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De la Calle y Cristo en pacto de honor por la unidad del PL

Bogotá, D.C, 15 de noviembre de 2017. Por Luis Fernando García Forero. Foto Semana.- Los precandidatos a la Presidencia de la República por el Partido Liberal, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, sellaron un "pacto de honor", que busca el respeto de los resultados arrojados por la consulta el 19 de noviembre fuere quien fuere el ganador.

Los dos aspirantes a la primera magistratura del estado invitaron a los colombianos a expresar su opinión, a través del voto como mecanismo de participación democrática, tras resaltar que pese a los costos de la consulta, profundizar la democracia tiene su precio.

El precandidato Humberto de la Calle fue enfático en señalar que la consulta, a pesar de todas las críticas y el debate que puede suscitar, es un esfuerzo y un ejercicio democrático.

"Si se estigmatizan las consultas, se llegaría a decir que terminarían siendo más baratas las dictaduras que la democracia. Mi llamado es a no estigmatizar esas consultas de los partidos", aseveró Humberto de la Calle.

Frente a los altos costos que tendrá la consulta, $40.000 millones,  dijo que "durante décadas se ha cuestionado las "rocas y camarillas" de los partidos tradicionales y ahora que se abre la posibilidad para que la gente elija, se presenta esta discusión".

De la Calle fue contundente en afirmar que frente a los escrutinios definitivos que se den en la consulta, "aceptaré el resultado y apoyaré al ganador, no buscaré el camino de las firmas si pierdo (…) y el partido liberal deberá salir unido en la noche del 19 noviembre".

Por su parte Juan Fernando Cristo expresó con seguridad contar con el respaldo de las regiones, los sectores sociales y las víctimas del conflicto cuando fue interrogado, a través de Caracol Radio, por haber sido Ministro del Interior.

Cristo Bustos fue enfático en que tanto Humberto de la Calle como él, participaron durante más de cinco años en la búsqueda de la paz de Colombia, desde la perspectiva del pensamiento liberal y la necesidad de la superación del conflicto armado.

En cuanto a la Consulta Liberal, Cristo Bustos expresó que esta logrará fortalecer y unificar el Liberalismo Colombiano, porque la idea es superar la alta polarización existente en el país, que crea estancamiento. "Se requiere fortalecer los partidos, no liquidarlos, porque donde ha ocurrido esto, los resultados han sido nefastos". 

Los dos precandidatos liberales coincidieron en valorar el carácter respetuoso como se ha adelantado la campaña y la necesidad que a través de ese mecanismo de participación democrática, la consulta del domingo 19 de noviembre, sea cual fuese el resultado, el Partido Liberal saldrá fortalecido.

‘La paz de Colombia está ahora en la cancha del Congreso’

Bogotá, D. C, 14 de noviembre de 2017. Por SIG.- Así lo afirmó el Presidente Juan Manuel Santos tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El siguiente es el texto de la alocución del Jefe de Estado:

Compatriotas:

El fin del conflicto armado con las FARC –sin duda– ha generado una esperanza de mejoría de las condiciones de vida en el campo colombiano, y estamos trabajando para responder a esa esperanza.

Los cambios no se producen de un día para otro, pero podrán alcanzarse mucho más rápido ahora que esta guerrilla entregó sus armas y se ha convertido en un movimiento político.

El logro del acuerdo de paz no es un logro exclusivo de este gobierno sino de todos los colombianos, y por eso debemos cuidarlo y protegerlo todos los colombianos.

Cuidar la paz, construir la paz, consolidar la paz, es la mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos y a las futuras generaciones. La historia se encargará de demostrarlo.

Por eso, hoy quiero hacer un llamado vehemente al Congreso de la República.

Este ha sido el Congreso de la Paz, un Congreso que ha asumido –hasta ahora– la responsabilidad histórica de ayudarnos a acabar una guerra interna de más de medio siglo.

El Congreso refrendó en diciembre pasado, por una abrumadora mayoría, el nuevo acuerdo de terminación del conflicto que se firmó en el Teatro Colón.

Desde entonces, el Congreso ha estudiado, debatido y aprobado importantes leyes y reformas para implementar el acuerdo de paz, incluido el acto legislativo que creó el Sistema de Justicia Transicional, el primero bajo los estándares del Estatuto de Roma, y que incluye la Justicia Especial para la Paz.

Hoy mismo la Corte Constitucional declaró exequible este acto legislativo. Es una gran noticia.

Ahora nos quedan cerca de dos semanas para aprobar, mediante el procedimiento de la vía rápida, importantes normas que desarrollan el acuerdo de paz, y el Congreso no puede ser inferior a esta tarea trascendental.

En particular, me refiero a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, que es la columna vertebral del acuerdo.

La llamada JEP es la forma de garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Es la forma de garantizar la no impunidad de los crímenes más graves cometidos con ocasión del conflicto.

Por eso, aprobarla es una responsabilidad, primero que todo, con las víctimas.

La JEP fue producto de una negociación entre las dos partes en conflicto, y es la primera vez en la historia que dos partes se ponen de acuerdo en un sistema de justicia transicional y se someten a ella.

Es también la primera vez que una guerrilla acepta entregar sus armas para luego someterse a la justicia, en un acto de confianza en el Estado y sus instituciones.

