Foto Ecos.- La Representante Lina Barrera instó al Gobierno Nacional para que informe de inmediato  al pueblo de Santander, los avances en la formulación de un Conpes, orientado al desarrollo de proyectos productivos que mejoren las precarias condiciones socioeconómicas en las que viven más de 15 mil habitantes, de los seis municipios de la Provincia de Soto Norte, quienes se vieron obligados a dejar sus actividades ancestrales de subsistencia, cuando se declaró  la zona de Santurbán como páramo.

Ante la plenaria de la Cámara de Representantes y con la presencia de alcaldes de la Provincia de Soto Norte, la congresista santandereana radicó una constancia donde reconoce la importancia de preservar los páramos como fuente de producción de agua, pero planteó la necesidad de evaluar el impacto de esta medida en los habitantes de los municipios de Vetas, California, Matanza, Suratá, Charta y Tona.

En este sentido, el alcalde de Vetas, Orlando Rodríguez Ramírez, fue claro en señalar ante la plenaria de la Cámara, que la situación ha sido tan crítica que en el municipio de Vetas el 82 % de su territorio fue afectado por la delimitación del páramo, expresando que sólo un 18 % del territorio puede ser utilizado para actividades productivas, lo que significa que su habitantes no tienen  posibilidades de sostenerse ni económica ni socialmente.

El Alcalde Rodríguez conmovió a los congresistas al decir: “hoy les traigo un mensaje de tristeza de mi población vetana, que está ubicada en el Páramo de Santurbán. Desde hace 400 años hemos sido mineros de profesión con una minería ancestral  y artesanal. Con las medidas adoptadas, nos han elevado el desempleo en un 82 %, violándonos todos los derechos constitucionales, empezando por el minino vital del derecho a  la vida, la salud, la educación, entre muchos otros”

Agregó: “invito a la Cámara de Representantes para que vayan al territorio y se den cuenta que es lo que está haciendo el Gobierno Nacional con sus decisiones. Nos quitaron no solo la minería, sino la agricultura y ganadería”, aseveró el Alcalde de Vetas.

“Nos están sacando de la Carta Magna como si fuéramos violentos, es de ratificar y recordar que hemos sufrido la violencia de la guerrilla y los paramilitares durante más de dos décadas. Hoy el  gobierno nacional y departamental, con sus decisiones, está cometiendo un atropello, un genocidio  contra gente buena y trabajadora, que no le gusta  la limosna, sino trabajar  para lograr el sustento diario de sus familias.  Da tristeza que ese daño psicológico, que está haciendo el Gobierno contra mi gente, campesinos y mineros, cuando les violan  sus derechos ancestrales que son  adquiridos y son fundamentales, nos están obligando a un desplazamiento forzado, tal vez, a engrosar  la mendicidad en Bucaramanga  y Bogotá.”

Al terminar su intervención, el Alcalde Rodríguez fue enfático y advirtió al gobierno nacional que, con esta decisión, muy probablemente,  a futuro y a corto plazo, estará llegando al páramo la minería ilegal y criminal, “porque ya se están acercando a estas montañas vetanas, personas  que se hacen llamar militantes del ELN con intereses, a sabiendas que allí hay oro y no podemos seguir viviendo en la pobreza y durmiendo sobre la riqueza del oro”.

Por su parte, el Alcalde de California, Hugo Lizcano, reiteró el llamado del Alcalde de Vetas, sobre las consecuencias de las decisiones del gobierno nacional y su impacto en la vida de los habitantes de Soto Norte, señalando que “con esas decisiones no tuvieron en cuenta el componente social, dónde quedan nuestras familias, nuestros ancestros, nuestras tumbas, nuestras cunas, donde vivimos”… “aquí va a ver un desplazamiento, una minería ilegal, porque lo que se hizo con esos fallos no plantea ninguna solución de proyectos productivos para estas comunidades”.

El alcalde Lizcano fue enfático en señalar: “ahora cuando llegan las multinacionales, ahora sí les preocupa el agua,  sí les preocupa el páramo. ¿Dónde está la sociedad y las soluciones que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones?

Si bien es cierto que la explotación minera afecta los ecosistemas de Colombia, se requiere que el ejecutivo nacional en compañía de los Ministerios de Ambiente, Minas y Trabajo, logren integrar un balance donde se respete la estrategia ecológica, pero que se tenga en cuenta el desarrollo de actividades productivas que provean sustento a las familias de esa región del departamento de Santander.

Es de interés señalar que estos municipios desde la época precolombina han trabajado en agricultura, ganadería y minería como actividades ancestrales, pero siempre mantuvieron el balance ambiental con el páramo.

La Representante Lina Barrera a instancias de Ecos, fue contundente en manifestar que estará atenta a la respuesta del gobierno nacional y de los ministerios involucrados en la gravísima problemática del Páramo de Santurbán que ya tocó la esfera de crisis humanitaria.

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