El Parlamento de Hungría aprobó, precisamente el Día Internacional del Refugiado, una polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo, en un país caracterizado por sus inmigraciones a otros países de Europa e incluso de América.

Según el texto, el apoyo a la "inmigración ilegal" se produce, entre otros aspectos, cuando se ayuda en la solicitud de asilo de una persona que no es perseguida o se logra un permiso de residencia para un migrante que entró o permanece en Hungría de manera irregular.

El texto prevé castigar, sin dar más detalles, cualquier "actividad organizativa" que tenga como objetivo esta ayuda. A juicio de las ONG especializadas, esta falta de precisión abre la puerta a que se acabe penalizando la asistencia legal, humanitaria o psicosocial que brindan a migrantes y refugiados.

La legislación también prevé que si alguien "apoya la inmigración irregular" de una manera duradera o con dinero, puede ser castigado con un año de prisión, así como también cuando realiza esa actividad dentro de una franja de ocho kilómetros desde las fronteras o por "beneficio financiero".

Para aprobar ambos proyectos de ley se requería la mayoría absoluta de dos tercios con la que cuenta el Fidesz, pero la extrema derecha del Jobbik también ha respaldado las medidas, mientras que la oposición izquierdista y ecologista se opuso o no participó en la votación.

Las enmiendas constitucionales aprobadas prohíben el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría -a excepción de los europeos-, y también declara que la composición de la población del país no puede ser modificado "mediante una voluntad externa". Otras reformas constitucionales también aprobadas en el paquete declaran que el Estado debe defender los valores y cultura cristianos del país.

La mayoría del partido gobernante, el Fidesz, dirigido por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán, apoyó la normativa pese a las críticas y las solicitudes por parte de organizaciones humanitarias húngaras y extranjeras para que retirase el proyecto de ley.

"Actos como explicar el procedimiento de asilo a un solicitante o publicar un folleto de información con las reglas húngaras en materia de asilo serán sancionables con cárcel", explica la ONG Comité Helsinki Húngaro

Junto a la polémica ley, el Parlamento también aprobó una enmienda constitucional contra el sistema europeo de reubicación de refugiados entre los países de la Unión Europea (UE).

El Director para Europa de la ONG Amnistía Internacional, Gauri van Gulik, ha criticado la medida como un paso más en "los intentos de estigmatizar, intimidar y atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil húngara".

"Criminalizar el trabajo esencial y legítimo sobre derechos humanos es un ataque descarado contra las personas que buscan refugio seguro contra la persecución", afirma. "Es una amarga ironía que mientras el mundo celebra el Día Mundial de los Refugiados, el Parlamento húngaro vote para introducir una ley que castiga a las organizaciones y personas que apoyan a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes", agrega.

En la misma línea se expresa Gyulai: "Es particularmente cínico adoptar tal legislación en el Día Mundial de los Refugiados, cuando el resto del mundo celebra el coraje y la perseverancia de aquellas y aquellos que ha tenido que huir de su hogar para salvarse de la guerra y de la persecución".

Budapest, 20 de junio de 2018.

Por Redacción Ecos.

Foto: L. Soos/MTI

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