La justicia especial que se acordó cumple con las normas internacionales de justicia transicional y con nuestra propia Constitución, como se ratificó hace unas horas; ha sido elogiada por académicos y expertos del mundo entero, y señalada por la comunidad internacional como un precedente para la resolución de futuros conflictos.

Las plenarias del Senado y de la Cámara tienen la enorme responsabilidad de dar los últimos debates a la ley estatutaria que le da vida a la Justicia Especial de Paz.

No debería de ser problema por cuanto ya aprobaron la reforma constitucional que creó la JEP, y ahora solo se trata de reglamentarla.

Además, se están teniendo en cuenta en el trámite legislativo varias de las observaciones realizadas por diferentes sectores y por los mismos congresistas, que han ayudado a mejorar y hacer más preciso el texto.

Ha quedado totalmente claro, por ejemplo, que los disidentes, reincidentes y desertores serán juzgados por la justicia ordinaria y pagarán cárcel efectiva.

También se define que no decir toda la verdad, por ejemplo, en materia de ocultación de bienes a través de testaferros o sobre crímenes graves, se considerará un incumplimiento que hace perder los beneficios.

Por otro lado –como siempre lo he dicho–, y como lo prometí, los militares y policías que se acojan a la JEP tendrán los mismos beneficios dentro de un régimen especial y diferenciado. Ya hay cerca de 1.800 soldados y policías que se han acogido a la Justicia Especial de Paz y casi la mitad de ellos ya están libres.

Y ningún civil que haya sido extorsionado por los grupos armados ilegales tiene absolutamente nada que temer. ¡Ellos son víctimas y no victimarios!

Solo comparecerán ante la JEP los civiles que hayan sido determinadores activos de los crímenes más graves y atroces y podrán escoger si prefieren quedarse en la justicia ordinaria.

La paz de Colombia –así de sencillo– está ahora en la cancha del Congreso, y esperamos que el Congreso no les falle a los colombianos ni a las víctimas.

El procedimiento rápido se agota y cualquier demora injustificada sería fatal.

Algunos pretenden –a estas alturas– que se les prohíba a las FARC hacer política sin antes haber sido juzgados y condenados por la JEP. Eso no fue lo que se pactó.

En este caso, como en todos los procesos de paz que se han negociado hasta ahora, los alzados entregaron sus armas, pero a cambio de que los dejen participar en política.

¡No en veinte años, sino ya! Como sucedió con el M-19, en Irlanda del Norte, en El Salvador, en Guatemala, en Suráfrica y en todos los conflictos que se han resuelto en una mesa de negociación.

En todos los casos, y en este también, cambiaron la violencia por los argumentos, las botas por los votos.

Su participación en política –que la Corte también avaló– no implica que no tengan que cumplir con sus obligaciones de decir la verdad y reparar las víctimas.

De eso, precisamente, se trata un proceso de paz. Siempre ha sido así. Eso fue lo que se acordó. Y hay que cumplir.

El mundo entero está pendiente de que el Estado colombiano cumpla con su palabra empeñada.

Después de semejante respaldo que recibimos –inclusive del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con cinco resoluciones que se aprobaron por unanimidad, algo nunca visto–, no podemos permitir que coloquen a Colombia de nuevo en el muro de la infamia por incumplir con sus compromisos.

Yo entiendo que muchos colombianos no les guste que miembros del antiguo secretariado de las FARC, responsables de crímenes atroces, sean ahora candidatos.

A mí tampoco me gusta. Nunca he comulgado con lo que piensan y representan. Por eso los he combatido toda mi vida. Nunca nadie les dio más duro cuando estábamos en guerra. Y, si pudiera, los combatiría en las plazas públicas con la misma contundencia con la que los combatí en el plano militar.

Esa es la fuerza y el vigor de la democracia. Los colombianos, con nuestro voto, decidiremos si aceptamos sus ideas y propuestas o las rechazamos. Y sin duda, es mejor tener a las Farc echando discursos que echando bala.

Como le dije a Timochenko la primera vez que lo vi: posiblemente nunca estaré de acuerdo con su manera de pensar, pero si dejan las armas y se comprometen con la verdad y con las víctimas, me haría matar para que puedan expresar sus opiniones libremente en los foros de la democracia.

¡No le tengamos miedo a la democracia! ¡Y no le tengamos miedo a la paz!

Señores congresistas: las víctimas, el país y el mundo están pendientes de su trabajo, y esperamos que estén a la altura de su responsabilidad.

Que los intereses políticos o electoreros NO empañen el trabajo que han cumplido hasta ahora.

La patria y la paz están por encima de la política.

La justicia y la verdad están por encima de la política.

El futuro de las nuevas generaciones –que miran esperanzadas una vida sin conflicto armado– está por encima de la política. 

Han sido el Congreso de la Paz. ¡Culminen su trabajo con broche de oro!

Corte Constitucional declara exequible la JEP

Bogotá, D.C, 14 de noviembre de 2017. Redacción Ecos. Foto: Corte Constitucional. – La Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, sentencia que fue aprobada por unanimidad por siete miembros de ese Alto Tribunal que salvaguarda la carta fundamental de Colombia.

El falló, donde no participaron dos magistrados: Carlos Bernal y Cristina Pardo, porque estaban impedidos, tuvo algunos salvamentos parciales de acuerdo a la ponencia presentada a consideración de la sala plena por el Presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero.

