Bogotá, D.C. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: El Impulso.- La Oficina de DD.HH. de las Naciones Unidas muestra su consternación por la terrible muerte de al menos 68 personas en un centro de detención venezolano, insta a las autoridades a investigar el siniestro y señala que las malas condiciones de las prisiones generan reiterados hechos de violencia y motines.
El incendio se produjo en el Comando General de la Policía de Carabobo en la localidad norteña de Valencia, a raíz de presuntos enfrentamientos entre detenidos y miembros de las fuerzas de seguridad.
En un comunicado, la citada Oficina pide a las autoridades venezolanas llevar a cabo una “investigación pronta, exhaustiva y efectiva” para establecer la causa de estas muertes, así como “identificar y llevar a los responsables ante la justicia”. También “solicita que se proporcione reparaciones a las familias de las víctimas”.
La Oficina de DD.HH. de la ONU expresa su preocupación por los informes que indican que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los familiares, que se habían congregado frente a la estación de policía para exigir información sobre sus seres queridos.
“Llamamos a las autoridades a respetar el derecho de las familias a la información y a la reunión pacífica”, destaca el comunicado.
En las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe un hacinamiento generalizado y condiciones terribles. Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines.
Por ese motivo, la Oficina de DD.HH. recuerda a Venezuela que “los Estados son los garantes de la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad”. Y hace un llamamiento al Gobierno de Nicolás Maduro para que adopte inmediatamente las medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de DD.HH., incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.
También llama a las autoridades a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, con el fin de que se habilite un monitoreo independiente de centros de detención por un mecanismo internacional.
