Gobernador de Magdalena destituido e inhabilitado por 15 au00f1os

Bogotá,D.C. Redacción Nación – “El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al gobernador del Magdalena, Omar Díaz Granados, debido a los sobrecostos que se generaron por la compra de kits escolares. 

Por estos mismos hechos la Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía para que investigue estos hechos, que para el Ministerio Público involucran la perdida de millonarios recursos del Estado.

La Procuraduría también sancionó a Manuel Julián Mazereth Corrales por 12 años, en su condición de secretario privado del despacho del gobernador y delegado para la celebración de contratos para la época del los hechos.

Dice la Procuraduría que el sobrecosto fue escandaloso ya que la empresa Sinco del Caribe vendió kits escolares a una fundación a 18 mil pesos, mientras que al departamento se los vendió a 54.520.

Según la investigación, el señor Mazereth no advirtió ninguna irregularidad en los contratos y solamente de dedicó a firmarlos, sin hacer la verificación de la existencia de un sobrecosto.

Dice la Procuraduría que el sobrecosto fue escandaloso ya que la empresa Sinco del Caribe vendió kits escolares a una fundación a 18 mil pesos, mientras que al departamento se los vendió a 54.520 pesos y dice que a pesar de ello “con ciega obediencia decida adjudicar la licitación y suscribir el contrato apartándose por completo de los principios de economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal”.

"Está sumamente demostrado que las conductas desplegadas por el señor Diazgranados Velásquez por las cuales se halló disciplinariamente responsable, afectó seriamente la credibilidad de las personas en sus instituciones, ya que la contratación estatal y la salvaguarda de los recursos públicos suponen la más alta responsabilidad de los funcionarios frente a la sociedad para direccionar la función pública hacia el interés general y los fines del Estado Social de Derecho”, dice la Procuraduría.

Agrega la con los dineros que en esta contratación se perdieron se dejaron de lograr un mayor cubrimiento de la población escolar, pero que terminaron en el patrimonio del contratista con la permisibilidad del gobernador.

Ante esta determinación, Diazgranados podrá apelar la determinación ante el mismo Procurador general.

Es de recordar que por estos mismos hechos la Contraloría emprendió un proceso contra el gobernador, por lo que fue separado de su cargo.

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