De acuerdo a la decisión se establece que se deben hacer ajustes a esa reforma, vital para la paz, en aspectos como las sanciones que se impondrán a las personas que sean juzgadas en la JEP, la responsabilidad de altos mandos militares, al igual que la participación en política de los excombatientes de las Farc.

El alto Tribunal constitucional deja en firme la participación política de los ex guerrilleros de acuerdo a lo que se estableció en la reforma y que está plasmado en la constitución, es decir, la imposición de sanciones de la JEP no inhabilitará a los sancionados para participar en política, pero introdujo condicionamiento al cumplimiento de los requisitos de verdad y reparación.

Dicha participación está condicionada a que quiénes deseen aspirar por el nuevo partido de las Farc,  deben acreditar el sometimiento y comparecencia. "Esto, en primer lugar es posible con el acta que se firma ante la Secretaría de la JEP y, cuando esta justicia empiece a operar, se va ampliando a la comparecencia ante el Sistema".

El Magistrado Guerrero dijo que cuando ya hay condenas impartidas por la justicia ordinaria, las penas y las inhabilidades que vienen con una condena, se suspenden, lo que autoriza que los desmovilizados de las Farc y jefes guerrilleros pueden inscribirse a las próximas elecciones y ser elegidos.

"Las penas quedan suspendidas y esta persona queda sometida a lo que disponga el Sistema de Justicia Transicional. Esta suspensión, entiende la Corte, implica la suspensión de las inhabilidades pero sujetos a las condiciones del sistema. La más importante es la decisión de esta persona de someterse a esta jurisdicción que implica entrega de armas, garantía de no repetición y de reparación", enfatizó el Presidente de la Corte Constitucional.

Fue contundente en destacar que cuando un desmovilizado es elegido y luego es sancionado por la JEP, será esa misma justicia la que definirá si esa sanción es compatible con seguir ejerciendo funciones públicas, por lo que podrían perder el cargo.

"Si la JEP determina que las condiciones de cumplimiento de la sanción le permiten ejercer cargo público simultáneamente, puede hacerlo. Pero la JEP podría decir también que ese no es el escenario, o que debe cumplirse una parte de la pena antes de que ello sea posible y eso es algo que debe hacer la JEP", señaló.

Ante esas circunstancias establecidas en el fallo el magistrado Guerrero resaltó que en este momento Rodrigo Londoño, jefe de las Farc, puede ser elegido. No obstante, si hay un incumplimiento ante el sistema, la persona pierde los beneficios, incluido aquel que suspende las sanciones de la justicia ordinaria. "Todos los demás beneficios son susceptible de perderse si se determina por la JEP que hay un incumplimiento", aseveró.

En lo que tiene que ver con la responsabilidad de mando de los altos rangos militares, la Corte dejó la reforma como fue aprobada por el Congreso, es decir, la determinación de la responsabilidad del mando de los oficiales por crímenes cometidos por sus subordinados, no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción de los oficiales, sino "en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después de la realización de la respectiva conducta". 

Finalmente el alto tribunal constitucional avaló que los terceros podrán ser llamados a comparecer a la JEP, pero deben aceptar voluntariamente someterse a su jurisdicción.

“La palabra del Estado está empeñada en que el proceso se consolide y se cumpla”: Rodrigo Rivera

Bogotá, D. C, 13 de noviembre de 2017. Por Luis Fernando García Forero. Foto: Leonardo Vargas.- El Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, está entregado a su función en todos los campos de la vida institucional colombiana. Mide y asume sus tareas en las regiones, pero también al frente en el Capitolio Nacional para sacar con éxito las iniciativas que implementan y desarrollan la arquitectura jurídica de la paz que debe ser aprobada por el Congreso de la República.

Entiende las controversias en torno a la paz, pero es optimista sobre el futuro de la Nación. Es consciente que la tarea para sacar adelante el posconflicto no es fácil. Defiende a capa y espada lo que se ha avanzado en el proceso que inició el Presidente Juan Manuel Santos. Sostiene que desarmar a 14 mil hombres de las Farc es algo que se creía impensable e imposible en las últimas décadas en Colombia.

Nos recibió en su despacho en Casa de Nariño luego de organizar y firmar documentos, recibir a actores diplomáticos interesados en el desarrollo del mejor futuro para Colombia: la paz, de eso nos respondió.      

ECOS: ¿Están estancados proyectos que implementan la paz en el Congreso por la falta de quorum?

RR: En el Congreso siempre ocurre así. Cuando vienen los debates más delicados siempre hay estos dramas. Al principio hay una especie de fuerza centrífuga, el riesgo de que todo fuera a naufragar, pero al final, una fuerza centrípeta, los líderes políticos vuelven a ejercer su responsabilidad, están a la altura del reto que tienen. El Congreso va a aprobar esta ley, va a salir mejorada, no nos debemos asustar porque la democracia funcione. Siempre he visto al Congreso tomando decisiones trascendentales por eso cumplirá con su responsabilidad.

ECOS. ¿Los excombatientes de las Farc deben pasar primero por la JEP y después hacer política. No hay claridad sobre el tema, hay desinformación?

