se conoció en agosto del 2018.

El Congreso a través de las comisiones accidentales designadas por el Presidente del Senado Ernesto Macías y el Presidente de la Cámara Alejandro Carlos Chacón, debe iniciar el trámite y presentar un informe final en cada una de las plenarias de esas dos corporaciones para que voten sobre la suerte de las objeciones presidenciales de dicha iniciativa.

Según el reglamento del Congreso, para que las objeciones sean aprobadas o rechazadas tiene que votarse por mayoría calificada, en el caso del Senado serían 55 votos y en la Cámara 85.

Lo cierto es que la Corte debe pronunciarse sin importar que define el Congreso de la República sobre el tema.

"Si como consecuencia del trámite de las objeciones gubernamentales el proyecto de ley tuviere modificaciones, adiciones o supresiones, incluso el archivo total o parcial, deberá ser sometido a control de constitucionalidad previo, automático y único, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, antes de su sanción y promulgación. No obstante, la competencia de la Corte para realizar dicho control, sólo se activará cuando concluya el término máximo para decidir sobre ellas", dice el auto de la Corte.

Bogotá, D. C, 20 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

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Así lo afirmó la Vicepresidenta Delcy Rodríguez quien señaló que el mandatario venezolano Nicolás Maduro le pidió a su gabinete ministerial poner sus cargos a la orden para una "reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento" de su Gobierno a fin de "blindar" al país ante cualquier "amenaza".

Así lo afirmó la Vicepresidenta Delcy Rodríguez quien señaló que el mandatario venezolano Nicolás Maduro le pidió a su gabinete ministerial poner sus cargos a la orden para una "reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento" de su Gobierno a fin de "blindar" al país ante cualquier "amenaza".

En medio de más dificultades de gobernabilidad por circunstancias que cada día empeoran y cuestionan su mandato, como por ejemplo los seguidos y largos apagones de energía eléctrica, Maduro busca lograr que su popularidad no siga decayendo cada día principalmente dentro de los empleados estatales.

Como es sabido, desde que Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado, Maduro ha incrementado la presión a su gabinete para demostrar “lealtad” a Venezuela y a su gobierno, asegurando que sus ministros y las Fuerzas Armadas no serán traidores.

Bogotá, D. C, 17 de marzo de 2019

Redacción Ecos Internacional.

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El otrora y protector de libertades, el Parlamento Francés, dominado por los miembros del partido del joven presidente Macron, aprobó una ley para prevenir y combatir los disturbios en las manifestaciones con disposiciones particularmente polémicas en el contexto de las protestas de los "chalecos amarillos".

El otrora y protector de libertades, el Parlamento Francés, dominado por los miembros del partido del joven presidente Macron, aprobó una ley para prevenir y combatir los disturbios en las manifestaciones con disposiciones particularmente polémicas en el contexto de las protestas de los "chalecos amarillos".

El procedimiento parlamentario terminó la noche del martes al miércoles con un voto en la Cámara Alta, donde el texto recibió el apoyo de 210 senadores, de los partidos de derechas y centristas, incluidos una mayoría de la formación del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM).

En contra se pronunciaron los socialistas, comunistas y otros senadores de izquierdas, mientras hubo 18 abstenciones, entre ellos cinco parlamentarios de LREM, según el escrutinio publicado por la web del Senado.

Aunque el Gobierno apoyó la nueva norma, el ministro de Interior, Christophe Castaner, confirmó que Macron va a someter la ley al Consejo Constitucional, también lo hará la izquierda, pero por diferentes razones, para "despejar todas las sospechas".

Uno de los puntos más polémicos es que los prefectos (delegados del Gobierno) podrán prohibir la participación en manifestaciones a personas que representen "una amenaza de particular gravedad para el orden público", con una pena para los incumplidores de hasta seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa.

Paris, 14 de marzo de 2019.-

Por Felicia Saturno Hartt.

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Entre el centenar de firmantes están el negociador Humberto de la Calle, el ex alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo; el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño; la excanciller María Ángela Holguín, y los senadores de izquierdas Iván Cepeda y Gustavo Petro, entre muchos otros.

Exnegociadores del Acuedo de paz del Estado colombiano y la exgerrilla de las Farc, así como personalidades de la vida nacional, manifestaron al secretario general de la ONU, Antonio Gutierres, a través de una misiva, su preocupación por las objeciones que el presidente del país, Iván Duque, hizo a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

"Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas", afirmaron en la carta dirigida a Guterres.

Entre el centenar de firmantes están el negociador Humberto de la Calle,  el ex alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo; el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño; la excanciller María Ángela Holguín, y los senadores de izquierdas Iván Cepeda y Gustavo Petro, entre muchos otros.

La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero Duque anunció anoche que la objeta parcialmente y presentará al Congreso una reforma constitucional para hacerle unos cambios.

Bogotá, D. C, 12 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

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Luego del anuncio del Presidente Iván Duque Márquez de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, la presidente de la JEP, Patricia Linares, sostuvo a través de un comunicado que recibían con el “respeto debido” la decisión y agregó que “Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado a nuestro país, de pleno respecto a la autonomía de los poderes públicos, la cual garantizará el funcionamiento de la JEP”, indicó Linares.