RR: Debemos recordar que la Constitución este año fue modificada para establecer que los miembros de las FARC en este proceso tienen plena garantía de sus derechos políticos. Eso está en la constitución, no es el momento de discutirlo porque se recogieron compromisos que el Estado asumió frente a esa guerrilla cuando estaban armados para que entregaran las armas, dejaran de hacer daño y de recurrir a la violencia.

ECOS: ¿Es un mandato constitucional. Muchos colombianos no han tenido claridad sobre ese tema?

RR: Es un acuerdo de paz no solamente firmado por el Presidente Santos sino aprobado por el Congreso, ratificado por la Corte Constitucional. El tema central  es si la palabra del Estado es sagrada o desecharla, es decir que no vale nada. Creo que es un tema ético muy profundo. Es una preocupación legítima que se debió haber discutido el año pasado cuando se aprobó el acuerdo. Pudimos no haberlo aprobado, el Presidente no haberlo firmado por eso y lo firmó; el  Congreso pudo no haberlo aprobado por eso y lo aprobó; la Corte declarado inexequible por eso y lo declaró exequible; luego el Congreso reforma la Constitución para establecerlo en la Carta Fundamental, ahora nos toca cumplir la Constitución como corresponde.

ECOS: ¿Podríamos decir que esos derechos políticos de las Farc están sujetos a lo que manifiesten ante el Tribunal de la JEP?

RR: En el Acuerdo y la Constitución el ejercicio de esos derechos políticos no es absoluto por parte de las FARC. Está sujeto a que cumplan con sus obligaciones, si no comparecen a la JEP pierden ese derecho. Si comparecen sin decir la verdad y sin reparar, pierden el derecho. Si no lo dicen en la primera oportunidad pierden el derecho porque inmediatamente pasan al campo de las penas alternativas que son privativas de la libertad y es incompatible ejercer derechos políticos cuando están en la cárcel. Si no admiten nada o son vencidos en juicio en la JEP frente a uno de esos delitos graves que allí se van a juzgar, ahí sí que pierden el derecho porque la condena va a ser hasta de 20 años.

ECOS: ¿Es decir simple y llanamente se está cumpliendo con lo acordado y lo que está en la constitución?

RR: Sin esta justicia merecerían 60 años. Si cumplen con la verdad y reparación la pena va a ser una pena llamada propia, restaurativa, sino, serán penas alternativas y ordinarias que serán privativas de la libertad.

ECOS: ¿Fue un gran avance por pare de las Farc la dejación de armas?

RR: Recordemos que no los capturamos. Ese ejército entre comillas de 14 mil hombres estaba fuertemente armado. Con 70 toneladas de material de guerra y después de los gobiernos más duros de la historia contra ellos: dos del Presidente Uribe, dos del Presidente Santos, todavía seguían siendo 14 mil y con 9 mil armas que ya entregaron y seguían teniendo esas 70 toneladas de material de guerra. De modo que desactivar esa máquina de guerra fue lo que nos inspiró a firmar ese acuerdo de paz para evitarle a nuestros hijos el dolor que usted y yo hemos tenido que sufrir.

ECOS: ¿Sí se ha mermado el conflicto, hay más tranquilidad en las regiones?

RR: Por su puesto. Tuvimos que vivir con miedo, que la guerrilla nos secuestrara o matara. Hemos sido objetivo militar los periodistas, servidores públicos, militares, jueces. Si queremos evitar a nuestros hijos ese dolor y ese riesgo, pues este es el costo, el precio  que hay que pagar. El Presidente decidió pagarlo, el Congreso lo ratificó, la Corte lo ratificó, de modo que ahora nos toca cumplir porque la palabra del Estado está empeñada en que este proceso se consolide y se cumpla.

ECOS: ¿Qué viene ahora, qué proyectos de implementación faltan?

RR: No nos faltan sino 10, 15 o 20 años. Lo que se dice en el  acuerdo de paz es que implementarlos por lo menos dura 10 años. Tenemos mucho afán porque los colombianos estamos llenos de pasión y nos gusta hacer las cosas con prontitud. Se ha avanzado bastante, lo que sigue es inmenso porque compromete a este Gobierno y los tres siguientes, así lo sentenció la Corte Constitucional.

ECOS: ¿Qué es lo inmediato y que falta por aprobar?

RR: Indudablemente la JEP, las Circunscripciones Especiales para estas comunidades y territorios que fueron tan afligidas por la violencia, por mencionar los dos más protuberantes. Avanzar en el proceso de reincorporación. Estamos educándolos para nivelarlos en primaria y hasta noveno grado de secundaria. Entrenando para proyectos productivos, establecer la financiación de esos proyectos y las tierras donde se van a adelantar. También el cumplimiento de la participación política, tienen la personería jurídica pero falta que participen en las campañas. Toda esta dinámica que es indispensable para que el corazón mismo del acuerdo, cambiar la violencia por democracia, se cumpla satisfactoriamente.

ECOS: ¿La paz implica que el estado esté verdaderamente presente en las regiones y localidades con obras sociales, infraestructura, salud, educación, entre otros?

RR: Falta todo el proceso de construcción del estado en esa Colombia rural a la que el estado nunca llegó como consecuencia de la violencia. Construir carreteras, escuelas, centros de salud, proyectos productivos, llevar empresarios y economía lícita para reemplazar la economía ilícita de la coca y de la minería ilegal en esas zonas donde no había más alternativa que la ilegalidad.

ECOS: ¿Cuál cree que sean esos enemigos políticos del proceso de paz?

RR: No los llamaría enemigos. Diría que tienen reservas, que tienen preocupaciones, que tienen dolor, rencor, que fueron afligidos por un daño directo que sufrieron.

ECOS: ¿Llegamos al tema del perdón?

RR: Perdonar no es fácil, es un tema muy íntimo. Le sirve tanto al perdonado como al perdonador, a veces le sirve más al perdonador que al perdonado porque la carga de rencor es tan grande muchas veces como la carga del sentimiento de culpa por haber cometido una atrocidad.

ECOS: ¿Es claro que el Estado no pude imponer el perdón?

RR: Eso no se puede matar por decreto ni acordar entre las partes que estaban en conflicto. Lo que se puede acordar, como lo hicimos, es silenciar los fusiles, garantías de seguridad, participación política, reincorporación productiva. La reconciliación no se puede ordenar, depende del sentido de responsabilidad íntima, a veces de la actitud frente a la divinidad que cada colombiano tenga. Son cosas muy difíciles de hacer. Si uno no tiene fe se vuelven imposibles de no hacer o no obedecer.

ECOS: ¿Cree que las iglesias pueden jugar un papel importante en ese aspecto?

RR: Hay que apelar a otra clase de actores. En la redacción final del proceso se incluyó un papel fundamental de todas las iglesias y todas las entidades basadas en la fe. Debemos  aprender la lección de nuestra historia: tuvimos muchos siglos de violencia y muchos acuerdos de paz que funcionaron, pero nunca tuvimos reconciliación y por eso la violencia reapareció. El reto ahora es aprovechar esta oportunidad para que por fin tengamos reconciliación.

ECOS: ¿La Unión Europea ya sacó a las Farc como grupo terrorista. Qué opinión le merece?

RR: Es el paso natural y obvio que corresponde dar después de que ya la propia comunidad internacional y Naciones Unidas certificaron el desarme total de las Farc. Entregaron las armas, más de 70 toneladas de material de guerra están en poder de la Policía Nacional a disposición del Ministerio de Cultura para ser fundidas y convertidas en monumentos. Ahora que están apostándole a la democracia y que sinceramente están demostrando un compromiso con la ley y la Constitución, la comunidad internacional empieza a tratarlos como ciudadanos y como actores políticos.

ECOS: ¿El tema del post conflicto es muy complejo. Cómo lograr verdaderamente la cultura de la paz?

RR: No hay fórmula mágica. Se requiere que cada colombiano, cada institución, cada periodista, cada organización de la sociedad civil cumpla su tarea con excelencia, entendiendo que entre todos estamos construyendo una Colombia muy distinta a la que hemos vivido. No podemos seguir teniendo la misma mentalidad y las mismas  palabras para una realidad que ya está cambiando, que no podemos describirla de la misma manera, que no podemos seguir estigmatizando a la gente por su pasado cuando ahora buscan una segunda oportunidad.

ECOS: ¿Volvemos al tema víctimas –victimarios?

RR: El interés de todos los colombianos es el éxito en esa apuesta por una segunda oportunidad. No solamente de los victimarios sino también de las víctimas, que al menos su dolor no fue en vano y que movió a toda esta sociedad a hacer lo necesario para desactivar la máquina de guerra y de daño que les causó tanto dolor. Garantizarles así la eficacia del principio de no repetición, que por lo menos nuestros hijos y nietos no sufran lo que nosotros hemos tenido que sufrir.

ECOS: ¿Sí hay una verdadera pedagogía de paz, principalmente en las regiones?

RR: La paz se debe construir desde las regiones y creo que el Gobierno está haciendo lo que le corresponde. Me entusiasma ver cómo este tema de la construcción de paz y la valoración de lo que estamos logrando, no es exclusivo del gobierno; hay líderes sociales y de opinión, las familias han entendido la lógica y el valor de vivir este momento tan especial de la historia de Colombia. Han asumido su roll protagónico para garantizar que esta oportunidad no se pierda. 

ECOS: Muchas gracias.

Gobierno de Maduro amordaza el Disenso

Bogotá, D.C. 13 de noviembre de 2017. Por Luis Fernando García Forero. Foto: Reuters.- La Asamblea Constituyente de Venezuela, constituida sólo por oficialistas, acaba de aprobar "la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia", un Ley que pasará a la historia de la intolerancia como una muestra de la ignorancia, la intolerancia y la negación de los DD.HH. en las nuevas dictaduras.

Los artículos de esta pacífica Ley dotarán a Nicolás Maduro de una nueva herramienta para profundizar la censura, perseguir a los disidentes, ilegalizar partidos, cerrar medios de comunicación y controlar las redes sociales. Acción que ya habían experimentado con la buena pro de las débiles instituciones públicas manejadas desde Miraflores, emblemática sede del Poder Ejecutivo en Venezuela.

La nueva ley contempla hasta 20 años de cárcel para los culpables de promover o protagonizar los delitos de odio, siempre según el criterio chavista.