Luego del anuncio del Presidente Iván Duque Márquez de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, la presidente de ese alto tribunal de paz, Patricia Linares, sostuvo a través de un comunicado que recibían con el “respeto debido” la decisión y agregó que “Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado a nuestro país, de pleno respecto a la autonomía de los poderes públicos, la cual garantizará el funcionamiento de la JEP”, indicó Linares.

La presidenta de la jurisdicción precisó que si bien existe tranquilidad por la manera cómo seguirá funcionando la justicia transicional, también existe una leve preocupación. “Lo importante es que el Estado colombiano y los distintos poderes públicos cumplan a cabalidad con sus funciones y que preserven la esencia misma de los acuerdos, porque es un acuerdo de Estado”.

La negativa del presidente sobre algunos artículos de la ley, sembró zozobra en muchos sectores del país. Por ejemplo: miembros del equipo negociador del Estado Colombiano y de las Farc, congresistas de diversas formaciones políticas, exministros; víctimas, académicos y líderes de la sociedad civil, enviaron una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterrez, para manifestar su preocupación por las objeciones.

Según el general (r) Henry Medina Uribe, el único exoficial que firmó dicha misiva, lo que buscan es que la comunidad internacional vuelque su mirada a la jurisdicción, para que no se cree “inestabilidad en la gobernabilidad de la JEP”, que a su juicio es la interpretación que está dando el presidente de la República. Si bien, aseguró que Duque está en su derecho de objetar, esta acción socava “todo lo que ha pasado en los últimos días, que es muy complejo para la salud de los acuerdos de paz”.

Bogotá, D.C, 11 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

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La secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, radica las objeciones por inconveniencia de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que la corporación, después de un exhaustivo análisis, discusión y votación, defina la suerte de dicha iniciativa.

La secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, radica las objeciones por inconveniencia de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que la corporación, después de un exhaustivo análisis, discusión y votación, defina la suerte de dicha iniciativa.

El presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, dijo que el Legislativo les dará a las objeciones el tratamiento que estipula la Ley Quinta de 1992 respecto a esos casos, es decir, designará una subcomisión accidental para que estudie las objeciones y esta rendirá un informe a la plenaria, que finalmente define si las acepta.

Macías Tovar anunció que agilizará el trámite de las objeciones a dicha ley, pero fue preciso en señalar que el tema se cruza con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene prioridad porque tiene unos términos, pero dijo que de todas maneras se va a definir el tema de la JEP “lo más rápido posible y sin correr”.

Según la norma, las objeciones deben ser publicadas próximamente en la Gaceta del Congreso, antes del análisis de la Comisión que designe el Presidente del Congreso Ernesto Macías Tovar.

Bogotá, D. C, 11 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

 

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Con las objeciones del Presidente Duque, la JEP regresa al Congreso.

Con las objeciones del Presidente Duque, la JEP regresa al Congreso. 

La decisión del Presidente, Iván Duque Márquez, al objetar por inconveniencia seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, conlleva a que el Congreso de la República debe definir si acepta las objeciones planteadas por el jefe de Estado. 

Las objeciones serán radicadas una vez se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, previstas para el 16 de marzo, donde el ejecutivo tendrá una prueba de fuego porque permite establecer si se afianzan sus mayorías u obtener una derrota. 

En caso de que el legislativo las niegue, le corresponderá al jefe de Estado sancionar dicha ley, en caso de negarse, lo hará el Presidente del Congreso. Si son aceptadas las objeciones a los seis artículos, no ingresarán a la legislación colombiana y el resto de la ley será sancionada y promulgada. 

Ya el Partido Liberal, a través del jefe único d ela colectividad César Gaviria Trujillo, en un video a través de las redes sociales, anunció oposición total por parte de la bancada roja. Igual se espera de los demás movimientos de oposición representados en el Congreso. 

Se espera qué posición adoptará Cambio Radical y los congresistas de la bancada de la U sobre el tema. Es sabido que el Centro Democrático, Partido Conservador y el ala gobiernista del partido de la U, confirmarán las objeciones presidenciales.

De otra parte el Presidente Duque anunció una reforma constitucional a consideración del Congreso para hacerle reformas a la JEP. 

La siguiente es la transcripción de la alocución del Presidente Iván Duque Márquez, sobre la ley estatutaria de la JEP: 

"Colombianos, 

El pasado 11 de febrero la Presidencia de la República recibió del Congreso el texto del proyecto de la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la sanción presidencial. Este proyecto, aprobado por el Congreso de la República y que desarrolla los principios y aspectos procedimentales de la JEP, surtió el control previo de constitucionalidad por parte de la honorable Corte Constitucional. 

La Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia. Se trata del principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión. 

Utilicé ese plazo para analizar con cuidado y ponderación este proyecto. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. 

Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente. 

Quiero compartir con ustedes los fundamentos de mi decisión. En primer lugar, NO estamos ante un choque de trenes. La Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra. 

Segundo, todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición. 

Los colombianos queremos y necesitamos una Paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo.

 

Una paz que nos una para zanjar de una vez por todas las discusiones que han marcado la historia reciente del país. Una paz que nos una para resolver los justificados temores de un gran número de compatriotas frente a la impunidad y también cumplirles a aquellos que genuinamente han escogido la ruta de la legalidad. Aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones. El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia. 

La administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo histórico e insoslayable de asegurar la genuina Verdad, la genuina Justicia, la genuina Reparación y la genuina No Repetición. Este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones. 

Para buscar una genuina Reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera. 

Frente a una genuina verdad y una genuina No Repetición tenemos que objetar el inciso octavo del artículo 63 y el inciso tercero del literal j del artículo 79 de esta ley. El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz.

Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás. 

El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas. 

Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad. 

El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países. 

Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados. 

Colombianos, quise exponer de manera concisa las razones para nuestra objeción por inconveniencia en cada uno de los seis artículos. Cada una de nuestras observaciones busca la mejora y la corrección de la Justicia transicional para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos una. No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar. 

La honorable Corte Constitucional cumplió con su mandato: se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. El fuero que me corresponde como Presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos estas seis objeciones. Adicionalmente, quiero informarle a Colombia que existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la Justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados y que, estoy convencido, son necesarios para el país. 

Para ello presentaremos al Congreso una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017 que incluya estos tres puntos que mejoran la Jurisdicción Especial para la Paz. El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia transicional. NADA, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores. En segundo lugar, esta iniciativa de reforma constitucional debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios. 

Por último, este acto legislativo debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1º de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la Justicia ordinaria para asegurar los principios de Justicia y No Repetición. 

Tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República radicaremos este acto legislativo e invitaremos a los congresistas a discutirlo. Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República. 

Estamos convencidos de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica entre los tres poderes. Juntos, la rama Ejecutiva, el Legislativo y la Corte Constitucional, podremos reformar y diseñar una Jurisdicción Especial para la Paz que asegure a todos los colombianos genuina Verdad, genuina Justicia, genuina Reparación y genuina No Repetición. 

Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Colombia".

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Entre las mujeres que lograron alcanzar la lista de elegibles, 10.854 clasificaron en la convocatoria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y  6.784 en los concursos para empresas sociales del Estado, mientras que 5.864 para el Distrito Capital.

Así lo dio a conocer el Servicio Civil de la Función Pública, al señalar que por sus capacidades y competencias clasificaron en los concursos de méritos y carrera administrativa.

Entre las mujeres que lograron alcanzar la lista de elegibles, 10.854 clasificaron en la convocatoria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y  6.784 en los concursos para empresas sociales del Estado, mientras que 5.864 para el Distrito Capital.

Desde la implementación del Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad, SIMO, en el 2016 y hasta la fecha, un total de 861.783 mujeres se registraron en ese aplicativo para participar en el proceso de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

De las 861.783 mujeres que se registraron, un  total de 728.313 participaron en uno o varios concursos. Se evidencia que el INPEC es la entidad con mayor número de mujeres en su planta de personal de carrera administrativa con 3.137, seguida del ICBF con 3040 y el Sena con 1.588.

Bogotá, 8 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional.

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“Nosotros hemos sido amigos de la paz y hemos apoyado ese propósito, que debiera ser de todos los colombianos. Apoyamos el proceso de paz y respaldamos los acuerdos firmados con las Farc. Creemos que para finalizar esta guerra de 50 años es necesario un marco de justicia especial que permita a los actores de esta guerra avanzar en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta es la razón que da sentido a la justicia transicional”, afirmó el representante a la Cámara del Quindío, Luciano Grisales Londoño.

“Nosotros hemos sido amigos de la paz y hemos apoyado ese propósito, que debiera ser de todos los colombianos. Apoyamos el proceso de paz y respaldamos los acuerdos firmados con las Farc. Creemos que para finalizar esta guerra de 50 años es necesario un marco de justicia especial que permita a los actores de esta guerra avanzar en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta es la razón que da sentido a la justicia transicional”, afirmó el representante a la Cámara del Quindío, Luciano Grisales Londoño.

Para el congresista liberal, la captura del fiscal de la unidad de investigación y acusación de la JEP no debe quitarle peso ni urgencia a la sanción de la ley estatutaria de la JEP. Grisales Londoño dijo confiar en la correcta resolución de este lamentable episodio y que el o los responsables de este hecho de corrupción respondan por sus actuaciones ante la justicia colombiana.

“Este reprochable acto no significa que el mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz deba objetarse. Objetar esta ley es una mala idea y sienta un pésimo precedente en materia de separación de poderes”, señaló Grisales.

El representante quindiano enfatizó que la ley estatutaria de la paz fue aprobada por el Congreso, examinada por la Corte Constitucional, avalada por la Corte Constitucional, y que en las atribuciones especiales de justicia de esta, reposa la posibilidad de sanar heridas abiertas durante tantos años de conflicto.

Bogotá, D. C, 8 de marzo de 2019

Por Oficina de Prensa Representante Luciano Grisales.

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