"Es una nueva espiritualidad a la que se ha convocado al pueblo de Venezuela y la convocó el Presidente Nicolás Maduro, hombre de paz", reseñó Delcy Rodríguez, Ex Canciller y Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Esta Ley se trataría de un supuesto "homenaje a los que perdieron la vida víctimas del odio y la intolerancia" durante las protestas contra el gobierno, aseguró la ex canciller Rodríguez. Una extraña explicación, ya que entre abril y julio murieron en Venezuela 125 personas, víctimas de la represión de las fuerzas gubernamentales y de la violencia desatada posteriormente.

Entre las obligaciones que impone esta ley está que debe ser publicada íntegramente de forma obligatoria por todos los medios, lo que  ha puesto en alerta a opositores, ONG y periodistas, ya que también supone un nuevo instrumento para acallar a la disidencia y criminalizar las protestas.

Los encargados de establecer el criterio bolivariano son el Presidente del Supremo, Maikel Moreno; el Fiscal General del gobierno, Tarek William Saab, que sustituyó ilegalmente a la fiscal rebelde; delegados de la Constituyente; ministros; altos cargos del chavismo y representantes de organizaciones revolucionarias chavistas.

Todos ellos verificarán que se cumplan sus disposiciones, entre ellas la que prevé penas de 8 a 10 años de cárcel para los policías o militares que se abstengan o retarden su actuación contra los responsables del odio señalados por la revolución.

Se trata, por lo tanto, de conceptos jurídicos indeterminados para sancionar y privar de libertad de forma arbitraria y solo contra los enemigos.

El chavismo usa desde hace años sus medios de comunicación para amenazar e insultar a sus rivales políticos, empleando términos que ya forman parte del lenguaje nacional: escuálidos, vendepatrias, lacayos, fascistas, pitiyanquis, majunches y una larga lista que incluye descalificaciones personales a los jefes opositores como el "monstruo de Ramo Verde" (Leopoldo López), "Capriloca" (Henrique Capriles) o "coño de su madre" (Henry Ramos Allup), que es la versión venezolana del hijo de puta español.

"Sentencia únicamente a todo el que esté contra el gobierno", añadió Jesús Torrealba, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con la ley se han atrevido incluso a amenazar las redes sociales, único espacio de disenso encendido de los venezolanos, una de las grandes obsesiones del "hijo de Chávez", que lleva semanas clamando por supuestas censuras en Facebook y Twitter.

"Deben retirar en un lapso de seis horas los mensajes que promueven el odio y la intolerancia", advirtió Rodríguez. Las amenazas se extienden a las radios y televisoras, sometidas a niveles muy altos de censura y autocensura. A todas se les puede revocar su licencia si lanzan mensajes que fomenten el odio, siempre a conveniencia de la revolución.

"La ley del odio no es una ley, es una sentencia orbitando sobre la ciudadanía. Curiosa manera de luchar por la paz, convivencia pacífica y tolerancia", criticó la ex magistrada Blanca Rosa Mármol.

Para la ONG Espacio Público, que contabiliza 148 medios cerrados desde el advenimiento de Chávez, en 1999, la ley "es inconstitucional de origen, así como la ANC que la aprueba".

En el exterior también se han disparado las alarmas. "La ley antiodio hunde a Venezuela aún más en el régimen dictatorial de Maduro. Pero nadie se debe sorprender que el circo autocrático de Maduro haya llegado tan lejos: la mafia que gobierna Venezuela ha mostrado demasiadas veces que está dispuesta a aplastar toda crítica", destacó José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights Watch.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, considera “alarmante” la Ley contra el Odio, aprobada ANC de Venezuela, que amenaza a partidos políticos, medios y ciudadanos.

“Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista”, explicó hoy el experto en Washington.

Estos son los comentarios “preliminares” de Lanza, relator desde 2014, mientras en la CIDH “se está analizando” el texto aprobado y se prepara desde hace meses un informe completo sobre la situación de derechos humanos en el país para antes de final de año.

Cuando se terminaba de escribir esta nota, leemos en Twitter que Colectivos Chavistas armados y en motos, intentaron tomar a la fuerza este domingo, en tres oportunidades, con esmeriles y patas de cabras, la sede del Nuevo País y Zeta, periódico y revista del veterano periodista socialdemócrata Rafael Poleo. Una muestra más del acoso al periodismo libre y no oficialista y de la propiedad privada. 

“Lograr la unidad para avanzar en la tarea de la paz”: Johan Vibe

Bogotá, D. C, 12 de noviembre de 2017. Por Luis Fernando García Forero. Foto: Leonardo Vargas.-Desde septiembre de 2016, cuando entregó sus cartas credenciales como embajador de Noruega en Colombia, Johan Vibe, no cesa en estar atento a lo que se requiera para seguir apoyando los esfuerzos de nuestro país en el camino de la Paz.

Noruega fue uno de los principales garantes en el desarrollo de los diálogos durante más de cinco años en La Habana entre el Gobierno y las Farc, cuyo resultado fue la firma del Acuerdo de Paz.

Sin embargo la ayuda de Noruega no se ha quedado allí. www.ecospoliticos se encontró en los pasillos de la Casa de Nariño  al Embajador Vibe, precisamente coordinando con el Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, estrategias que permiten avanzar en llevar soluciones a las zonas donde estuvo ausente el Estado y donde más se desarrolló el conflicto.

Acompañado de su equipo diplomático, el embajador Vibe no dudó en atender y responder preguntas sobre la Paz en Colombia:   

ECOS: ¿Aunque Noruega no forma parte de la Unión Europea, qué opinión le merece que esta comunidad de naciones del viejo continente haya excluido de la lista de terroristas a las FARC?

JV: Nos parece que es un paso más natural del proceso de transformación de las Farc de un movimiento guerrillero a ciudadanos normales  que participen en política. También destacamos que ha habido recientes decisiones en el Congreso sobre este tema, por eso nos parece un paso importante y natural  en el desarrollo del Proceso de Paz.

ECOS: Noruega ha sido fundamental en el apoyo a la Paz en Colombia. Sin duda ha sido un proceso complejo, ¿Qué cree que le falta a nuestro país para avanzar más en la convivencia y reconciliación nacionales?

JV: Creo que lo más importante es lograr la unidad para avanzar en  la tarea de la Paz. También se debe avanzar en el desarrollo de las comunidades que han vivido años el conflicto. Asimismo la reincorporación de los excombatientes y la reconciliación en esas zonas donde más se desarrolló la violencia.

ECOS: ¿Está dispuesta la comunidad internacional y Noruega, en seguir apoyando estas tareas pendientes que conducen a la Paz?

JV: En esta tarea les puedo asegurar que la comunidad internacional  está y seguirá apoyando para lograr esos objetivos de avanzar en el camino de la Paz. Estamos trabajando muy de cerca con el Gobierno Colombiano  para avanzar en la Paz. No es fácil porque son regiones que han sufrido mucho, durante más de cincuenta años, pero además también han sufrido porque la presencia del estado ha sido limitada, a parte de las Fuerzas Armadas, que han jugado un aspecto fundamental en esas zonas. Les puedo asegurar a los colombianos que la comunidad internacional sigue y tiene mucho interés en seguir apoyando a Colombia en este proceso.

ECOS: ¿Cómo lograr que esa efectividad en el apoyo de la comunidad internacional se refleje de la misma forma en las regiones de Colombia?

JV: Insisto en la unidad del país. Eso es muy importante. Creo que en cada región se deben realizar foros para discutir estos temas para que de esa manera, entre todos, se busquen soluciones comunes y a la vez planes de desarrollo a nivel local  con el apoyo del Gobierno desde Bogotá, del Gobierno Nacional y de la comunidad internacional. De esa forma sería un gran aporte de todos los protagonistas para sacar a Colombia adelante en paz.

ECOS: ¿Qué le dice usted a los políticos enemigos del Proceso de Paz en Colombia?

JV: Un acuerdo de paz nunca es perfecto, por eso se deben buscar soluciones de balance entre las partes, que son complicadas, difíciles. La reconciliación es y será siempre difícil. Tengo el mayor respeto por todas las víctimas en Colombia y que han sufrido diferentes tipos de abusos  durante el conflicto y se debe respetar que hay muchos sentimientos fuertes por parte de las víctimas, eso es entendible. Pero también y es muy bonito verlo que hay muchos casos donde se puede superar el pasado, a través de diálogos, encuentros entre víctimas y victimarios  y mejor aún, a través de un sincero pedido de perdón por parte de los que han efectuado estos hechos.

ECOS: ¿Cree que las partes que firmaron el Acuerdo de Paz han cumplido con lo pactado?

JV: El Acuerdo de Paz con las Farc se ha implementado en gran medida. Si se compara este acuerdo con otros procesos internacionales, el de Colombia ha mostrado avances muy importantes, pero eso no significa que no queda mucho por hacer.

ECOS: ¿Qué le dice a los protagonistas de este acuerdo y a los colombianos sobre lo que estamos viviendo actualmente para superar tantos años de guerra y principalmente ahora que entramos al proceso electoral? 

JV: El proceso electoral es un ejercicio democrático muy importante en estos momentos en Colombia y lo que les deseo es que se desarrollen unas elecciones pacíficas, principalmente con un respeto mutuo entre todos los partidos, con un discurso civilizado. Nadie tiene la verdad, nadie tiene la solución, hay que discutir civilizadamente,  esa es una de las esencias de la democracia.

Ley de garantías entra en vigencia

Bogotá, D. C, 12 de noviembre de 2017.Redacción Ecos.- Los funcionarios públicos no podrán participar en las campañas electorales y los recursos del estado no se podrán usar con fines políticos, son los aspectos fundamentales de la ley de garantías que empezó a aplicarse en todo el territorio nacional.

Se trata de la Ley 996 de 2005 y que brinda las garantías a todos los candidatos y campañas políticas de cara a las elecciones a Congreso que se realizarán el 11 de marzo del 2018 y presidente de la República, el 27 de mayo.

La norma establece prohibiciones para garantizar el equilibrio y la transparencia en la administración nacional, regional y municipal en medio del proceso electoral con el objeto de que la nómina estatal y de contratación favorezca a los candidatos.

 La Ley establece que a partir del 27 de enero de 2018 y hasta el día de la elección del nuevo Presidente de la República, todas las entidades del Estado, de las ramas del poder público no podrán contratar directamente.

Se recuerda que estas restricciones no aplican a las entidades sanitarias y hospitalarias. Además, durante la vigencia de la ley se podrán celebrar contratos con modalidad de selección como la licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada.

Desde el 11 de noviembre, los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas no podrán vincular o desvincular personal o modificar la nómina estatal.

No podrán crear nuevos cargos ni proveer vacantes definitivas, salvo que se trate de renuncia, licencia, muerte o expiración del periodo fijo que se vuelvan indispensables en la administración de la función pública. 

Sobre el tema el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo fue contundente en señalar que el incumplimiento de la ley de Garantías “constituye una acción preventiva en materia contractual y dará lugar a investigaciones disciplinarias bajo los parámetros de la Ley 734 de 2002, como consecuencia del incumplimiento de la misma y el ordenamiento jurídico vigente”.

Emiratos Árabes aporta $45 millones para el Posconflicto

Abu Dhabi, 11 de noviembre de 2017. Por Redacción Ecos. Foto: César Carrión. El Príncipe Heredero de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, oficializó, en la visita de estado del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos a los Emiratos Árabes,  el aporte de 45 millones de dólares para el Posconflicto Colombiano.

El Presidente Santos informó desde Abu Dhabi que estos recursos se invertirán “se van a invertir principalmente en primera infancia” en la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y en hospitales. Además, el Mandatario aprovechó para agradecer  la donación de 7 millones de dólares que hizo este país con motivo de la tragedia de Mocoa.

“Los vamos a comenzar construir apenas el memorando de entendimiento, que vamos a firmar hoy, se firme, y los recursos comiencen a llegar”…  “hemos identificado con ellos el sector de salud. Ellos están muy interesados en construir hospitales” señaló el mandatario colombiano.

Según el Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Sergio Londoño, el aporte de los 45 millones de dólares para el Posconflicto es la mayor contribución de un país del Medio Oriente para Colombia y explicó que se utilizará en los municipios más afectados por el conflicto armado.

“Estos 45 millones de dólares son para obras priorizadas en zonas de Posconflicto. Estamos esperando el desembolso, porque se va a hacer posterior a la firma en Emiratos Árabes Unidos, con la presencia del Presidente”, sostuvo Londoño.

Cámara aprueba las 16 circunscripciones de paz

Bogotá, D.C. 9 de noviembre de 2017. Redacción Ecos. Foto : Prensa Cámara.-  De esta manera la iniciativa sólo le queda la conciliación con el Senado para que sea implementado ese tema dentro de los acuerdos de paz y que además se garantizará que solo se puedan presentar a esas circunscripciones las víctimas del conflicto.

"Quien acredite la condición de víctima debidamente certificadas podrá presentarse a esa circunscripciones. Se limita a las zonas rurales que son las más golpeadas por el conflicto. Quien se acredite por la Unidad de Atención a las víctimas podrá participar".

El ministro del interior Guillermo Rivera fue contundente en destacar que esas circunscripciones solo serán para las víctimas del conflicto y que los partidos tradicionales o el nuevo movimiento de la FARC no podrán presentar candidatos. Precisó que solamente las circunscripciones operarán en zonas rurales porque allí fue donde más se vivió el conflicto armado.

"Lo que ocurre es que las personas con mayor afectación del conflicto son las que viven en las zonas rurales y con menor representación política. Ese fue el espíritu del acuerdo", agregó Rivera.

Según el articulado las siguientes serán las circunscripciones:

Circunscripción 1-

Municipios del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, la zona rural de Santander de Quilichao*, Suárez y Toribío. Municipios de Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa y los municipios de Florida y Pradera, Valle del Cauca.

 

Circunscripción 2

Conformada por Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Departamento de Arauca.

 

Circunscripción 3

Municipios del departamento de Antioquia: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, la zona rural de Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza;

 

Circunscripción 4

Constituida por 8 municipios de Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú,

 

Circunscripción 5

Municipios del departamento del Caquetá: la zona rural de Florencia*, Albania, Belén de Los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaiso, y el Municipio de Algeciras del Departamento del Huila.

 

Circunscripción 6

Municipios del Departamento de Choco: Bojayá, Medio Atrato, Itsmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Novita, Sipi, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto y dos municipios de Antioquia Vigia del Fuerte y Murindo.

 

Circunscripción 7

Municipios del departamento del Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa y 4 municipios del departamento del Guaviare San Jose del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.

 

Circunscripción 8

Municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, la zona rural de El Carmen de Bolívar*, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. Municipios de Sucre: Colosó, Chalan, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo.

 

Circunscripción 9

Municipios del Cauca: Guapi, López de Micay y Timbiquí y la zona rural de Buenaventura, del departamento del Valle del Cauca.

 

Circunscripción 10

Está constituida por 11 municipios del departamento de Nariño: Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payan, Santa Barbara y la zona rural de Tumaco

 

Circunscripción 11

Municipios del departamento del Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón

 

Circunscripción 12

Municipios del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y la zona rural de Valledupar. Municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. Municipios del Magdalena: Aracataca y las zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y Fundación.

 

Circunscripción 13

Municipios del departamento de Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa Del Sur y Simití y el municipio de Yondo del departamento de Antioquia.

 

Circunscripción 14

Municipios de Córdoba: Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y las zonas rurales de Tierralta*, y Montelibano*.

 

Circunscripción 15

Municipios del departamento del Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

 

Circunscripción 16 

Municipios del departamento de Antioquia: Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y las zonas rurales de Apartadó* y Turbo*.